ENTRE LA URGENCIA Y EL PELIGRO DE CONCENTRAR PODER

 

Con el primer café del día, mientras la ciudad despierta entre trancones y las mañanas frescas de la Navidad, Cúcuta vuelve a una pregunta clave: si sale Aguas Kpital del acueducto, ¿quién entra? Y, más importante aún, ¿cómo entra?

El alcalde de Cúcuta ha manifestado reiteradamente que el control lo hará directamente el municipio, pero hasta el momento tampoco ha sido muy claro, ¿el cómo?

En medio del debate surgió un rumor, un nombre que empezó a sonar con fuerza: Veolia. Para algunos, una solución técnica; para otros, una salida rápida. Pero conviene detenerse un momento —como se hace con el café caliente en diciembre— y mirar el asunto con calma, porque no todo lo que parece práctico es legalmente sano.

Nadie discute que Veolia es un operador habilitado ni que tiene experiencia. El problema no es la empresa en sí, sino el modelo que se podría estar construyendo. Cuando una sola compañía empieza a concentrar varios servicios públicos esenciales en una ciudad —aseo, tratamiento y eventualmente agua— la pregunta deja de ser técnica y se vuelve jurídica y ciudadana: ¿estamos frente a una posible posición dominante?

La Ley 142 de 1994 es clara en su espíritu. No fue creada para reemplazar monopolios públicos por monopolios privados, sino para promover eficiencia, pluralidad y protección al usuario. La ley permite la participación privada, sí, pero rechaza la concentración excesiva y el abuso de poder en la prestación de servicios esenciales.

Aquí está el punto que no se puede esquivar: entregar el acueducto de Cúcuta a un solo operador que ya tiene un peso significativo en otros servicios podría configurar, en la práctica, un monopolio de facto. No declarado, pero real. Uno que reduce la capacidad de control del municipio, debilita la libre competencia y deja al usuario con pocas opciones y muchas dependencias.

Por supuesto, la ley también es pragmática. En un escenario de transición, de urgencia, de salida abrupta del operador actual, un encargo temporal puede ser válido. Pero temporal significa eso: limitado en el tiempo, excepcional y acompañado desde el primer día por un proceso abierto y transparente para escoger un operador definitivo.

Lo que sería un error —jurídico y político— es usar la urgencia como excusa para tomar atajos. Entregar el acueducto sin licitación, sin análisis de competencia, sin la intervención de los entes de control, no solo pondría en riesgo la legalidad del proceso, sino que abriría la puerta a demandas, nulidades y nuevas crisis institucionales.

Cúcuta no necesita cambiar un operador cuestionado por otro intocable. Necesita cambiar la lógica. El debate no es quién se queda con el negocio, sino cómo se protege el derecho al agua sin concentrar el poder sobre los servicios públicos en una sola mano.

Con el primer café, vale la pena recordarlo: la Ley 142 no existe para facilitar soluciones rápidas, sino para evitar problemas estructurales. Cambiar de operador puede ser necesario… ¿Pero a que costo?

Porque en los servicios públicos, como en la vida, la comodidad de hoy suele ser el problema de mañana. ¿O ME EQUIVOCO?

BONUS TRACK : El item de APROVECHAMIENTO en la factura del servicio de aseo  de VEOLIA: No se puede cobrar el ítem de aprovechamiento si el servicio no se presta de manera real, verificable y accesible al usuario. En términos simples, si no existen rutas selectivas, si no hay recolección diferenciada y si el ciudadano no tiene una posibilidad real de entregar residuos aprovechables, entonces no hay servicio que justifique ese cobro. SEGÚN LA LEY 142 DE 1.994

 

LA BITÁCORA DEL GOBERNANTE …ASIGNATURAS PENDIENTES.

 

Cada domingo, mientras el café humea y la ciudad despierta con la parsimonia de siempre, uno se pregunta si quienes gobiernan también llevan una bitácora. No una de discursos, ni de inauguraciones apresuradas, sino una honesta, donde se consignen los pendientes, las omisiones y, sobre todo, las oportunidades perdidas.

Porque gobernar una ciudad no es solo administrar el día a día. Es proyectarla. Y en esa tarea, Cúcuta parece haber pasado las últimas dos décadas navegando sin rumbo claro, repitiendo diagnósticos, aplazando decisiones y acumulando promesas que nunca llegaron a puerto.

Basta revisar esa bitácora imaginaria para encontrar, una y otra vez, los mismos vacíos. El más evidente: un sistema de transporte masivo que ordene la movilidad, dignifique al usuario y le devuelva tiempo y calidad de vida a miles de ciudadanos. Mientras otras ciudades del país avanzaron —con aciertos y errores, sí, pero avanzaron— aquí seguimos atrapados en un modelo informal, caótico y agotado, donde el trancón se volvió paisaje y el desorden, costumbre.

Pero una ciudad demuestra su evolución real cuando la movilidad es multimodal, y de eso también adolece Cúcuta. Sus cerros podrían integrar sistemas de cable como los que transformaron la movilidad diaria en Bogotá o Medellín; hacen falta más ciclo rutas conectadas y seguras, y una visión que entienda que moverse no es solo desplazarse, sino vivir mejor. Eso es pensar una ciudad del siglo XXI.

Veinte años no son un descuido. Son una decisión. O peor aún, una cadena de indecisiones.

Ahora bien, una bitácora justa también debe registrar lo que se hace bien. Y si hay una asignatura pendiente que el alcalde actual ha empezado a resolver con acierto, es la pavimentación de las calles de Cúcuta, durante años totalmente deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Recuperar la malla vial no es un gesto menor: es dignidad urbana, es movilidad básica, es reconocer que una ciudad también se gobierna desde el asfalto que pisan a diario sus ciudadanos.

Pero basta que caiga un aguacero, grande o pequeño, para recordar otra de las grandes deudas históricas de la ciudad: el alcantarillado pluvial. Cúcuta sigue sin una infraestructura adecuada para manejar el agua lluvia, y cada precipitación la convierte en una suerte de Venecia tropical y macondiana, donde el caos y la improvisación flotan junto al agua. No es un castigo de la naturaleza; es el resultado de décadas sin planificación seria.

A todo esto se suma una realidad que no se puede seguir maquillando: la violencia. Hoy Cúcuta es percibida como una de las ciudades más golpeadas por la inseguridad en Colombia, una situación agravada por su condición de ciudad de frontera y por la compleja relación con un vecino sometido a un régimen desquiciado. Pero la violencia no se combate solo con más pie de fuerza o discursos de mano dura.

Una de las salidas reales para Cúcuta es formalizar su economía. Generar empleo digno, estable y legal. No basta con quedarse en el apoyo a los emprendimientos —necesarios, sí— si no se avanza hacia la creación de empresa, de industria, de cadenas productivas que hagan que la economía fluya. Donde hay trabajo formal, hay menos desesperanza; y donde hay menos desesperanza, la violencia empieza a ceder.

La seguridad también se construye con oportunidades.

Y el problema no termina ahí. En esa misma bitácora siguen faltando páginas sobre planificación urbana real, sobre espacio público pensado para el peatón y no solo para el carro, sobre una visión ambiental que vaya más allá del discurso, sobre servicios públicos gestionados con transparencia y futuro, no con parches y crisis cíclicas.

La ciudad creció, pero no se ordenó. Se expandió, pero no se pensó. Y cada gobierno pareció comenzar de cero, como si la historia no existiera y la responsabilidad terminara con el periodo.

Tal vez por eso hoy Cúcuta siente que siempre está empezando, pero nunca llegando.

La bitácora del gobernante debería ser un documento obligatorio. Uno donde se escriba no solo lo que se hizo, sino lo que no se quiso hacer; donde quede claro por qué se dejó pasar el tiempo, a quién le faltó coraje y quién prefirió la comodidad del aplazamiento.

Porque gobernar también es tener la valentía de tomar decisiones impopulares pero necesarias. Y una ciudad que no se planea, se improvisa. Y una ciudad que se improvisa, se estanca. ¿O ME EQUIVOCO?

 

“Semáforos en rojo, conductores en verde: la cultura del riesgo que mata”

 

Cada mañana, cuando salgo a caminar por las inmediaciones de la Avenida Gran Colombia, observo cómo estudiantes, caminantes e incluso mascotas tratan de esquivar los carros y motos que hacen caso omiso del semáforo puesto allí frente al Colegio Mercedes Ábrego. La luz cambia a rojo, pero para muchos conductores parece no significar nada. Los peatones quedan atrapados entre la prisa ajena y el miedo propio, obligados a calcular el instante exacto para cruzar sin ser atropellados. Esa escena, repetida día tras día, es una radiografía perfecta del problema que vivimos.

En Cúcuta se ha vuelto paisaje ver cómo los semáforos cambian a rojo y, en lugar de frenar, muchos aceleran. Es una escena cotidiana: motociclistas que cruzan como si el color fuera una simple sugerencia, carros que se cuelan aprovechando “el último segundo”, y peatones que observan con la mezcla exacta de miedo y resignación.

La ciudad ha desarrollado una peligrosa costumbre: la manía de ignorar la luz roja.

Y esa imprudencia tiene un costo enorme. Solo en 2024, Cúcuta registró 114 muertes por siniestros viales. Y en lo corrido de 2025, la cifra ya asciende a 142 víctimas fatales, superando el año anterior aún sin haber terminado el periodo. A esto se suman más de 640 personas lesionadas este año. Las estadísticas no mienten: detrás de cada semáforo irrespetado hay una tragedia latente.

Lo más inquietante no es la infracción en sí, sino la velocidad con la que la normalizamos. Pasarse un semáforo en rojo dejó de ser un acto excepcional y se volvió parte del ritmo urbano. Como tantas prácticas dañinas en Colombia, empezó con la excusa de la viveza, la prisa o la desconfianza en la autoridad… y ahora se convirtió en un hábito colectivo que todos vemos, pero casi nadie cuestiona.

Pero las consecuencias están ahí, silenciosas, golpeando fuerte: más accidentes, más lesionados, más vidas truncadas. Las cifras no siempre ocupan titulares, pero en las clínicas y hospitales la historia es otra: fracturas, traumas craneales, motociclistas que no vuelven a caminar igual, familias completas afectadas por un acto que dura tres segundos.

El problema es que saltarse un semáforo no solo es un acto individual. Es un mensaje.

Cada conductor que cruza en rojo le dice a los demás que la regla no importa, que la ciudad es tierra de nadie, que el que tiene afán manda, que la ley es opcional. Y ese mensaje se multiplica: uno se lo enseña a otro, lo copia, lo repite, lo hereda.

La luz roja no está ahí para incomodarnos ni retrasarnos; está para protegernos del otro. Es un pacto básico de convivencia: yo me detengo ahora para que tú puedas avanzar seguro, y luego tú harás lo mismo por mí. Parece simple. Pero cuando ese pacto se rompe, lo que está en juego no es solo un cruce de calle: es la cultura ciudadana, el respeto mutuo y la idea de que vale más la vida que la prisa.

Cúcuta necesita algo más que operativos sorpresa o comparendos: necesita volver a creer en las reglas básicas, esas que salvan vidas aunque no generen aplausos. Necesita ciudadanos que entiendan que no es un triunfo “ganarle” al semáforo, sino un riesgo que puede costar caro.

Porque detrás de cada semáforo en rojo está la posibilidad —real, directa— de evitar una tragedia.

Quizás sea hora de preguntarnos algo simple:
¿Por qué nos da tanta pereza detenernos tres segundos, pero no nos asusta perderlo todo en un segundo?

Cúcuta merece una movilidad más humana y menos impulsiva.
Y todo empieza por algo tan pequeño, tan sencillo… como respetar la luz roja. ¿O ME EQUIVOCO?

Cuando el Triángulo cae — una oportunidad para reconstruir el centro de Cúcuta

 

Este mes, el llamado Triángulo de las Bermudas en Cúcuta — aquel sector del Parque Lineal convertido durante años en guarida de autopartes robadas, comercio informal irregular y territorio sin ley — comenzó finalmente a desaparecer. Tras denuncias sostenidas de residentes y un proceso técnico-judicial que tomó cerca de un año, la administración municipal declaró la ocupación como irregular y ordenó su desalojo y demolición. De acuerdo con los informes oficiales, la decisión fue respaldada por dictámenes de control urbano y por las numerosas quejas ciudadanas que retrataban el deterioro del espacio y el impacto criminal que allí operaba.

El cierre, sin embargo, no estuvo exento de tropiezos. Una acción de tutela detuvo temporalmente la demolición, generando un impasse jurídico que amenazó con perpetuar la situación. Pero ese freno cayó semanas después, cuando el juzgado que la evaluó declaró la tutela improcedente. Con ese fallo, el camino quedó libre para ejecutar la demolición de manera definitiva y las retroexcavadoras pudieron avanzar sobre estructuras que habían sobrevivido demasiado tiempo bajo la sombra de la ilegalidad.

La caída del Triángulo —aunque celebrada por muchos— no debe entenderse como un final, sino como el inicio de algo mayor. Cúcuta ha recuperado un espacio que nunca debió perder, y hoy cuenta con una oportunidad irrepetible para repensar el centro de la ciudad. Ese terreno antes dominado por autopartes robadas, piezas desarmadas en la clandestinidad y tránsito oscuro de mercancía ilegal, puede convertirse en un parque vivo, un nodo cultural, una zona de paso seguro y respirable. La pregunta, inevitable, es si estamos dispuestos a dar el paso que sigue —o si este episodio será apenas un titular pasajero.

El alcalde debe mirar también en el entorno y hacer respetar el plan de ordenamiento territorial de la zona para hacer de este impulso inicial una verdadera renovación urbana del sector que se sostenga en el tiempo a pesar de los cambios de administraciones futuras.

La ciudad merece algo mejor que una victoria simbólica. Lo que está en juego no es solo un lote recuperado para el Estado, sino la posibilidad de que Cúcuta inicie una transformación urbana que impacte de manera profunda su identidad. Recuperar ese espacio público, formalizar actividades económicas, rediseñar la movilidad peatonal, reforzar la iluminación, dotar de áreas verdes y seguras el Parque Lineal y su entorno: todo esto debe convertirse en agenda pública inmediata. Una intervención urbanística inteligente puede reactivar comercios legales, atraer familias, devolverle dignidad al centro y, sobre todo, romper con la idea de que estos territorios están condenados a ser bolsones de criminalidad perpetua. Porque para nadie es un secreto que este sector del parque lineal ha sido por años de los más cochino que se puede ver en la ciudad y los cucuteños debemos auto respetarnos y mantener la ciudad como la joya que debe ser…ese espacio de parqueadero que hay allí en el parque lineal también debe ser utilizado para hacer del sector un verdadero parque…en fin.  

Nada está blindado contra el retroceso. Si no hay seguimiento, vigilancia y planeación constante, el Triángulo podría renacer con otro nombre, con otras casetas, con los mismos actores. Por eso el llamado es doble: a las autoridades para que diseñen y ejecuten un plan de renovación urbana sostenido y ambicioso; y a la ciudadanía para que participe, exija, denuncie, acompañe y se apropie del espacio recuperado. Las ciudades no se transforman desde un escritorio: se transforman cuando la comunidad se convierte en guardiana del espacio público y cuando el Estado demuestra que es capaz de sostener, con hechos, las decisiones que toma.

Porque al final, lo que está en juego no son solo muros, casetas o láminas oxidadas: es la memoria de una ciudad que merece caminar sin miedo y respirar futuro. Es la posibilidad de que los niños puedan correr donde antes solo había sombras, de que el comercio honesto vuelva sin tener que compartir acera con la ilegalidad, de que Cúcuta —tan herida, tan paciente— recupere su derecho a ser hogar y no territorio abandonado.

La caída del Triángulo no es la noticia…la noticia será lo que hagamos después.

Si dejamos que el silencio llene ese espacio, volverá el ruido que ya conocemos. Pero si lo sembramos con ciudad, con luz, con vida, con manos que construyen y no que destruyen, entonces Cúcuta habrá dado un paso gigante hacia la dignidad que reclama hace años.

El centro puede renacer. La pregunta es si nosotros queremos renacer con él. ¿O ME EQUIVOCO?

FAST TRACK : El futuro del servicio de agua en Cúcuta está en discusión. Si se declara la caducidad del contrato con Aguas Kpital, hay tres caminos posibles: entregar la operación a un nuevo operador privado, crear una empresa municipal que gestione el servicio o impulsar una empresa de economía mixta bajo control público-privado, elegida por la administración de Jorge Acevedo. La decisión que se adopte marcará si el agua vuelve a verse como UN ACTIVO DE LA CIUDAD.