ENTRE CHISPAS Y CICATRICES...TRADICIEONES QUE ACABAN VIDAS.

 

Diciembre siempre se nos vende como el mes de la esperanza: luces encendidas, mesas compartidas, familia reunida. Sin embargo, en Colombia —y tristemente también en Cúcuta— diciembre sigue siendo sinónimo de una práctica que cada año deja más víctimas que alegrías: el uso indiscriminado de la pólvora.

Este 2025 no ha sido la excepción. Mientras el país intenta cerrar el año con mensajes de unión y buenos deseos, las salas de urgencias vuelven a llenarse de niños, jóvenes y adultos con quemaduras, amputaciones y lesiones oculares provocadas por artefactos pirotécnicos. Según cifras oficiales, cerca de 800 personas han resultado lesionadas por pólvora en el país durante esta temporada, y lo más doloroso es que más de un 30 % de los afectados son menores de edad. Niños que no deberían estar aprendiendo a vivir con cicatrices, sino jugando, creciendo y soñando.

La tragedia se siente con especial fuerza en Cúcuta y Norte de Santander. En el departamento se han registrado 46 personas lesionadas, de las cuales 15 son menores, y 23 de esos casos ocurrieron en la capital. No son números fríos: son historias truncadas, manos vendadas en lugar de regalos, padres llenos de culpa y médicos repitiendo, una vez más, que estas lesiones eran completamente evitables.

Lo más grave es que seguimos llamando “tradición” a lo que en realidad es irresponsabilidad normalizada. Cada estallido en la noche es celebrado como fiesta, sin pensar que detrás de ese ruido puede haber una vida marcada para siempre. La pólvora no distingue edades, no perdona errores y no entiende de celebraciones. Basta un segundo de descuido, una chispa mal dirigida o una mezcla peligrosa de alcohol y explosivos para convertir una noche de alegría en una tragedia familiar.

A esto se suma un daño silencioso que muchos prefieren ignorar: el sufrimiento de los animales, el miedo extremo, la desorientación y, en algunos casos, la muerte. También ellos pagan el precio de una celebración mal entendida.

Las campañas existen, las advertencias sobran y los médicos lo repiten año tras año: la pólvora no es un juego. Aun así, las cifras se mantienen, se repiten y, en algunos casos, aumentan. Pero hay una responsabilidad que no puede seguir esquivándose: la absoluta falta de control en el expendio de pólvora durante las fiestas de diciembre. Cada año las autoridades anuncian operativos, restricciones y decomisos, pero en la práctica la pólvora sigue vendiéndose en esquinas, garajes, puestos improvisados y hasta en redes sociales, como si se tratara de dulces y no de explosivos. La permisividad institucional, la débil vigilancia y las sanciones casi simbólicas han convertido esta ilegalidad en un negocio rentable y recurrente. Mientras el control brilla por su ausencia, los hospitales hacen su parte atendiendo a los heridos y las familias cargan con las consecuencias. No es solo un problema cultural: es un fracaso del Estado en su deber mínimo de proteger la vida, especialmente la de los niños.

Esta semana se cierra el 2025, y cuando se mira el comportamiento histórico de estas fechas, la conclusión es clara y dolorosa: las fiestas de fin de año concentran el mayor número de afectados por pólvora en Colombia. No es casualidad, es un patrón que se repite cada diciembre, como si el calendario trajera consigo la misma cadena de excesos y descuidos. Ojalá este año sea la excepción. Ojalá el cierre de 2025 no sume más nombres a la lista de lesionados y marque, por fin, un punto de quiebre. Que la conciencia le gane a la costumbre y que entendamos, de una vez por todas, que no hay mejor forma de celebrar que llegar completos, vivos y sin heridas al año que comienza. ¿O ME EQUIVOCO?

 

ENTRE LA URGENCIA Y EL PELIGRO DE CONCENTRAR PODER

 

Con el primer café del día, mientras la ciudad despierta entre trancones y las mañanas frescas de la Navidad, Cúcuta vuelve a una pregunta clave: si sale Aguas Kpital del acueducto, ¿quién entra? Y, más importante aún, ¿cómo entra?

El alcalde de Cúcuta ha manifestado reiteradamente que el control lo hará directamente el municipio, pero hasta el momento tampoco ha sido muy claro, ¿el cómo?

En medio del debate surgió un rumor, un nombre que empezó a sonar con fuerza: Veolia. Para algunos, una solución técnica; para otros, una salida rápida. Pero conviene detenerse un momento —como se hace con el café caliente en diciembre— y mirar el asunto con calma, porque no todo lo que parece práctico es legalmente sano.

Nadie discute que Veolia es un operador habilitado ni que tiene experiencia. El problema no es la empresa en sí, sino el modelo que se podría estar construyendo. Cuando una sola compañía empieza a concentrar varios servicios públicos esenciales en una ciudad —aseo, tratamiento y eventualmente agua— la pregunta deja de ser técnica y se vuelve jurídica y ciudadana: ¿estamos frente a una posible posición dominante?

La Ley 142 de 1994 es clara en su espíritu. No fue creada para reemplazar monopolios públicos por monopolios privados, sino para promover eficiencia, pluralidad y protección al usuario. La ley permite la participación privada, sí, pero rechaza la concentración excesiva y el abuso de poder en la prestación de servicios esenciales.

Aquí está el punto que no se puede esquivar: entregar el acueducto de Cúcuta a un solo operador que ya tiene un peso significativo en otros servicios podría configurar, en la práctica, un monopolio de facto. No declarado, pero real. Uno que reduce la capacidad de control del municipio, debilita la libre competencia y deja al usuario con pocas opciones y muchas dependencias.

Por supuesto, la ley también es pragmática. En un escenario de transición, de urgencia, de salida abrupta del operador actual, un encargo temporal puede ser válido. Pero temporal significa eso: limitado en el tiempo, excepcional y acompañado desde el primer día por un proceso abierto y transparente para escoger un operador definitivo.

Lo que sería un error —jurídico y político— es usar la urgencia como excusa para tomar atajos. Entregar el acueducto sin licitación, sin análisis de competencia, sin la intervención de los entes de control, no solo pondría en riesgo la legalidad del proceso, sino que abriría la puerta a demandas, nulidades y nuevas crisis institucionales.

Cúcuta no necesita cambiar un operador cuestionado por otro intocable. Necesita cambiar la lógica. El debate no es quién se queda con el negocio, sino cómo se protege el derecho al agua sin concentrar el poder sobre los servicios públicos en una sola mano.

Con el primer café, vale la pena recordarlo: la Ley 142 no existe para facilitar soluciones rápidas, sino para evitar problemas estructurales. Cambiar de operador puede ser necesario… ¿Pero a que costo?

Porque en los servicios públicos, como en la vida, la comodidad de hoy suele ser el problema de mañana. ¿O ME EQUIVOCO?

BONUS TRACK : El item de APROVECHAMIENTO en la factura del servicio de aseo  de VEOLIA: No se puede cobrar el ítem de aprovechamiento si el servicio no se presta de manera real, verificable y accesible al usuario. En términos simples, si no existen rutas selectivas, si no hay recolección diferenciada y si el ciudadano no tiene una posibilidad real de entregar residuos aprovechables, entonces no hay servicio que justifique ese cobro. SEGÚN LA LEY 142 DE 1.994

 

LA BITÁCORA DEL GOBERNANTE …ASIGNATURAS PENDIENTES.

 

Cada domingo, mientras el café humea y la ciudad despierta con la parsimonia de siempre, uno se pregunta si quienes gobiernan también llevan una bitácora. No una de discursos, ni de inauguraciones apresuradas, sino una honesta, donde se consignen los pendientes, las omisiones y, sobre todo, las oportunidades perdidas.

Porque gobernar una ciudad no es solo administrar el día a día. Es proyectarla. Y en esa tarea, Cúcuta parece haber pasado las últimas dos décadas navegando sin rumbo claro, repitiendo diagnósticos, aplazando decisiones y acumulando promesas que nunca llegaron a puerto.

Basta revisar esa bitácora imaginaria para encontrar, una y otra vez, los mismos vacíos. El más evidente: un sistema de transporte masivo que ordene la movilidad, dignifique al usuario y le devuelva tiempo y calidad de vida a miles de ciudadanos. Mientras otras ciudades del país avanzaron —con aciertos y errores, sí, pero avanzaron— aquí seguimos atrapados en un modelo informal, caótico y agotado, donde el trancón se volvió paisaje y el desorden, costumbre.

Pero una ciudad demuestra su evolución real cuando la movilidad es multimodal, y de eso también adolece Cúcuta. Sus cerros podrían integrar sistemas de cable como los que transformaron la movilidad diaria en Bogotá o Medellín; hacen falta más ciclo rutas conectadas y seguras, y una visión que entienda que moverse no es solo desplazarse, sino vivir mejor. Eso es pensar una ciudad del siglo XXI.

Veinte años no son un descuido. Son una decisión. O peor aún, una cadena de indecisiones.

Ahora bien, una bitácora justa también debe registrar lo que se hace bien. Y si hay una asignatura pendiente que el alcalde actual ha empezado a resolver con acierto, es la pavimentación de las calles de Cúcuta, durante años totalmente deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Recuperar la malla vial no es un gesto menor: es dignidad urbana, es movilidad básica, es reconocer que una ciudad también se gobierna desde el asfalto que pisan a diario sus ciudadanos.

Pero basta que caiga un aguacero, grande o pequeño, para recordar otra de las grandes deudas históricas de la ciudad: el alcantarillado pluvial. Cúcuta sigue sin una infraestructura adecuada para manejar el agua lluvia, y cada precipitación la convierte en una suerte de Venecia tropical y macondiana, donde el caos y la improvisación flotan junto al agua. No es un castigo de la naturaleza; es el resultado de décadas sin planificación seria.

A todo esto se suma una realidad que no se puede seguir maquillando: la violencia. Hoy Cúcuta es percibida como una de las ciudades más golpeadas por la inseguridad en Colombia, una situación agravada por su condición de ciudad de frontera y por la compleja relación con un vecino sometido a un régimen desquiciado. Pero la violencia no se combate solo con más pie de fuerza o discursos de mano dura.

Una de las salidas reales para Cúcuta es formalizar su economía. Generar empleo digno, estable y legal. No basta con quedarse en el apoyo a los emprendimientos —necesarios, sí— si no se avanza hacia la creación de empresa, de industria, de cadenas productivas que hagan que la economía fluya. Donde hay trabajo formal, hay menos desesperanza; y donde hay menos desesperanza, la violencia empieza a ceder.

La seguridad también se construye con oportunidades.

Y el problema no termina ahí. En esa misma bitácora siguen faltando páginas sobre planificación urbana real, sobre espacio público pensado para el peatón y no solo para el carro, sobre una visión ambiental que vaya más allá del discurso, sobre servicios públicos gestionados con transparencia y futuro, no con parches y crisis cíclicas.

La ciudad creció, pero no se ordenó. Se expandió, pero no se pensó. Y cada gobierno pareció comenzar de cero, como si la historia no existiera y la responsabilidad terminara con el periodo.

Tal vez por eso hoy Cúcuta siente que siempre está empezando, pero nunca llegando.

La bitácora del gobernante debería ser un documento obligatorio. Uno donde se escriba no solo lo que se hizo, sino lo que no se quiso hacer; donde quede claro por qué se dejó pasar el tiempo, a quién le faltó coraje y quién prefirió la comodidad del aplazamiento.

Porque gobernar también es tener la valentía de tomar decisiones impopulares pero necesarias. Y una ciudad que no se planea, se improvisa. Y una ciudad que se improvisa, se estanca. ¿O ME EQUIVOCO?

 

“Semáforos en rojo, conductores en verde: la cultura del riesgo que mata”

 

Cada mañana, cuando salgo a caminar por las inmediaciones de la Avenida Gran Colombia, observo cómo estudiantes, caminantes e incluso mascotas tratan de esquivar los carros y motos que hacen caso omiso del semáforo puesto allí frente al Colegio Mercedes Ábrego. La luz cambia a rojo, pero para muchos conductores parece no significar nada. Los peatones quedan atrapados entre la prisa ajena y el miedo propio, obligados a calcular el instante exacto para cruzar sin ser atropellados. Esa escena, repetida día tras día, es una radiografía perfecta del problema que vivimos.

En Cúcuta se ha vuelto paisaje ver cómo los semáforos cambian a rojo y, en lugar de frenar, muchos aceleran. Es una escena cotidiana: motociclistas que cruzan como si el color fuera una simple sugerencia, carros que se cuelan aprovechando “el último segundo”, y peatones que observan con la mezcla exacta de miedo y resignación.

La ciudad ha desarrollado una peligrosa costumbre: la manía de ignorar la luz roja.

Y esa imprudencia tiene un costo enorme. Solo en 2024, Cúcuta registró 114 muertes por siniestros viales. Y en lo corrido de 2025, la cifra ya asciende a 142 víctimas fatales, superando el año anterior aún sin haber terminado el periodo. A esto se suman más de 640 personas lesionadas este año. Las estadísticas no mienten: detrás de cada semáforo irrespetado hay una tragedia latente.

Lo más inquietante no es la infracción en sí, sino la velocidad con la que la normalizamos. Pasarse un semáforo en rojo dejó de ser un acto excepcional y se volvió parte del ritmo urbano. Como tantas prácticas dañinas en Colombia, empezó con la excusa de la viveza, la prisa o la desconfianza en la autoridad… y ahora se convirtió en un hábito colectivo que todos vemos, pero casi nadie cuestiona.

Pero las consecuencias están ahí, silenciosas, golpeando fuerte: más accidentes, más lesionados, más vidas truncadas. Las cifras no siempre ocupan titulares, pero en las clínicas y hospitales la historia es otra: fracturas, traumas craneales, motociclistas que no vuelven a caminar igual, familias completas afectadas por un acto que dura tres segundos.

El problema es que saltarse un semáforo no solo es un acto individual. Es un mensaje.

Cada conductor que cruza en rojo le dice a los demás que la regla no importa, que la ciudad es tierra de nadie, que el que tiene afán manda, que la ley es opcional. Y ese mensaje se multiplica: uno se lo enseña a otro, lo copia, lo repite, lo hereda.

La luz roja no está ahí para incomodarnos ni retrasarnos; está para protegernos del otro. Es un pacto básico de convivencia: yo me detengo ahora para que tú puedas avanzar seguro, y luego tú harás lo mismo por mí. Parece simple. Pero cuando ese pacto se rompe, lo que está en juego no es solo un cruce de calle: es la cultura ciudadana, el respeto mutuo y la idea de que vale más la vida que la prisa.

Cúcuta necesita algo más que operativos sorpresa o comparendos: necesita volver a creer en las reglas básicas, esas que salvan vidas aunque no generen aplausos. Necesita ciudadanos que entiendan que no es un triunfo “ganarle” al semáforo, sino un riesgo que puede costar caro.

Porque detrás de cada semáforo en rojo está la posibilidad —real, directa— de evitar una tragedia.

Quizás sea hora de preguntarnos algo simple:
¿Por qué nos da tanta pereza detenernos tres segundos, pero no nos asusta perderlo todo en un segundo?

Cúcuta merece una movilidad más humana y menos impulsiva.
Y todo empieza por algo tan pequeño, tan sencillo… como respetar la luz roja. ¿O ME EQUIVOCO?