De Guayabal a Guaimaral: Cúcuta sin control

 

El próximo 26 de abril se llevarán a cabo en Colombia las elecciones de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En el caso de Cúcuta, se elegirán más de 300 líderes comunales que representarán a sus barrios durante los próximos cuatro años.

No es un tema menor. Es, literalmente, la base de la democracia.

Y precisamente por eso resulta imposible pasar por alto lo que está ocurriendo. Porque en Cúcuta estamos empezando a entender algo incómodo: el problema no es la basura… ni tampoco las Juntas de Acción Comunal.

El problema es más profundo: es la forma en que se toman decisiones y, sobre todo, la forma en que nadie parece asumir la responsabilidad de vigilarlas.

Lo vimos hace apenas unos días con el otrosí del contrato del relleno sanitario de Guayabal. Un tema que sacudió el debate público, que encendió el Concejo y que dejó en el aire preguntas fundamentales sobre la conveniencia, la transparencia y el impacto de lo firmado. Mucho ruido, muchas posiciones… pero una ausencia que sigue pesando: la de los entes de control con pronunciamientos claros y oportunos.

Y ahora, casi en paralelo, la historia se repite en otro escenario. Más pequeño, más silencioso, pero igual de importante.

En el barrio Guaimaral, una ciudadana presentó una denuncia formal por presuntas irregularidades en el proceso electoral de la Junta de Acción Comunal: inconsistencias en la inscripción de afiliados, posibles dobles registros, dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Garantías, indicios de compra de votos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos básicos como la residencia.

No es un asunto menor. Es la esencia misma de la participación ciudadana.

Pero la respuesta institucional vuelve a ser la misma: trámite.

Se remite.
Se traslada.
Se diluye.

Y entonces la pregunta es inevitable:
¿quién está controlando realmente?

Porque cuando se cuestiona un contrato millonario, el control no aparece.

Y cuando se cuestiona un proceso electoral comunitario, el control se limita a pasar el caso a otra dependencia. Distintos escenarios, la misma respuesta...y eso es lo verdaderamente grave.

Porque aquí ya no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos frente a un patrón. Una forma de actuar donde las instituciones parecen más cómodas administrando documentos que tomando decisiones. Donde el procedimiento reemplaza la acción y el silencio termina siendo la respuesta más frecuente.

El problema no es solo lo que pudo haberse firmado en Guayabal.

Ni únicamente lo que podría estar ocurriendo en Guaimaral.

El problema es que, grande o pequeño, el mensaje para la ciudadanía es el mismo: las dudas existen… pero las respuestas no llegan.

Y cuando eso pasa, la confianza se rompe.

Se rompe en los grandes contratos, donde debería existir una vigilancia estricta sobre los recursos públicos.
Y se rompe en los barrios, donde debería protegerse el primer eslabón de la democracia.

Porque las Juntas de Acción Comunal no son un trámite. Son el punto de partida de la participación real.
Y si ese punto de partida se contamina, todo lo demás queda en entredicho.

Aquí no se trata de condenar sin pruebas. Se trata de exigir lo mínimo: presencia institucional real.
Que el control controle.
Que investigue cuando hay dudas.
Que hable cuando el silencio genera más incertidumbre que tranquilidad.

Hoy, a pocos días de las elecciones, la denuncia presentada por una ciudadana del barrio Guaimaral sigue sin una respuesta institucional de fondo.
Y si lo que allí se advierte resulta ser cierto, estaríamos ante algo mucho más grave que una irregularidad puntual:

estaríamos permitiendo que se vulnere, en silencio, el primer eslabón de la democracia… sin que pase absolutamente nada. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

 

Guayabal: el negocio que nadie entiende

 

En Cúcuta no solo se entierran residuos. También se entierran decisiones. Y algunas de ellas, como suele ocurrir en Colombia, comienzan a oler mal justo cuando nadie quiere destaparlas.

La semana que terminó no solo dejó titulares globales por avances científicos que parecen sacados de la ciencia ficción. En el plano local, dejó algo mucho más terrenal… y mucho más preocupante: un escándalo en el recinto donde se supone se ejerce el control democrático de la ciudad.Todo por cuenta de un debate de control político sobre un otrosí al contrato de concesión del relleno sanitario Guayabal.

Lo que ocurrió allí no fue precisamente un ejemplo de institucionalidad. Hubo de todo: discusiones, gritos, desorden y, como si fuera poco, una alerta sanitaria. La Secretaría de Salud Municipal advirtió sobre una posible contaminación en el recinto y recomendó suspender sesiones para tomar medidas preventivas. Sin embargo, en una decisión difícil de entender, el Concejo optó por abrir sus puertas al público, en contravía de cualquier lógica sanitaria.

El resultado: caos.

Y, al final, lo más grave: el debate fue aplazado.

Es decir, se pospuso la discusión de un tema que, como veremos, no solo es complejo… sino profundamente confuso.

Porque si algo queda claro al revisar lo poco que se conoce con certeza, es que este asunto está más enredado que una bolsa de anzuelos oxidados.

Intenté acceder al contrato original del relleno sanitario Guayabal, firmado por el municipio de Cúcuta en el año 2000. No fue posible. Sin embargo, sí tuve acceso a un informe de la Contraloría Municipal que analiza la ejecución de ese contrato.

Y lo que allí se encuentra no es precisamente tranquilidad.

El contrato de concesión 0618 de 2000 tuvo su origen en la licitación pública LP 0017-2000, abierta mediante resolución del 29 de junio de ese mismo año, para entregar a un operador privado el componente de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la ciudad. Bajo ese esquema, el concesionario asumía la compra del terreno, la construcción, la operación y el mantenimiento del relleno sanitario.

El municipio, en apariencia, no ponía dinero.

Y aquí es donde vale la pena detenerse.

Porque, en teoría, bajo la Ley 142 de 1994, eso no era un problema. La ley permitió que privados prestaran servicios públicos y promovió esquemas donde el Estado no necesariamente debía invertir directamente. Incluso, en el año 2000, un privado podía —en teoría— construir y operar un relleno sanitario sin necesidad de una concesión.

Pero solo en teoría.

En la práctica, sin el visto bueno del municipio, sin su inclusión en el esquema del servicio y sin acceso al flujo de residuos, ese negocio era inviable. Porque en este sector hay una verdad simple: sin basura, no hay negocio.

Por eso la concesión no era obligatoria… pero sí era la vía más segura. Garantizaba estabilidad, aseguraba el flujo de residuos y reducía el riesgo. Y eso fue, precisamente, lo que se hizo en Cúcuta.

Hasta ahí, todo parece lógico.

Lo que deja de ser lógico es lo que vino después.

Hoy, más de dos décadas después, no está claro qué fue exactamente lo que el municipio garantizó… ni qué es lo que realmente va a recibir.

El informe de la Contraloría, lejos de resolver esas dudas, abre muchas más.

Por un lado, existe una discusión de fondo sobre la propiedad del relleno. El operador sostiene que el terreno es privado y que no hay recursos públicos involucrados, lo que limitaría el control fiscal hasta el momento de la reversión. La Contraloría responde que el control debe ejercerse desde el inicio, durante la ejecución y hasta el final del contrato.

Por otro lado, aparece una duda aún más inquietante: el tamaño del predio. El contrato habla de un mínimo de 60 hectáreas, pero los documentos sugieren que el terreno podría ser mucho mayor. ¿Cuánto exactamente? No está claro. Y si no está claro eso, tampoco está claro qué debe revertir al municipio.

Y en medio de todo, el silencio.

El informe señala que el municipio no respondió de fondo a observaciones clave sobre supervisión e interventoría. Ese silencio, en términos de control, no es neutro. Se convierte en hallazgo.

Y cuando el Estado guarda silencio sobre su propio patrimonio, el problema deja de ser técnico y se vuelve político.

Aquí es donde el caso Guayabal deja de ser un asunto de basuras y se convierte en un reflejo de algo más profundo: la forma en que el Estado colombiano ha manejado —o dejado de manejar— sus relaciones con operadores privados en contratos de largo plazo.

No fue un error permitir que un privado construyera y operara el relleno. Eso era coherente con la ley y con la época. El error fue no asegurar claridad, no ejercer control constante y no dejar completamente definido qué le quedaba a la ciudad al final del contrato.

Hoy, cuando se habla de otrosíes, prórrogas y decisiones de último momento, la sensación no es de certeza. Es de improvisación.

Porque lo cierto es esto:

nadie parece tener completamente claro qué se firmó, qué se cumplió y qué se va a recibir.

Y ese es, quizás, el problema más grave de todos.

En Cúcuta no solo se está discutiendo un contrato. Se está discutiendo la capacidad del Estado para entender, controlar y defender lo que es suyo.

Mientras tanto, el relleno sanitario seguirá funcionando, recibiendo toneladas de residuos cada día. Pero las dudas —esas sí— siguen acumulándose.

Y el informe de la Contraloría, lejos de disiparlas, deja una sensación inquietante:

que aquí hay más preguntas que respuestas…

y más incertidumbre que certezas.

Tal vez por eso el debate se aplazó.

O tal vez porque, en el fondo, nadie está listo todavía para responder lo realmente importante. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

LA GUERRA SILENCIOSA

 

Colombia decide si existe o no...

Mientras Colombia se debate entre la derecha y la izquierda, entre si la “paz total” fue un fracaso o una apuesta fallida, hay una realidad silenciosa que avanza sin hacer ruido, pero con consecuencias mucho más profundas.

Una noticia que ha pasado casi desapercibida: cada vez nacen menos colombianos. Y no es una percepción, es un hecho. En 2025 el país registró apenas 433.678 nacimientos, la cifra más baja de la última década, consolidando una caída sostenida que ya supera el 30% frente a lo que ocurría hace apenas diez años.

Pero el dato más preocupante no es solo cuántos nacen, sino cuántos dejamos de reemplazar. Hoy Colombia tiene una tasa de fecundidad cercana a 1,0 hijos por mujer, cuando el nivel necesario para mantener la población es de 2,1. Es decir, estamos produciendo menos de la mitad de los hijos que se necesitan para sostener la sociedad en el tiempo.

Y aquí es donde el problema deja de ser estadístico y se vuelve estructural.

Porque esto no es solo Colombia. Es un fenómeno global. Europa lleva años con tasas cercanas a 1,3 hijos por mujer, Japón ronda 1,2 y países como Corea del Sur han caído por debajo de 1. Es decir, el mundo desarrollado envejece. Pero hay una diferencia clave: a ellos les tomó décadas llegar ahí.

A nosotros nos está pasando en menos de veinte años.

Colombia pasó de ser un país con crecimiento poblacional estable a uno que empieza a vaciar sus cunas a una velocidad que ni siquiera los países más ricos experimentaron. Y eso cambia todo.

Cambia la economía, cambia el mercado laboral, cambia la estructura social y, sobre todo, cambia el futuro.

Porque las políticas públicas —si es que aún creemos en ellas— se diseñan con base en proyecciones. Se asume que habrá nuevas generaciones que trabajen, coticen, consuman y sostengan el sistema. Pero hoy esas generaciones simplemente están dejando de existir.

Estamos discutiendo una reforma pensional basada en que los jóvenes de mañana financien a los adultos mayores de hoy. Pero la pregunta es inevitable: ¿cuáles jóvenes? Estamos debatiendo una reforma a la salud que necesita equilibrio financiero, ingresos constantes, personas aportando. Pero ese equilibrio —como en el sistema solar— depende de la masa, y esa masa se está reduciendo.

Estamos diseñando un país para una población que ya no viene.

Y entonces la discusión se vuelve más incómoda. ¿Por qué nacen menos colombianos?

Porque tener hijos dejó de ser una consecuencia natural de la vida y pasó a ser una decisión económica. Porque el costo de vida sube más rápido que los ingresos. Porque la estabilidad laboral es cada vez más frágil. Porque la vivienda es más difícil. Porque la incertidumbre le ganó terreno a la esperanza.

Y también porque el país no está ofreciendo razones suficientes para creer en el futuro.

Ahí es donde esto deja de ser un problema demográfico y se convierte en un reflejo profundo de lo que somos como sociedad.

Ahora, si bajamos la mirada a lo local, la pregunta es inevitable: ¿qué pasa en ciudades como Cúcuta?

Aunque las cifras municipales no siempre tienen la misma visibilidad nacional, la tendencia es la misma: menos nacimientos, menos familias nuevas, más envejecimiento progresivo. Y en una ciudad marcada por la informalidad, la falta de oportunidades y la presión económica diaria, la decisión de tener hijos se vuelve aún más difícil.

Lo que hoy parece una estadística, mañana será una realidad tangible: menos niños en los colegios, menos jóvenes en el mercado laboral, menos contribuyentes sosteniendo sistemas que ya hoy son frágiles, y más adultos mayores dependiendo de ellos.

Es una ecuación simple… con consecuencias enormes.

Nos estamos convirtiendo en un país de abuelos.

Y no hay nada malo en envejecer. El problema es envejecer sin relevo. Porque un país que deja de tener hijos no solo pierde población, pierde dinamismo, pierde crecimiento, pierde futuro.

Aquí no estamos hablando de ideologías, ni de izquierda ni de derecha. Estamos hablando de algo más profundo: de una sociedad que, poco a poco, está dejando de creer en el mañana.

Y tal vez esa sea la verdadera crisis de Colombia.

No la política.
No la económica.

Sino una más silenciosa y peligrosa:

la crisis de un país que ya no está seguro de querer existir en el futuro. ¿O ME EQUIVOCO?

 

Cúcuta: la ciudad que entierra su futuro

Me gusta escribir sobre ciudad. Y más cuando se trata de la mía.

Pero esta madrugada, con el café en la mano y la intención clara de escribir sobre la polémica decisión de prorrogar por 20 años el contrato del relleno sanitario Guayabal, me asaltó una duda incómoda:

¿Vale la pena hablar de eso… o de nosotros?

¿Del ciudadano que se pasa el semáforo en rojo como si la vida ajena no importara?
¿Del que lanza basura a la calle con absoluta indiferencia?
¿Del que se estaciona dónde quiere, porque la norma siempre es para otros?
¿De la ciudad a oscuras en muchos de sus sectores?
¿De los números que no dejan de crecer en sicariato?
¿O del aumento silencioso, pero evidente, de habitantes de calle?

Hay tanto de qué hablar… que por momentos parece más útil hacer un estudio sobre la genética ciudadana de Cúcuta.

Porque aquí hay una verdad que incomoda: no todo es culpa del Estado. También es nuestra.

Somos una ciudadanía que, en buena medida, se acostumbró a ser parte del problema.
Nos volvimos indolentes, conformistas. poco exigentes, poco solidarios y, peor aún, profundamente consistentes en perseverar siendo lo mismo.

No es pesimismo…es realidad.

Cúcuta es hoy una ciudad que no solo carga problemas estructurales, sino que arrastra una cultura que se resiste a cambiar. Y eso se nota en todo: en la informalidad económica —donde estamos entre las más altas del país—, pero también en algo más grave y menos visible: la informalidad mental; y por estas épocas en que la salud mental está en deterioro nacional, esto se torna muy preocupante.

Aquí la norma estorba, la ley incomoda y lo público… se siente lejano.

Y entonces volvemos al punto inicial.

¿Para qué hablar de un contrato de concesión, de un otrosí que amplía por 20 años el manejo del relleno sanitario, de cifras millonarias, de posibles irregularidades… si como ciudadanos ni siquiera hemos sido capaces de respetar un semáforo?

Pero cuidado con esa trampa. Porque pensar así es exactamente lo que permite que todo siga igual.

Que mientras discutimos el comportamiento del ciudadano —que sí, es un problema real—, las grandes decisiones se tomen sin suficiente ruido, sin suficiente control y sin suficiente participación.

Y ahí está el verdadero peligro.

Porque una ciudadanía débil, desordenada y resignada es el escenario perfecto para que lo importante pase sin resistencia, para que contratos enormes se firmen sin debate, para que decisiones de décadas se tomen en silencio, para que lo público deje de ser de todos… y pase a ser de unos pocos.

El problema de Cúcuta no es solo institucional.

Es cultural.

Pero precisamente por eso, la salida no es dejar de hablar de lo que está mal, es hablar más, exigir más, molestar más.

Porque una ciudad que se acostumbra a todo…termina permitiéndolo todo.

Y ese sí es el verdadero riesgo. No el contrato. No el relleno sanitario.

Sino nosotros mismos.

Pero mientras discutimos si el problema somos nosotros o las decisiones que se toman arriba, hay un dato que no admite interpretaciones: Cúcuta entierra cada año cerca de 250.000 toneladas de basura, pagando alrededor de $30.000 por cada tonelada. Eso significa que estamos hablando de más de $7.500 millones de pesos al año, y de por lo menos $150.000 millones en 20 años.

Y lo más grave no es solo cuánto cuesta enterrarla.

Es que, según estimaciones nacionales, cerca del 80% de los residuos sólidos podrían ser aprovechables o reciclables si existiera una verdadera cultura ciudadana, infraestructura adecuada y decisiones públicas orientadas a la sostenibilidad.

Pero aquí no.

Aquí seguimos enterrando valor, enterrando oportunidades, enterrando ciudad.

Porque mientras otros territorios avanzan hacia economías circulares, reciclaje organizado y aprovechamiento real de residuos, Cúcuta sigue atrapada en su lógica más cómoda: la informalidad.

La misma informalidad de la que hablamos al inicio, la que se ve en la calle… y la que también se esconde en las decisiones grandes.

Una ciudad que no separa la basura…difícilmente separa lo público de lo privado.

Y así, entre lo que botamos y lo que dejamos pasar, seguimos construyendo una ciudad que no solo se acostumbra a todo…sino que termina viviendo de ello. ¿ O ME EQUIVOCO ?