LA FAMILIA ROTA :LA RESPONSABILIDAD QUE NINGUN ALCALDE QUIERE ASUMIR

 

En Colombia hablamos de seguridad, de homicidios, de drogas, de fronteras calientes y de jóvenes sin rumbo. Hablamos mucho del problema, pero casi nunca del origen. Y cuando se revisan los presupuestos municipales, la conclusión es incómoda: invertimos muy poco —casi nada— en fortalecer el núcleo familiar, justo donde empiezan muchas de las fracturas sociales que hoy nos desbordan.

En ciudades como Cúcuta, donde la violencia se ha vuelto paisaje cotidiano y el miedo se normaliza, la respuesta institucional suele ser la misma: más patrullas, más operativos, más cámaras, más anuncios. Todo eso puede ser necesario, pero es profundamente insuficiente. Es la medicina que se aplica cuando la enfermedad ya hizo metástasis. La prevención real —la que ocurre dentro del hogar— sigue siendo la gran ausente de la agenda pública local.

La razón principal es tan simple como incómoda: fortalecer la familia no da votos inmediatos. No inaugura obras, no corta cintas, no produce fotos para redes sociales. Un programa serio de orientación familiar, acompañamiento psicosocial, prevención de la violencia intrafamiliar o apoyo a la crianza responsable no muestra resultados en seis meses, ni siquiera en un periodo de gobierno. Sus frutos se ven en diez o quince años, cuando ese niño no abandona el colegio, no cae en el microtráfico y no termina empuñando un arma.

Los gobiernos municipales, atrapados en la lógica del corto plazo, prefieren invertir en lo visible y urgente, aunque sea repetitivo e ineficaz. Así, el presupuesto se concentra en gasto reactivo, no preventivo. Se actúa cuando el joven ya está vinculado a una banda, cuando la violencia ya estalló, cuando el daño ya es irreversible. Se olvida que antes del delincuente hubo un niño sin acompañamiento, una familia rota, una casa donde el Estado nunca tocó la puerta.

A esto se suma otro problema estructural: la familia no tiene doliente político. No existe, en la práctica, una secretaría de familia fuerte, con recursos, indicadores claros y poder real de decisión. El tema queda diluido entre oficinas de desarrollo social, programas de mujer, juventud o inclusión, todos bien intencionados pero fragmentados, sin una estrategia integral. El resultado es predecible: muchos proyectos pequeños, discursos amplios y un impacto casi imperceptible en la vida cotidiana de los hogares.

También persiste una idea cómoda —y equivocada—: que la familia es un asunto privado y que el Estado no debe “meterse”. Sin embargo, ese mismo Estado sí termina interviniendo después, cuando debe pagar cárceles, atender víctimas, sostener sistemas de salud colapsados por la violencia o desplegar fuerza pública para contener el caos. Se abandona la familia en la prevención y se asume el costo social en la crisis.

Lo más grave es que ni siquiera medimos bien el problema. Los municipios carecen de indicadores sólidos sobre desintegración familiar, abandono parental, salud mental intrafamiliar o crianza sin redes de apoyo. Y en política pública hay una regla clara: lo que no se mide, no se prioriza; y lo que no se prioriza, no se financia. Así, la familia desaparece del debate presupuestal, aunque esté en el centro del problema social.

Cúcuta es un ejemplo doloroso de esta contradicción. Se habla de homicidios, de fronteras porosas, de economías ilegales y de jóvenes sin oportunidades. Pero rara vez se conecta todo eso con el debilitamiento del tejido familiar, con hogares atravesados por la violencia, el desempleo, la migración forzada y la ausencia de acompañamiento institucional. La seguridad no empieza en la calle: empieza en la sala de la casa.

Mientras no entendamos eso, seguiremos atrapados en un círculo vicioso: más violencia, más gasto en contención, menos inversión en prevención. Millones destinados a corregir los efectos, casi nada para evitar las causas. Es una ecuación injusta, costosa y, sobre todo, ineficiente.

Tal vez ha llegado el momento de decirlo sin rodeos: la familia dejó de ser política pública y pasó a ser una estadística olvidada. Y ningún plan de seguridad, ningún discurso oficial y ningún operativo podrá sustituir lo que no se construyó a tiempo en el hogar.

Invertir en la familia no es un asunto moral ni ideológico. Es una decisión estratégica. Es, quizás, la política pública más silenciosa, menos rentable políticamente, pero más poderosa que un municipio puede asumir. La pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a pagar por no hacerlo. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

CÚCUTA: CUANDO LA CRISIS DE LA SALUD DEJA DE SER UN DEBATE Y SE CONVIERTE EN TRAGEDIA

 

Hablar hoy de la crisis del sistema de salud en Colombia ya no es un ejercicio técnico ni un debate ideológico: es una realidad que se siente en las salas de urgencias, en las farmacias vacías y en la angustia diaria de millones de pacientes. Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, el deterioro del sistema se ha acelerado peligrosamente, no tanto por la necesidad de una reforma —que muchos reconocen— sino por la improvisación, la confrontación permanente y la ausencia de respuestas claras mientras el sistema colapsa.

La desfinanciación es evidente. Las EPS, intervenidas o no, operan con déficits crecientes; la red hospitalaria acumula deudas impagables y la entrega de medicamentos se ha convertido en una ruleta rusa para los pacientes crónicos. Mientras el Gobierno insiste en que “no salvará a las EPS sino a la salud”, en la práctica quienes pagan el costo son los usuarios, atrapados entre un modelo que no se corrige y otro que no termina de nacer.

Pero si esta crisis golpea con fuerza al país, en Cúcuta se vive con mayor crudeza. Ciudad de frontera, históricamente presionada por la migración, la informalidad y la debilidad institucional, hoy enfrenta un sistema de salud desbordado. Hospitales públicos al límite, clínicas privadas restringiendo servicios por falta de pago y una red que no da abasto para atender a una población que crece sin que los recursos lo hagan al mismo ritmo. Aquí, la crisis no es estadística: es cotidiana.

Cúcuta atiende no solo a sus ciudadanos, sino a población migrante y retornada, muchas veces sin afiliación efectiva ni continuidad en los tratamientos. La atención primaria prometida por el Gobierno no se traduce en capacidad real, y la falta de medicamentos se siente con especial dureza en pacientes de alto costo. La frontera no espera decretos ni discursos: necesita soluciones inmediatas, flujo de recursos y decisiones técnicas, no ideológicas.

El problema de fondo es que el Gobierno ha optado por administrar la crisis mientras discute la reforma, en lugar de estabilizar primero el sistema. La confrontación con gremios, clínicas y EPS puede ser políticamente rentable, pero es socialmente irresponsable cuando no se garantiza la atención. La salud, convertida en campo de batalla política, pierde su esencia de derecho fundamental.

En Cúcuta, la crisis de la salud no se mide en debates televisados ni en cifras oficiales; se mide en madres que madrugan a hacer fila sin saber si habrá medicamentos, en adultos mayores que abandonan tratamientos porque no hay citas y en médicos que resisten con vocación mientras el sistema les falla. Aquí, donde la frontera multiplica las urgencias y reduce las excusas, la salud se ha convertido en una prueba diaria de resistencia.

La salud no puede seguir siendo un experimento político ni una bandera ideológica. En una ciudad que ha aprendido a sobrevivir al abandono, lo mínimo que se espera del Estado es que no abandone también el derecho más básico: el de vivir con dignidad.

Cuando la salud se derrumba en la frontera, el abandono del Estado deja de ser discurso y se convierte en dolor. ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

ENTRE CHISPAS Y CICATRICES...TRADICIEONES QUE ACABAN VIDAS.

 

Diciembre siempre se nos vende como el mes de la esperanza: luces encendidas, mesas compartidas, familia reunida. Sin embargo, en Colombia —y tristemente también en Cúcuta— diciembre sigue siendo sinónimo de una práctica que cada año deja más víctimas que alegrías: el uso indiscriminado de la pólvora.

Este 2025 no ha sido la excepción. Mientras el país intenta cerrar el año con mensajes de unión y buenos deseos, las salas de urgencias vuelven a llenarse de niños, jóvenes y adultos con quemaduras, amputaciones y lesiones oculares provocadas por artefactos pirotécnicos. Según cifras oficiales, cerca de 800 personas han resultado lesionadas por pólvora en el país durante esta temporada, y lo más doloroso es que más de un 30 % de los afectados son menores de edad. Niños que no deberían estar aprendiendo a vivir con cicatrices, sino jugando, creciendo y soñando.

La tragedia se siente con especial fuerza en Cúcuta y Norte de Santander. En el departamento se han registrado 46 personas lesionadas, de las cuales 15 son menores, y 23 de esos casos ocurrieron en la capital. No son números fríos: son historias truncadas, manos vendadas en lugar de regalos, padres llenos de culpa y médicos repitiendo, una vez más, que estas lesiones eran completamente evitables.

Lo más grave es que seguimos llamando “tradición” a lo que en realidad es irresponsabilidad normalizada. Cada estallido en la noche es celebrado como fiesta, sin pensar que detrás de ese ruido puede haber una vida marcada para siempre. La pólvora no distingue edades, no perdona errores y no entiende de celebraciones. Basta un segundo de descuido, una chispa mal dirigida o una mezcla peligrosa de alcohol y explosivos para convertir una noche de alegría en una tragedia familiar.

A esto se suma un daño silencioso que muchos prefieren ignorar: el sufrimiento de los animales, el miedo extremo, la desorientación y, en algunos casos, la muerte. También ellos pagan el precio de una celebración mal entendida.

Las campañas existen, las advertencias sobran y los médicos lo repiten año tras año: la pólvora no es un juego. Aun así, las cifras se mantienen, se repiten y, en algunos casos, aumentan. Pero hay una responsabilidad que no puede seguir esquivándose: la absoluta falta de control en el expendio de pólvora durante las fiestas de diciembre. Cada año las autoridades anuncian operativos, restricciones y decomisos, pero en la práctica la pólvora sigue vendiéndose en esquinas, garajes, puestos improvisados y hasta en redes sociales, como si se tratara de dulces y no de explosivos. La permisividad institucional, la débil vigilancia y las sanciones casi simbólicas han convertido esta ilegalidad en un negocio rentable y recurrente. Mientras el control brilla por su ausencia, los hospitales hacen su parte atendiendo a los heridos y las familias cargan con las consecuencias. No es solo un problema cultural: es un fracaso del Estado en su deber mínimo de proteger la vida, especialmente la de los niños.

Esta semana se cierra el 2025, y cuando se mira el comportamiento histórico de estas fechas, la conclusión es clara y dolorosa: las fiestas de fin de año concentran el mayor número de afectados por pólvora en Colombia. No es casualidad, es un patrón que se repite cada diciembre, como si el calendario trajera consigo la misma cadena de excesos y descuidos. Ojalá este año sea la excepción. Ojalá el cierre de 2025 no sume más nombres a la lista de lesionados y marque, por fin, un punto de quiebre. Que la conciencia le gane a la costumbre y que entendamos, de una vez por todas, que no hay mejor forma de celebrar que llegar completos, vivos y sin heridas al año que comienza. ¿O ME EQUIVOCO?

 

ENTRE LA URGENCIA Y EL PELIGRO DE CONCENTRAR PODER

 

Con el primer café del día, mientras la ciudad despierta entre trancones y las mañanas frescas de la Navidad, Cúcuta vuelve a una pregunta clave: si sale Aguas Kpital del acueducto, ¿quién entra? Y, más importante aún, ¿cómo entra?

El alcalde de Cúcuta ha manifestado reiteradamente que el control lo hará directamente el municipio, pero hasta el momento tampoco ha sido muy claro, ¿el cómo?

En medio del debate surgió un rumor, un nombre que empezó a sonar con fuerza: Veolia. Para algunos, una solución técnica; para otros, una salida rápida. Pero conviene detenerse un momento —como se hace con el café caliente en diciembre— y mirar el asunto con calma, porque no todo lo que parece práctico es legalmente sano.

Nadie discute que Veolia es un operador habilitado ni que tiene experiencia. El problema no es la empresa en sí, sino el modelo que se podría estar construyendo. Cuando una sola compañía empieza a concentrar varios servicios públicos esenciales en una ciudad —aseo, tratamiento y eventualmente agua— la pregunta deja de ser técnica y se vuelve jurídica y ciudadana: ¿estamos frente a una posible posición dominante?

La Ley 142 de 1994 es clara en su espíritu. No fue creada para reemplazar monopolios públicos por monopolios privados, sino para promover eficiencia, pluralidad y protección al usuario. La ley permite la participación privada, sí, pero rechaza la concentración excesiva y el abuso de poder en la prestación de servicios esenciales.

Aquí está el punto que no se puede esquivar: entregar el acueducto de Cúcuta a un solo operador que ya tiene un peso significativo en otros servicios podría configurar, en la práctica, un monopolio de facto. No declarado, pero real. Uno que reduce la capacidad de control del municipio, debilita la libre competencia y deja al usuario con pocas opciones y muchas dependencias.

Por supuesto, la ley también es pragmática. En un escenario de transición, de urgencia, de salida abrupta del operador actual, un encargo temporal puede ser válido. Pero temporal significa eso: limitado en el tiempo, excepcional y acompañado desde el primer día por un proceso abierto y transparente para escoger un operador definitivo.

Lo que sería un error —jurídico y político— es usar la urgencia como excusa para tomar atajos. Entregar el acueducto sin licitación, sin análisis de competencia, sin la intervención de los entes de control, no solo pondría en riesgo la legalidad del proceso, sino que abriría la puerta a demandas, nulidades y nuevas crisis institucionales.

Cúcuta no necesita cambiar un operador cuestionado por otro intocable. Necesita cambiar la lógica. El debate no es quién se queda con el negocio, sino cómo se protege el derecho al agua sin concentrar el poder sobre los servicios públicos en una sola mano.

Con el primer café, vale la pena recordarlo: la Ley 142 no existe para facilitar soluciones rápidas, sino para evitar problemas estructurales. Cambiar de operador puede ser necesario… ¿Pero a que costo?

Porque en los servicios públicos, como en la vida, la comodidad de hoy suele ser el problema de mañana. ¿O ME EQUIVOCO?

BONUS TRACK : El item de APROVECHAMIENTO en la factura del servicio de aseo  de VEOLIA: No se puede cobrar el ítem de aprovechamiento si el servicio no se presta de manera real, verificable y accesible al usuario. En términos simples, si no existen rutas selectivas, si no hay recolección diferenciada y si el ciudadano no tiene una posibilidad real de entregar residuos aprovechables, entonces no hay servicio que justifique ese cobro. SEGÚN LA LEY 142 DE 1.994