¿Quién tiene realmente un plan para Cúcuta y Norte de Santander?

 Esta columna no pretende promover ni descalificar ninguna tendencia política o candidatura presidencial. Desde el respeto por la diversidad de pensamiento y la libertad democrática de los colombianos, su único propósito es ofrecer a los nortesantandereanos una mirada crítica, amplia y reflexiva sobre las propuestas, visiones y posibles impactos que cada aspirante tendría para Cúcuta y Norte de Santander en los próximos cuatro años.

Al sentarme a escribir esta columna faltan apenas 20 días, 14 horas, 5 minutos y 44 segundos para que se abran las urnas en la primera vuelta presidencial en Colombia. Unas elecciones que ya muchos consideran históricas y de las que todo el país habla a diario: entre la furia y la esperanza, entre la incertidumbre y el miedo, entre la ilusión de avanzar o el temor de fracasar nuevamente como nación.

Así transcurren hoy los días en Colombia: esperando. Esperando casi como quien espera un mesías, mientras el tiempo político se agota y las regiones siguen reclamando respuestas.

Los candidatos que lideran las encuestas ya pasaron por Cúcuta. Todos aseguran haber llenado plazas públicas. Unos hablan de cinco mil asistentes, otros de diez mil, e incluso algunos elevan la cifra hasta veinte mil personas acompañando sus recorridos. Pero más allá de la euforia electoral, de las caravanas y de las fotografías para redes sociales, sigue faltando lo esencial: claridad sobre qué propone realmente cada uno para Norte de Santander.

Porque para Cúcuta y el departamento, la seguridad no es un debate ideológico: es una necesidad cotidiana. La presencia de grupos armados, el narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la violencia urbana convierten este tema en el principal termómetro para evaluar cualquier candidatura presidencial.

Hoy las autoridades mantienen operaciones militares y refuerzo institucional en zonas rurales de Cúcuta y el Catatumbo debido al deterioro del orden público. Y frente a esa realidad, las propuestas empiezan a marcar profundas diferencias.

Un eventual gobierno de Iván Cepeda tendría impacto en la región a través de una apuesta por negociación, inversión social y continuidad de programas territoriales. Sus defensores consideran que esto podría disminuir tensiones sociales en el Catatumbo; sus críticos advierten que podría aumentar la percepción de debilidad frente a los grupos armados ilegales.

Una eventual presidencia de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella probablemente significaría una política de seguridad mucho más agresiva y militarizada en frontera, especialmente contra el ELN, las disidencias y las redes criminales. Eso podría generar una sensación inmediata de control territorial, aunque también elevar tensiones en zonas históricamente conflictivas.

En el caso de Sergio Fajardo, su enfoque combina fortalecimiento policial, inteligencia y estabilidad institucional. Para Norte de Santander podría representar una estrategia menos confrontacional que la derecha dura, pero más estricta que el actual modelo de seguridad.

Y hay un elemento adicional que hace única esta elección para la región: ningún departamento depende tanto de la política exterior presidencial como Norte de Santander. Cada decisión sobre Venezuela impacta directamente el empleo, el comercio, la migración, la seguridad, la salud y hasta la economía informal de miles de familias cucuteñas.

Cepeda propone fortalecer la reapertura económica binacional, facilitar créditos empresariales y dinamizar nuevamente el comercio fronterizo. Para Cúcuta, esto podría impulsar sectores comerciales y logísticos golpeados desde el cierre fronterizo de 2015.

En contraste, un gobierno de línea más dura como el de Valencia o De la Espriella podría endurecer controles fronterizos y priorizar la seguridad sobre la integración económica. Eso podría mejorar el control territorial, aunque también afectaría la dinámica comercial binacional de la que dependen miles de personas.

Fajardo, por su parte, probablemente mantendría una relación pragmática con Venezuela, intentando equilibrar seguridad y apertura económica gradual.

La salud representa otro de los grandes dramas regionales. La red hospitalaria de Norte de Santander vive bajo presión permanente debido a la migración, la sobreocupación, el déficit financiero y una demanda regional que supera la capacidad instalada.

Hoy el sistema de salud colombiano atraviesa probablemente la peor crisis de su historia reciente.

Una continuidad de reformas similares a las actuales, impulsadas desde sectores cercanos a Cepeda, podría transformar profundamente el modelo de EPS, aunque existe temor regional sobre la capacidad administrativa y financiera para sostener el sistema.

Fajardo plantea fortalecer las EPS y la atención primaria, algo que podría generar mayor estabilidad para la red hospitalaria fronteriza.

Mientras tanto, una eventual administración de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella apostaría por reforzar el modelo mixto actual, fortalecer la gerencia hospitalaria y ejercer un mayor control fiscal sobre el sistema.

En materia económica, la deuda histórica sigue intacta. Cúcuta continúa siendo una de las ciudades con mayores niveles de informalidad y desempleo del país.

Aquí el impacto presidencial es determinante porque depende de la apertura comercial, de los incentivos empresariales, de la inversión pública nacional y de una verdadera estabilización del intercambio binacional.

Cepeda ha hablado de reactivación económica fronteriza y apoyo a empresarios medianos. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella proponen atraer inversión mediante reducción de inseguridad y fortalecimiento de la confianza empresarial. Fajardo apuesta por estabilidad fiscal y fortalecimiento institucional.

Pero la gran pregunta continúa sin respuesta clara:

¿Quién tiene realmente un plan económico exclusivo para la frontera?

Porque cualquier presidente que llegue a la Casa de Nariño en 2026 (sea de izquierda, derecha, centro o progresismo) será juzgado en Norte de Santander por lo que ocurra en el Catatumbo durante los próximos cuatro años.

Y es allí donde Colombia tiene hoy uno de sus mayores desafíos nacionales: cultivos ilícitos, grupos armados, pobreza, desplazamiento masivo y una crisis humanitaria que parece avanzar más rápido que las soluciones del Estado.

La población del departamento está cansada de escuchar promesas nacionales que nunca se traducen en resultados concretos. El agotamiento ciudadano frente al discurso político tradicional es cada vez más evidente.

Por eso, para Norte de Santander, la elección presidencial de 2026 no definirá solamente quién gobernará Colombia.

Definirá quién está dispuesto, por fin, a mirar seriamente hacia Cúcuta y la frontera.

Porque después de décadas de abandono, la verdadera pregunta no es quién ganará las elecciones.

La verdadera pregunta es:¿quién tiene realmente un plan serio para Norte de Santander? ¿O ME EQUIVOCO?

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CUANDO A CÚCUTA LE CAMBIAN LAS PRIORIDADES... DE LA CÚCUTA QUE SOÑAMOS

 

En Cúcuta la discusión sobre la valorización dejó hace rato de ser un simple debate técnico o administrativo. Lo que hoy se discute en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas es algo mucho más sensible: la sensación de que la ciudad lleva años esperando unas obras fundamentales para su movilidad… y que ahora esas prioridades parecen estar cambiando.

Porque hay algo que no puede olvidarse en medio de toda esta controversia: las obras contempladas en el Acuerdo 003 de 2017 no eran obras menores ni caprichos urbanísticos. Eran proyectos estratégicos concebidos para responder a uno de los problemas más graves y más antiguos de Cúcuta: el colapso progresivo de su movilidad.

La intersección de Cuatro Vientos, la solución vial en la Diagonal Santander con Avenida Cero y Gran Colombia, la intervención en la glorieta del Terminal y otras obras incluidas en el paquete de valorización fueron presentadas ante la ciudadanía como soluciones estructurales para descongestionar corredores críticos de una ciudad que creció desordenadamente y cuya infraestructura vial hace años quedó rezagada frente al número de vehículos y al desarrollo urbano.

Y precisamente por esa importancia, miles de ciudadanos aceptaron pagar valorización. No fue un aporte voluntario motivado por estética o embellecimiento. Fue un sacrificio económico justificado bajo la promesa de que Cúcuta finalmente tendría obras capaces de mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y modernizar puntos neurálgicos donde diariamente se forman enormes congestiones.

Por eso hoy existe molestia.

Porque esas obras no nacieron ayer. Han sido esperadas durante años por una ciudad cansada del caos vehicular, de los trancones interminables, de los cruces peligrosos y de una infraestructura insuficiente para las necesidades actuales de la capital nortesantandereana.

Y la situación se vuelve todavía más preocupante cuando se observa que Cúcuta sigue siendo una de las pocas ciudades intermedias de Colombia que nunca logró consolidar un verdadero sistema de transporte masivo moderno y eficiente. Mientras otras ciudades avanzaron (con dificultades, sí) hacia modelos integrados de movilidad, aquí la improvisación terminó imponiéndose sobre la planificación. El resultado está a la vista: más motocicletas, más congestión, más desorden vial y una ciudad donde cada año movilizarse resulta más lento y más caótico. Precisamente por eso las megaobras contempladas desde 2017 adquirían un valor aún más estratégico: eran, al menos, una oportunidad para aliviar parcialmente una movilidad que hace tiempo entró en estado crítico.

Y cuando después de tantos años de espera la ciudadanía percibe que las prioridades comienzan a trasladarse hacia proyectos de ornamentación, paisajismo o embellecimiento urbano, inevitablemente surge la pregunta que hoy recorre a Cúcuta: ¿qué pasó con las obras que realmente necesitaba la ciudad?

Nadie discute que una ciudad bonita es importante. Claro que lo es. Los espacios públicos dignos mejoran la calidad de vida y fortalecen la imagen urbana. Pero una administración también debe entender cuáles son las urgencias reales de su gente.

Y hoy la principal angustia del cucuteño no está en si un separador tiene palmeras o jardines. Está en cuánto demora atrapado en un trancón. Está en el desorden vial. Está en los puntos críticos que durante años han colapsado la movilidad del área metropolitana.

Ahí es donde aparece el verdadero problema político y social de esta controversia: la confianza.

Porque el ciudadano siente que pagó por unas soluciones específicas que le fueron prometidas hace casi una década. Y cuando esas soluciones empiezan a diluirse, modificarse o replantearse, lo que se fractura no es solamente un cronograma de obras. Se fractura la credibilidad institucional.

La valorización no puede convertirse en un concepto abstracto donde el ciudadano paga sin claridad sobre el destino final de los recursos. La valorización fue presentada como un pacto entre la ciudad y sus contribuyentes: ustedes aportan hoy para que mañana existan obras concretas que transformen la movilidad de Cúcuta.

Y precisamente por eso la discusión actual genera tanta controversia. Porque para muchos cucuteños el debate no es entre un puente o unos jardines. El debate es entre cumplirle o no cumplirle a la ciudad después de años de espera.

Lo más preocupante es que, mientras la ciudad sigue esperando respuestas, los grandes debates públicos de Cúcuta terminan consumiéndose entre controles políticos, discursos encendidos y sesiones interminables en el Concejo Municipal que, al final, pocas veces producen resultados concretos para la ciudadanía. Pasó con el relleno sanitario, del que hoy prácticamente nadie vuelve a hablar. Pasó con la concesión del acueducto, que terminó diluyéndose entre controversias, silencios y dudas sin resolver. Y ahora ocurre nuevamente con las obras de valorización, modificadas prácticamente de un plumazo, sin una verdadera consulta amplia a la ciudadanía sobre qué era lo prioritario para la ciudad.

Porque esa también es la pregunta de fondo que sigue sin respuesta: ¿a quién terminó beneficiando realmente el cambio de estas obras? ¿Quién decidió que el rumbo debía modificarse? ¿Dónde estuvo la participación ciudadana en una decisión financiada precisamente con el bolsillo de los cucuteños?

Cúcuta necesita embellecerse, sí. Pero antes necesita resolver los problemas estructurales que durante décadas han frenado su desarrollo urbano.

Y quizás lo más grave de todo no sea únicamente el cambio de unas obras. Lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que en Cúcuta se siguen tomando decisiones que afectan a toda la ciudad sin escuchar verdaderamente a quienes pagan las cuentas. Con un simple trámite administrativo y político terminaron alterando proyectos estratégicos que durante años fueron vendidos como fundamentales para el bienestar colectivo y la movilidad de miles de ciudadanos. Mientras tanto, la ciudad sigue atrapada en el caos vial, en la improvisación y en la ausencia de una visión seria de desarrollo urbano. Porque cuando las prioridades públicas terminan subordinadas a intereses políticos, cálculos de imagen o decisiones tomadas entre pocos, el gran perjudicado siempre termina siendo el mismo: el ciudadano común que paga impuestos, soporta los trancones y sigue esperando, año tras año, la ciudad moderna que le prometieron, la Cúcuta que soñamos. ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

 

Cúcuta: del precio del bolívar a contar los muertos.

 

No hace mucho, por allá en el siglo XX, en los años 70, en el colegio había un profesor profundamente preocupado por la informalidad de la ciudad. Imagínense: ya por aquella época era un tema. Ese profesor decía que los cucuteños solo se preocupaban por dos cosas: saber a cómo amanecía el precio del bolívar y cómo había quedado el Cúcuta Deportivo. Era, en su momento, una crítica a la superficialidad de nuestras prioridades.

Hoy el precio del bolívar ya no marca la conversación diaria como antes, y el Cúcuta Deportivo se ha convertido en una sombra que va y viene entre la primera y la segunda división, jugando en un estadio que todavía arrastra problemas tan básicos como sus luminarias. Pero el cambio más preocupante no está ahí. Hoy la conversación cambió… y empeoró.

Hoy los cucuteños nos estamos acostumbrando a algo mucho más grave: a contar los muertos de la noche anterior.

Y no, no es amarillismo.
Es realismo.

Porque mientras algunos intentan suavizar el lenguaje, la ciudad vive una realidad que no se puede maquillar. En lo corrido de 2026, aunque las cifras oficiales hablen de una reducción cercana al 28% en homicidios frente al año anterior, los hechos recientes cuentan otra historia: jornadas con varios asesinatos en menos de 24 horas, una masacre iniciando el año, episodios de sicariato que se repiten con una frecuencia que ya no sorprende, sino que preocupa, por lo contrario: porque empieza a dejar de sorprender.

Y ahí es donde el problema deja de ser estadístico y se vuelve cultural.

Porque cuando la violencia se vuelve paisaje, la ciudad empieza a perder algo más importante que la seguridad: pierde la capacidad de indignarse.

Se ha dicho que la administración municipal no ha sido capaz de afrontar el problema con estrategias eficientes. Tal vez. También es cierto que criticar es fácil y resolver es mucho más complejo, sobre todo cuando el fenómeno supera lo local y escala a nivel nacional. Basta mirar el contexto: el Catatumbo, el Cauca, Nariño, el Huila… territorios distintos, pero atravesados por una misma constante: la disputa armada, la fragilidad institucional y la expansión de economías ilegales.

Pero reconocer la complejidad no puede convertirse en excusa para la inacción.

Porque si bien el problema es nacional, la seguridad se siente —o se sufre— en lo local.

Y ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas incómodas.

¿Es suficiente la reacción institucional en Cúcuta?
¿Alcanzan los consejos de seguridad, las recompensas y los operativos?
¿O estamos atrapados en un modelo que llega siempre después del crimen?

También se ha dicho que la reacción del alcalde parece tibia frente a lo que ocurre en otras ciudades como Cali o el Valle del Cauca. Puede ser una cuestión de estilos, sí. Pero en seguridad, más que el estilo, importan los resultados. Y hoy el resultado es claro: la percepción de inseguridad sigue intacta.

Mientras tanto, la narrativa oficial intenta mostrar una ciudad que avanza: calles pavimentadas, videos optimistas, niños agradeciendo, la promesa de “la Cúcuta que soñamos”. Y todo eso es válido, necesario incluso. Pero hay una realidad que no se puede pavimentar ni editar en video: la de una ciudad donde la violencia sigue marcando el pulso de la cotidianidad.

Porque no se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se logra.

Y hoy, pese a las cifras, pese a los operativos, pese a los discursos, la sensación en la calle sigue siendo la misma: la seguridad no está garantizada.

La brújula de la seguridad en Cúcuta parece atrapada en una zona magnéticamente violenta que la hace girar sin rumbo claro. A veces apunta al sur, a veces al norte. Da igual. El resultado es el mismo: desorientación. Incertidumbre. Miedo.

Y mientras tanto, el futuro de la ciudad no brilla como el sol canicular que la caracteriza. Se ve opaco, intermitente, condicionado por una realidad que no termina de cambiar.

Aquí no hay respuestas fáciles. Pero sí hay una certeza incómoda: Cúcuta no puede seguir acostumbrándose a esto.

Porque una cosa es entender la violencia.
Y otra muy distinta… es aprender a convivir con ella.

Y ese, quizás, es el mayor fracaso de todos. ¿O ME EQUIVOCO?

Bonus track: Mientras el Cauca arde con ataques, hostigamientos y una violencia que ya no se puede disimular, el país escucha más explicaciones que resultados. El gobierno de Gustavo Petro insiste en una narrativa de paz que no logra traducirse en control real del territorio, y ahí es donde la crítica deja de ser ideológica para volverse inevitable: cuando la violencia escala y la respuesta no se siente, no es solo un problema de estrategia, es un problema de liderazgo. Porque una cosa es apostar por la paz, y otra muy distinta es que, en medio de esa apuesta, el país empiece a preguntarse quién tiene realmente el control.

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De Guayabal a Guaimaral: Cúcuta sin control

 

El próximo 26 de abril se llevarán a cabo en Colombia las elecciones de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En el caso de Cúcuta, se elegirán más de 300 líderes comunales que representarán a sus barrios durante los próximos cuatro años.

No es un tema menor. Es, literalmente, la base de la democracia.

Y precisamente por eso resulta imposible pasar por alto lo que está ocurriendo. Porque en Cúcuta estamos empezando a entender algo incómodo: el problema no es la basura… ni tampoco las Juntas de Acción Comunal.

El problema es más profundo: es la forma en que se toman decisiones y, sobre todo, la forma en que nadie parece asumir la responsabilidad de vigilarlas.

Lo vimos hace apenas unos días con el otrosí del contrato del relleno sanitario de Guayabal. Un tema que sacudió el debate público, que encendió el Concejo y que dejó en el aire preguntas fundamentales sobre la conveniencia, la transparencia y el impacto de lo firmado. Mucho ruido, muchas posiciones… pero una ausencia que sigue pesando: la de los entes de control con pronunciamientos claros y oportunos.

Y ahora, casi en paralelo, la historia se repite en otro escenario. Más pequeño, más silencioso, pero igual de importante.

En el barrio Guaimaral, una ciudadana presentó una denuncia formal por presuntas irregularidades en el proceso electoral de la Junta de Acción Comunal: inconsistencias en la inscripción de afiliados, posibles dobles registros, dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Garantías, indicios de compra de votos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos básicos como la residencia.

No es un asunto menor. Es la esencia misma de la participación ciudadana.

Pero la respuesta institucional vuelve a ser la misma: trámite.

Se remite.
Se traslada.
Se diluye.

Y entonces la pregunta es inevitable:
¿quién está controlando realmente?

Porque cuando se cuestiona un contrato millonario, el control no aparece.

Y cuando se cuestiona un proceso electoral comunitario, el control se limita a pasar el caso a otra dependencia. Distintos escenarios, la misma respuesta...y eso es lo verdaderamente grave.

Porque aquí ya no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos frente a un patrón. Una forma de actuar donde las instituciones parecen más cómodas administrando documentos que tomando decisiones. Donde el procedimiento reemplaza la acción y el silencio termina siendo la respuesta más frecuente.

El problema no es solo lo que pudo haberse firmado en Guayabal.

Ni únicamente lo que podría estar ocurriendo en Guaimaral.

El problema es que, grande o pequeño, el mensaje para la ciudadanía es el mismo: las dudas existen… pero las respuestas no llegan.

Y cuando eso pasa, la confianza se rompe.

Se rompe en los grandes contratos, donde debería existir una vigilancia estricta sobre los recursos públicos.
Y se rompe en los barrios, donde debería protegerse el primer eslabón de la democracia.

Porque las Juntas de Acción Comunal no son un trámite. Son el punto de partida de la participación real.
Y si ese punto de partida se contamina, todo lo demás queda en entredicho.

Aquí no se trata de condenar sin pruebas. Se trata de exigir lo mínimo: presencia institucional real.
Que el control controle.
Que investigue cuando hay dudas.
Que hable cuando el silencio genera más incertidumbre que tranquilidad.

Hoy, a pocos días de las elecciones, la denuncia presentada por una ciudadana del barrio Guaimaral sigue sin una respuesta institucional de fondo.
Y si lo que allí se advierte resulta ser cierto, estaríamos ante algo mucho más grave que una irregularidad puntual:

estaríamos permitiendo que se vulnere, en silencio, el primer eslabón de la democracia… sin que pase absolutamente nada. ¿ O ME EQUIVOCO?