¿CÚCUTA LEE O SOLAMENTE VA A LA FERIA DEL LIBRO?

 

Hay una pregunta que deberíamos hacernos ahora que termina una nueva edición de la Fiesta del Libro de Cúcuta: ¿somos realmente una ciudad de lectores o simplemente una ciudad que, durante seis días al año, se acuerda de los libros? La pregunta puede resultar incómoda, pero creo que es necesaria.

Durante esta semana hemos visto colegios, estudiantes, escritores, editoriales, conferencistas, familias y miles de cucuteños acercándose a la Fiesta del Libro. Las imágenes son alentadoras: salones llenos, jóvenes escuchando a autores, niños descubriendo historias y libros exhibidos por todas partes.

Y eso hay que celebrarlo.

Pero una feria del libro no debería medirse únicamente por el número de personas que atraviesan sus puertas. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántas personas salen de allí con un libro bajo el brazo y, sobre todo, cuántas vuelven a una librería cuando la feria termina?

Los datos disponibles nos dejan una reflexión interesante.

La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura del DANE de 2017 registró que Cúcuta tenía un promedio de 5,4 libros leídos entre las personas que leían libros, mientras Medellín llegaba a 6,6 y Bogotá a 6,5. Es decir, no estábamos en los primeros lugares del país.

Pero había otro dato que llamaba poderosamente la atención: el 92,5 % de quienes leían en Cúcuta lo hacían en soporte impreso, uno de los porcentajes más altos entre las ciudades colombianas.

Eso decía algo importante de nuestra relación con el libro: al cucuteño que leía, al menos en aquel momento, le gustaba tener el libro en sus manos.

Siete años después, el panorama nacional muestra una evolución. El estudio Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros 2023, realizado por la Cámara Colombiana del Libro, encontró que los lectores habituales en Colombia llegaron a un promedio de 6,91 libros al año.

¿Qué está pasando hoy con los lectores cucuteños?

No basta con saber cuántas personas asisten a la Fiesta del Libro. Necesitamos saber cuántos libros se venden, cuáles son los más comprados, quiénes los compran y con qué frecuencia.

Porque una cosa es caminar entre estanterías y otra muy diferente es comprar un libro. Una cosa es asistir a una conferencia sobre literatura y otra es llegar a casa, abrir un libro y dedicarle media hora de nuestra noche. Una cosa es tomarse una fotografía frente al escenario de la Feria y publicarla en Instagram; otra muy distinta es apagar el teléfono y ponerse a leer.

Y aquí aparece un reto enorme para Cúcuta.

Porque si queremos construir una ciudad más educada, más crítica y más preparada para enfrentar sus problemas, necesitamos ciudadanos que lean.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿qué tanto estamos leyendo realmente en Cúcuta y qué tan bien estamos comprendiendo lo que leemos?

La Fiesta del Libro demuestra que existe interés por la cultura y que miles de ciudadanos se acercan a los libros, pero esa fotografía positiva debe contrastarse con los resultados educativos. Las pruebas Saber 11, particularmente en Lectura Crítica, no miden directamente cuántos libros lee un estudiante, pero sí permiten observar su capacidad para comprender, interpretar, analizar y argumentar a partir de un texto.

Por eso, más que celebrar únicamente la asistencia masiva a una feria, Cúcuta debería preguntarse si estamos convirtiendo ese entusiasmo de seis días en un verdadero hábito de lectura durante los 365 días del año.

Porque una ciudad verdaderamente lectora no es la que llena una feria del libro, sino la que logra que sus niños, jóvenes y adultos hagan de los libros una parte cotidiana de su vida.

Una ciudad que lee es una ciudad que piensa. Y una ciudad que piensa cuestiona, compara, analiza y no se deja engañar fácilmente.

Por eso, promover la lectura no debería ser únicamente una tarea de los colegios. También debería ser una prioridad de las universidades, de las familias, de las bibliotecas, de las instituciones culturales y, por supuesto, de los gobiernos locales.

Necesitamos más bibliotecas abiertas, más actividades permanentes de lectura, más clubes de lectores, más librerías, más libros al alcance de los jóvenes y, especialmente, una política pública que consiga que la lectura no sea una actividad excepcional de una semana de agosto o septiembre.

Porque existe el riesgo de que terminemos cometiendo una paradoja: que Cúcuta tenga una gran Fiesta del Libro, pero no necesariamente una gran cultura de lectura.

Y no estoy diciendo que la Feria no sea importante. Todo lo contrario.

La Fiesta del Libro de Cúcuta es una de esas iniciativas que debemos defender y fortalecer. Pero también debemos exigir que sus resultados trasciendan los días del evento.

Que los niños que fueron a la Feria vuelvan a pedir libros en diciembre. Que los jóvenes que escucharon a un escritor busquen después sus obras. Que los padres compren un libro para sus hijos, pero también uno para ellos. Que las empresas entiendan que patrocinar la lectura también es invertir en ciudad.

Y que los gobernantes comprendan que un libro puede transformar mucho más que una biblioteca: puede transformar una vida.

Quizás por eso, cuando se cierre la última actividad de esta edición de la Fiesta del Libro, no deberíamos preguntarnos solamente cuántas personas asistieron.

Deberíamos preguntarnos: ¿cuántos nuevos lectores dejamos?

Esa sería la verdadera medida del éxito.

Porque una feria puede durar seis días. Pero el hábito de leer debería acompañarnos toda la vida.

Y si queremos que Cúcuta deje de ser una ciudad que simplemente sobrevive a sus problemas y se convierta en una ciudad que piensa, propone y construye su futuro, tal vez tengamos que empezar por algo tan sencillo como abrir un libro.

¿O me equivoco?

 

¿QUIÉN PAGARÁ LA CUENTA?

 

“Hoy, la deuda pública de Cúcuta equivale aproximadamente a $509.000 por cada habitante de cualquier estrato. Con el nuevo crédito de $30.000 millones, esa cifra subiría a cerca de $547.000 por cucuteño.”

Una ciudad con calles deterioradas necesita inversión y, cuando los recursos propios no alcanzan, el crédito puede convertirse en una herramienta legítima para financiar infraestructura.

Pero una política pública seria no puede reducir el desarrollo urbano a pavimentar calles.

Hay necesidades que pueden tener incluso mayor impacto sobre la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos que el pavimento. Cúcuta sigue teniendo sectores vulnerables a inundaciones y problemas de escorrentía. Necesita resolver definitivamente su movilidad y avanzar hacia un sistema de transporte moderno e integrado. Necesita mejorar sus ambientes escolares, ampliar la conectividad y fortalecer la formación para el empleo. Tiene una red hospitalaria que requiere fortalecimiento y necesita mayores inversiones en prevención, salud mental, salud ambiental y atención primaria. Necesita parques, zonas verdes, escenarios deportivos y recuperación urbana.

Cúcuta necesita recuperar el río Pamplonita, fortalecer la arborización, mejorar la calidad del aire, proteger sus fuentes hídricas y prepararse para los efectos del cambio climático. Necesita, además, infraestructura que permita atraer empresas, fortalecer los emprendimientos y aprovechar realmente su condición de ciudad fronteriza.

¿Por qué, cuando Cúcuta tiene tantas necesidades estructurales, buena parte de la discusión sobre nuevos créditos termina concentrándose nuevamente en pavimentación?

Cúcuta vuelve a entrar en el peligroso terreno del endeudamiento público. La Administración Municipal fué autorizada por el concejo a hacer un nuevo crédito por $30.000 millones, destinado fundamentalmente a continuar con la recuperación de la malla vial.

A primera vista, parece una decisión razonable. Pero el problema no es pedir prestado.

El problema es pedir prestado sin que los ciudadanos tengan absolutamente claro cuánto se debe, cuánto terminarán pagando, qué obras se han ejecutado con los créditos anteriores y cuál será el verdadero costo financiero de seguir comprometiendo los ingresos futuros de Cúcuta.

La Administración y algunos concejales defensores del proyecto argumentan que Cúcuta todavía tiene capacidad legal de endeudamiento. De acuerdo con las cifras presentadas en el Concejo, el indicador de solvencia se encuentra en 5 %, frente a un límite de alerta del 60 %, mientras el de sostenibilidad está en 51 %, frente a un límite del 100 %. Con el nuevo empréstito, estos indicadores subirían al 8 % y al 66 %, respectivamente. Perfecto.

¿Pero qué significan realmente esos porcentajes?

Para muchos ciudadanos, hablar de una solvencia del 5 %, una sostenibilidad del 51 % y que con un nuevo crédito pasarían al 8 % y al 66 % puede sonar tranquilizador. Pero traduzcamos esas cifras al lenguaje de la calle.

El indicador de solvencia busca establecer, en términos sencillos, qué tan pesada resulta para el municipio la obligación de pagar los intereses de su deuda frente a sus ingresos. Por eso, cuando la Administración dice que Cúcuta está en el 5 % y que, con el nuevo crédito, subiría al 8 %, está diciendo que todavía se encuentra muy por debajo del límite legal utilizado para este indicador.

La sostenibilidad mira otra cosa: si el municipio tiene capacidad para soportar el conjunto de sus obligaciones de deuda frente a los ingresos que respaldan ese cálculo. Hoy estaría en el 51 % y, con los $30.000 millones adicionales, subiría al 66 %, todavía por debajo del límite legal del 100 %.

Hasta ahí, todo parece tranquilizador.

Pero hay que tener cuidado.

Que la ley permita endeudarse hasta determinado nivel no significa que sea conveniente llegar hasta allí.

Para entenderlo mejor, pensemos en una familia que gana $5 millones mensuales y tiene una deuda importante. El banco puede decirle que, de acuerdo con sus ingresos, todavía puede solicitar otro préstamo. ¿Eso significa que la familia debería hacerlo? No necesariamente. Dependerá de para qué necesita el dinero, cuánto pagará en intereses, cuánto tiempo estará pagando y qué sacrificios tendrá que hacer en el futuro para cumplir con esa obligación. Con un municipio ocurre exactamente lo mismo.

Tener capacidad legal de endeudamiento no es lo mismo que tener una buena política de endeudamiento. Y esa es precisamente la discusión que Cúcuta debería estar teniendo. La pregunta no puede limitarse a si podemos pedir otros $30.000 millones. La pregunta verdaderamente importante es: ¿Nos conviene hacerlo, ¿qué vamos a sacrificar para pagarlos y qué recibirá Cúcuta a cambio de esa deuda? Pero cumplir la ley no significa necesariamente que una decisión sea financieramente conveniente. Esta diferencia debería ser elemental.

Los indicadores de la Ley 358 de 1997 sirven para determinar si una entidad territorial tiene capacidad para asumir deuda dentro de determinados parámetros fiscales. Pero esos indicadores no responden por sí solos las preguntas más importantes para los ciudadanos:

¿Cuánto terminarán pagando los cucuteños por esos $30.000 millones cuando se sumen capital, intereses, comisiones y demás costos financieros?

Ese es el dato que debería estar en primera página. Porque cuando un alcalde solicita un crédito, el dinero entra rápidamente al presupuesto y las obras pueden inaugurarse durante su administración. Pero la obligación permanece mucho después de que el gobernante abandona el Palacio Municipal.

El alcalde administra el crédito; las siguientes administraciones y los ciudadanos pagan la deuda.

Por eso resulta preocupante que la discusión pública se concentre en establecer si jurídicamente se puede pedir el préstamo, en lugar de discutir si económicamente conviene hacerlo. Cúcuta necesita una política seria de endeudamiento y no una sucesión de créditos aprobados individualmente.

Y aquí aparece otro asunto que merece una explicación pública mucho más profunda.

Según la información publicada, sectores de la oposición cuestionan la suficiencia de los informes sobre la ejecución del crédito anterior y han planteado interrogantes sobre las inversiones realizadas con esos recursos.

Si existen dudas sobre la ejecución del empréstito anterior, la prioridad debería ser aclararlas antes de abrir nuevamente la puerta del endeudamiento.

¿Cuál es el modelo de ciudad que estamos financiando?

Porque si cada administración llega al poder, identificando un conjunto de necesidades, contrata un crédito y deja la obligación para el siguiente gobierno, Cúcuta puede terminar atrapada en un círculo perverso: deuda para solucionar problemas, nuevos problemas porque los recursos futuros están comprometidos y nuevos créditos para intentar resolverlos.

Eso no es planificación financiera. Es administrar el futuro con recursos del presente.

La propia información financiera de la Alcaldía demuestra que el servicio de la deuda ya constituye una obligación presupuestal que debe atenderse con recursos públicos. En marzo de este año, por ejemplo, un decreto municipal registró movimientos presupuestales por más de $25.929 millones asociados al servicio de la deuda pública interna, incluyendo intereses y capital.

Ese dato debería obligarnos a mirar la discusión con mucha más seriedad. Porque cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para otra necesidad pública.

Eso tiene un nombre en economía pública: costo de oportunidad.

Por eso no comparto la idea de que la discusión pueda cerrarse simplemente diciendo: “Cúcuta todavía tiene capacidad de endeudamiento”.

No necesitamos saber solamente cuánto nos puede prestar el banco. Necesitamos saber cuánto puede soportar la ciudad sin hipotecar sus posibilidades de desarrollo. Que Cúcuta tenga capacidad legal para seguir endeudándose no significa que tenga capacidad económica ilimitada para hacerlo. ¿O ME EQUIVOCO?

UNA ECONOMÍA INFORMAL, UNA SEGURIDAD VULNERABLE

 

Que Cúcuta hoy da la sensación de ser una ciudad insegura… sí. Que en Cúcuta se presentan asesinatos, muchos de ellos relacionados con el sicariato… también.

Pero la solución del problema, o por lo menos un porcentaje significativo de ella, no está únicamente en la inteligencia militar, las cámaras, los drones ni en la tecnología aplicada a la seguridad.

No.

Hay una cifra que debería preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa: en Cúcuta y su área metropolitana, cerca de seis de cada diez trabajadores están en la informalidad. En el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa llegó al 61,7 %, mientras el desempleo alcanzó el 11,1 % y el desempleo juvenil se aproximó al 20 %.

Y es que los cucuteños, pero sobre todo su dirigencia, parecen haberse acostumbrado a la informalidad. Llevamos décadas conviviendo con ella y hemos terminado convirtiendo nuestra privilegiada condición fronteriza, que debería ser una enorme ventaja competitiva, en una debilidad económica y social.

Puedo dar constancia de que llevamos por lo menos cinco décadas perdiendo oportunidades. Y lo más preocupante es que la situación parece empeorar porque buena parte de nuestra dirigencia ha perdido la ambición de construir una verdadera economía productiva. Nos hemos acostumbrado a administrar presupuestos, a ejecutar recursos, a solicitar créditos y a proyectar ingresos futuros, pero pocas veces nos preguntamos qué estamos haciendo para que la ciudad produzca más y genere mayores ingresos propios a partir de una economía sólida y formal.

Y aquí está, posiblemente, una de las variables más importantes de nuestra inseguridad, aunque muchos no quieran reconocerlo.

Cúcuta no puede seguir tratando la economía informal como un fenómeno aislado de la crisis de seguridad.

Cuando una ciudad mantiene durante años a una parte considerable de su población en actividades económicas precarias, sin estabilidad, sin protección social y con escasas posibilidades de progreso, termina creando un escenario de vulnerabilidad que puede ser aprovechado por las estructuras criminales.

La informalidad no convierte a un trabajador en delincuente. Sería injusto y equivocado afirmarlo. El vendedor ambulante, el pequeño comerciante, el trabajador independiente o quien diariamente sale a rebuscarse el sustento de su familia está trabajando y merece respeto.

El problema es otro: una economía que no ofrece suficientes oportunidades formales termina dejando a miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, expuestos a otras alternativas de ingreso.

Y allí puede aparecer el crimen organizado ofreciendo lo que la economía legal no está ofreciendo: dinero rápido, préstamos ilegales, distribución de drogas, cobros, vigilancia territorial o participación en redes delictivas.

El problema, entonces, no es el trabajador informal.

El problema es una ciudad que ha permitido que la supervivencia económica se convierta en el único horizonte para miles de ciudadanos.

Por eso, la lucha contra la inseguridad no puede reducirse a más policías, más patrullajes, más cámaras o más capturas. Todo eso es necesario, pero resulta insuficiente si no atacamos algunas de las condiciones que permiten que las economías ilegales encuentren terreno fértil.

La seguridad también se construye con empresas, inversión, educación pertinente, empleo formal y oportunidades para los jóvenes.

Si Cúcuta no logra transformar progresivamente su economía informal en una economía productiva, el crimen seguirá encontrando espacios para reclutar, financiarse y expandirse.

La informalidad no es delincuencia.

Pero una ciudad sin oportunidades puede terminar convirtiéndose en el mejor trampolín para ella.

Y aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo con los recursos públicos para cambiar esta realidad?

Porque con el mismo dinero que hoy destinamos a proyectos que quizá no son las prioridades de una ciudad llena de necesidades, y con la suficiente voluntad política, podríamos comenzar a construir las bases de una política pública de productividad para Cúcuta.

Una política que no se limite a capacitar emprendedores, sino que identifique qué puede producir la ciudad, cuáles son nuestros sectores estratégicos, dónde están nuestras ventajas competitivas y qué necesitamos para convertirlas en empresas, empleo formal, exportaciones y mayores ingresos.

Tenemos una posición fronteriza privilegiada. Tenemos una población joven. Tenemos vocación comercial. Tenemos producción agrícola.

Tenemos posibilidades en agroindustria, logística, tecnología, energía, manufactura y servicios especializados.

Tenemos, además, un mercado venezolano que puede convertirse nuevamente en una enorme oportunidad.

Lo que no tenemos es el derecho a seguir desperdiciando esas ventajas.

No podemos seguir midiendo nuestro desarrollo por la cantidad de personas que salen diariamente a trabajar, sino por la capacidad de nuestra economía para generar valor, productividad e ingresos.

Una ciudad con una población de nuestra magnitud, una ubicación fronteriza estratégica y una fuerza laboral dispuesta a trabajar no puede conformarse con una economía de baja productividad y alta informalidad.

El desafío no es simplemente conseguir que la gente tenga trabajo.

El desafío es conseguir que Cúcuta produzca mucho más por cada trabajador.

Porque mientras nuestra economía genere poco valor, seguiremos teniendo bajos ingresos, alta informalidad y mayor vulnerabilidad frente a las economías ilegales.

Y aquí está el verdadero reto de Cúcuta:

No necesitamos solamente una ciudad que trabaje. Necesitamos una ciudad que produzca.

Porque una ciudad productiva genera empresas.

Las empresas generan empleo.

El empleo formal genera oportunidades.

Y las oportunidades les quitan espacio a quienes pretenden convertir la necesidad en una puerta de entrada al delito.

Cúcuta no podrá construir una seguridad sostenible si no construye primero una economía capaz de ofrecerle a su gente algo más que el rebusque.

La seguridad de nuestra ciudad también se juega en una empresa que nace, en un joven que consigue su primer empleo formal, en una fábrica que decide quedarse, en un productor que logra exportar y en cada oportunidad económica que conseguimos arrebatarle a la informalidad.

Cúcuta no necesita resignarse a sobrevivir.
Cúcuta necesita producir.

Y esa debería ser, quizá, una de las grandes prioridades de nuestra dirigencia durante las próximas décadas. ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

EL RIESGO INVISIBLE QUE LEVANTA UNA CANCHA DE TIERRA

 

Son tantas las cosas que se deben ajustar en un municipio que algunas, aunque parezcan pequeñas e intrascendentes para algunos, pueden ser muy importantes para el bienestar de muchos.

En el sector comprendido entre Quinta Oriental y el barrio Colsag ha existido durante años una cancha de fútbol en tierra. Es un escenario muy utilizado, que proporciona recreación y esparcimiento y que resulta de gran importancia para las nuevas generaciones de deportistas.

Eso está bien.

Lo que no está bien es que detrás de ese espacio de recreación pueda existir un riesgo ambiental y sanitario que, por años, haya pasado inadvertido.

Y no solamente para quienes utilizan la cancha.

Justo al lado funciona el Instituto Técnico Mercedes Ábrego, donde permanecen diariamente niños, adolescentes, docentes y trabajadores. Y en Cúcuta tenemos una combinación que merece especial atención: períodos secos prolongados y frecuentes corrientes de viento.

¿Pero cuál es la amenaza?

Cada carrera, cada balón que golpea el terreno y cada movimiento sobre una superficie seca puede generar resuspensión de partículas. Las más grandes pueden depositarse rápidamente, pero las partículas respirables, especialmente las PM10, pueden penetrar en las vías respiratorias, mientras que las PM2,5, por su menor diámetro, pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares e incluso atravesar la barrera pulmonar hacia el torrente sanguíneo.

Si usted vive en este sector de la ciudad o en algún otro que también tenga una cancha de tierra en sus inmediaciones y empieza a sentir inicialmente irritación de las vías respiratorias, manifestándose en síntomas como tos, carraspera, sequedad o irritación de garganta, estornudos, congestión nasal, aumento de la mucosidad, ardor en los ojos y sensación de dificultad para respirar,  debería preocuparse por solucionar el problema que genera la cancha. En personas susceptibles, especialmente niños, adultos mayores y quienes presentan enfermedades respiratorias, estas partículas pueden desencadenar o agravar episodios de sibilancias, opresión en el pecho y mayor dificultad respiratoria. Las partículas finas, particularmente las PM2,5, por su reducido tamaño pueden penetrar profundamente hasta los alvéolos pulmonares, por lo que una exposición frecuente y prolongada constituye un factor ambiental que merece vigilancia y control sanitario.

Y aquí está lo preocupante: no estamos hablando únicamente de los deportistas.

Estamos hablando de una comunidad educativa ubicada inmediatamente al lado de la cancha y de familias que viven en sus alrededores, potencialmente expuestas a episodios repetidos de polvo, especialmente durante las épocas secas y ventosas.

Esto no significa afirmar que la cancha esté causando enfermedades. Para decirlo con rigor científico habría que realizar mediciones de calidad del aire, caracterización del material particulado y una evaluación epidemiológica.

Pero precisamente ahí está la responsabilidad de la administración municipal.

¿Se ha evaluado alguna vez este riesgo?

Si no se ha hecho, debería hacerse.

La solución tampoco consiste en eliminar la cancha. Todo lo contrario: hay que mejorarla y conservarla, porque el deporte también es salud.

La Alcaldía, a través de sus áreas de Salud Pública, Ambiente, Infraestructura y Deporte, debería realizar una evaluación técnica del escenario, medir material particulado en condiciones de uso y establecer medidas de control de polvo. Dependiendo de los resultados, podrían estudiarse alternativas como el mejoramiento de la superficie, sistemas de estabilización del terreno, manejo de las zonas perimetrales y otras soluciones de ingeniería que reduzcan la resuspensión.

Porque gobernar no es solamente construir grandes obras.

También es identificar esos pequeños problemas que afectan diariamente a comunidades enteras y prevenir antes de tener que curar.

Una cancha de tierra puede parecer insignificante frente a una gran obra de infraestructura.

Pero para el niño que juega allí, para el profesor que trabaja al lado, para la familia que vive frente a ella y para todos los que respiran ese aire, no es insignificante.

Cúcuta necesita más escenarios deportivos, no menos.

Pero necesita escenarios seguros, saludables y técnicamente adecuados.

La pregunta, entonces, no debería ser cuánto cuesta mejorar una cancha.

La pregunta debería ser:

¿Cuánto nos puede costar no hacerlo? ¿O ME EQUIVOCO?