QUIEN SERÁ EL SOCIO?...

Durante su reciente intervención, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, lanzó una promesa que no pasó desapercibida: que en 2026 la ciudad será dueña de “la mitad más uno” del agua y del aseo. El anuncio, en apariencia técnico, tiene una enorme carga simbólica y política. Implica que la ciudad, a través de su administración, pasaría a tener el control accionario sobre dos de los servicios públicos más esenciales. Pero más allá del titular, hay preguntas urgentes que el alcalde todavía no responde.

La primera es evidente: ¿y ahora qué, alcalde Porque tener el 51 % de las acciones no es lo mismo que tener el 100 % de la capacidad para mejorar el servicio, bajar tarifas o evitar que los intereses privados sigan dictando las reglas del juego. Ser mayoría solo importa si esa mayoría se pone al servicio de los ciudadanos y no de otros fines.

Pero hay otra pregunta aún más inquietante, que hasta ahora nadie en la administración ha querido contestar:

¿y entonces quién será el dueño de la mitad menos uno del agua y de la mitad menos uno del aseo en Cúcuta?

Esa fracción que queda por fuera del control público sigue siendo significativa. ¿Estará en manos de los mismos operadores de siempre? ¿De fondos de inversión? ¿De grupos empresariales con intereses cruzados? ¿Tendrán voz y voto en las decisiones clave? Porque no se trata solo de “recuperar el poder”, sino de explicar con claridad cómo se redistribuye ese poder y qué implicaciones tendrá para la ciudad.

A lo largo de los años, muchas ciudades han intentado reestructurar sus servicios públicos prometiendo mayor autonomía y eficiencia. En algunos casos han sido logros reales; en otros, solo cambios de nombre y de cargos, sin impacto positivo en los usuarios. Cúcuta no puede repetir ese guion.

Por eso, la ciudadanía necesita más que un anuncio con tono de victoria. Necesita información transparente, cifras claras y planes concretos. No basta decir que “seremos dueños”; hay que explicar qué vamos a hacer con esa propiedad, quién la va a gestionar, cómo se evitará la politiquería, y cuál será el efecto real en la prestación del servicio.

Alcalde, si esta apuesta es seria, entonces es hora de detallar:

• ¿Cómo se comprará ese 51 %? ¿Con qué recursos?
• ¿Habrá cambios en las tarifas?
• ¿Qué pasará con los actuales operadores?
• ¿Cómo se garantizará participación y control ciudadano?
• ¿Quién pondrá la cara si el servicio sigue igual… o empeora?

Recuperar lo público no puede ser un eslogan vacío ni un simple movimiento estratégico. Tiene que ser una decisión estructural, basada en el bienestar común y no en la captura del aparato público.

Porque sí, todos queremos que el agua y el aseo estén al servicio de la ciudad. Pero también queremos que esa “mitad más uno” no se quede en manos de unos pocos, sino que realmente signifique mayor control social, mejor calidad, más cobertura y, sobre todo, dignidad para quienes hoy siguen esperando que los servicios básicos funcionen como deben.

Está bien tener ambición. Pero ahora es momento de demostrar que no estamos frente a una jugada de poder, sino ante un verdadero cambio de modelo. O ME EQUIVOCO?