Sin embargo, a casi dos años de gobierno, la realidad en las
calles parece contar otra historia. La percepción ciudadana no surge del
capricho ni de la oposición política; nace de lo que se observa a diario en el
centro, en los alrededores de centros comerciales, en avenidas principales y en
barrios residenciales donde la presencia de personas en condición de calle es
cada vez más notoria. Cuando una percepción se vuelve repetitiva y transversal
en distintos sectores sociales, deja de ser opinión aislada y se convierte en
síntoma de una política que no está funcionando.
No se trata únicamente de un problema estético o de imagen
urbana, como algunos intentan simplificarlo. Estamos hablando de salud pública,
consumo problemático de sustancias, microtráfico, instrumentalización de
personas vulnerables y riesgos de seguridad en determinados sectores de la
ciudad. Ignorar la dimensión estructural del fenómeno es reducirlo a operativos
temporales que solo desplazan el problema de una esquina a otra sin resolverlo
de fondo.
Mientras tanto, la narrativa oficial ha girado con fuerza
hacia la pavimentación de calles y la ejecución de obras visibles que son
difundidas estratégicamente en redes sociales. Nadie discute que la
infraestructura sea necesaria; las vías en buen estado mejoran movilidad y
calidad de vida. Lo cuestionable es la desproporción comunicacional y política
entre lo que se muestra y lo que se omite. Se conocen con precisión los metros
de asfalto colocados, pero no se conocen con la misma claridad cuántas personas
han sido rehabilitadas, cuántas han accedido a tratamiento, cuántas han sido
reintegradas a entornos familiares o laborales, ni cuántos casos exitosos puede
presentar la administración con seguimiento verificable.
Además, el fenómeno no puede desligarse del contexto de
seguridad que atraviesa la ciudad. Cúcuta ha enfrentado dinámicas de violencia
complejas en los últimos años y cualquier aumento en la vulnerabilidad social
termina siendo terreno fértil para redes ilegales que instrumentalizan la
pobreza. Cuando el abandono crece, también crecen los riesgos. Y cuando la
administración prioriza la imagen sobre la estructura, la ciudad termina
pagando el costo.
Es posible que el alcalde haya subestimado la complejidad
del problema o que haya calculado que el desgaste político de enfrentar una
crisis social profunda no compensa en términos de popularidad. Es posible que
haya concluido que es más rentable políticamente mostrar concreto y asfalto que
explicar procesos largos de rehabilitación cuyos resultados no se ven en
semanas sino en años. Pero gobernar no es administrar la percepción; es asumir
los problemas más difíciles aunque no sean los más fotogénicos.
Si la administración sostiene que el problema está siendo
atendido, que publique los resultados comparativos año a año. Si sostiene que
la cifra no ha aumentado, que presente el censo actualizado. Si asegura que
existen programas exitosos, que los documente con números y seguimiento. La
política pública se defiende con datos, no con narrativa.
Porque cada persona que duerme en una acera es el reflejo de
una falla institucional. Y si en dos años la cifra pasó de alrededor de 1.200 a
más de 1.800, el balance no es neutral: es negativo. No se puede pavimentar el
abandono social. No se puede cubrir con asfalto lo que no se ha resuelto con
política pública. Y si la promesa fue acabar con el crecimiento del fenómeno,
hoy la realidad demuestra que la promesa no solo no se cumplió, sino que la
situación empeoró.
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