CUCUTA...¿QUE LE DEPARA EL FUTURO?

Durante los últimos meses se ha generado una gran polémica sociopolítica en torno al empréstito que realizó el municipio de Cúcuta con la banca, por un valor de 287 mil millones de pesos. Este viernes, el concejal de Cúcuta Leonardo Jácome subió a sus redes sociales un video en el que explica, de forma muy didáctica, lo nocivo que puede ser este préstamo para el municipio. Si entendí bien lo que dice el concejal en el video, todos los cucuteños deberíamos estar seriamente preocupados por esta situación, y con mayor razón aquellos ciudadanos que dentro de sus proyectos inmediatos contemplan aspirar a la Alcaldía de Cúcuta.

El municipio de Cúcuta ha suscrito recientemente un empréstito por 287 mil millones de pesos, destinado presuntamente a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. Aunque el endeudamiento público puede ser una herramienta útil para apalancar inversiones estratégicas, su adopción debe estar respaldada por criterios técnicos, transparencia administrativa y sostenibilidad fiscal. En este caso, las condiciones en las que se ha contraído la deuda, junto con el contexto económico y presupuestal del municipio, hacen que esta operación sea altamente inconveniente y riesgosa para el futuro financiero de la ciudad.

Uno de los factores más preocupantes es la evidente desproporción entre el valor del empréstito y la verdadera capacidad fiscal del municipio. Aunque el presupuesto general aprobado para el año 2025 asciende a 2,3 billones de pesos, solamente 289 mil millones corresponden a ingresos de libre destinación. Es decir, el empréstito contratado equivale prácticamente al 99 % de los recursos que Cúcuta puede utilizar de forma autónoma. Esto implica que, durante varios años, una parte significativa —si no la totalidad— de estos ingresos deberá ser destinada al pago del capital e intereses de la deuda, comprometiendo de manera severa la capacidad operativa e inversora de la administración municipal.

Este nivel de endeudamiento no solo limita la capacidad de acción del municipio, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de las normas de sostenibilidad fiscal establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015, las entidades territoriales deben respetar indicadores como el servicio de la deuda, que no debe superar el 40 % de los ingresos corrientes de libre destinación, y el nivel de endeudamiento neto, que no puede exceder el 80 % de esos mismos ingresos. En el caso de Cúcuta, este empréstito podría llevar al municipio a sobrepasar esos límites o a quedar peligrosamente cerca de ellos, activando una serie de sanciones legales y administrativas.

Las consecuencias de incumplir estas normas son graves. El Ministerio de Hacienda podría reclasificar a Cúcuta como entidad territorial con capacidad de pago limitada, lo que le impediría acceder a nuevos créditos sin autorización expresa. Asimismo, el municipio podría verse obligado a firmar un Plan de Desempeño Fiscal, que restringiría severamente su autonomía presupuestal y lo obligaría a implementar medidas de ajuste como recortes de gasto, aumento de tarifas o congelación de la inversión pública. En los casos más críticos, el Gobierno Nacional puede ordenar la retención de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones o de regalías, con el fin de garantizar el pago de la deuda. Esto afectaría directamente la prestación de servicios esenciales como salud, educación, saneamiento básico y programas sociales.

Además, las entidades de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría pueden abrir investigaciones fiscales y disciplinarias contra los funcionarios que autorizaron el endeudamiento (de hecho, parece que ya han sido abiertas) si se determina que hubo negligencia, omisión o daño al patrimonio público. Esto podría derivar en sanciones como destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos o responsabilidad fiscal personal.

A estos riesgos se suma la falta de información clara sobre los proyectos que serán financiados con el empréstito. No se han presentado estudios técnicos detallados, análisis de costo-beneficio ni criterios de priorización de obras. Esta ausencia de planificación rigurosa aumenta el riesgo de que los recursos se destinen a proyectos de bajo impacto, sobredimensionados o incluso innecesarios. En un entorno institucional donde la corrupción y los sobrecostos son amenazas latentes, la opacidad en el uso de una deuda de esta magnitud resulta aún más preocupante.

El hecho de que esta decisión se haya tomado sin una participación ciudadana efectiva, sin consulta pública ni rendición de cuentas previa, agrava la situación. La ciudadanía ha sido excluida del debate sobre una medida que compromete el futuro fiscal del municipio por años. Esto debilita la legitimidad democrática de la decisión y genera una creciente desconfianza institucional.

En conclusión, el empréstito por 287 mil millones de pesos compromete seriamente la sostenibilidad fiscal del municipio de Cúcuta, limita su autonomía financiera, genera riesgos legales y administrativos, y socava la confianza ciudadana. Lejos de representar una oportunidad de desarrollo, esta operación podría convertirse en una carga estructural que afecte a las próximas generaciones si no se corrige a tiempo. La prudencia fiscal, la planificación responsable y la transparencia deben ser los pilares de cualquier decisión de endeudamiento en el ámbito público.

Hay algo que olvidó el concejal Leonardo Jácome en su video: de la “bolsita” que contiene los recursos propios, el municipio también debe apropiar, sí o sí, partidas para cofinanciar tanto los programas de salud del régimen subsidiado como los programas de educación. Esa carga es ineludible.

Y pensar que en el año 2033 Cúcuta estará cumpliendo 300 años de su fundación. Para ese entonces no solo no estaremos preparados, sino que probablemente no tendremos recursos, pues aún estaremos pagando esta deuda. ¿O me equivoco?

 

 

LA CULTURA EN CUCUTA TALENTO INVISIBLE...POLITICA AUSENTE.

 

Una ciudad que no invierte en cultura pierde lentamente su alma. Renuncia a su memoria, a su identidad y a la posibilidad de imaginar un futuro distinto al de la repetición de sus carencias. Cúcuta no siempre fue este territorio donde la cultura sobrevive a fuerza de voluntarismo y resistencia dispersa. Hasta mediados del siglo XX funcionó el Instituto de Bellas Artes, que sembró música, teatro y artes plásticas antes de desaparecer en medio de la desidia oficial. Ese antecedente, al que luego se sumaría la Escuela/Teatro de Bellas Artes impulsada por creadores como Germán Moure y Paco Barrero, mostraba que la institucionalidad artística era posible: había aulas, maestros estables, repertorios y procesos formativos articulados. Hoy, en cambio, el ecosistema cultural se parece más a un archipiélago: talleres aislados, programas de estímulos de alcance limitado y esfuerzos individuales que no logran consolidar una masa crítica. Puede ser que hoy exista mucho talento desperdiciado e invisible en la región, oculto en barrios, colegios y colectivos sin la visibilidad ni el apoyo que una política cultural coherente debería ofrecer.

En una tierra que ha dado nombres de peso nacional e internacional, la inversión pública local en cultura sigue siendo marginal. El supuesto “apoyo” se traduce en goteos presupuestales y convocatorias que apenas logran paliar emergencias. El discurso oficial celebra cada rueda de prensa como si fuera un hito histórico, mientras los artistas cuentan con los dedos de una mano los espacios dignos donde estrenar, exponer o ensayar. La ciudad se acostumbra a “hacer cultura” en modo supervivencia y olvida que el arte necesita continuidad, no ocurrencias.

Basta revisar el linaje creativo para entender la magnitud del déficit actual. En las artes plásticas, Eduardo Ramírez Villamizar, nacido en Pamplona, es un recordatorio de cuánto puede proyectarse un creador de esta región. En la pintura y la gráfica, José Campos Biscardi, formado inicialmente en la Escuela de Bellas Artes de Cúcuta antes de proyectarse en Venezuela, representa el diálogo transfronterizo que definió buena parte de la sensibilidad regional. A estos nombres se suman Germán Ferrer Barrera, escultor y pintor, y Carlos Dupla, quien se destacó en el teatro y el cine dejando huella en la escena nacional. En las tablas, Germán Moure, Paco Barrero y Ciro Villamizar articularon entre las décadas de 1960 y 1990 un nervio escénico que conectó a Cúcuta con circuitos nacionales e internacionales. Hoy ese trípode está ausente y no ha sido reemplazado por una política pública con visión de largo plazo.

La literatura también fue un terreno fértil, con voces como Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cote Lamus, impulsores de la revista Mito y protagonistas de un debate cultural de alcance nacional. Ese empuje intelectual contrasta con la actual escasez de plataformas editoriales locales, de becas de creación o de residencias literarias que apoyen a los nuevos autores. ¿Cómo pedir renovación estética si los jóvenes escritores se ven obligados a la autoedición precaria o a emigrar para encontrar lectores y mentores?

La música cuenta su propia historia de esplendor y abandono. Figuras como Elías M. Soto, Roberto Irwin Vale y Arnulfo Briceño demostraron que desde Cúcuta se podía nutrir el repertorio nacional con bambucos, pasillos y aires llaneros. Sin embargo, la discontinuidad institucional evaporó procesos: la antigua Banda Departamental se disolvió, los programas escolares sobreviven con instrumentos deteriorados y la formación depende de esfuerzos privados o de la voluntad de maestros sin garantías laborales.

Mientras tanto, en el presente, los artistas emergentes encuentran un panorama fragmentado: salas de teatro que no cumplen estándares técnicos, galerías improvisadas, músicos que rotan entre cafés porque no hay circuitos con curaduría, y grupos de danza que ensayan en patios descubiertos. El resultado es una erosión silenciosa del tejido cultural: el público pierde hábitos de asistencia, los creadores pierden continuidad y los jóvenes pierden referentes vivos.

La falta de inversión no es solo un problema contable; es un error estratégico. La cultura es prevención social, economía creativa e identidad. Cada peso que se niega a la formación artística se multiplica luego en desarraigo y fuga de talento. Cada edificio cultural que se deja caer envía el mensaje de que la memoria es sustituible y que la frontera está condenada a consumir productos culturales importados sin producir su propia narrativa.

Revertir este escenario exige más que discursos: se necesita un aumento sostenido del presupuesto cultural, la creación de una escuela integral de artes, un plan de infraestructura que recupere espacios emblemáticos, incentivos para empresas que cofinancien procesos, una red transfronteriza con el Táchira para festivales binacionales, un observatorio cultural que mida impacto y programas de formación de audiencias en colegios y barrios periféricos.

Sin estos pilares, la ciudad seguirá celebrando pequeñas victorias mientras pierde la batalla estructural. Cúcuta debe dejar de ver el pasado artístico como postal nostálgica y convertirlo en plataforma para un nuevo contrato cultural que garantice que un niño con un violín, una actriz adolescente o un muralista urbano no dependan de la suerte o del exilio para desarrollar su talento. Recuperar la inversión cultural no es un gesto romántico: es una política de supervivencia ciudadana.

¿ O ME EQUIVOCO ?

 

LA POLITICA PUBLICA DEL VENDEDOR INFORMAL...UN DESAFIO INSTITUCIONAL

 

El Acuerdo Municipal 016 de 2025, aprobado por el Concejo de Cúcuta, establece una política pública orientada a regular el uso del espacio público, con énfasis en los vendedores informales estacionarios e itinerantes. Esta medida representa un avance significativo hacia una ciudad más ordenada, pero su implementación enfrenta desafíos importantes en los ámbitos social, institucional y de gobernanza, que es preciso analizar con detalle para anticipar riesgos y fortalecer su aplicación.

En el plano social, uno de los principales desafíos es la exclusión de población vulnerable. Muchas personas que ejercen actividades económicas informales en Cúcuta carecen de documentos de identificación, tienen estatus migratorio irregular o viven en condiciones de pobreza extrema. Esto puede impedir que sean incluidos en el censo previsto por el acuerdo, afectando el principio de equidad que debe regir toda política pública. Además, existe el riesgo de que esta iniciativa refuerce la estigmatización del trabajo informal. Si la regulación no se comunica con un enfoque de inclusión y reconocimiento del aporte económico de estos actores, puede ser percibida como una medida de control o represión. Por otro lado, la confianza en las autoridades locales es limitada debido a experiencias pasadas de desalojos, decomisos arbitrarios o promesas incumplidas. Esta falta de confianza puede traducirse en baja participación en el proceso de caracterización, dificultando la recolección de información precisa y útil para la toma de decisiones.

Desde el punto de vista institucional, la capacidad operativa de la administración municipal es un factor crítico. La realización de un censo detallado, confiable y con enfoque diferencial requiere recursos humanos, técnicos y logísticos que actualmente presentan limitaciones. A esto se suma la necesidad de actualizar permanentemente la base de datos, ya que el sector informal es altamente dinámico, especialmente en una ciudad fronteriza como Cúcuta. Otro obstáculo institucional importante es la escasez de recursos financieros. La implementación integral de esta política implica costos elevados en infraestructura, señalización, campañas educativas, personal de supervisión y apoyo social, entre otros. Sin una asignación presupuestal clara y sostenida, la política corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo. Adicionalmente, la ciudad aún no cuenta con una oferta suficiente de espacios físicos adecuados y regulados para la actividad de los vendedores informales. Esta carencia pone en riesgo la efectividad del proceso de reorganización del espacio público.

En cuanto a los desafíos de gobernanza, se destaca la necesidad urgente de mejorar la coordinación interinstitucional. La política requiere la articulación fluida entre múltiples entidades como la Secretaría de Gobierno, Planeación, Espacio Público, Migración Colombia, Policía Nacional y Bienestar Social. La falta de claridad en los roles, responsabilidades y mecanismos de cooperación puede generar contradicciones, superposición de funciones o simplemente inacción. Además, la formulación del acuerdo no evidencia un proceso amplio de participación ciudadana. La ausencia de una consulta previa con asociaciones de vendedores, defensores de derechos y organizaciones comunitarias limita la legitimidad social de la medida y puede obstaculizar su apropiación por parte de los actores involucrados. Finalmente, la política enfrenta riesgos derivados de la inestabilidad política local. Si no se consolida institucionalmente como una política de ciudad —más allá del periodo de gobierno actual— podría ser modificada, abandonada o debilitada con el cambio de administración.

En síntesis, la aplicación efectiva del Acuerdo 016 de 2025 depende de superar estos desafíos con una estrategia integral y sostenida. Se recomienda que la administración diseñe un protocolo de censo con enfoque diferencial e incluyente, garantizando la participación activa de población vulnerable. Es imprescindible destinar recursos financieros específicos y asegurar su continuidad en los presupuestos futuros. Igualmente, debe establecerse un comité de coordinación interinstitucional y participativa que integre a las entidades públicas competentes y a representantes del sector informal. Finalmente, es necesario desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores claros que permitan medir el impacto, la inclusión y la percepción ciudadana en torno a la política.

El Acuerdo 016 representa una oportunidad valiosa para avanzar en la organización del espacio público con justicia social, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional, la voluntad política y la participación activa de la sociedad cucuteña. ¿O ME EQUIVOCO?