Mientras escribo estas líneas,
recibo la noticia de un nuevo atentado contra la Fuerza Pública con un dron,
esta vez dirigido contra la Armada Nacional. Otro golpe, otro campanazo de
alerta, otro recordatorio de que Colombia atraviesa uno de los peores momentos
en materia de seguridad en la última década. Y sin embargo, pareciera que a
nadie en las altas esferas del poder le quita el sueño la degradación de la
violencia que golpea sin tregua.
Lo que más me inquieta, más allá
de los drones o de los ataques cada vez más sofisticados, es la realidad
desnuda y brutal que se vivió en el barrio Colinas del Tunal, en Cúcuta. Un
sector que se ha convertido en un verdadero agujero negro de la seguridad
urbana: allí no entra la Policía, ni de rutina ni de manera preventiva; allí
cada reporte es evaluado con lupa para evitar que no sea una trampa mortal
contra los uniformados. Dicho de otro modo: en pleno siglo XXI, en una capital
de frontera, hay un territorio dentro de la ciudad que está vedado para las
autoridades.
Lo ocurrido el pasado 22 de
agosto no admite eufemismos: fueron los propios habitantes quienes alertaron
sobre la presencia de cadáveres en las calles, cuerpos abandonados, ya en
descomposición, convertidos en alimento de animales carroñeros que rondaban el
cielo del barrio como si anunciaran la tragedia. Nadie sabía con certeza
cuántos cuerpos eran: unos hablaban de uno, otros de dos, algunos de tres o
más. No había fotos ni evidencia clara, solo rumores cargados de miedo.
La confirmación no vino por una
patrulla policial, ni por un cuadrante, ni por un operativo relámpago: fue
gracias al uso de un dron que sobrevoló el barrio y ratificó que sí, había
cadáveres tendidos en plena vía pública. Apenas al día siguiente se organizó un
operativo para recoger los cuerpos y trasladarlos a Medicina Legal.
Que en una ciudad como Cúcuta
—capital de Norte de Santander, frontera neurálgica con Venezuela y punto
caliente del conflicto armado— las autoridades tengan que acudir a la
tecnología para confirmar que hay muertos tirados en una calle, y que solo
después puedan ingresar con apoyo de funerarias, es una muestra dolorosa de lo
que estamos viviendo. La institucionalidad quedó reducida a observadora a
distancia de la barbarie.
La ausencia que mata
La Alcaldía de Cúcuta no puede
mirar hacia otro lado. El barrio Colinas del Tunal hace parte de su territorio,
sus habitantes son cucuteños que pagan impuestos, que votan, que merecen
protección. No puede existir en Colombia un solo metro cuadrado de terreno
urbano o rural donde el Estado renuncie a ejercer soberanía. Y sin embargo, lo
hay: barrios completos, veredas enteras, carreteras dominadas por la
delincuencia y la ilegalidad.
El Ejército y la Policía tampoco
pueden escudarse en la excusa del riesgo. Claro que entrar a Colinas del Tunal
implica un peligro. Claro que la zona tiene injerencia del ELN, claro que ya se
han registrado secuestros como el de los dos soldados en abril, retenidos por
más de cuatro meses. Pero justamente por eso deben actuar con contundencia, con
estrategia, con inteligencia. ¿O acaso vamos a aceptar como país que haya
lugares prohibidos para las Fuerzas Armadas?
El mensaje que se transmite al
permitir que barrios como este queden bajo control de grupos ilegales es
devastador: se confirma la idea de que el Estado es débil, que la autoridad es
incapaz y que la comunidad debe acostumbrarse a convivir con la violencia como
si fuera un destino inevitable.
El espejo que no queremos
mirar
Colinas del Tunal no es un caso
aislado, es apenas un síntoma de una enfermedad nacional. Lo que hoy ocurre
allí es reflejo de la degradación de la seguridad en múltiples regiones: Cauca,
Arauca, Catatumbo, Putumayo, Chocó. Es la misma historia con diferentes
nombres: comunidades atrapadas, policías y soldados limitados, alcaldías
paralizadas, gobernaciones sin brújula, y un gobierno central que parece más
ocupado en discursos que en realidades.
El abandono estatal no solo se
mide en la falta de seguridad: se mide en la ausencia de inversión, de empleo
digno, de oportunidades. El vacío lo llena la violencia, y mientras los
criminales avanzan, el Estado retrocede.
La pregunta incómoda y la
respuesta necesaria
¿Hasta cuándo vamos a tolerar que
haya zonas prohibidas para la Fuerza Pública? ¿Hasta cuándo la Alcaldía de
Cúcuta y las autoridades nacionales van a permitir que la ciudad se fragmente
en feudos del miedo? ¿Cuánto más tendrá que sufrir la población civil antes de
que alguien asuma la responsabilidad política y moral de recuperar el control?
Lo sucedido en Colinas del Tunal
no es solo una tragedia policial ni una anécdota macabra: es la demostración de
que el país se nos descompone a plena luz del día, que los buitres ya no solo
sobrevuelan la muerte, sino que acompañan la indolencia de quienes deberían
proteger la vida.
Por eso, la respuesta no puede
seguir siendo la inercia ni la retórica. Se requieren tres cosas inmediatas:
- Presencia real del Estado en Colinas del Tunal y
en todos los barrios de riesgo. No más visitas esporádicas ni
sobrevuelos a distancia: la comunidad necesita policía de proximidad,
seguridad estable y autoridad permanente.
- Coordinación integral entre la Alcaldía,
Ejército y Policía. No se trata de enviar patrullas aisladas, sino de
un plan urbano que combine seguridad, inversión social, empleo juvenil y
recuperación del espacio público.
- Mensaje claro a la ciudadanía. Que los
habitantes sientan que el Estado los acompaña, que no están solos frente a
los grupos ilegales. La legitimidad de la autoridad solo se construye con
hechos, no con ruedas de prensa.
Si algo debe quedarnos claro de
este episodio es que ningún barrio, ninguna vereda, ningún corregimiento puede
estar vedado para las fuerzas militares y de policía. Si el Estado no puede
entrar, entonces no hay Estado. Y eso, en cualquier nación, significa el
principio del fin.
El reto está planteado: o la
Alcaldía de Cúcuta y las Fuerzas Armadas recuperan el terreno perdido, o mañana
serán muchos más los Colinas del Tunal en Colombia. ¿ O ME EQUIVOCO ?
