LA FAMILIA ROTA :LA RESPONSABILIDAD QUE NINGUN ALCALDE QUIERE ASUMIR

 

En Colombia hablamos de seguridad, de homicidios, de drogas, de fronteras calientes y de jóvenes sin rumbo. Hablamos mucho del problema, pero casi nunca del origen. Y cuando se revisan los presupuestos municipales, la conclusión es incómoda: invertimos muy poco —casi nada— en fortalecer el núcleo familiar, justo donde empiezan muchas de las fracturas sociales que hoy nos desbordan.

En ciudades como Cúcuta, donde la violencia se ha vuelto paisaje cotidiano y el miedo se normaliza, la respuesta institucional suele ser la misma: más patrullas, más operativos, más cámaras, más anuncios. Todo eso puede ser necesario, pero es profundamente insuficiente. Es la medicina que se aplica cuando la enfermedad ya hizo metástasis. La prevención real —la que ocurre dentro del hogar— sigue siendo la gran ausente de la agenda pública local.

La razón principal es tan simple como incómoda: fortalecer la familia no da votos inmediatos. No inaugura obras, no corta cintas, no produce fotos para redes sociales. Un programa serio de orientación familiar, acompañamiento psicosocial, prevención de la violencia intrafamiliar o apoyo a la crianza responsable no muestra resultados en seis meses, ni siquiera en un periodo de gobierno. Sus frutos se ven en diez o quince años, cuando ese niño no abandona el colegio, no cae en el microtráfico y no termina empuñando un arma.

Los gobiernos municipales, atrapados en la lógica del corto plazo, prefieren invertir en lo visible y urgente, aunque sea repetitivo e ineficaz. Así, el presupuesto se concentra en gasto reactivo, no preventivo. Se actúa cuando el joven ya está vinculado a una banda, cuando la violencia ya estalló, cuando el daño ya es irreversible. Se olvida que antes del delincuente hubo un niño sin acompañamiento, una familia rota, una casa donde el Estado nunca tocó la puerta.

A esto se suma otro problema estructural: la familia no tiene doliente político. No existe, en la práctica, una secretaría de familia fuerte, con recursos, indicadores claros y poder real de decisión. El tema queda diluido entre oficinas de desarrollo social, programas de mujer, juventud o inclusión, todos bien intencionados pero fragmentados, sin una estrategia integral. El resultado es predecible: muchos proyectos pequeños, discursos amplios y un impacto casi imperceptible en la vida cotidiana de los hogares.

También persiste una idea cómoda —y equivocada—: que la familia es un asunto privado y que el Estado no debe “meterse”. Sin embargo, ese mismo Estado sí termina interviniendo después, cuando debe pagar cárceles, atender víctimas, sostener sistemas de salud colapsados por la violencia o desplegar fuerza pública para contener el caos. Se abandona la familia en la prevención y se asume el costo social en la crisis.

Lo más grave es que ni siquiera medimos bien el problema. Los municipios carecen de indicadores sólidos sobre desintegración familiar, abandono parental, salud mental intrafamiliar o crianza sin redes de apoyo. Y en política pública hay una regla clara: lo que no se mide, no se prioriza; y lo que no se prioriza, no se financia. Así, la familia desaparece del debate presupuestal, aunque esté en el centro del problema social.

Cúcuta es un ejemplo doloroso de esta contradicción. Se habla de homicidios, de fronteras porosas, de economías ilegales y de jóvenes sin oportunidades. Pero rara vez se conecta todo eso con el debilitamiento del tejido familiar, con hogares atravesados por la violencia, el desempleo, la migración forzada y la ausencia de acompañamiento institucional. La seguridad no empieza en la calle: empieza en la sala de la casa.

Mientras no entendamos eso, seguiremos atrapados en un círculo vicioso: más violencia, más gasto en contención, menos inversión en prevención. Millones destinados a corregir los efectos, casi nada para evitar las causas. Es una ecuación injusta, costosa y, sobre todo, ineficiente.

Tal vez ha llegado el momento de decirlo sin rodeos: la familia dejó de ser política pública y pasó a ser una estadística olvidada. Y ningún plan de seguridad, ningún discurso oficial y ningún operativo podrá sustituir lo que no se construyó a tiempo en el hogar.

Invertir en la familia no es un asunto moral ni ideológico. Es una decisión estratégica. Es, quizás, la política pública más silenciosa, menos rentable políticamente, pero más poderosa que un municipio puede asumir. La pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a pagar por no hacerlo. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

CÚCUTA: CUANDO LA CRISIS DE LA SALUD DEJA DE SER UN DEBATE Y SE CONVIERTE EN TRAGEDIA

 

Hablar hoy de la crisis del sistema de salud en Colombia ya no es un ejercicio técnico ni un debate ideológico: es una realidad que se siente en las salas de urgencias, en las farmacias vacías y en la angustia diaria de millones de pacientes. Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, el deterioro del sistema se ha acelerado peligrosamente, no tanto por la necesidad de una reforma —que muchos reconocen— sino por la improvisación, la confrontación permanente y la ausencia de respuestas claras mientras el sistema colapsa.

La desfinanciación es evidente. Las EPS, intervenidas o no, operan con déficits crecientes; la red hospitalaria acumula deudas impagables y la entrega de medicamentos se ha convertido en una ruleta rusa para los pacientes crónicos. Mientras el Gobierno insiste en que “no salvará a las EPS sino a la salud”, en la práctica quienes pagan el costo son los usuarios, atrapados entre un modelo que no se corrige y otro que no termina de nacer.

Pero si esta crisis golpea con fuerza al país, en Cúcuta se vive con mayor crudeza. Ciudad de frontera, históricamente presionada por la migración, la informalidad y la debilidad institucional, hoy enfrenta un sistema de salud desbordado. Hospitales públicos al límite, clínicas privadas restringiendo servicios por falta de pago y una red que no da abasto para atender a una población que crece sin que los recursos lo hagan al mismo ritmo. Aquí, la crisis no es estadística: es cotidiana.

Cúcuta atiende no solo a sus ciudadanos, sino a población migrante y retornada, muchas veces sin afiliación efectiva ni continuidad en los tratamientos. La atención primaria prometida por el Gobierno no se traduce en capacidad real, y la falta de medicamentos se siente con especial dureza en pacientes de alto costo. La frontera no espera decretos ni discursos: necesita soluciones inmediatas, flujo de recursos y decisiones técnicas, no ideológicas.

El problema de fondo es que el Gobierno ha optado por administrar la crisis mientras discute la reforma, en lugar de estabilizar primero el sistema. La confrontación con gremios, clínicas y EPS puede ser políticamente rentable, pero es socialmente irresponsable cuando no se garantiza la atención. La salud, convertida en campo de batalla política, pierde su esencia de derecho fundamental.

En Cúcuta, la crisis de la salud no se mide en debates televisados ni en cifras oficiales; se mide en madres que madrugan a hacer fila sin saber si habrá medicamentos, en adultos mayores que abandonan tratamientos porque no hay citas y en médicos que resisten con vocación mientras el sistema les falla. Aquí, donde la frontera multiplica las urgencias y reduce las excusas, la salud se ha convertido en una prueba diaria de resistencia.

La salud no puede seguir siendo un experimento político ni una bandera ideológica. En una ciudad que ha aprendido a sobrevivir al abandono, lo mínimo que se espera del Estado es que no abandone también el derecho más básico: el de vivir con dignidad.

Cuando la salud se derrumba en la frontera, el abandono del Estado deja de ser discurso y se convierte en dolor. ¿O ME EQUIVOCO?