El milagro pendiente del Catatumbo: la oportunidad histórica del presidente Abelardo de la Espriella

 

El Catatumbo: la deuda histórica que Colombia no puede seguir aplazando

Si existe una región en Colombia que merece una mejor suerte, esa es el Catatumbo. Un territorio de paisajes majestuosos, de una biodiversidad extraordinaria, de enormes reservas minerales y de una tierra tan fértil que podría alimentar a millones de personas. Pero también es una región habitada por una población resiliente que ha sido condenada, durante décadas, al abandono estatal y a sobrevivir bajo el compás de una economía ilícita que, además de generar ingresos, también siembra muerte.

Cuando asumió la Presidencia de la República, Gustavo Petro anunció que el Catatumbo se convertiría en la "capital nacional de la paz". Prometió llevar la presencia integral del Estado, impulsar el desarrollo productivo y construir una economía que reemplazara las rentas ilegales. Cuatro años después, la realidad es dolorosamente distinta: la violencia persiste, los grupos armados continúan disputándose el territorio y las oportunidades prometidas nunca llegaron con la dimensión y la velocidad que la región necesitaba.

El Catatumbo sigue siendo la mayor contradicción de Colombia. Pocas regiones poseen tanta riqueza natural y, al mismo tiempo, tan altos niveles de pobreza y exclusión. Allí se encuentran algunas de las tierras más fértiles del país, abundancia de agua y una ubicación estratégica que la convierte en una puerta natural hacia los mercados internacionales. Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de transformar ese potencial en prosperidad.

El gran error de los sucesivos gobiernos, incluido el de Gustavo Petro, ha sido abordar la coca como un problema exclusivamente de seguridad, cuando en realidad se trata, ante todo, de un problema económico. Ningún campesino cultiva coca por romanticismo con la ilegalidad. La cultiva porque es el único producto que le garantiza comprador, liquidez y rentabilidad inmediata.

La verdadera tragedia del Catatumbo no es la coca. La verdadera tragedia es que Colombia sabe desde hace décadas cuál es la solución y, aun así, ha sido incapaz de ejecutarla.

Las zonas altas del Catatumbo tienen todas las condiciones para convertirse en una nueva frontera del café especial colombiano. Su altitud, su clima y su riqueza ambiental permiten producir cafés de origen con un enorme potencial en los mercados internacionales. Un "Café de las Montañas del Catatumbo" podría convertirse en una marca país y en un símbolo de transformación económica.

La región también puede convertirse en una gran despensa de frutas tropicales. El aguacate Hass, el maracuyá, la piña, el limón Tahití, el mango y la guanábana tienen un enorme potencial exportador. Pero el gran negocio no está en vender la fruta en bruto, sino en transformarla en pulpas, jugos, concentrados, aceites esenciales y productos con valor agregado que generen miles de empleos.

Y allí aparece el gran desafío del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Su experiencia en el sector empresarial y su insistencia en la productividad podrían convertir al Catatumbo en el laboratorio de una verdadera revolución agroindustrial. La región necesita menos discursos y más carreteras; menos diagnósticos y más distritos de riego; menos promesas y más centros de acopio, créditos, incentivos tributarios y seguridad jurídica para atraer inversión.

 

El futuro de un planeta con hambre está en la agricultura y en la transformación de sus productos. Colombia posee un potencial inmenso que, por desidia, corrupción y falta de visión, ha permanecido enterrado durante décadas.

Mientras el Catatumbo siga exportando pobreza e importando violencia, la coca seguirá siendo el negocio más rentable. Pero el día en que exporte cafés especiales, chocolates, aguacates y frutas procesadas, habrá comenzado una verdadera revolución económica y social.

Ese día, la paz dejará de ser un discurso político y se convertirá, por fin, en una oportunidad de prosperidad para miles de familias que llevan demasiados años esperando que el Estado cumpla su palabra.

El Catatumbo no necesita que le prometan la paz; necesita que le enseñen a producir riqueza. Porque allí donde llega la empresa, la agroindustria y el empleo, la violencia empieza a perder terreno. ¿O ME EQUIVOCO?.

 

¿Quién tiene la razón?

 

La cesión del contrato de concesión del acueducto y alcantarillado de Cúcuta a Veolia se ha convertido, quizá, en uno de los debates más trascendentales para el futuro de la ciudad. Más allá de las posiciones políticas, la pregunta que hoy se hacen miles de cucuteños es sencilla: ¿quién tiene la razón?

La ciudad esperaba que el alcalde cumpliera la promesa expresada reiterativamente sobre la toma de la operación del acueducto directamente por la alcaldía en cabeza de la EIS y es posible que ahí inicie la controversia.

De un lado, la administración municipal y la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta (EIS) sostienen que la decisión fue necesaria para garantizar la continuidad del servicio, asegurar inversiones multimillonarias y modernizar una infraestructura que desde hace años enfrenta enormes desafíos. Según esta postura, la llegada de un operador con experiencia internacional permitirá ejecutar proyectos que el municipio difícilmente podría financiar por sí solo.

Del otro lado están los concejales, sectores ciudadanos y algunos expertos que consideran que la cesión deja demasiados interrogantes. ¿Por qué no se realizó una nueva licitación? ¿Se protegieron suficientemente los intereses del municipio? ¿Qué garantías existen de que las inversiones prometidas se cumplirán? ¿Cómo impactará esto las tarifas y el control público sobre un servicio esencial?

La verdad es que ambas partes tienen argumentos válidos.

La ciudad necesita inversiones urgentes en su sistema de acueducto y alcantarillado. Eso es indiscutible. Pero también es cierto que cuando se trata de un servicio público esencial, las decisiones deben estar rodeadas de la máxima transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica.

Quizá el verdadero debate no es si Veolia es una buena o una mala empresa, ni tampoco si la administración actuó de buena o de mala fe. El verdadero debate es si los cucuteños cuentan hoy con toda la información necesaria para tener la certeza de que la mejor decisión para el futuro de la ciudad fue la que finalmente se tomó.

En una democracia, la confianza no se impone; se construye con información, transparencia y rendición de cuentas.

Por eso, más que vencedores y vencidos, este debate deja una gran responsabilidad: que la administración, la EIS, Veolia, el Concejo y los organismos de control garanticen que cada decisión tomada responda exclusivamente al interés general y no a intereses particulares.

Porque al final, el acueducto no es un negocio cualquiera. El agua es un derecho fundamental y su administración debe estar siempre al servicio de los ciudadanos.

La historia aún no ha terminado. El control político continúa, los interrogantes siguen abiertos y será el tiempo, la justicia y, sobre todo, los resultados en la prestación del servicio, los que terminen respondiendo la pregunta que hoy se hace Cúcuta: ¿quién tenía la razón?.

Y en medio de esta controversia, el Concejo de Cúcuta tampoco puede salir indemne de las críticas. Una vez más, la sensación que queda en la ciudadanía es que el control político llega tarde, cuando las decisiones ya están tomadas y los hechos prácticamente consumados. No es la primera vez que la administración mueve sus fichas con anticipación y el Concejo reacciona después, limitándose a debates que generan titulares, pero pocas consecuencias concretas. Los controles políticos no pueden seguir siendo simples ejercicios retóricos o un saludo a la bandera. Si el Concejo quiere reivindicar su papel como representante de los ciudadanos, debe ejercer un control oportuno, riguroso y preventivo, capaz de anticiparse a las decisiones que comprometen el futuro de la ciudad y no limitarse a cuestionarlas cuando ya parecen irreversibles. De lo contrario, seguirá creciendo la percepción de que el poder de vigilancia del cabildo es más simbólico que efectivo y que, frente a las grandes decisiones de Cúcuta, la administración siempre va varios pasos adelante. ¿O ME EQUIVOCO?

 

COLOMBIA NECESITA RESPIRAR

 

Estamos a escasos siete días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Probablemente, la más compleja, accidentada y polarizada que haya vivido el país desde que la Constitución Política de 1991 instauró este mecanismo electoral.

El artículo 190 de la Carta Magna estableció que para ser elegido presidente en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50 % de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, los dos aspirantes más votados deben enfrentarse en una segunda elección tres semanas después, donde basta la mayoría simple para alcanzar la Presidencia de la República.

Han transcurrido casi esas tres semanas que contempla la norma y, durante ese breve lapso, ha ocurrido de todo. Lo que debía ser un tiempo para contrastar propuestas, confrontar visiones de país y permitir que los ciudadanos tomaran una decisión mejor informada, terminó profundizando una fractura nacional que ya venía incubándose desde hace varios años.

Hoy Colombia parece más dividida que cuando terminó la primera vuelta. Las diferencias políticas, que son normales y necesarias en toda democracia, han dado paso a una confrontación emocional que convierte al contradictor en enemigo y al desacuerdo en motivo de descalificación. El debate de las ideas ha sido desplazado por la batalla de las narrativas, por la viralidad de las redes sociales y por la necesidad permanente de alimentar la indignación colectiva.

Precisamente por ello, el próximo presidente de la República enfrentará una tarea mucho más difícil que ganar las elecciones. Gobernar será apenas el comienzo. Su verdadero desafío consistirá en intentar reunir las piezas dispersas de una nación que parece haber perdido la capacidad de escucharse a sí misma.

La economía enfrenta incertidumbres, la seguridad continúa siendo una preocupación creciente en amplias regiones del país, las instituciones sufren un evidente desgaste de confianza y millones de colombianos observan el futuro con una mezcla de esperanza y preocupación. Hablar de un horizonte gris podría parecer pesimista; sin embargo, para muchos ciudadanos esa descripción resulta incluso moderada frente a las dificultades que perciben en su vida cotidiana.

Al final no hubo debates. Hubo sillas vacías. Hubo denuncias penales, acusaciones cruzadas, estrategias de comunicación diseñadas para movilizar emociones y plazas llenas de seguidores convencidos de que el adversario representa una amenaza existencial para el país. También hubo encuestas cuestionadas, algunas desacreditadas desde la primera vuelta, y una opinión pública cada vez más desconfiada de casi todas las fuentes de información.

Pero quizá lo más preocupante no sea lo que ocurrió durante la campaña, sino aquello que la campaña dejó al descubierto. La profunda dificultad que tenemos como sociedad para aceptar que una democracia no se construye sobre unanimidades, sino sobre la capacidad de convivir con las diferencias.

Las elecciones terminan el próximo domingo. Colombia, en cambio, continuará existiendo el lunes. Seguirán compartiendo los mismos barrios quienes hoy votan por candidatos distintos. Seguirán trabajando en las mismas empresas quienes defienden proyectos políticos opuestos. Seguirán siendo familia quienes durante meses han discutido apasionadamente alrededor de una mesa o a través de un grupo de WhatsApp.

Por eso, más allá del resultado, el país necesita comenzar a sanar. Necesita recuperar el valor de la conversación serena, del desacuerdo respetuoso y de la crítica argumentada. Necesita comprender que ningún gobernante, por poderoso que parezca, podrá sacar adelante una nación fracturada si los ciudadanos renuncian a reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad política.

Quizá por eso los aires frescos siempre le hacen bien al enfermo. Tal vez Colombia necesite abrir las ventanas después de una campaña larga y extenuante. Escuchar nuevamente el suave trinar de los pájaros en los árboles y no el ruido incesante de las redes sociales. Recuperar la capacidad de reflexionar antes de reaccionar y de escuchar antes de condenar.

Sería un cambio pequeño, pero profundamente transformador. Un cambio capaz de marcar un antes y un después para un país que durante demasiado tiempo ha permitido que el estruendo de la confrontación ahogue la voz de la razón.

Porque, al final, la verdadera victoria no será la de un candidato sobre otro. La verdadera victoria será que Colombia pueda volver a encontrarse consigo misma.

Y tal vez ese aire fresco del que tanto hablamos no sea solamente una metáfora. Quizás represente la oportunidad de abrir puertas y ventanas para que circulen nuevas ideas, nuevas formas de gobernar y nuevas maneras de entender los desafíos del país. Las democracias se fortalecen cuando son capaces de renovarse, de cuestionarse y de corregir sus propios errores. Después de todo, ningún futuro prometedor puede construirse en habitaciones cerradas. Colombia necesita respirar, recuperar la confianza y mirar hacia adelante con la convicción de que los cambios, cuando nacen de la voluntad popular y del respeto por las instituciones, pueden convertirse en el primer paso hacia tiempos mejores. ¿O ME EQUIVOCO?

 

Entre la tragedia nacional y un debate inútil

 

Durante los últimos días, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Colombia ha sido testigo de una discusión que, francamente, resulta difícil de comprender cuando se observa la magnitud de los problemas que enfrenta la nación.

La controversia gira alrededor del uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante actividades de campaña. Lo que para muchos podría haber sido una anécdota menor terminó convirtiéndose en un debate nacional, ocupando espacios en medios de comunicación, redes sociales, círculos políticos e incluso estrados judiciales.

Y es precisamente ahí donde surge una pregunta inevitable: ¿de verdad esto es lo más importante que tiene Colombia para discutir?

Mientras millones de colombianos se levantan cada mañana preocupados por conseguir empleo, mientras cientos de familias esperan una cita médica que nunca llega, mientras la inseguridad continúa golpeando barrios, municipios y carreteras, mientras el narcotráfico sigue alimentando la violencia y mientras regiones enteras viven bajo la amenaza de grupos armados ilegales, una parte del país decidió concentrar su atención en una camiseta.

Una camiseta.

No en la crisis de la salud. No en la calidad de la educación. No en el desempleo. No en la inseguridad. No en la corrupción. No en la pobreza. No en la infraestructura. No en la situación de miles de víctimas que siguen esperando respuestas del Estado.

Una camiseta.

Más preocupante aún es que esta controversia haya escalado hasta los despachos judiciales. Que una tutela haya sido admitida para discutir un asunto de esta naturaleza deja una sensación inquietante sobre las prioridades institucionales del país. Mientras miles de procesos relacionados con derechos fundamentales, atención médica, seguridad social y protección de ciudadanos esperan resolución, Colombia observa cómo parte de su aparato judicial debe invertir tiempo y recursos en analizar una controversia que difícilmente cambiará la vida de un solo colombiano.

La justicia existe para proteger derechos fundamentales y garantizar el orden constitucional. Convertir cualquier polémica política en un litigio judicial corre el riesgo de banalizar herramientas que fueron creadas para resolver problemas verdaderamente trascendentales.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes promovieron la controversia. También es una responsabilidad colectiva. Como sociedad hemos desarrollado una preocupante capacidad para distraernos con debates superficiales mientras los problemas estructurales siguen creciendo frente a nuestros ojos.

Nos indignamos durante días por una fotografía, una frase, una camiseta o una publicación en redes sociales, pero rara vez mantenemos el mismo nivel de atención cuando se habla de hospitales colapsados, escuelas deterioradas, vías abandonadas, corrupción administrativa o inseguridad ciudadana.

La verdadera pregunta no es si un candidato debía o no usar la camiseta de la Selección Colombia.

La verdadera pregunta es por qué una nación con tantos desafíos termina dedicando tanto tiempo a una discusión tan poco relevante para el bienestar de sus ciudadanos.

Quizá el problema no sea la camiseta.

Quizá el problema sea que hemos perdido la capacidad de distinguir entre lo importante y lo accesorio.

Y mientras seguimos atrapados en debates que no producen empleo, no mejoran la salud, no fortalecen la educación y no aumentan la seguridad, los problemas reales continúan avanzando.

Silenciosamente.

Esperando que algún día Colombia decida hablar de ellos con la misma pasión con la que discutió sobre una camiseta. ¿O ME EQUIVOCO?