CUCUTA...¿QUE LE DEPARA EL FUTURO?

Durante los últimos meses se ha generado una gran polémica sociopolítica en torno al empréstito que realizó el municipio de Cúcuta con la banca, por un valor de 287 mil millones de pesos. Este viernes, el concejal de Cúcuta Leonardo Jácome subió a sus redes sociales un video en el que explica, de forma muy didáctica, lo nocivo que puede ser este préstamo para el municipio. Si entendí bien lo que dice el concejal en el video, todos los cucuteños deberíamos estar seriamente preocupados por esta situación, y con mayor razón aquellos ciudadanos que dentro de sus proyectos inmediatos contemplan aspirar a la Alcaldía de Cúcuta.

El municipio de Cúcuta ha suscrito recientemente un empréstito por 287 mil millones de pesos, destinado presuntamente a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. Aunque el endeudamiento público puede ser una herramienta útil para apalancar inversiones estratégicas, su adopción debe estar respaldada por criterios técnicos, transparencia administrativa y sostenibilidad fiscal. En este caso, las condiciones en las que se ha contraído la deuda, junto con el contexto económico y presupuestal del municipio, hacen que esta operación sea altamente inconveniente y riesgosa para el futuro financiero de la ciudad.

Uno de los factores más preocupantes es la evidente desproporción entre el valor del empréstito y la verdadera capacidad fiscal del municipio. Aunque el presupuesto general aprobado para el año 2025 asciende a 2,3 billones de pesos, solamente 289 mil millones corresponden a ingresos de libre destinación. Es decir, el empréstito contratado equivale prácticamente al 99 % de los recursos que Cúcuta puede utilizar de forma autónoma. Esto implica que, durante varios años, una parte significativa —si no la totalidad— de estos ingresos deberá ser destinada al pago del capital e intereses de la deuda, comprometiendo de manera severa la capacidad operativa e inversora de la administración municipal.

Este nivel de endeudamiento no solo limita la capacidad de acción del municipio, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de las normas de sostenibilidad fiscal establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015, las entidades territoriales deben respetar indicadores como el servicio de la deuda, que no debe superar el 40 % de los ingresos corrientes de libre destinación, y el nivel de endeudamiento neto, que no puede exceder el 80 % de esos mismos ingresos. En el caso de Cúcuta, este empréstito podría llevar al municipio a sobrepasar esos límites o a quedar peligrosamente cerca de ellos, activando una serie de sanciones legales y administrativas.

Las consecuencias de incumplir estas normas son graves. El Ministerio de Hacienda podría reclasificar a Cúcuta como entidad territorial con capacidad de pago limitada, lo que le impediría acceder a nuevos créditos sin autorización expresa. Asimismo, el municipio podría verse obligado a firmar un Plan de Desempeño Fiscal, que restringiría severamente su autonomía presupuestal y lo obligaría a implementar medidas de ajuste como recortes de gasto, aumento de tarifas o congelación de la inversión pública. En los casos más críticos, el Gobierno Nacional puede ordenar la retención de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones o de regalías, con el fin de garantizar el pago de la deuda. Esto afectaría directamente la prestación de servicios esenciales como salud, educación, saneamiento básico y programas sociales.

Además, las entidades de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría pueden abrir investigaciones fiscales y disciplinarias contra los funcionarios que autorizaron el endeudamiento (de hecho, parece que ya han sido abiertas) si se determina que hubo negligencia, omisión o daño al patrimonio público. Esto podría derivar en sanciones como destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos o responsabilidad fiscal personal.

A estos riesgos se suma la falta de información clara sobre los proyectos que serán financiados con el empréstito. No se han presentado estudios técnicos detallados, análisis de costo-beneficio ni criterios de priorización de obras. Esta ausencia de planificación rigurosa aumenta el riesgo de que los recursos se destinen a proyectos de bajo impacto, sobredimensionados o incluso innecesarios. En un entorno institucional donde la corrupción y los sobrecostos son amenazas latentes, la opacidad en el uso de una deuda de esta magnitud resulta aún más preocupante.

El hecho de que esta decisión se haya tomado sin una participación ciudadana efectiva, sin consulta pública ni rendición de cuentas previa, agrava la situación. La ciudadanía ha sido excluida del debate sobre una medida que compromete el futuro fiscal del municipio por años. Esto debilita la legitimidad democrática de la decisión y genera una creciente desconfianza institucional.

En conclusión, el empréstito por 287 mil millones de pesos compromete seriamente la sostenibilidad fiscal del municipio de Cúcuta, limita su autonomía financiera, genera riesgos legales y administrativos, y socava la confianza ciudadana. Lejos de representar una oportunidad de desarrollo, esta operación podría convertirse en una carga estructural que afecte a las próximas generaciones si no se corrige a tiempo. La prudencia fiscal, la planificación responsable y la transparencia deben ser los pilares de cualquier decisión de endeudamiento en el ámbito público.

Hay algo que olvidó el concejal Leonardo Jácome en su video: de la “bolsita” que contiene los recursos propios, el municipio también debe apropiar, sí o sí, partidas para cofinanciar tanto los programas de salud del régimen subsidiado como los programas de educación. Esa carga es ineludible.

Y pensar que en el año 2033 Cúcuta estará cumpliendo 300 años de su fundación. Para ese entonces no solo no estaremos preparados, sino que probablemente no tendremos recursos, pues aún estaremos pagando esta deuda. ¿O me equivoco?