
En
apenas dos días, Colombia ha sido estremecida por dos atentados terroristas que
dejaron al descubierto la fragilidad de sus instituciones y la incapacidad del
gobierno para anticipar y contener la violencia que se expande como una sombra
en todo el territorio nacional. Primero fue en Amalfi, Antioquia, donde un
helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional, en misión de erradicación
de cultivos ilícitos, fue derribado por un dron cargado con explosivos, en un
ataque atribuido a disidencias de las FARC. El saldo es doloroso: doce
uniformados muertos y varios más heridos. El hecho no solo evidencia el poder
de fuego de los grupos armados, sino también la sofisticación tecnológica que
hoy utilizan para humillar al Estado. Al mismo tiempo, en Cali, un camión
cargado de explosivos detonó frente a la Escuela Militar de Aviación Marco
Fidel Suárez, dejando seis muertos y decenas de heridos —algunas fuentes hablan
de más de sesenta lesionados—. Dos golpes coordinados en cuestión de horas que
dejaron al país sumido en la indignación, la rabia y el miedo.

La pregunta inevitable es cómo es
posible que grupos armados operen con drones letales y camiones bomba sin que
la inteligencia estatal lo detecte a tiempo. ¿Dónde están las supuestas
capacidades tecnológicas y de anticipación que el gobierno asegura tener? ¿Cómo
puede un Estado que destina miles de millones a defensa reaccionar siempre
tarde, persiguiendo esquirlas cuando ya ha estallado la tragedia? Las
respuestas oficiales, como suele ocurrir, se limitaron a la condena y al
señalamiento. El presidente Gustavo Petro atribuyó los ataques a las
disidencias de las FARC, mientras voces de oposición, como la del expresidente
Álvaro Uribe, clamaron por ayuda internacional y advirtieron que el
narcoterrorismo, si no se enfrenta con decisión, terminará por devorar a
Colombia.
En Cali, se decretó toque de
queda para vehículos de carga pesada, mientras el gobierno estudia declarar la
conmoción interior en el suroccidente del país, una medida desesperada que, más
que mostrar autoridad, desnuda la incapacidad de prevenir la violencia. Se
convocó un Consejo de Seguridad Nacional, pero la sensación generalizada es que
las decisiones llegan siempre después de la sangre derramada. La ciudadanía,
entre tanto, mira con creciente desconfianza cómo la palabra “seguridad” se
convierte en un eslogan vacío, incapaz de proteger la vida de los colombianos.

Estos atentados no son hechos
aislados. Son la demostración de que los grupos armados ilegales ya no actúan
como bandas dispersas, sino como ejércitos clandestinos capaces de combinar
tecnología, logística y precisión en ataques simultáneos contra el corazón
mismo de la Fuerza Pública. El mensaje es contundente: tienen la capacidad de
desafiar al Estado en cualquier punto del territorio, mientras la respuesta
oficial parece cada vez más débil y reactiva.
Colombia se encuentra en un punto
de quiebre. O el gobierno despierta de su letargo y asume con decisión la
defensa de sus ciudadanos, o el país quedará a merced de quienes siembran la
muerte. El terrorismo no está a las puertas: ya está adentro, golpeando las
entrañas de la nación. Y si el Estado no se decide a actuar con firmeza, será
recordado no por lo que hizo para salvar a su pueblo, sino por lo que permitió
con su inacción. Hoy, más que nunca, Colombia necesita liderazgo, carácter y
resultados. Lo demás —discursos, comunicados y promesas— ya no sirve de nada. ¿
o me equivoco ?
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