LOS TRES AÑOS DE PETRO

 

A tres años del inicio del gobierno de Gustavo Petro, Colombia se encuentra ante una administración que ha intentado emprender profundas transformaciones sociales, económicas y políticas, pero cuyos resultados concretos siguen siendo limitados, fragmentarios y, en muchos casos, contraproducentes. El presidente, primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país, llegó con una agenda de cambio ambiciosa, centrada en la justicia social, la redistribución de la riqueza y una transición hacia un nuevo modelo económico y energético. Sin embargo, sus propuestas se han enfrentado a resistencias institucionales, bloqueos legislativos, falta de gobernabilidad y una ejecución débil en términos técnicos y administrativos.

Uno de los pilares de su gestión ha sido el intento de reformas estructurales. La más polémica ha sido la reforma a la salud, que buscaba desmontar el modelo de aseguramiento a través de las EPS para dar paso a un sistema estatal centralizado. Esta propuesta fue rechazada en el Congreso, y el gobierno ha intentado imponer algunos cambios vía decretos, generando inseguridad jurídica en el sector, desfinanciamiento y una creciente preocupación por el deterioro en la atención médica. La reforma laboral, con la que se pretendía dignificar el trabajo y formalizar a los empleados, tampoco ha avanzado, y los índices de informalidad siguen en aumento. En materia pensional, el proyecto que propone un sistema de pilares ha tenido un trámite lento, y aún no se evidencia un impacto real en la cobertura ni en la sostenibilidad financiera del sistema.

La política económica ha sido otro foco de tensión. Aunque el gobierno aprobó una reforma tributaria en 2022 que aumentó la carga fiscal sobre sectores estratégicos como el petrolero, esto no se ha traducido en dinamismo económico. La inversión privada ha caído, el crecimiento del PIB ha sido inferior al promedio regional, y persiste una sensación de incertidumbre jurídica y regulatoria. La llamada “transición energética justa” ha sido más un discurso que una política concreta. La suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera y de gas ha generado temores fiscales, mientras que las energías renovables aún no tienen la infraestructura ni el respaldo suficiente para reemplazar los ingresos del sector extractivo. La inflación, aunque contenida en parte por el contexto internacional, ha golpeado con fuerza a los hogares más pobres.

En el frente de seguridad y orden público, el programa “Paz Total” ha sido quizás uno de los puntos más controvertidos. A pesar de las negociaciones y ceses al fuego parciales con el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados, no se ha logrado una reducción estructural de la violencia. Por el contrario, en muchas regiones se ha evidenciado un fortalecimiento de actores ilegales, un retroceso del Estado y un deterioro en la seguridad ciudadana, tanto en zonas rurales como urbanas. La política de sometimiento colectivo ha sido poco clara, y las comunidades denuncian extorsiones, confinamientos y desplazamientos. Si bien algunos indicadores de homicidio han mostrado caídas puntuales, no existe una tendencia sostenida que indique una mejora estructural.

La gobernabilidad ha sido otro de los grandes talones de Aquiles del gobierno Petro. Tras un arranque con respaldo de partidos tradicionales, las alianzas se fracturaron rápidamente por el estilo confrontacional del presidente y la falta de diálogo político. La relación con el Congreso ha sido tensa, al igual que con la justicia, los entes de control y los medios de comunicación. Petro ha insistido en que la “institucionalidad tradicional” se opone al cambio, pero su reacción ha sido intentar gobernar por decreto, lo que ha encendido alarmas sobre la concentración del poder. La altísima rotación en el gabinete —más de 40 cambios ministeriales en tres años— refleja la inestabilidad interna y la falta de cohesión dentro del Ejecutivo.

En el plano internacional, el gobierno ha privilegiado una diplomacia ideológica, con mayor cercanía a gobiernos de izquierda como Venezuela, Brasil, México y Cuba, lo cual ha deteriorado en parte la relación con socios estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque Petro ha defendido el multilateralismo y ha liderado debates sobre cambio climático y transición energética en foros globales, su papel como referente regional es más discursivo que efectivo. En la frontera con Venezuela, la reapertura ha sido caótica y sin un plan migratorio serio, mientras que la crisis humanitaria de migrantes continúa sin una respuesta estructural.

En síntesis, la gestión del presidente Petro se caracteriza por una ambiciosa narrativa transformadora que no ha logrado traducirse en resultados concretos. El proyecto de cambio estructural se ha visto obstaculizado tanto por factores externos como por errores de diseño, ejecución y manejo político. La polarización ha aumentado, la confianza en el gobierno ha disminuido, y los principales indicadores sociales y económicos no muestran mejoras sostenidas. A un año del fin de su mandato, el legado de Petro está en entredicho: si no logra corregir el rumbo, su gobierno podría terminar recordado más por su retórica de cambio que por su capacidad de gobernar con resultados.

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