El peligro de mirar donde otros callan…

 

Ser veedor ciudadano en Colombia es un ejercicio de valentía cívica y, a la vez, una travesía por un terreno minado. En teoría, la figura del veedor encarna el ideal de participación democrática: un ciudadano que vigila, denuncia y propone, comprometido con la transparencia y el control social del Estado. En la práctica, sin embargo, ser veedor puede significar exponerse a la indiferencia institucional, al aislamiento político e incluso a la amenaza.

En ciudades como Cúcuta, donde los intereses políticos, económicos y contractuales suelen entrelazarse, la tarea del veedor se vuelve más compleja. El acceso a la información pública continúa siendo limitado, los procesos de rendición de cuentas se diluyen en tecnicismos, y la protección a quienes denuncian irregularidades es débil o inexistente. La veeduría, que debería ser un puente entre ciudadanía y administración, termina muchas veces convertida en un campo de disputa y sospecha.

Pese a ello, el rol del veedor ciudadano conserva un valor incalculable. Permite detectar sobrecostos, obras inconclusas, irregularidades en la contratación y omisiones administrativas que afectan directamente la calidad de vida de la comunidad. Su trabajo, aunque poco reconocido, es una pieza clave para fortalecer el tejido democrático desde lo local. Cada veeduría activa, cada denuncia documentada, cada observación oportuna, representa un ejercicio de resistencia cívica frente a la corrupción y la impunidad.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué, si ser veedor es tan peligroso, todavía hay ciudadanos que se exponen? Tal vez porque aún creen que la verdad no se negocia, que el deber de cuidar lo público no se delega y que la dignidad también se defiende mirando de frente. Es esa convicción la que mantiene viva una esperanza cívica en medio del cansancio colectivo.

El problema radica en que el sistema no protege a quien se atreve a mirar. Las denuncias suelen quedar atrapadas en la burocracia, y la respuesta institucional es más lenta que el desgaste personal de quien decide alzar la voz. Ser veedor no debería ser un acto heroico, pero en Colombia lo es.

El desafío, entonces, es doble: fortalecer los mecanismos legales y de acompañamiento para las veedurías ciudadanas, y recuperar el sentido colectivo de la vigilancia pública. No se trata de héroes solitarios, sino de comunidades vigilantes, informadas y empoderadas.

Ser veedor es mirar donde otros prefieren no mirar. Es incomodar al poder, pero también recordarle que la soberanía reside en la ciudadanía. En tiempos donde la transparencia es más un discurso que una práctica, ejercer la veeduría no solo es un derecho: es un deber que nos interpela a todos. ¿ O me equivoco?