CÚCUTA: CUANDO LA CRISIS DE LA SALUD DEJA DE SER UN DEBATE Y SE CONVIERTE EN TRAGEDIA

 

Hablar hoy de la crisis del sistema de salud en Colombia ya no es un ejercicio técnico ni un debate ideológico: es una realidad que se siente en las salas de urgencias, en las farmacias vacías y en la angustia diaria de millones de pacientes. Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, el deterioro del sistema se ha acelerado peligrosamente, no tanto por la necesidad de una reforma —que muchos reconocen— sino por la improvisación, la confrontación permanente y la ausencia de respuestas claras mientras el sistema colapsa.

La desfinanciación es evidente. Las EPS, intervenidas o no, operan con déficits crecientes; la red hospitalaria acumula deudas impagables y la entrega de medicamentos se ha convertido en una ruleta rusa para los pacientes crónicos. Mientras el Gobierno insiste en que “no salvará a las EPS sino a la salud”, en la práctica quienes pagan el costo son los usuarios, atrapados entre un modelo que no se corrige y otro que no termina de nacer.

Pero si esta crisis golpea con fuerza al país, en Cúcuta se vive con mayor crudeza. Ciudad de frontera, históricamente presionada por la migración, la informalidad y la debilidad institucional, hoy enfrenta un sistema de salud desbordado. Hospitales públicos al límite, clínicas privadas restringiendo servicios por falta de pago y una red que no da abasto para atender a una población que crece sin que los recursos lo hagan al mismo ritmo. Aquí, la crisis no es estadística: es cotidiana.

Cúcuta atiende no solo a sus ciudadanos, sino a población migrante y retornada, muchas veces sin afiliación efectiva ni continuidad en los tratamientos. La atención primaria prometida por el Gobierno no se traduce en capacidad real, y la falta de medicamentos se siente con especial dureza en pacientes de alto costo. La frontera no espera decretos ni discursos: necesita soluciones inmediatas, flujo de recursos y decisiones técnicas, no ideológicas.

El problema de fondo es que el Gobierno ha optado por administrar la crisis mientras discute la reforma, en lugar de estabilizar primero el sistema. La confrontación con gremios, clínicas y EPS puede ser políticamente rentable, pero es socialmente irresponsable cuando no se garantiza la atención. La salud, convertida en campo de batalla política, pierde su esencia de derecho fundamental.

En Cúcuta, la crisis de la salud no se mide en debates televisados ni en cifras oficiales; se mide en madres que madrugan a hacer fila sin saber si habrá medicamentos, en adultos mayores que abandonan tratamientos porque no hay citas y en médicos que resisten con vocación mientras el sistema les falla. Aquí, donde la frontera multiplica las urgencias y reduce las excusas, la salud se ha convertido en una prueba diaria de resistencia.

La salud no puede seguir siendo un experimento político ni una bandera ideológica. En una ciudad que ha aprendido a sobrevivir al abandono, lo mínimo que se espera del Estado es que no abandone también el derecho más básico: el de vivir con dignidad.

Cuando la salud se derrumba en la frontera, el abandono del Estado deja de ser discurso y se convierte en dolor. ¿O ME EQUIVOCO?