LA FAMILIA ROTA :LA RESPONSABILIDAD QUE NINGUN ALCALDE QUIERE ASUMIR

 

En Colombia hablamos de seguridad, de homicidios, de drogas, de fronteras calientes y de jóvenes sin rumbo. Hablamos mucho del problema, pero casi nunca del origen. Y cuando se revisan los presupuestos municipales, la conclusión es incómoda: invertimos muy poco —casi nada— en fortalecer el núcleo familiar, justo donde empiezan muchas de las fracturas sociales que hoy nos desbordan.

En ciudades como Cúcuta, donde la violencia se ha vuelto paisaje cotidiano y el miedo se normaliza, la respuesta institucional suele ser la misma: más patrullas, más operativos, más cámaras, más anuncios. Todo eso puede ser necesario, pero es profundamente insuficiente. Es la medicina que se aplica cuando la enfermedad ya hizo metástasis. La prevención real —la que ocurre dentro del hogar— sigue siendo la gran ausente de la agenda pública local.

La razón principal es tan simple como incómoda: fortalecer la familia no da votos inmediatos. No inaugura obras, no corta cintas, no produce fotos para redes sociales. Un programa serio de orientación familiar, acompañamiento psicosocial, prevención de la violencia intrafamiliar o apoyo a la crianza responsable no muestra resultados en seis meses, ni siquiera en un periodo de gobierno. Sus frutos se ven en diez o quince años, cuando ese niño no abandona el colegio, no cae en el microtráfico y no termina empuñando un arma.

Los gobiernos municipales, atrapados en la lógica del corto plazo, prefieren invertir en lo visible y urgente, aunque sea repetitivo e ineficaz. Así, el presupuesto se concentra en gasto reactivo, no preventivo. Se actúa cuando el joven ya está vinculado a una banda, cuando la violencia ya estalló, cuando el daño ya es irreversible. Se olvida que antes del delincuente hubo un niño sin acompañamiento, una familia rota, una casa donde el Estado nunca tocó la puerta.

A esto se suma otro problema estructural: la familia no tiene doliente político. No existe, en la práctica, una secretaría de familia fuerte, con recursos, indicadores claros y poder real de decisión. El tema queda diluido entre oficinas de desarrollo social, programas de mujer, juventud o inclusión, todos bien intencionados pero fragmentados, sin una estrategia integral. El resultado es predecible: muchos proyectos pequeños, discursos amplios y un impacto casi imperceptible en la vida cotidiana de los hogares.

También persiste una idea cómoda —y equivocada—: que la familia es un asunto privado y que el Estado no debe “meterse”. Sin embargo, ese mismo Estado sí termina interviniendo después, cuando debe pagar cárceles, atender víctimas, sostener sistemas de salud colapsados por la violencia o desplegar fuerza pública para contener el caos. Se abandona la familia en la prevención y se asume el costo social en la crisis.

Lo más grave es que ni siquiera medimos bien el problema. Los municipios carecen de indicadores sólidos sobre desintegración familiar, abandono parental, salud mental intrafamiliar o crianza sin redes de apoyo. Y en política pública hay una regla clara: lo que no se mide, no se prioriza; y lo que no se prioriza, no se financia. Así, la familia desaparece del debate presupuestal, aunque esté en el centro del problema social.

Cúcuta es un ejemplo doloroso de esta contradicción. Se habla de homicidios, de fronteras porosas, de economías ilegales y de jóvenes sin oportunidades. Pero rara vez se conecta todo eso con el debilitamiento del tejido familiar, con hogares atravesados por la violencia, el desempleo, la migración forzada y la ausencia de acompañamiento institucional. La seguridad no empieza en la calle: empieza en la sala de la casa.

Mientras no entendamos eso, seguiremos atrapados en un círculo vicioso: más violencia, más gasto en contención, menos inversión en prevención. Millones destinados a corregir los efectos, casi nada para evitar las causas. Es una ecuación injusta, costosa y, sobre todo, ineficiente.

Tal vez ha llegado el momento de decirlo sin rodeos: la familia dejó de ser política pública y pasó a ser una estadística olvidada. Y ningún plan de seguridad, ningún discurso oficial y ningún operativo podrá sustituir lo que no se construyó a tiempo en el hogar.

Invertir en la familia no es un asunto moral ni ideológico. Es una decisión estratégica. Es, quizás, la política pública más silenciosa, menos rentable políticamente, pero más poderosa que un municipio puede asumir. La pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a pagar por no hacerlo. ¿ O ME EQUIVOCO?