La silla vacía de la justicia en el Concejo de Cúcuta

 

Hay momentos en los que una ciudad puede medir la salud de su democracia observando cómo reaccionan sus instituciones frente a las decisiones de la justicia. En Cúcuta estamos viviendo uno de esos momentos.

El caso del concejal Oliverio Castellanos se ha convertido en una prueba incómoda para el sistema político local. No por el nombre del protagonista, ni siquiera por las disputas jurídicas que rodearon su proceso, sino por algo mucho más delicado: el respeto —o la falta de respeto— por las decisiones de los jueces.

No soy amigo del concejal Oliverio Castellanos, y mucho menos pretendo convertirme en su escudero ni en el defensor de su proceso. Ese no es el punto. Aquí lo verdaderamente preocupante es otra cosa: que en Colombia empiece a normalizarse la peligrosa cultura de no obedecer a la justicia cuando las decisiones no gustan o no convienen políticamente. Porque un país donde las sentencias se discuten, se dilatan o simplemente se ignoran, deja de ser un Estado de Derecho. Y cuando la justicia deja de ser obligatoria para convertirse en algo opcional, lo que queda no es democracia, sino un terreno donde cada quien decide qué ley respetar y cuál no. Y en un país así, tarde o temprano, la institucionalidad termina por derrumbarse.

Castellanos fue objeto de un proceso que terminó con la pérdida de su investidura luego de que se cuestionara una actuación administrativa ocurrida cuando presidía el Concejo Municipal, relacionada con el pago de honorarios a un concejal sin que estuviera acreditada su asistencia a una sesión. Ese episodio derivó en un proceso judicial que terminó sacándolo de su curul.

Pero la historia no terminó allí. Posteriormente, decisiones judiciales determinaron que el dirigente político debía recuperar su curul. Un tribunal ordenó su reintegro al Concejo de Cúcuta, reconociendo la vigencia de sus derechos políticos y estableciendo con claridad que debía volver a ocupar el escaño para el cual fue elegido por los ciudadanos.

Conviene subrayar un hecho que no es menor: la decisión que ordena el regreso del concejal Oliverio Castellanos a su curul no proviene de una instancia menor ni de una interpretación administrativa, sino de una determinación adoptada por el Consejo de Estado, el más alto tribunal de lo contencioso administrativo del país. En consecuencia, su cumplimiento no está sujeto a debates políticos ni a interpretaciones acomodadas. Las decisiones del Consejo de Estado son de obligatorio acatamiento para todas las autoridades públicas.

En teoría, en un Estado de Derecho, una decisión judicial debería bastar. Pero en la práctica, lo que estamos viendo en Cúcuta es un escenario preocupante: la orden de reintegro se ha convertido en un pulso político y administrativo donde pasan los días, las sesiones avanzan y la silla del concejal sigue en el limbo.

Conviene decirlo con total claridad: en Colombia las órdenes judiciales no son optativas. Si existe un fallo que ordena el reintegro de un concejal y este no se cumple, las directivas del Concejo que estén obligadas a ejecutarlo podrían enfrentar consecuencias personales muy serias. Un juez puede abrir un incidente de desacato que conlleva multas e incluso arresto, y además podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación que podrían terminar en suspensiones, destituciones o inhabilidades para ejercer cargos públicos. Pero el asunto no termina allí: si se determina que hubo una negativa deliberada a cumplir una orden judicial, el caso podría escalar a la esfera penal y terminar siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos relacionados con el desacato o el incumplimiento de decisiones judiciales. En otras palabras, ignorar un fallo no solo debilita la institucionalidad: también puede terminar comprometiendo seriamente la responsabilidad personal de quienes hoy creen que pueden aplazar indefinidamente lo que la justicia ya ordenó.

Y aquí es donde la discusión deja de ser sobre Oliverio Castellanos y pasa a ser sobre algo mucho más grande: la autoridad de la justicia.

Cuando un tribunal ordena algo y las instituciones tardan o se resisten a cumplirlo, se envía un mensaje profundamente peligroso a la ciudadanía. Se instala la idea de que las decisiones judiciales dependen de la conveniencia política, de la presión de los grupos de poder o de la interpretación interesada de quienes deberían acatarlas.

Eso erosiona la confianza pública.

Porque si un concejal, con una decisión judicial en la mano, no logra que se materialice un fallo que ordena su reintegro, ¿qué puede esperar el ciudadano común cuando gana una tutela para proteger sus derechos?

Las instituciones no pueden escoger qué fallos obedecer y cuáles dilatar. Esa práctica, que parece pequeña en el escenario local, es la misma grieta por donde comienza a deteriorarse el Estado de Derecho.

El Concejo de Cúcuta tiene hoy una oportunidad clara: demostrar que la institucionalidad está por encima de las diferencias políticas. Cumplir una decisión judicial no es un favor, ni un gesto de generosidad. Es una obligación constitucional.

De lo contrario, el mensaje que quedará en la ciudad será simple y devastador: en Cúcuta la justicia puede fallar… pero el poder decide si se cumple.

El problema ya no es Oliverio Castellanos; el problema es si en Cúcuta las decisiones de los jueces se cumplen… o se negocian. ¿ O ME EQUIVOCO ?