De Guayabal a Guaimaral: Cúcuta sin control

 

El próximo 26 de abril se llevarán a cabo en Colombia las elecciones de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En el caso de Cúcuta, se elegirán más de 300 líderes comunales que representarán a sus barrios durante los próximos cuatro años.

No es un tema menor. Es, literalmente, la base de la democracia.

Y precisamente por eso resulta imposible pasar por alto lo que está ocurriendo. Porque en Cúcuta estamos empezando a entender algo incómodo: el problema no es la basura… ni tampoco las Juntas de Acción Comunal.

El problema es más profundo: es la forma en que se toman decisiones y, sobre todo, la forma en que nadie parece asumir la responsabilidad de vigilarlas.

Lo vimos hace apenas unos días con el otrosí del contrato del relleno sanitario de Guayabal. Un tema que sacudió el debate público, que encendió el Concejo y que dejó en el aire preguntas fundamentales sobre la conveniencia, la transparencia y el impacto de lo firmado. Mucho ruido, muchas posiciones… pero una ausencia que sigue pesando: la de los entes de control con pronunciamientos claros y oportunos.

Y ahora, casi en paralelo, la historia se repite en otro escenario. Más pequeño, más silencioso, pero igual de importante.

En el barrio Guaimaral, una ciudadana presentó una denuncia formal por presuntas irregularidades en el proceso electoral de la Junta de Acción Comunal: inconsistencias en la inscripción de afiliados, posibles dobles registros, dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Garantías, indicios de compra de votos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos básicos como la residencia.

No es un asunto menor. Es la esencia misma de la participación ciudadana.

Pero la respuesta institucional vuelve a ser la misma: trámite.

Se remite.
Se traslada.
Se diluye.

Y entonces la pregunta es inevitable:
¿quién está controlando realmente?

Porque cuando se cuestiona un contrato millonario, el control no aparece.

Y cuando se cuestiona un proceso electoral comunitario, el control se limita a pasar el caso a otra dependencia. Distintos escenarios, la misma respuesta...y eso es lo verdaderamente grave.

Porque aquí ya no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos frente a un patrón. Una forma de actuar donde las instituciones parecen más cómodas administrando documentos que tomando decisiones. Donde el procedimiento reemplaza la acción y el silencio termina siendo la respuesta más frecuente.

El problema no es solo lo que pudo haberse firmado en Guayabal.

Ni únicamente lo que podría estar ocurriendo en Guaimaral.

El problema es que, grande o pequeño, el mensaje para la ciudadanía es el mismo: las dudas existen… pero las respuestas no llegan.

Y cuando eso pasa, la confianza se rompe.

Se rompe en los grandes contratos, donde debería existir una vigilancia estricta sobre los recursos públicos.
Y se rompe en los barrios, donde debería protegerse el primer eslabón de la democracia.

Porque las Juntas de Acción Comunal no son un trámite. Son el punto de partida de la participación real.
Y si ese punto de partida se contamina, todo lo demás queda en entredicho.

Aquí no se trata de condenar sin pruebas. Se trata de exigir lo mínimo: presencia institucional real.
Que el control controle.
Que investigue cuando hay dudas.
Que hable cuando el silencio genera más incertidumbre que tranquilidad.

Hoy, a pocos días de las elecciones, la denuncia presentada por una ciudadana del barrio Guaimaral sigue sin una respuesta institucional de fondo.
Y si lo que allí se advierte resulta ser cierto, estaríamos ante algo mucho más grave que una irregularidad puntual:

estaríamos permitiendo que se vulnere, en silencio, el primer eslabón de la democracia… sin que pase absolutamente nada. ¿ O ME EQUIVOCO?