Guayabal: el negocio que nadie entiende

 

En Cúcuta no solo se entierran residuos. También se entierran decisiones. Y algunas de ellas, como suele ocurrir en Colombia, comienzan a oler mal justo cuando nadie quiere destaparlas.

La semana que terminó no solo dejó titulares globales por avances científicos que parecen sacados de la ciencia ficción. En el plano local, dejó algo mucho más terrenal… y mucho más preocupante: un escándalo en el recinto donde se supone se ejerce el control democrático de la ciudad.Todo por cuenta de un debate de control político sobre un otrosí al contrato de concesión del relleno sanitario Guayabal.

Lo que ocurrió allí no fue precisamente un ejemplo de institucionalidad. Hubo de todo: discusiones, gritos, desorden y, como si fuera poco, una alerta sanitaria. La Secretaría de Salud Municipal advirtió sobre una posible contaminación en el recinto y recomendó suspender sesiones para tomar medidas preventivas. Sin embargo, en una decisión difícil de entender, el Concejo optó por abrir sus puertas al público, en contravía de cualquier lógica sanitaria.

El resultado: caos.

Y, al final, lo más grave: el debate fue aplazado.

Es decir, se pospuso la discusión de un tema que, como veremos, no solo es complejo… sino profundamente confuso.

Porque si algo queda claro al revisar lo poco que se conoce con certeza, es que este asunto está más enredado que una bolsa de anzuelos oxidados.

Intenté acceder al contrato original del relleno sanitario Guayabal, firmado por el municipio de Cúcuta en el año 2000. No fue posible. Sin embargo, sí tuve acceso a un informe de la Contraloría Municipal que analiza la ejecución de ese contrato.

Y lo que allí se encuentra no es precisamente tranquilidad.

El contrato de concesión 0618 de 2000 tuvo su origen en la licitación pública LP 0017-2000, abierta mediante resolución del 29 de junio de ese mismo año, para entregar a un operador privado el componente de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la ciudad. Bajo ese esquema, el concesionario asumía la compra del terreno, la construcción, la operación y el mantenimiento del relleno sanitario.

El municipio, en apariencia, no ponía dinero.

Y aquí es donde vale la pena detenerse.

Porque, en teoría, bajo la Ley 142 de 1994, eso no era un problema. La ley permitió que privados prestaran servicios públicos y promovió esquemas donde el Estado no necesariamente debía invertir directamente. Incluso, en el año 2000, un privado podía —en teoría— construir y operar un relleno sanitario sin necesidad de una concesión.

Pero solo en teoría.

En la práctica, sin el visto bueno del municipio, sin su inclusión en el esquema del servicio y sin acceso al flujo de residuos, ese negocio era inviable. Porque en este sector hay una verdad simple: sin basura, no hay negocio.

Por eso la concesión no era obligatoria… pero sí era la vía más segura. Garantizaba estabilidad, aseguraba el flujo de residuos y reducía el riesgo. Y eso fue, precisamente, lo que se hizo en Cúcuta.

Hasta ahí, todo parece lógico.

Lo que deja de ser lógico es lo que vino después.

Hoy, más de dos décadas después, no está claro qué fue exactamente lo que el municipio garantizó… ni qué es lo que realmente va a recibir.

El informe de la Contraloría, lejos de resolver esas dudas, abre muchas más.

Por un lado, existe una discusión de fondo sobre la propiedad del relleno. El operador sostiene que el terreno es privado y que no hay recursos públicos involucrados, lo que limitaría el control fiscal hasta el momento de la reversión. La Contraloría responde que el control debe ejercerse desde el inicio, durante la ejecución y hasta el final del contrato.

Por otro lado, aparece una duda aún más inquietante: el tamaño del predio. El contrato habla de un mínimo de 60 hectáreas, pero los documentos sugieren que el terreno podría ser mucho mayor. ¿Cuánto exactamente? No está claro. Y si no está claro eso, tampoco está claro qué debe revertir al municipio.

Y en medio de todo, el silencio.

El informe señala que el municipio no respondió de fondo a observaciones clave sobre supervisión e interventoría. Ese silencio, en términos de control, no es neutro. Se convierte en hallazgo.

Y cuando el Estado guarda silencio sobre su propio patrimonio, el problema deja de ser técnico y se vuelve político.

Aquí es donde el caso Guayabal deja de ser un asunto de basuras y se convierte en un reflejo de algo más profundo: la forma en que el Estado colombiano ha manejado —o dejado de manejar— sus relaciones con operadores privados en contratos de largo plazo.

No fue un error permitir que un privado construyera y operara el relleno. Eso era coherente con la ley y con la época. El error fue no asegurar claridad, no ejercer control constante y no dejar completamente definido qué le quedaba a la ciudad al final del contrato.

Hoy, cuando se habla de otrosíes, prórrogas y decisiones de último momento, la sensación no es de certeza. Es de improvisación.

Porque lo cierto es esto:

nadie parece tener completamente claro qué se firmó, qué se cumplió y qué se va a recibir.

Y ese es, quizás, el problema más grave de todos.

En Cúcuta no solo se está discutiendo un contrato. Se está discutiendo la capacidad del Estado para entender, controlar y defender lo que es suyo.

Mientras tanto, el relleno sanitario seguirá funcionando, recibiendo toneladas de residuos cada día. Pero las dudas —esas sí— siguen acumulándose.

Y el informe de la Contraloría, lejos de disiparlas, deja una sensación inquietante:

que aquí hay más preguntas que respuestas…

y más incertidumbre que certezas.

Tal vez por eso el debate se aplazó.

O tal vez porque, en el fondo, nadie está listo todavía para responder lo realmente importante. ¿ O ME EQUIVOCO?