CUANDO A CÚCUTA LE CAMBIAN LAS PRIORIDADES... DE LA CÚCUTA QUE SOÑAMOS

 

En Cúcuta la discusión sobre la valorización dejó hace rato de ser un simple debate técnico o administrativo. Lo que hoy se discute en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas es algo mucho más sensible: la sensación de que la ciudad lleva años esperando unas obras fundamentales para su movilidad… y que ahora esas prioridades parecen estar cambiando.

Porque hay algo que no puede olvidarse en medio de toda esta controversia: las obras contempladas en el Acuerdo 003 de 2017 no eran obras menores ni caprichos urbanísticos. Eran proyectos estratégicos concebidos para responder a uno de los problemas más graves y más antiguos de Cúcuta: el colapso progresivo de su movilidad.

La intersección de Cuatro Vientos, la solución vial en la Diagonal Santander con Avenida Cero y Gran Colombia, la intervención en la glorieta del Terminal y otras obras incluidas en el paquete de valorización fueron presentadas ante la ciudadanía como soluciones estructurales para descongestionar corredores críticos de una ciudad que creció desordenadamente y cuya infraestructura vial hace años quedó rezagada frente al número de vehículos y al desarrollo urbano.

Y precisamente por esa importancia, miles de ciudadanos aceptaron pagar valorización. No fue un aporte voluntario motivado por estética o embellecimiento. Fue un sacrificio económico justificado bajo la promesa de que Cúcuta finalmente tendría obras capaces de mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y modernizar puntos neurálgicos donde diariamente se forman enormes congestiones.

Por eso hoy existe molestia.

Porque esas obras no nacieron ayer. Han sido esperadas durante años por una ciudad cansada del caos vehicular, de los trancones interminables, de los cruces peligrosos y de una infraestructura insuficiente para las necesidades actuales de la capital nortesantandereana.

Y la situación se vuelve todavía más preocupante cuando se observa que Cúcuta sigue siendo una de las pocas ciudades intermedias de Colombia que nunca logró consolidar un verdadero sistema de transporte masivo moderno y eficiente. Mientras otras ciudades avanzaron (con dificultades, sí) hacia modelos integrados de movilidad, aquí la improvisación terminó imponiéndose sobre la planificación. El resultado está a la vista: más motocicletas, más congestión, más desorden vial y una ciudad donde cada año movilizarse resulta más lento y más caótico. Precisamente por eso las megaobras contempladas desde 2017 adquirían un valor aún más estratégico: eran, al menos, una oportunidad para aliviar parcialmente una movilidad que hace tiempo entró en estado crítico.

Y cuando después de tantos años de espera la ciudadanía percibe que las prioridades comienzan a trasladarse hacia proyectos de ornamentación, paisajismo o embellecimiento urbano, inevitablemente surge la pregunta que hoy recorre a Cúcuta: ¿qué pasó con las obras que realmente necesitaba la ciudad?

Nadie discute que una ciudad bonita es importante. Claro que lo es. Los espacios públicos dignos mejoran la calidad de vida y fortalecen la imagen urbana. Pero una administración también debe entender cuáles son las urgencias reales de su gente.

Y hoy la principal angustia del cucuteño no está en si un separador tiene palmeras o jardines. Está en cuánto demora atrapado en un trancón. Está en el desorden vial. Está en los puntos críticos que durante años han colapsado la movilidad del área metropolitana.

Ahí es donde aparece el verdadero problema político y social de esta controversia: la confianza.

Porque el ciudadano siente que pagó por unas soluciones específicas que le fueron prometidas hace casi una década. Y cuando esas soluciones empiezan a diluirse, modificarse o replantearse, lo que se fractura no es solamente un cronograma de obras. Se fractura la credibilidad institucional.

La valorización no puede convertirse en un concepto abstracto donde el ciudadano paga sin claridad sobre el destino final de los recursos. La valorización fue presentada como un pacto entre la ciudad y sus contribuyentes: ustedes aportan hoy para que mañana existan obras concretas que transformen la movilidad de Cúcuta.

Y precisamente por eso la discusión actual genera tanta controversia. Porque para muchos cucuteños el debate no es entre un puente o unos jardines. El debate es entre cumplirle o no cumplirle a la ciudad después de años de espera.

Lo más preocupante es que, mientras la ciudad sigue esperando respuestas, los grandes debates públicos de Cúcuta terminan consumiéndose entre controles políticos, discursos encendidos y sesiones interminables en el Concejo Municipal que, al final, pocas veces producen resultados concretos para la ciudadanía. Pasó con el relleno sanitario, del que hoy prácticamente nadie vuelve a hablar. Pasó con la concesión del acueducto, que terminó diluyéndose entre controversias, silencios y dudas sin resolver. Y ahora ocurre nuevamente con las obras de valorización, modificadas prácticamente de un plumazo, sin una verdadera consulta amplia a la ciudadanía sobre qué era lo prioritario para la ciudad.

Porque esa también es la pregunta de fondo que sigue sin respuesta: ¿a quién terminó beneficiando realmente el cambio de estas obras? ¿Quién decidió que el rumbo debía modificarse? ¿Dónde estuvo la participación ciudadana en una decisión financiada precisamente con el bolsillo de los cucuteños?

Cúcuta necesita embellecerse, sí. Pero antes necesita resolver los problemas estructurales que durante décadas han frenado su desarrollo urbano.

Y quizás lo más grave de todo no sea únicamente el cambio de unas obras. Lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que en Cúcuta se siguen tomando decisiones que afectan a toda la ciudad sin escuchar verdaderamente a quienes pagan las cuentas. Con un simple trámite administrativo y político terminaron alterando proyectos estratégicos que durante años fueron vendidos como fundamentales para el bienestar colectivo y la movilidad de miles de ciudadanos. Mientras tanto, la ciudad sigue atrapada en el caos vial, en la improvisación y en la ausencia de una visión seria de desarrollo urbano. Porque cuando las prioridades públicas terminan subordinadas a intereses políticos, cálculos de imagen o decisiones tomadas entre pocos, el gran perjudicado siempre termina siendo el mismo: el ciudadano común que paga impuestos, soporta los trancones y sigue esperando, año tras año, la ciudad moderna que le prometieron, la Cúcuta que soñamos. ¿O ME EQUIVOCO?