domingo, 10 de mayo de 2026

¿Quién tiene realmente un plan para Cúcuta y Norte de Santander?



 Esta columna no pretende promover ni descalificar ninguna tendencia política o candidatura presidencial. Desde el respeto por la diversidad de pensamiento y la libertad democrática de los colombianos, su único propósito es ofrecer a los nortesantandereanos una mirada crítica, amplia y reflexiva sobre las propuestas, visiones y posibles impactos que cada aspirante tendría para Cúcuta y Norte de Santander en los próximos cuatro años.

Al sentarme a escribir esta columna faltan apenas 20 días, 14 horas, 5 minutos y 44 segundos para que se abran las urnas en la primera vuelta presidencial en Colombia. Unas elecciones que ya muchos consideran históricas y de las que todo el país habla a diario: entre la furia y la esperanza, entre la incertidumbre y el miedo, entre la ilusión de avanzar o el temor de fracasar nuevamente como nación.

Así transcurren hoy los días en Colombia: esperando. Esperando casi como quien espera un mesías, mientras el tiempo político se agota y las regiones siguen reclamando respuestas.

Los candidatos que lideran las encuestas ya pasaron por Cúcuta. Todos aseguran haber llenado plazas públicas. Unos hablan de cinco mil asistentes, otros de diez mil, e incluso algunos elevan la cifra hasta veinte mil personas acompañando sus recorridos. Pero más allá de la euforia electoral, de las caravanas y de las fotografías para redes sociales, sigue faltando lo esencial: claridad sobre qué propone realmente cada uno para Norte de Santander.

Porque para Cúcuta y el departamento, la seguridad no es un debate ideológico: es una necesidad cotidiana. La presencia de grupos armados, el narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la violencia urbana convierten este tema en el principal termómetro para evaluar cualquier candidatura presidencial.

Hoy las autoridades mantienen operaciones militares y refuerzo institucional en zonas rurales de Cúcuta y el Catatumbo debido al deterioro del orden público. Y frente a esa realidad, las propuestas empiezan a marcar profundas diferencias.

Un eventual gobierno de Iván Cepeda tendría impacto en la región a través de una apuesta por negociación, inversión social y continuidad de programas territoriales. Sus defensores consideran que esto podría disminuir tensiones sociales en el Catatumbo; sus críticos advierten que podría aumentar la percepción de debilidad frente a los grupos armados ilegales.

Una eventual presidencia de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella probablemente significaría una política de seguridad mucho más agresiva y militarizada en frontera, especialmente contra el ELN, las disidencias y las redes criminales. Eso podría generar una sensación inmediata de control territorial, aunque también elevar tensiones en zonas históricamente conflictivas.

En el caso de Sergio Fajardo, su enfoque combina fortalecimiento policial, inteligencia y estabilidad institucional. Para Norte de Santander podría representar una estrategia menos confrontacional que la derecha dura, pero más estricta que el actual modelo de seguridad.

Y hay un elemento adicional que hace única esta elección para la región: ningún departamento depende tanto de la política exterior presidencial como Norte de Santander. Cada decisión sobre Venezuela impacta directamente el empleo, el comercio, la migración, la seguridad, la salud y hasta la economía informal de miles de familias cucuteñas.

Cepeda propone fortalecer la reapertura económica binacional, facilitar créditos empresariales y dinamizar nuevamente el comercio fronterizo. Para Cúcuta, esto podría impulsar sectores comerciales y logísticos golpeados desde el cierre fronterizo de 2015.

En contraste, un gobierno de línea más dura como el de Valencia o De la Espriella podría endurecer controles fronterizos y priorizar la seguridad sobre la integración económica. Eso podría mejorar el control territorial, aunque también afectaría la dinámica comercial binacional de la que dependen miles de personas.

Fajardo, por su parte, probablemente mantendría una relación pragmática con Venezuela, intentando equilibrar seguridad y apertura económica gradual.

La salud representa otro de los grandes dramas regionales. La red hospitalaria de Norte de Santander vive bajo presión permanente debido a la migración, la sobreocupación, el déficit financiero y una demanda regional que supera la capacidad instalada.

Hoy el sistema de salud colombiano atraviesa probablemente la peor crisis de su historia reciente.

Una continuidad de reformas similares a las actuales, impulsadas desde sectores cercanos a Cepeda, podría transformar profundamente el modelo de EPS, aunque existe temor regional sobre la capacidad administrativa y financiera para sostener el sistema.

Fajardo plantea fortalecer las EPS y la atención primaria, algo que podría generar mayor estabilidad para la red hospitalaria fronteriza.

Mientras tanto, una eventual administración de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella apostaría por reforzar el modelo mixto actual, fortalecer la gerencia hospitalaria y ejercer un mayor control fiscal sobre el sistema.

En materia económica, la deuda histórica sigue intacta. Cúcuta continúa siendo una de las ciudades con mayores niveles de informalidad y desempleo del país.

Aquí el impacto presidencial es determinante porque depende de la apertura comercial, de los incentivos empresariales, de la inversión pública nacional y de una verdadera estabilización del intercambio binacional.

Cepeda ha hablado de reactivación económica fronteriza y apoyo a empresarios medianos. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella proponen atraer inversión mediante reducción de inseguridad y fortalecimiento de la confianza empresarial. Fajardo apuesta por estabilidad fiscal y fortalecimiento institucional.

Pero la gran pregunta continúa sin respuesta clara:

¿Quién tiene realmente un plan económico exclusivo para la frontera?

Porque cualquier presidente que llegue a la Casa de Nariño en 2026 (sea de izquierda, derecha, centro o progresismo) será juzgado en Norte de Santander por lo que ocurra en el Catatumbo durante los próximos cuatro años.

Y es allí donde Colombia tiene hoy uno de sus mayores desafíos nacionales: cultivos ilícitos, grupos armados, pobreza, desplazamiento masivo y una crisis humanitaria que parece avanzar más rápido que las soluciones del Estado.

La población del departamento está cansada de escuchar promesas nacionales que nunca se traducen en resultados concretos. El agotamiento ciudadano frente al discurso político tradicional es cada vez más evidente.

Por eso, para Norte de Santander, la elección presidencial de 2026 no definirá solamente quién gobernará Colombia.

Definirá quién está dispuesto, por fin, a mirar seriamente hacia Cúcuta y la frontera.

Porque después de décadas de abandono, la verdadera pregunta no es quién ganará las elecciones.

La verdadera pregunta es:¿quién tiene realmente un plan serio para Norte de Santander? ¿O ME EQUIVOCO?


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