¿Quién tiene la razón?

 

La cesión del contrato de concesión del acueducto y alcantarillado de Cúcuta a Veolia se ha convertido, quizá, en uno de los debates más trascendentales para el futuro de la ciudad. Más allá de las posiciones políticas, la pregunta que hoy se hacen miles de cucuteños es sencilla: ¿quién tiene la razón?

La ciudad esperaba que el alcalde cumpliera la promesa expresada reiterativamente sobre la toma de la operación del acueducto directamente por la alcaldía en cabeza de la EIS y es posible que ahí inicie la controversia.

De un lado, la administración municipal y la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta (EIS) sostienen que la decisión fue necesaria para garantizar la continuidad del servicio, asegurar inversiones multimillonarias y modernizar una infraestructura que desde hace años enfrenta enormes desafíos. Según esta postura, la llegada de un operador con experiencia internacional permitirá ejecutar proyectos que el municipio difícilmente podría financiar por sí solo.

Del otro lado están los concejales, sectores ciudadanos y algunos expertos que consideran que la cesión deja demasiados interrogantes. ¿Por qué no se realizó una nueva licitación? ¿Se protegieron suficientemente los intereses del municipio? ¿Qué garantías existen de que las inversiones prometidas se cumplirán? ¿Cómo impactará esto las tarifas y el control público sobre un servicio esencial?

La verdad es que ambas partes tienen argumentos válidos.

La ciudad necesita inversiones urgentes en su sistema de acueducto y alcantarillado. Eso es indiscutible. Pero también es cierto que cuando se trata de un servicio público esencial, las decisiones deben estar rodeadas de la máxima transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica.

Quizá el verdadero debate no es si Veolia es una buena o una mala empresa, ni tampoco si la administración actuó de buena o de mala fe. El verdadero debate es si los cucuteños cuentan hoy con toda la información necesaria para tener la certeza de que la mejor decisión para el futuro de la ciudad fue la que finalmente se tomó.

En una democracia, la confianza no se impone; se construye con información, transparencia y rendición de cuentas.

Por eso, más que vencedores y vencidos, este debate deja una gran responsabilidad: que la administración, la EIS, Veolia, el Concejo y los organismos de control garanticen que cada decisión tomada responda exclusivamente al interés general y no a intereses particulares.

Porque al final, el acueducto no es un negocio cualquiera. El agua es un derecho fundamental y su administración debe estar siempre al servicio de los ciudadanos.

La historia aún no ha terminado. El control político continúa, los interrogantes siguen abiertos y será el tiempo, la justicia y, sobre todo, los resultados en la prestación del servicio, los que terminen respondiendo la pregunta que hoy se hace Cúcuta: ¿quién tenía la razón?.

Y en medio de esta controversia, el Concejo de Cúcuta tampoco puede salir indemne de las críticas. Una vez más, la sensación que queda en la ciudadanía es que el control político llega tarde, cuando las decisiones ya están tomadas y los hechos prácticamente consumados. No es la primera vez que la administración mueve sus fichas con anticipación y el Concejo reacciona después, limitándose a debates que generan titulares, pero pocas consecuencias concretas. Los controles políticos no pueden seguir siendo simples ejercicios retóricos o un saludo a la bandera. Si el Concejo quiere reivindicar su papel como representante de los ciudadanos, debe ejercer un control oportuno, riguroso y preventivo, capaz de anticiparse a las decisiones que comprometen el futuro de la ciudad y no limitarse a cuestionarlas cuando ya parecen irreversibles. De lo contrario, seguirá creciendo la percepción de que el poder de vigilancia del cabildo es más simbólico que efectivo y que, frente a las grandes decisiones de Cúcuta, la administración siempre va varios pasos adelante. ¿O ME EQUIVOCO?