La silla vacía de la justicia en el Concejo de Cúcuta

 

Hay momentos en los que una ciudad puede medir la salud de su democracia observando cómo reaccionan sus instituciones frente a las decisiones de la justicia. En Cúcuta estamos viviendo uno de esos momentos.

El caso del concejal Oliverio Castellanos se ha convertido en una prueba incómoda para el sistema político local. No por el nombre del protagonista, ni siquiera por las disputas jurídicas que rodearon su proceso, sino por algo mucho más delicado: el respeto —o la falta de respeto— por las decisiones de los jueces.

No soy amigo del concejal Oliverio Castellanos, y mucho menos pretendo convertirme en su escudero ni en el defensor de su proceso. Ese no es el punto. Aquí lo verdaderamente preocupante es otra cosa: que en Colombia empiece a normalizarse la peligrosa cultura de no obedecer a la justicia cuando las decisiones no gustan o no convienen políticamente. Porque un país donde las sentencias se discuten, se dilatan o simplemente se ignoran, deja de ser un Estado de Derecho. Y cuando la justicia deja de ser obligatoria para convertirse en algo opcional, lo que queda no es democracia, sino un terreno donde cada quien decide qué ley respetar y cuál no. Y en un país así, tarde o temprano, la institucionalidad termina por derrumbarse.

Castellanos fue objeto de un proceso que terminó con la pérdida de su investidura luego de que se cuestionara una actuación administrativa ocurrida cuando presidía el Concejo Municipal, relacionada con el pago de honorarios a un concejal sin que estuviera acreditada su asistencia a una sesión. Ese episodio derivó en un proceso judicial que terminó sacándolo de su curul.

Pero la historia no terminó allí. Posteriormente, decisiones judiciales determinaron que el dirigente político debía recuperar su curul. Un tribunal ordenó su reintegro al Concejo de Cúcuta, reconociendo la vigencia de sus derechos políticos y estableciendo con claridad que debía volver a ocupar el escaño para el cual fue elegido por los ciudadanos.

Conviene subrayar un hecho que no es menor: la decisión que ordena el regreso del concejal Oliverio Castellanos a su curul no proviene de una instancia menor ni de una interpretación administrativa, sino de una determinación adoptada por el Consejo de Estado, el más alto tribunal de lo contencioso administrativo del país. En consecuencia, su cumplimiento no está sujeto a debates políticos ni a interpretaciones acomodadas. Las decisiones del Consejo de Estado son de obligatorio acatamiento para todas las autoridades públicas.

En teoría, en un Estado de Derecho, una decisión judicial debería bastar. Pero en la práctica, lo que estamos viendo en Cúcuta es un escenario preocupante: la orden de reintegro se ha convertido en un pulso político y administrativo donde pasan los días, las sesiones avanzan y la silla del concejal sigue en el limbo.

Conviene decirlo con total claridad: en Colombia las órdenes judiciales no son optativas. Si existe un fallo que ordena el reintegro de un concejal y este no se cumple, las directivas del Concejo que estén obligadas a ejecutarlo podrían enfrentar consecuencias personales muy serias. Un juez puede abrir un incidente de desacato que conlleva multas e incluso arresto, y además podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación que podrían terminar en suspensiones, destituciones o inhabilidades para ejercer cargos públicos. Pero el asunto no termina allí: si se determina que hubo una negativa deliberada a cumplir una orden judicial, el caso podría escalar a la esfera penal y terminar siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos relacionados con el desacato o el incumplimiento de decisiones judiciales. En otras palabras, ignorar un fallo no solo debilita la institucionalidad: también puede terminar comprometiendo seriamente la responsabilidad personal de quienes hoy creen que pueden aplazar indefinidamente lo que la justicia ya ordenó.

Y aquí es donde la discusión deja de ser sobre Oliverio Castellanos y pasa a ser sobre algo mucho más grande: la autoridad de la justicia.

Cuando un tribunal ordena algo y las instituciones tardan o se resisten a cumplirlo, se envía un mensaje profundamente peligroso a la ciudadanía. Se instala la idea de que las decisiones judiciales dependen de la conveniencia política, de la presión de los grupos de poder o de la interpretación interesada de quienes deberían acatarlas.

Eso erosiona la confianza pública.

Porque si un concejal, con una decisión judicial en la mano, no logra que se materialice un fallo que ordena su reintegro, ¿qué puede esperar el ciudadano común cuando gana una tutela para proteger sus derechos?

Las instituciones no pueden escoger qué fallos obedecer y cuáles dilatar. Esa práctica, que parece pequeña en el escenario local, es la misma grieta por donde comienza a deteriorarse el Estado de Derecho.

El Concejo de Cúcuta tiene hoy una oportunidad clara: demostrar que la institucionalidad está por encima de las diferencias políticas. Cumplir una decisión judicial no es un favor, ni un gesto de generosidad. Es una obligación constitucional.

De lo contrario, el mensaje que quedará en la ciudad será simple y devastador: en Cúcuta la justicia puede fallar… pero el poder decide si se cumple.

El problema ya no es Oliverio Castellanos; el problema es si en Cúcuta las decisiones de los jueces se cumplen… o se negocian. ¿ O ME EQUIVOCO ?

LA CIUDAD QUE SE PAVIMENTA MIENTRAS CRECE LA CALLE

 

Una de las banderas más visibles durante la campaña del hoy alcalde de Cúcuta, JORGE ACEVEDO, fue enfrentar de manera decidida el crecimiento de los habitantes de calle y los impactos sociales y de seguridad que este fenómeno genera en la ciudad. El discurso fue reiterado en plazas públicas, entrevistas y redes sociales: orden, intervención social, recuperación del espacio público y dignificación humana. El mensaje combinaba autoridad con política social y prometía una intervención integral que atendería tanto la problemática humanitaria como sus efectos en la convivencia ciudadana.

Sin embargo, a casi dos años de gobierno, la realidad en las calles parece contar otra historia. La percepción ciudadana no surge del capricho ni de la oposición política; nace de lo que se observa a diario en el centro, en los alrededores de centros comerciales, en avenidas principales y en barrios residenciales donde la presencia de personas en condición de calle es cada vez más notoria. Cuando una percepción se vuelve repetitiva y transversal en distintos sectores sociales, deja de ser opinión aislada y se convierte en síntoma de una política que no está funcionando.

De acuerdo con registros oficiales y reportes de años anteriores, Cúcuta tenía alrededor de 1.200 personas en situación de calle censadas hacia 2022. Organizaciones sociales y veedurías ciudadanas advierten que para 2024 la cifra podría superar las 1.800. Incluso si se aceptara un margen de variación en los datos según la fuente, el incremento es significativo y refleja una tendencia preocupante. Si el gobierno municipal cuenta con cifras distintas, debería hacerlas públicas, comparables y auditables, porque la transparencia es el primer paso para recuperar la confianza.

No se trata únicamente de un problema estético o de imagen urbana, como algunos intentan simplificarlo. Estamos hablando de salud pública, consumo problemático de sustancias, microtráfico, instrumentalización de personas vulnerables y riesgos de seguridad en determinados sectores de la ciudad. Ignorar la dimensión estructural del fenómeno es reducirlo a operativos temporales que solo desplazan el problema de una esquina a otra sin resolverlo de fondo.

Mientras tanto, la narrativa oficial ha girado con fuerza hacia la pavimentación de calles y la ejecución de obras visibles que son difundidas estratégicamente en redes sociales. Nadie discute que la infraestructura sea necesaria; las vías en buen estado mejoran movilidad y calidad de vida. Lo cuestionable es la desproporción comunicacional y política entre lo que se muestra y lo que se omite. Se conocen con precisión los metros de asfalto colocados, pero no se conocen con la misma claridad cuántas personas han sido rehabilitadas, cuántas han accedido a tratamiento, cuántas han sido reintegradas a entornos familiares o laborales, ni cuántos casos exitosos puede presentar la administración con seguimiento verificable.

La política social no puede medirse en transmisiones en vivo ni en publicaciones nocturnas de maquinaria trabajando. Se mide en resultados sostenibles, en reducción real de cifras, en presupuestos ejecutados con impacto y en programas estructurados que sobrevivan al titular del día. Si en 2022 había cerca de 1.200 personas en situación de calle y hoy la cifra supera las 1.800, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con la promesa de contención y reducción del fenómeno? ¿Cuántos ingresos nuevos mensuales se están registrando? ¿Qué porcentaje corresponde a población migrante, qué porcentaje a consumo problemático, qué porcentaje a ruptura familiar? Sin diagnóstico serio no hay política pública eficaz.

Además, el fenómeno no puede desligarse del contexto de seguridad que atraviesa la ciudad. Cúcuta ha enfrentado dinámicas de violencia complejas en los últimos años y cualquier aumento en la vulnerabilidad social termina siendo terreno fértil para redes ilegales que instrumentalizan la pobreza. Cuando el abandono crece, también crecen los riesgos. Y cuando la administración prioriza la imagen sobre la estructura, la ciudad termina pagando el costo.

Es posible que el alcalde haya subestimado la complejidad del problema o que haya calculado que el desgaste político de enfrentar una crisis social profunda no compensa en términos de popularidad. Es posible que haya concluido que es más rentable políticamente mostrar concreto y asfalto que explicar procesos largos de rehabilitación cuyos resultados no se ven en semanas sino en años. Pero gobernar no es administrar la percepción; es asumir los problemas más difíciles aunque no sean los más fotogénicos.

La ciudadanía no necesita más videos de pavimentación casi en tiempo real. Necesita cifras claras, metas públicas medibles, presupuestos definidos, cronogramas de intervención y rendición de cuentas sobre el impacto real en la población en condición de calle. Necesita saber si la cifra bajará o seguirá aumentando mientras se normaliza el fenómeno como parte del paisaje urbano.

Si la administración sostiene que el problema está siendo atendido, que publique los resultados comparativos año a año. Si sostiene que la cifra no ha aumentado, que presente el censo actualizado. Si asegura que existen programas exitosos, que los documente con números y seguimiento. La política pública se defiende con datos, no con narrativa.

Porque cada persona que duerme en una acera es el reflejo de una falla institucional. Y si en dos años la cifra pasó de alrededor de 1.200 a más de 1.800, el balance no es neutral: es negativo. No se puede pavimentar el abandono social. No se puede cubrir con asfalto lo que no se ha resuelto con política pública. Y si la promesa fue acabar con el crecimiento del fenómeno, hoy la realidad demuestra que la promesa no solo no se cumplió, sino que la situación empeoró.

El asfalto se endurece en cuestión de horas. La crisis social, cuando no se enfrenta con decisión, se endurece durante décadas. Y la historia política es implacable: a los gobiernos no se les recuerda por los videos que publicaron, sino por los problemas que resolvieron… o por los que dejaron crecer frente a los ojos de todos. Es una promesa que se quedó en campaña. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

Demolimos el Triángulo… pero el sector sigue triangular

 

¿Recuerdan el sector del “Triángulo” en la ciudad de Cúcuta? Hace apenas unos días estuve por allí con la intención de ver y sentir un entorno mejor, tanto en seguridad como en urbanismo. Lo que encontré fue, en esencia, el mismo Parque Lineal deteriorado. Y digo deteriorado porque, personalmente, nunca me ha gustado: me parece un esperpento urbanístico y un desaprovechamiento de un área estratégica que pudo convertirse en un verdadero pulmón verde y en un eje de renovación urbana para la ciudad.

Pero más allá de la estética, lo que motivó esta columna fue la realidad social y de seguridad que encontré. En el lugar había un CAI móvil instalado sobre un terreno de tierra, como si estuviera aislado en medio del desierto urbano. Justo frente a él, numerosos habitantes de calle consumían sustancias psicoactivas a plena luz del día, ante la mirada de transeúntes, hombres, mujeres y niños. No sé qué tanto haya mejorado la seguridad en este sector después de la demolición del Triángulo, pero lo cierto es que transitar por allí, a pie o incluso en vehículo, no genera ninguna sensación de tranquilidad. Personas cocinando en ollas improvisadas sobre el espacio público, ocupación informal de la vía y un CAI que, aunque presente, no parecía acompañado de una estrategia integral de control. Hago la salvedad: puedo estar equivocado, pero lo que no vi fue una presencia policial efectiva y permanente.

La demolición del Triángulo fue una intervención necesaria. Durante años fue un enclave de informalidad, receptación de autopartes robadas y dinámicas criminales que degradaron el entorno urbano. Sin embargo, derribar estructuras no equivale a transformar la ciudad. La experiencia en múltiples ciudades latinoamericanas demuestra que cuando se interviene un foco del delito sin una política social, económica y urbana integral, el problema simplemente se desplaza; no desaparece.

Cúcuta sigue enfrentando una informalidad laboral superior al sesenta por ciento, una de las más altas del país, y tasas de desempleo históricamente superiores al promedio nacional. A ello se suma la presión migratoria, la economía ilegal propia de la frontera y la debilidad institucional. En ese contexto, espacios como el Triángulo no son accidentes urbanos, sino síntomas de una ciudad que aún no logra consolidar un proyecto productivo y social de largo plazo.

Se desperdicia un tiempo valioso sin un plan integral de renovación urbana para este espacio estratégico. La avenida sexta, amplia en diseño y potencial, se queda corta en la práctica por el caos de la informalidad, la falta de control del espacio público y la ausencia de una visión urbanística coherente. Recuperar espacio público no es tumbar casetas; es llenar el vacío con ciudad: parques vivos, comercio formal, cultura, iluminación, vigilancia, oportunidades económicas y presencia institucional permanente.

Ojalá el alcalde haya previsto recursos dentro del presupuesto con el que hoy se intervienen varios sectores con asfalto y obras viales, para impactar también el Triángulo y su área de influencia, incluido el Parque Lineal. Porque, paradójicamente, hoy el sector es más triangular que nunca: un espacio atrapado entre el abandono, la informalidad y la improvisación.

Demolimos el Triángulo físico, pero no demolimos las causas que lo crearon. Mientras sigamos gobernando con retroexcavadoras y no con ideas, Cúcuta seguirá siendo una ciudad triangular: atrapada entre el caos, la informalidad y la falta de visión. ¿O ME EQUIVOCO?

Indiferencia: el verdadero partido ganador

 

La democracia es generosa. Permite votar, opinar, protestar, disentir.

Pero también concede una libertad más peligrosa: la de renunciar a decidir y luego reclamar como si se hubiera decidido.

En Colombia entramos nuevamente en temporada electoral. Las campañas se multiplican, los discursos se radicalizan y las plazas se llenan de promesas. Sin embargo, hay una constante que se repite con una precisión casi matemática: la abstención crece. Y, paradójicamente, también crece la indignación ciudadana.

Nos quejamos de los políticos con una constancia admirable. Los acusamos de corrupción, incompetencia, populismo o autoritarismo. Todo eso puede ser cierto. Pero hay una verdad más incómoda que pocas veces queremos aceptar: una parte del destino político del país no la deciden los políticos, la decide la ciudadanía cuando decide no participar.

Las cifras son tan simples como demoledoras.

De diez colombianos, cinco dicen que la política no les importa. Es la forma contemporánea de la neutralidad cómoda, del “eso no es conmigo”. De los cinco que quedan, uno pierde el voto porque nunca le enseñaron a votar, porque se extravía en los tarjetones buscando rostros donde solo hay logos, números y partidos. Quedan cuatro. De esos cuatro, uno vota en blanco, ejerciendo legítimamente su derecho a no escoger.

Al final, solo tres ciudadanos terminan decidiendo por los diez.

Tres deciden el rumbo de todos.
Y los otros siete, con una coherencia casi poética, se reservan el derecho a quejarse.

La democracia colombiana no está dominada por mayorías fervorosas, sino por minorías persistentes. Minorías que votan, participan, organizan, financian, movilizan. El resto observa, critica, comenta en redes, se indigna en la sobremesa y vuelve a casa sin haber movido un solo engranaje del sistema que tanto critica.

En este escenario aparece un personaje recurrente de nuestras jornadas electorales: el demócrata multicolor. Ese ciudadano que va a todas las masivas, ondea todas las banderas, grita en todas las plazas y se toma la foto con todos los candidatos. Azul, rojo, verde, amarillo, naranja. Su ideología es la tarima, su partido es el entusiasmo momentáneo, su convicción es la selfie. No delinque, no viola la ley, pero se engaña a sí mismo y, de paso, trivializa la democracia reduciéndola a espectáculo.

La democracia no es una fiesta, aunque tenga tarimas.
No es un partido de fútbol, aunque tenga barras.
No es un concierto, aunque tenga himnos y banderas.

La democracia es una responsabilidad cotidiana. Implica informarse, deliberar, votar, aceptar resultados, exigir cuentas. Implica comprender que la libertad no es solo el derecho a hablar, sino el deber de decidir.

Aristóteles —no, no es un candidato— entendía la política como una dimensión esencial de la vida humana. No como un oficio sucio del que hay que huir, sino como el espacio donde se define el bien común. Hoy, en cambio, hemos convertido la política en un espectáculo distante, algo que otros hacen mientras nosotros comentamos desde la tribuna.

La democracia es imperfecta, ruidosa, frustrante. Pero sigue siendo el mecanismo menos malo que hemos inventado para convivir sin matarnos. No es garantía de buenos gobiernos, pero es la única garantía de que podamos cambiarlos sin violencia.

Por eso, en las próximas jornadas electorales no solo se elegirán cargos. Se elegirá el nivel de compromiso ciudadano. Se decidirá cuántos seguirán renunciando a su voz y cuántos asumirán el peso incómodo de participar. Se definirá si la política seguirá siendo cosa de tres o si, por fin, se convertirá en asunto de todos.

La democracia no fracasa cuando votamos mal.
Fracasa cuando no votamos.
Y fracasa doblemente cuando, después de no votar, exigimos como si lo hubiéramos hecho.

Porque en política, como en la vida, quien no decide, acepta que otros decidan por él.

Y eso, también, es una forma de voto. La democracia no se pierde con el voto. Se pierde con la indiferencia. ¿o me equivoco?.