El fracaso del bilingüismo en Colombia

 

22 años de una política pública sin resultados reales en las aulas del país.

Cuántas cosas podríamos cambiar a futuro si realmente entendiéramos el valor del tiempo en los primeros años de vida. Allí, donde se forma el lenguaje, donde se construyen las bases del pensamiento, donde aprender no es una obligación sino una condición natural.

En Colombia, sin embargo, esa ventana de oportunidad parece haberse desperdiciado. La política pública de bilingüismo, lanzada con entusiasmo en 2004, prometía una transformación profunda del sistema educativo. Se habló de competitividad, de globalización, de cerrar brechas. Pero más de dos décadas después, la realidad cuenta una historia distinta.

Han pasado ya 22 años desde ese punto de partida. Eso significa que aquel niño que en 2005 comenzó su educación básica hoy debería, en teoría, dominar el inglés con la misma naturalidad con la que domina su lengua materna. No es una expectativa descabellada: es precisamente en esos años donde el colombiano promedio aprende a leer, escribir y comunicarse en español. Si el bilingüismo era una meta seria, ese resultado debía ser visible hoy.

Pero no lo es.

La pregunta entonces es inevitable: ¿qué fue exactamente lo que se prometió? ¿Formar ciudadanos bilingües o simplemente incorporar el inglés como una asignatura más en el horario escolar? Porque la diferencia entre una cosa y la otra es abismal, y los resultados parecen evidenciar que nunca se trató de lo primero.

Hoy, a simple vista, no existe un bilingüismo real en la educación colombiana. Lo que sí existe es una ilusión sostenida por documentos, planes y discursos oficiales. Basta mirar el tránsito hacia la educación superior: miles de estudiantes enfrentan el inglés como un obstáculo, no como una herramienta. Presentar un examen de nivel se convierte en un ejercicio de supervivencia académica, no en la demostración natural de una competencia adquirida.

Y entonces surge una conclusión incómoda: ¿hemos perdido el tiempo?

Más grave aún, ¿existieron realmente metas claras, medibles y alcanzables, o todo quedó en la retórica de una política pública bien intencionada pero mal ejecutada? Porque lo frustrante no es solo que los resultados no hayan llegado, sino la sospecha de que nunca hubo un camino real para alcanzarlos.

Pero más allá de las percepciones, los datos son aún más contundentes —y más incómodos.

Si algo debería evidenciar el éxito de una política pública educativa son sus resultados medibles. Y en Colombia, el principal termómetro es la prueba Saber 11. Allí, el panorama es revelador: en 2024, solo el 4% de los estudiantes alcanzó los niveles más altos de inglés, mientras que el 96% no logra comprender textos complejos en este idioma.

Es decir, después de 22 años de política de bilingüismo, prácticamente todo el sistema educativo sigue formando estudiantes con niveles básicos o insuficientes.

Más aún: la mayoría de estudiantes sigue concentrada en los niveles más bajos del Marco Común Europeo (A1 y A2), e incluso una proporción importante permanece por debajo del nivel mínimo esperado.

Esto no es bilingüismo. Es, en el mejor de los casos, una alfabetización mínima en inglés.

Pero el problema no termina en las aulas. Cuando se observa a Colombia en el contexto internacional, la situación se vuelve todavía más crítica. El país se ubica en niveles bajos de dominio del inglés a nivel global, lejos de las naciones que han logrado avances sostenidos en esta materia.

En ciudades como Cúcuta, la situación es aún más reveladora: programas oficiales han tenido que intervenir para reforzar el inglés de estudiantes justo antes de presentar las pruebas Saber 11, evidenciando que el sistema no logra desarrollar esa competencia de manera estructural durante la formación escolar.

Que cientos de estudiantes deban recibir cursos intensivos de última hora para enfrentar el examen no es un síntoma de avance, sino la confirmación de un modelo que no está formando bilingües, sino improvisando resultados.

Entonces, la conclusión deja de ser una opinión y se convierte en un hecho: Colombia no es un país bilingüe, ni siquiera en transición hacia serlo.

Lo que existe es una política que ha logrado institucionalizar la enseñanza del inglés, pero no su aprendizaje real. Una política que mide, clasifica y reporta… pero que no transforma.

Y entonces, después de más de dos décadas, la gran pregunta no es por qué Colombia no es bilingüe, sino por qué seguimos insistiendo en decir que lo será bajo las mismas fórmulas que ya fracasaron.

Porque el verdadero espejismo no es el bilingüismo: es creer que basta con enseñarlo para que exista. ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

“El caos de la Gazapa: cuando la solución termina creando el problema”

 

Ayer tuve que transitar por el puente de la Gazapa para dirigirme hacia el sector de Prados del Este y por un momento pensé que estaba atrapado en medio de un monumental trancón en Bogotá, y no en la ciudad de Cúcuta.

La fila de carros iniciaba en la Avenida Libertadores y se extendía hasta el Anillo Vial Oriental. Y lo más sorprendente es que no era hora pico laboral. Era un sábado a las ocho de la noche.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué está pasando con la movilidad en ese punto de la ciudad?

Alguien tuvo la brillante idea de instalar una pequeña redoma o rotonda justo antes de iniciar la subida al Puente de la Gazapa, en el sentido occidente–oriente. Y por si fuera poco, también se añadieron reductores de velocidad.

El resultado es exactamente el que cualquier ciudadano podía prever: caos vehicular.

La circulación se vuelve lenta, los vehículos se acumulan y lo que debería ser un corredor de movilidad termina convertido en un embudo.

Desde hace meses he venido alzando la voz sobre otro problema similar: los reductores de velocidad instalados en la Avenida Libertadores. La intención, seguramente, era prevenir accidentes. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario de lo que se pretendía.

No solo no han demostrado ser una solución efectiva para mejorar la seguridad vial, sino que en las horas pico generan verdaderos colapsos en ambos sentidos de la vía, tanto norte–sur como sur–norte.

Y ahora, para completar el panorama, esa misma lógica de improvisación parece haberse trasladado al acceso del puente de la Gazapa: reductores de velocidad y una rotonda en un punto de altísimo flujo vehicular.

Quienes conocen el funcionamiento de las rotondas saben que no siempre son una solución adecuada. En muchas ocasiones, especialmente en zonas con tráfico intenso, se convierten en escenarios de disputa vial: todos quieren pasar primero, tanto quienes entran como quienes salen.

El resultado es el mismo de siempre: congestión, confusión y pérdida de tiempo para los ciudadanos.

La movilidad urbana no se puede improvisar.

Las decisiones sobre el diseño de las vías deben responder a estudios técnicos serios de tránsito, flujo vehicular y seguridad vial. De lo contrario, lo que termina ocurriendo es exactamente lo que estamos viendo: soluciones que terminan creando nuevos problemas.

Cúcuta es una ciudad que ha crecido rápidamente en los últimos años. Su parque automotor aumenta cada día y la infraestructura vial debe adaptarse a esa realidad.

Pero eso exige planificación, no experimentos.

¿hay alguien escuchando estos reclamos ciudadanos y evaluando realmente qué está pasando con la movilidad en estos puntos críticos de la ciudad?

“Porque gobernar una ciudad no es poner reductores y rotondas al azar: es entender cómo se mueve la ciudad antes de terminar paralizándola.” ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

 

La silla vacía de la justicia en el Concejo de Cúcuta

 

Hay momentos en los que una ciudad puede medir la salud de su democracia observando cómo reaccionan sus instituciones frente a las decisiones de la justicia. En Cúcuta estamos viviendo uno de esos momentos.

El caso del concejal Oliverio Castellanos se ha convertido en una prueba incómoda para el sistema político local. No por el nombre del protagonista, ni siquiera por las disputas jurídicas que rodearon su proceso, sino por algo mucho más delicado: el respeto —o la falta de respeto— por las decisiones de los jueces.

No soy amigo del concejal Oliverio Castellanos, y mucho menos pretendo convertirme en su escudero ni en el defensor de su proceso. Ese no es el punto. Aquí lo verdaderamente preocupante es otra cosa: que en Colombia empiece a normalizarse la peligrosa cultura de no obedecer a la justicia cuando las decisiones no gustan o no convienen políticamente. Porque un país donde las sentencias se discuten, se dilatan o simplemente se ignoran, deja de ser un Estado de Derecho. Y cuando la justicia deja de ser obligatoria para convertirse en algo opcional, lo que queda no es democracia, sino un terreno donde cada quien decide qué ley respetar y cuál no. Y en un país así, tarde o temprano, la institucionalidad termina por derrumbarse.

Castellanos fue objeto de un proceso que terminó con la pérdida de su investidura luego de que se cuestionara una actuación administrativa ocurrida cuando presidía el Concejo Municipal, relacionada con el pago de honorarios a un concejal sin que estuviera acreditada su asistencia a una sesión. Ese episodio derivó en un proceso judicial que terminó sacándolo de su curul.

Pero la historia no terminó allí. Posteriormente, decisiones judiciales determinaron que el dirigente político debía recuperar su curul. Un tribunal ordenó su reintegro al Concejo de Cúcuta, reconociendo la vigencia de sus derechos políticos y estableciendo con claridad que debía volver a ocupar el escaño para el cual fue elegido por los ciudadanos.

Conviene subrayar un hecho que no es menor: la decisión que ordena el regreso del concejal Oliverio Castellanos a su curul no proviene de una instancia menor ni de una interpretación administrativa, sino de una determinación adoptada por el Consejo de Estado, el más alto tribunal de lo contencioso administrativo del país. En consecuencia, su cumplimiento no está sujeto a debates políticos ni a interpretaciones acomodadas. Las decisiones del Consejo de Estado son de obligatorio acatamiento para todas las autoridades públicas.

En teoría, en un Estado de Derecho, una decisión judicial debería bastar. Pero en la práctica, lo que estamos viendo en Cúcuta es un escenario preocupante: la orden de reintegro se ha convertido en un pulso político y administrativo donde pasan los días, las sesiones avanzan y la silla del concejal sigue en el limbo.

Conviene decirlo con total claridad: en Colombia las órdenes judiciales no son optativas. Si existe un fallo que ordena el reintegro de un concejal y este no se cumple, las directivas del Concejo que estén obligadas a ejecutarlo podrían enfrentar consecuencias personales muy serias. Un juez puede abrir un incidente de desacato que conlleva multas e incluso arresto, y además podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación que podrían terminar en suspensiones, destituciones o inhabilidades para ejercer cargos públicos. Pero el asunto no termina allí: si se determina que hubo una negativa deliberada a cumplir una orden judicial, el caso podría escalar a la esfera penal y terminar siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos relacionados con el desacato o el incumplimiento de decisiones judiciales. En otras palabras, ignorar un fallo no solo debilita la institucionalidad: también puede terminar comprometiendo seriamente la responsabilidad personal de quienes hoy creen que pueden aplazar indefinidamente lo que la justicia ya ordenó.

Y aquí es donde la discusión deja de ser sobre Oliverio Castellanos y pasa a ser sobre algo mucho más grande: la autoridad de la justicia.

Cuando un tribunal ordena algo y las instituciones tardan o se resisten a cumplirlo, se envía un mensaje profundamente peligroso a la ciudadanía. Se instala la idea de que las decisiones judiciales dependen de la conveniencia política, de la presión de los grupos de poder o de la interpretación interesada de quienes deberían acatarlas.

Eso erosiona la confianza pública.

Porque si un concejal, con una decisión judicial en la mano, no logra que se materialice un fallo que ordena su reintegro, ¿qué puede esperar el ciudadano común cuando gana una tutela para proteger sus derechos?

Las instituciones no pueden escoger qué fallos obedecer y cuáles dilatar. Esa práctica, que parece pequeña en el escenario local, es la misma grieta por donde comienza a deteriorarse el Estado de Derecho.

El Concejo de Cúcuta tiene hoy una oportunidad clara: demostrar que la institucionalidad está por encima de las diferencias políticas. Cumplir una decisión judicial no es un favor, ni un gesto de generosidad. Es una obligación constitucional.

De lo contrario, el mensaje que quedará en la ciudad será simple y devastador: en Cúcuta la justicia puede fallar… pero el poder decide si se cumple.

El problema ya no es Oliverio Castellanos; el problema es si en Cúcuta las decisiones de los jueces se cumplen… o se negocian. ¿ O ME EQUIVOCO ?

LA CIUDAD QUE SE PAVIMENTA MIENTRAS CRECE LA CALLE

 

Una de las banderas más visibles durante la campaña del hoy alcalde de Cúcuta, JORGE ACEVEDO, fue enfrentar de manera decidida el crecimiento de los habitantes de calle y los impactos sociales y de seguridad que este fenómeno genera en la ciudad. El discurso fue reiterado en plazas públicas, entrevistas y redes sociales: orden, intervención social, recuperación del espacio público y dignificación humana. El mensaje combinaba autoridad con política social y prometía una intervención integral que atendería tanto la problemática humanitaria como sus efectos en la convivencia ciudadana.

Sin embargo, a casi dos años de gobierno, la realidad en las calles parece contar otra historia. La percepción ciudadana no surge del capricho ni de la oposición política; nace de lo que se observa a diario en el centro, en los alrededores de centros comerciales, en avenidas principales y en barrios residenciales donde la presencia de personas en condición de calle es cada vez más notoria. Cuando una percepción se vuelve repetitiva y transversal en distintos sectores sociales, deja de ser opinión aislada y se convierte en síntoma de una política que no está funcionando.

De acuerdo con registros oficiales y reportes de años anteriores, Cúcuta tenía alrededor de 1.200 personas en situación de calle censadas hacia 2022. Organizaciones sociales y veedurías ciudadanas advierten que para 2024 la cifra podría superar las 1.800. Incluso si se aceptara un margen de variación en los datos según la fuente, el incremento es significativo y refleja una tendencia preocupante. Si el gobierno municipal cuenta con cifras distintas, debería hacerlas públicas, comparables y auditables, porque la transparencia es el primer paso para recuperar la confianza.

No se trata únicamente de un problema estético o de imagen urbana, como algunos intentan simplificarlo. Estamos hablando de salud pública, consumo problemático de sustancias, microtráfico, instrumentalización de personas vulnerables y riesgos de seguridad en determinados sectores de la ciudad. Ignorar la dimensión estructural del fenómeno es reducirlo a operativos temporales que solo desplazan el problema de una esquina a otra sin resolverlo de fondo.

Mientras tanto, la narrativa oficial ha girado con fuerza hacia la pavimentación de calles y la ejecución de obras visibles que son difundidas estratégicamente en redes sociales. Nadie discute que la infraestructura sea necesaria; las vías en buen estado mejoran movilidad y calidad de vida. Lo cuestionable es la desproporción comunicacional y política entre lo que se muestra y lo que se omite. Se conocen con precisión los metros de asfalto colocados, pero no se conocen con la misma claridad cuántas personas han sido rehabilitadas, cuántas han accedido a tratamiento, cuántas han sido reintegradas a entornos familiares o laborales, ni cuántos casos exitosos puede presentar la administración con seguimiento verificable.

La política social no puede medirse en transmisiones en vivo ni en publicaciones nocturnas de maquinaria trabajando. Se mide en resultados sostenibles, en reducción real de cifras, en presupuestos ejecutados con impacto y en programas estructurados que sobrevivan al titular del día. Si en 2022 había cerca de 1.200 personas en situación de calle y hoy la cifra supera las 1.800, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con la promesa de contención y reducción del fenómeno? ¿Cuántos ingresos nuevos mensuales se están registrando? ¿Qué porcentaje corresponde a población migrante, qué porcentaje a consumo problemático, qué porcentaje a ruptura familiar? Sin diagnóstico serio no hay política pública eficaz.

Además, el fenómeno no puede desligarse del contexto de seguridad que atraviesa la ciudad. Cúcuta ha enfrentado dinámicas de violencia complejas en los últimos años y cualquier aumento en la vulnerabilidad social termina siendo terreno fértil para redes ilegales que instrumentalizan la pobreza. Cuando el abandono crece, también crecen los riesgos. Y cuando la administración prioriza la imagen sobre la estructura, la ciudad termina pagando el costo.

Es posible que el alcalde haya subestimado la complejidad del problema o que haya calculado que el desgaste político de enfrentar una crisis social profunda no compensa en términos de popularidad. Es posible que haya concluido que es más rentable políticamente mostrar concreto y asfalto que explicar procesos largos de rehabilitación cuyos resultados no se ven en semanas sino en años. Pero gobernar no es administrar la percepción; es asumir los problemas más difíciles aunque no sean los más fotogénicos.

La ciudadanía no necesita más videos de pavimentación casi en tiempo real. Necesita cifras claras, metas públicas medibles, presupuestos definidos, cronogramas de intervención y rendición de cuentas sobre el impacto real en la población en condición de calle. Necesita saber si la cifra bajará o seguirá aumentando mientras se normaliza el fenómeno como parte del paisaje urbano.

Si la administración sostiene que el problema está siendo atendido, que publique los resultados comparativos año a año. Si sostiene que la cifra no ha aumentado, que presente el censo actualizado. Si asegura que existen programas exitosos, que los documente con números y seguimiento. La política pública se defiende con datos, no con narrativa.

Porque cada persona que duerme en una acera es el reflejo de una falla institucional. Y si en dos años la cifra pasó de alrededor de 1.200 a más de 1.800, el balance no es neutral: es negativo. No se puede pavimentar el abandono social. No se puede cubrir con asfalto lo que no se ha resuelto con política pública. Y si la promesa fue acabar con el crecimiento del fenómeno, hoy la realidad demuestra que la promesa no solo no se cumplió, sino que la situación empeoró.

El asfalto se endurece en cuestión de horas. La crisis social, cuando no se enfrenta con decisión, se endurece durante décadas. Y la historia política es implacable: a los gobiernos no se les recuerda por los videos que publicaron, sino por los problemas que resolvieron… o por los que dejaron crecer frente a los ojos de todos. Es una promesa que se quedó en campaña. ¿ O ME EQUIVOCO?