Cúcuta: la ciudad que entierra su futuro

Me gusta escribir sobre ciudad. Y más cuando se trata de la mía.

Pero esta madrugada, con el café en la mano y la intención clara de escribir sobre la polémica decisión de prorrogar por 20 años el contrato del relleno sanitario Guayabal, me asaltó una duda incómoda:

¿Vale la pena hablar de eso… o de nosotros?

¿Del ciudadano que se pasa el semáforo en rojo como si la vida ajena no importara?
¿Del que lanza basura a la calle con absoluta indiferencia?
¿Del que se estaciona dónde quiere, porque la norma siempre es para otros?
¿De la ciudad a oscuras en muchos de sus sectores?
¿De los números que no dejan de crecer en sicariato?
¿O del aumento silencioso, pero evidente, de habitantes de calle?

Hay tanto de qué hablar… que por momentos parece más útil hacer un estudio sobre la genética ciudadana de Cúcuta.

Porque aquí hay una verdad que incomoda: no todo es culpa del Estado. También es nuestra.

Somos una ciudadanía que, en buena medida, se acostumbró a ser parte del problema.
Nos volvimos indolentes, conformistas. poco exigentes, poco solidarios y, peor aún, profundamente consistentes en perseverar siendo lo mismo.

No es pesimismo…es realidad.

Cúcuta es hoy una ciudad que no solo carga problemas estructurales, sino que arrastra una cultura que se resiste a cambiar. Y eso se nota en todo: en la informalidad económica —donde estamos entre las más altas del país—, pero también en algo más grave y menos visible: la informalidad mental; y por estas épocas en que la salud mental está en deterioro nacional, esto se torna muy preocupante.

Aquí la norma estorba, la ley incomoda y lo público… se siente lejano.

Y entonces volvemos al punto inicial.

¿Para qué hablar de un contrato de concesión, de un otrosí que amplía por 20 años el manejo del relleno sanitario, de cifras millonarias, de posibles irregularidades… si como ciudadanos ni siquiera hemos sido capaces de respetar un semáforo?

Pero cuidado con esa trampa. Porque pensar así es exactamente lo que permite que todo siga igual.

Que mientras discutimos el comportamiento del ciudadano —que sí, es un problema real—, las grandes decisiones se tomen sin suficiente ruido, sin suficiente control y sin suficiente participación.

Y ahí está el verdadero peligro.

Porque una ciudadanía débil, desordenada y resignada es el escenario perfecto para que lo importante pase sin resistencia, para que contratos enormes se firmen sin debate, para que decisiones de décadas se tomen en silencio, para que lo público deje de ser de todos… y pase a ser de unos pocos.

El problema de Cúcuta no es solo institucional.

Es cultural.

Pero precisamente por eso, la salida no es dejar de hablar de lo que está mal, es hablar más, exigir más, molestar más.

Porque una ciudad que se acostumbra a todo…termina permitiéndolo todo.

Y ese sí es el verdadero riesgo. No el contrato. No el relleno sanitario.

Sino nosotros mismos.

Pero mientras discutimos si el problema somos nosotros o las decisiones que se toman arriba, hay un dato que no admite interpretaciones: Cúcuta entierra cada año cerca de 250.000 toneladas de basura, pagando alrededor de $30.000 por cada tonelada. Eso significa que estamos hablando de más de $7.500 millones de pesos al año, y de por lo menos $150.000 millones en 20 años.

Y lo más grave no es solo cuánto cuesta enterrarla.

Es que, según estimaciones nacionales, cerca del 80% de los residuos sólidos podrían ser aprovechables o reciclables si existiera una verdadera cultura ciudadana, infraestructura adecuada y decisiones públicas orientadas a la sostenibilidad.

Pero aquí no.

Aquí seguimos enterrando valor, enterrando oportunidades, enterrando ciudad.

Porque mientras otros territorios avanzan hacia economías circulares, reciclaje organizado y aprovechamiento real de residuos, Cúcuta sigue atrapada en su lógica más cómoda: la informalidad.

La misma informalidad de la que hablamos al inicio, la que se ve en la calle… y la que también se esconde en las decisiones grandes.

Una ciudad que no separa la basura…difícilmente separa lo público de lo privado.

Y así, entre lo que botamos y lo que dejamos pasar, seguimos construyendo una ciudad que no solo se acostumbra a todo…sino que termina viviendo de ello. ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

  

El fracaso del bilingüismo en Colombia

 

22 años de una política pública sin resultados reales en las aulas del país.

Cuántas cosas podríamos cambiar a futuro si realmente entendiéramos el valor del tiempo en los primeros años de vida. Allí, donde se forma el lenguaje, donde se construyen las bases del pensamiento, donde aprender no es una obligación sino una condición natural.

En Colombia, sin embargo, esa ventana de oportunidad parece haberse desperdiciado. La política pública de bilingüismo, lanzada con entusiasmo en 2004, prometía una transformación profunda del sistema educativo. Se habló de competitividad, de globalización, de cerrar brechas. Pero más de dos décadas después, la realidad cuenta una historia distinta.

Han pasado ya 22 años desde ese punto de partida. Eso significa que aquel niño que en 2005 comenzó su educación básica hoy debería, en teoría, dominar el inglés con la misma naturalidad con la que domina su lengua materna. No es una expectativa descabellada: es precisamente en esos años donde el colombiano promedio aprende a leer, escribir y comunicarse en español. Si el bilingüismo era una meta seria, ese resultado debía ser visible hoy.

Pero no lo es.

La pregunta entonces es inevitable: ¿qué fue exactamente lo que se prometió? ¿Formar ciudadanos bilingües o simplemente incorporar el inglés como una asignatura más en el horario escolar? Porque la diferencia entre una cosa y la otra es abismal, y los resultados parecen evidenciar que nunca se trató de lo primero.

Hoy, a simple vista, no existe un bilingüismo real en la educación colombiana. Lo que sí existe es una ilusión sostenida por documentos, planes y discursos oficiales. Basta mirar el tránsito hacia la educación superior: miles de estudiantes enfrentan el inglés como un obstáculo, no como una herramienta. Presentar un examen de nivel se convierte en un ejercicio de supervivencia académica, no en la demostración natural de una competencia adquirida.

Y entonces surge una conclusión incómoda: ¿hemos perdido el tiempo?

Más grave aún, ¿existieron realmente metas claras, medibles y alcanzables, o todo quedó en la retórica de una política pública bien intencionada pero mal ejecutada? Porque lo frustrante no es solo que los resultados no hayan llegado, sino la sospecha de que nunca hubo un camino real para alcanzarlos.

Pero más allá de las percepciones, los datos son aún más contundentes —y más incómodos.

Si algo debería evidenciar el éxito de una política pública educativa son sus resultados medibles. Y en Colombia, el principal termómetro es la prueba Saber 11. Allí, el panorama es revelador: en 2024, solo el 4% de los estudiantes alcanzó los niveles más altos de inglés, mientras que el 96% no logra comprender textos complejos en este idioma.

Es decir, después de 22 años de política de bilingüismo, prácticamente todo el sistema educativo sigue formando estudiantes con niveles básicos o insuficientes.

Más aún: la mayoría de estudiantes sigue concentrada en los niveles más bajos del Marco Común Europeo (A1 y A2), e incluso una proporción importante permanece por debajo del nivel mínimo esperado.

Esto no es bilingüismo. Es, en el mejor de los casos, una alfabetización mínima en inglés.

Pero el problema no termina en las aulas. Cuando se observa a Colombia en el contexto internacional, la situación se vuelve todavía más crítica. El país se ubica en niveles bajos de dominio del inglés a nivel global, lejos de las naciones que han logrado avances sostenidos en esta materia.

En ciudades como Cúcuta, la situación es aún más reveladora: programas oficiales han tenido que intervenir para reforzar el inglés de estudiantes justo antes de presentar las pruebas Saber 11, evidenciando que el sistema no logra desarrollar esa competencia de manera estructural durante la formación escolar.

Que cientos de estudiantes deban recibir cursos intensivos de última hora para enfrentar el examen no es un síntoma de avance, sino la confirmación de un modelo que no está formando bilingües, sino improvisando resultados.

Entonces, la conclusión deja de ser una opinión y se convierte en un hecho: Colombia no es un país bilingüe, ni siquiera en transición hacia serlo.

Lo que existe es una política que ha logrado institucionalizar la enseñanza del inglés, pero no su aprendizaje real. Una política que mide, clasifica y reporta… pero que no transforma.

Y entonces, después de más de dos décadas, la gran pregunta no es por qué Colombia no es bilingüe, sino por qué seguimos insistiendo en decir que lo será bajo las mismas fórmulas que ya fracasaron.

Porque el verdadero espejismo no es el bilingüismo: es creer que basta con enseñarlo para que exista. ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

“El caos de la Gazapa: cuando la solución termina creando el problema”

 

Ayer tuve que transitar por el puente de la Gazapa para dirigirme hacia el sector de Prados del Este y por un momento pensé que estaba atrapado en medio de un monumental trancón en Bogotá, y no en la ciudad de Cúcuta.

La fila de carros iniciaba en la Avenida Libertadores y se extendía hasta el Anillo Vial Oriental. Y lo más sorprendente es que no era hora pico laboral. Era un sábado a las ocho de la noche.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué está pasando con la movilidad en ese punto de la ciudad?

Alguien tuvo la brillante idea de instalar una pequeña redoma o rotonda justo antes de iniciar la subida al Puente de la Gazapa, en el sentido occidente–oriente. Y por si fuera poco, también se añadieron reductores de velocidad.

El resultado es exactamente el que cualquier ciudadano podía prever: caos vehicular.

La circulación se vuelve lenta, los vehículos se acumulan y lo que debería ser un corredor de movilidad termina convertido en un embudo.

Desde hace meses he venido alzando la voz sobre otro problema similar: los reductores de velocidad instalados en la Avenida Libertadores. La intención, seguramente, era prevenir accidentes. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario de lo que se pretendía.

No solo no han demostrado ser una solución efectiva para mejorar la seguridad vial, sino que en las horas pico generan verdaderos colapsos en ambos sentidos de la vía, tanto norte–sur como sur–norte.

Y ahora, para completar el panorama, esa misma lógica de improvisación parece haberse trasladado al acceso del puente de la Gazapa: reductores de velocidad y una rotonda en un punto de altísimo flujo vehicular.

Quienes conocen el funcionamiento de las rotondas saben que no siempre son una solución adecuada. En muchas ocasiones, especialmente en zonas con tráfico intenso, se convierten en escenarios de disputa vial: todos quieren pasar primero, tanto quienes entran como quienes salen.

El resultado es el mismo de siempre: congestión, confusión y pérdida de tiempo para los ciudadanos.

La movilidad urbana no se puede improvisar.

Las decisiones sobre el diseño de las vías deben responder a estudios técnicos serios de tránsito, flujo vehicular y seguridad vial. De lo contrario, lo que termina ocurriendo es exactamente lo que estamos viendo: soluciones que terminan creando nuevos problemas.

Cúcuta es una ciudad que ha crecido rápidamente en los últimos años. Su parque automotor aumenta cada día y la infraestructura vial debe adaptarse a esa realidad.

Pero eso exige planificación, no experimentos.

¿hay alguien escuchando estos reclamos ciudadanos y evaluando realmente qué está pasando con la movilidad en estos puntos críticos de la ciudad?

“Porque gobernar una ciudad no es poner reductores y rotondas al azar: es entender cómo se mueve la ciudad antes de terminar paralizándola.” ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

 

La silla vacía de la justicia en el Concejo de Cúcuta

 

Hay momentos en los que una ciudad puede medir la salud de su democracia observando cómo reaccionan sus instituciones frente a las decisiones de la justicia. En Cúcuta estamos viviendo uno de esos momentos.

El caso del concejal Oliverio Castellanos se ha convertido en una prueba incómoda para el sistema político local. No por el nombre del protagonista, ni siquiera por las disputas jurídicas que rodearon su proceso, sino por algo mucho más delicado: el respeto —o la falta de respeto— por las decisiones de los jueces.

No soy amigo del concejal Oliverio Castellanos, y mucho menos pretendo convertirme en su escudero ni en el defensor de su proceso. Ese no es el punto. Aquí lo verdaderamente preocupante es otra cosa: que en Colombia empiece a normalizarse la peligrosa cultura de no obedecer a la justicia cuando las decisiones no gustan o no convienen políticamente. Porque un país donde las sentencias se discuten, se dilatan o simplemente se ignoran, deja de ser un Estado de Derecho. Y cuando la justicia deja de ser obligatoria para convertirse en algo opcional, lo que queda no es democracia, sino un terreno donde cada quien decide qué ley respetar y cuál no. Y en un país así, tarde o temprano, la institucionalidad termina por derrumbarse.

Castellanos fue objeto de un proceso que terminó con la pérdida de su investidura luego de que se cuestionara una actuación administrativa ocurrida cuando presidía el Concejo Municipal, relacionada con el pago de honorarios a un concejal sin que estuviera acreditada su asistencia a una sesión. Ese episodio derivó en un proceso judicial que terminó sacándolo de su curul.

Pero la historia no terminó allí. Posteriormente, decisiones judiciales determinaron que el dirigente político debía recuperar su curul. Un tribunal ordenó su reintegro al Concejo de Cúcuta, reconociendo la vigencia de sus derechos políticos y estableciendo con claridad que debía volver a ocupar el escaño para el cual fue elegido por los ciudadanos.

Conviene subrayar un hecho que no es menor: la decisión que ordena el regreso del concejal Oliverio Castellanos a su curul no proviene de una instancia menor ni de una interpretación administrativa, sino de una determinación adoptada por el Consejo de Estado, el más alto tribunal de lo contencioso administrativo del país. En consecuencia, su cumplimiento no está sujeto a debates políticos ni a interpretaciones acomodadas. Las decisiones del Consejo de Estado son de obligatorio acatamiento para todas las autoridades públicas.

En teoría, en un Estado de Derecho, una decisión judicial debería bastar. Pero en la práctica, lo que estamos viendo en Cúcuta es un escenario preocupante: la orden de reintegro se ha convertido en un pulso político y administrativo donde pasan los días, las sesiones avanzan y la silla del concejal sigue en el limbo.

Conviene decirlo con total claridad: en Colombia las órdenes judiciales no son optativas. Si existe un fallo que ordena el reintegro de un concejal y este no se cumple, las directivas del Concejo que estén obligadas a ejecutarlo podrían enfrentar consecuencias personales muy serias. Un juez puede abrir un incidente de desacato que conlleva multas e incluso arresto, y además podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación que podrían terminar en suspensiones, destituciones o inhabilidades para ejercer cargos públicos. Pero el asunto no termina allí: si se determina que hubo una negativa deliberada a cumplir una orden judicial, el caso podría escalar a la esfera penal y terminar siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos relacionados con el desacato o el incumplimiento de decisiones judiciales. En otras palabras, ignorar un fallo no solo debilita la institucionalidad: también puede terminar comprometiendo seriamente la responsabilidad personal de quienes hoy creen que pueden aplazar indefinidamente lo que la justicia ya ordenó.

Y aquí es donde la discusión deja de ser sobre Oliverio Castellanos y pasa a ser sobre algo mucho más grande: la autoridad de la justicia.

Cuando un tribunal ordena algo y las instituciones tardan o se resisten a cumplirlo, se envía un mensaje profundamente peligroso a la ciudadanía. Se instala la idea de que las decisiones judiciales dependen de la conveniencia política, de la presión de los grupos de poder o de la interpretación interesada de quienes deberían acatarlas.

Eso erosiona la confianza pública.

Porque si un concejal, con una decisión judicial en la mano, no logra que se materialice un fallo que ordena su reintegro, ¿qué puede esperar el ciudadano común cuando gana una tutela para proteger sus derechos?

Las instituciones no pueden escoger qué fallos obedecer y cuáles dilatar. Esa práctica, que parece pequeña en el escenario local, es la misma grieta por donde comienza a deteriorarse el Estado de Derecho.

El Concejo de Cúcuta tiene hoy una oportunidad clara: demostrar que la institucionalidad está por encima de las diferencias políticas. Cumplir una decisión judicial no es un favor, ni un gesto de generosidad. Es una obligación constitucional.

De lo contrario, el mensaje que quedará en la ciudad será simple y devastador: en Cúcuta la justicia puede fallar… pero el poder decide si se cumple.

El problema ya no es Oliverio Castellanos; el problema es si en Cúcuta las decisiones de los jueces se cumplen… o se negocian. ¿ O ME EQUIVOCO ?