LA POLITICA PUBLICA DEL VENDEDOR INFORMAL...UN DESAFIO INSTITUCIONAL

 

El Acuerdo Municipal 016 de 2025, aprobado por el Concejo de Cúcuta, establece una política pública orientada a regular el uso del espacio público, con énfasis en los vendedores informales estacionarios e itinerantes. Esta medida representa un avance significativo hacia una ciudad más ordenada, pero su implementación enfrenta desafíos importantes en los ámbitos social, institucional y de gobernanza, que es preciso analizar con detalle para anticipar riesgos y fortalecer su aplicación.

En el plano social, uno de los principales desafíos es la exclusión de población vulnerable. Muchas personas que ejercen actividades económicas informales en Cúcuta carecen de documentos de identificación, tienen estatus migratorio irregular o viven en condiciones de pobreza extrema. Esto puede impedir que sean incluidos en el censo previsto por el acuerdo, afectando el principio de equidad que debe regir toda política pública. Además, existe el riesgo de que esta iniciativa refuerce la estigmatización del trabajo informal. Si la regulación no se comunica con un enfoque de inclusión y reconocimiento del aporte económico de estos actores, puede ser percibida como una medida de control o represión. Por otro lado, la confianza en las autoridades locales es limitada debido a experiencias pasadas de desalojos, decomisos arbitrarios o promesas incumplidas. Esta falta de confianza puede traducirse en baja participación en el proceso de caracterización, dificultando la recolección de información precisa y útil para la toma de decisiones.

Desde el punto de vista institucional, la capacidad operativa de la administración municipal es un factor crítico. La realización de un censo detallado, confiable y con enfoque diferencial requiere recursos humanos, técnicos y logísticos que actualmente presentan limitaciones. A esto se suma la necesidad de actualizar permanentemente la base de datos, ya que el sector informal es altamente dinámico, especialmente en una ciudad fronteriza como Cúcuta. Otro obstáculo institucional importante es la escasez de recursos financieros. La implementación integral de esta política implica costos elevados en infraestructura, señalización, campañas educativas, personal de supervisión y apoyo social, entre otros. Sin una asignación presupuestal clara y sostenida, la política corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo. Adicionalmente, la ciudad aún no cuenta con una oferta suficiente de espacios físicos adecuados y regulados para la actividad de los vendedores informales. Esta carencia pone en riesgo la efectividad del proceso de reorganización del espacio público.

En cuanto a los desafíos de gobernanza, se destaca la necesidad urgente de mejorar la coordinación interinstitucional. La política requiere la articulación fluida entre múltiples entidades como la Secretaría de Gobierno, Planeación, Espacio Público, Migración Colombia, Policía Nacional y Bienestar Social. La falta de claridad en los roles, responsabilidades y mecanismos de cooperación puede generar contradicciones, superposición de funciones o simplemente inacción. Además, la formulación del acuerdo no evidencia un proceso amplio de participación ciudadana. La ausencia de una consulta previa con asociaciones de vendedores, defensores de derechos y organizaciones comunitarias limita la legitimidad social de la medida y puede obstaculizar su apropiación por parte de los actores involucrados. Finalmente, la política enfrenta riesgos derivados de la inestabilidad política local. Si no se consolida institucionalmente como una política de ciudad —más allá del periodo de gobierno actual— podría ser modificada, abandonada o debilitada con el cambio de administración.

En síntesis, la aplicación efectiva del Acuerdo 016 de 2025 depende de superar estos desafíos con una estrategia integral y sostenida. Se recomienda que la administración diseñe un protocolo de censo con enfoque diferencial e incluyente, garantizando la participación activa de población vulnerable. Es imprescindible destinar recursos financieros específicos y asegurar su continuidad en los presupuestos futuros. Igualmente, debe establecerse un comité de coordinación interinstitucional y participativa que integre a las entidades públicas competentes y a representantes del sector informal. Finalmente, es necesario desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores claros que permitan medir el impacto, la inclusión y la percepción ciudadana en torno a la política.

El Acuerdo 016 representa una oportunidad valiosa para avanzar en la organización del espacio público con justicia social, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional, la voluntad política y la participación activa de la sociedad cucuteña. ¿O ME EQUIVOCO?