Cúcuta: el epicentro de una herida silenciosa

 

El economista y catedrático Mario Zambrano, reconocido en Norte de Santander por su permanente lectura social del territorio, compartió recientemente un informe que obliga a detenernos y reflexionar con seriedad sobre una de las problemáticas más dolorosas y menos comprendidas del país: la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

Hay mapas que muestran carreteras. Otros revelan pobreza, violencia o abandono estatal. Y hay algunos (los más incómodos) que terminan exhibiendo aquello que como sociedad preferimos no mirar de frente.

El reciente informe sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en Colombia entre 2015 y 2025, elaborado con base en registros del DANE y la fiscalía general de la Nación, no debería leerse únicamente como una estadística criminal. Es, sobre todo, una radiografía territorial de las fracturas sociales del país.

El documento deja varias conclusiones inquietantes. La primera: la explotación sexual infantil registrada en Colombia tiene un comportamiento predominantemente metropolitano. No ocurre en el vacío ni únicamente en rincones apartados; se concentra allí donde convergen migración, economías informales, corredores comerciales, turismo descontrolado, crimen organizado y profundas desigualdades urbanas.

La segunda conclusión golpea directamente a Norte de Santander. El departamento aparece como un territorio atípico dentro de la frontera colombo-venezolana. Y no es una casualidad.

Durante la última década, la región ha soportado una combinación explosiva: crisis migratoria, economías ilegales, debilitamiento institucional, pobreza creciente y presencia de redes criminales transnacionales. En medio de ese escenario, la niñez vulnerable termina convirtiéndose en el eslabón más frágil.

El dato más contundente del informe está en Cúcuta. Según el análisis, la ciudad concentra el 67,3 % de los casos registrados en Norte de Santander. La cifra obliga a dejar de pensar este fenómeno como un problema marginal o invisible. Cuando dos de cada tres casos del departamento ocurren en la capital, estamos frente a una realidad estructural.

Pero quizá el hallazgo más delicado del informe es otro: la sobrerrepresentación de la trata de personas en la frontera colombo-venezolana. Allí confluyen movilidad humana desesperada, informalidad y estructuras criminales capaces de aprovecharse de menores de edad bajo distintas modalidades de explotación.

Y aun así, el informe insiste en algo fundamental: esto no debe utilizarse para promover alarmismo.

Sería un error convertir las cifras en combustible para el morbo político o mediático. Porque detrás de cada número existe una historia rota, una familia vulnerada y un Estado que muchas veces llega tarde.

También sería un error interpretar los territorios con bajas cifras como lugares libres del problema. El estudio habla de “territorios silenciosos”, zonas donde la ausencia de registros podría reflejar subregistro estructural, miedo a denunciar o incapacidad institucional para detectar los casos.

 En otras palabras: a veces el silencio estadístico no significa tranquilidad, sino invisibilidad. Y ahí está quizá la discusión más importante para Colombia.

Durante años el país ha reaccionado a fenómenos como este desde la indignación momentánea, pero no desde la construcción de políticas públicas sostenidas. La explotación sexual comercial de menores no se combate únicamente con operativos policiales o capturas. Requiere prevención, protección social, educación, fortalecimiento familiar, salud mental, vigilancia digital y capacidad real de respuesta institucional.

También exige información confiable. Porque un Estado que no mide bien, difícilmente puede intervenir bien.

La publicación tiene otro mérito importante: territorializa el problema. Nos recuerda que Colombia no vive una sola realidad, sino múltiples realidades superpuestas. No es lo mismo enfrentar este fenómeno en Bogotá, Medellín o Cartagena que hacerlo en una frontera dinámica y compleja como la de Cúcuta.

Las cifras, por sí solas, ya estremecen. Pero adquieren una dimensión aún más dolorosa cuando se entienden en contexto. El informe advierte que entre 2015 y 2025 miles de niñas, niños y adolescentes han sido registrados como víctimas de explotación sexual comercial en Colombia, un fenómeno que golpea especialmente a las grandes áreas urbanas y a los territorios de frontera. En Norte de Santander, la situación adquiere una gravedad particular: no solo por la alta concentración de casos en Cúcuta, sino porque la dinámica migratoria y la presencia de redes criminales convierten a muchos menores en presa fácil de la trata de personas y de distintas formas de explotación. Y quizás lo más inquietante es que los investigadores advierten sobre la existencia de “territorios silenciosos”, lugares donde las bajas cifras no necesariamente significan ausencia del problema, sino incapacidad institucional, miedo o subregistro. En un país donde tantas violencias terminan normalizándose, esta realidad representa una de las heridas más profundas y menos visibles de nuestra sociedad.

Porque cuando un país empieza a normalizar ciertas violencias contra su infancia, el problema deja de ser únicamente judicial y se convierte en una profunda derrota moral colectiva. ¿O ME EQUIVOCO?

El informe completo puede consultarse en Zambrano SAS 

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