CONTROL O ESPEJISMO ? CUAL SERÁ EL FUTURO DE LA EIS CÚCUTA?

 

El anuncio del alcalde Jorge Acevedo de que Cúcuta será “dueña de la mitad más uno” del agua y del aseo ha despertado expectativas, pero también dudas. No es la primera vez que una ciudad colombiana intenta recuperar el control de sus servicios públicos, y la experiencia de Barranquilla con la Triple A ofrece lecciones que no pueden ser ignoradas.

En 2001, la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, a través de su filial Inassa, compró la mayoría accionaria de la Triple A con el compromiso de modernizar el servicio. Sin embargo, con el tiempo, la promesa se desmoronó: la Operación Lezo destapó una trama de corrupción internacional, cobros ficticios, sobrecostos y pérdida de soberanía en la gestión. Colombia terminó expropiando las acciones y hoy enfrenta una demanda millonaria en el CIADI por parte del Canal de Isabel II.

Este antecedente demuestra que tener más acciones no siempre significa tener más control. Cuando la estructura institucional es débil y la supervisión ciudadana escasa, los socios —incluso si son empresas públicas extranjeras— pueden operar bajo lógicas de rentabilidad que dejan al interés público en segundo plano.

En el caso de Cúcuta, hay que reconocer que, desde que se firmó el contrato de concesión con Aguas Kpital, los servicios de acueducto y alcantarillado han mejorado en cobertura, continuidad y calidad frente a lo que se tenía antes. Esa realidad obliga a que cualquier cambio de modelo no sea un salto al vacío: no se trata de retroceder, sino de avanzar sobre lo que ya funciona bien, corrigiendo las debilidades y fortaleciendo la gestión pública.

Y aquí surge la gran pregunta: si ya existe la EIS (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta), que es pública y local, ¿por qué pensar en crear una nueva empresa para manejar el agua y el aseo? ¿No sería más sensato fortalecer la EIS, dotarla de recursos técnicos, financieros y humanos, y garantizar que tenga autonomía para operar con transparencia?

La creación de una nueva entidad podría abrir la puerta a escenarios confusos: estructuras paralelas, repartición de funciones sin claridad, acuerdos con privados que limiten la soberanía municipal o, peor aún, duplicación de costos operativos. Además, la historia demuestra que los cambios de figura jurídica no siempre significan mejoras para los usuarios; a veces, solo sirven para cambiar los nombres en el organigrama, mientras los problemas persisten.

Si el objetivo es recuperar el control y mejorar el servicio, la prioridad debería ser fortalecer lo que ya existe, no inventar nuevos experimentos institucionales que puedan replicar errores pasados. La EIS, como empresa pública local, podría ser el eje de una estrategia de gestión eficiente, con mecanismos de control ciudadano, transparencia en la contratación y un modelo de gobierno corporativo blindado contra la corrupción.

La lección de Barranquilla es clara: no basta con cambiar de dueño o crear una nueva empresa; lo esencial es construir un sistema donde el agua y el aseo estén al servicio de la gente, no de balances financieros ni intereses ajenos. En el caso de Cúcuta, el riesgo es que el “control” que promete la mitad más uno termine siendo solo un espejismo, y que la EIS, en lugar de fortalecerse, sea relegada o absorbida en un esquema que repita viejas historias de fracaso.

 En el papel, “la mitad más uno” suena a control; en la realidad, puede ser apenas un cambio de etiqueta si no se define con precisión qué pasará con la EIS. Cúcuta ya tiene una empresa pública local que puede ser la columna vertebral de un modelo eficiente y transparente. Crear una nueva entidad sin una razón técnica sólida sería repetir el viejo vicio de desarmar lo que funciona para montar estructuras que luego nadie controla. El agua y el aseo no admiten improvisaciones: o se gobiernan con visión y honestidad, o se convierten en el próximo capítulo de una historia que ya vimos… y que costó muy caro.

¿O ME EQUICOCO?

CUCUTA, CIUDAD BAJO LA SOMBRA DEL NARCOTRAFICO.

 

Si los últimos crímenes en Cúcuta están ligados al microtráfico, entonces Cúcuta está tomada por el narcotráfico. La ciudad fronteriza vive una espiral de violencia que parece responder a la consolidación y reacomodo de estructuras criminales que disputan el control de las rutas y plazas de venta de droga.

Hasta junio de 2025, la capital de Norte de Santander registró más de 125 homicidios, lo que llevó a las autoridades a declarar alerta máxima por el creciente deterioro de la seguridad urbana. El alcalde Jorge Acevedo ha señalado que este repunte está directamente relacionado con la reconfiguración de bandas criminales que compiten por plazas de microtráfico y otras rentas ilegales. Dentro de la estrategia “Unidos Avanzamos por Cúcuta, un Territorio Seguro”, la Policía Metropolitana ha realizado varios operativos en barrios como La Ínsula, Pisarreal y Kilómetro 8, con capturas y decomiso de decenas de dosis de bazuco y marihuana listas para su distribución.

En enero de este año, una pareja vinculada al grupo “La Familia P”, conocidos como alias “Maribel” y “Chacarita”, fue detenida mientras distribuía heroína y base de cocaína cerca de instituciones educativas, un hecho que evidenció el impacto del microtráfico en entornos escolares. Un mes después, las autoridades desarticularon una red que procesaba cocaína en laboratorios ubicados en Tibú, El Tarra y Sardinata, coordinando el transporte hacia Cúcuta y la Costa Atlántica. Incluso dentro de la Cárcel Modelo de la ciudad se descubrió en mayo una estructura de microtráfico que operaba con abastecimiento de estupefacientes y extorsiones.

El vínculo entre microtráfico y homicidios en Cúcuta no deja lugar a dudas. La ubicación estratégica de la ciudad, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, la convierte en un punto neurálgico para el comercio y distribución de drogas, alimentando la violencia y fortaleciendo estructuras criminales que trascienden el menudeo. Esta realidad plantea un interrogante inquietante: ¿está Cúcuta realmente tomada por el narcotráfico? Las capturas y golpes operativos, aunque importantes, no han logrado desarticular por completo estas redes, y la población sigue sintiendo el peso de la inseguridad en su vida cotidiana.

La lucha contra este fenómeno no puede limitarse a la represión policial. Requiere una estrategia integral que incluya inversión social, recuperación de espacios públicos, oportunidades laborales y presencia constante del Estado en los barrios más afectados. Solo así la ciudad podrá aspirar a recuperar sus calles y revertir la sensación de que el narcotráfico dicta las reglas del juego.

¿O ME EQUIVOCO ?

LOS TRES AÑOS DE PETRO

 

A tres años del inicio del gobierno de Gustavo Petro, Colombia se encuentra ante una administración que ha intentado emprender profundas transformaciones sociales, económicas y políticas, pero cuyos resultados concretos siguen siendo limitados, fragmentarios y, en muchos casos, contraproducentes. El presidente, primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país, llegó con una agenda de cambio ambiciosa, centrada en la justicia social, la redistribución de la riqueza y una transición hacia un nuevo modelo económico y energético. Sin embargo, sus propuestas se han enfrentado a resistencias institucionales, bloqueos legislativos, falta de gobernabilidad y una ejecución débil en términos técnicos y administrativos.

Uno de los pilares de su gestión ha sido el intento de reformas estructurales. La más polémica ha sido la reforma a la salud, que buscaba desmontar el modelo de aseguramiento a través de las EPS para dar paso a un sistema estatal centralizado. Esta propuesta fue rechazada en el Congreso, y el gobierno ha intentado imponer algunos cambios vía decretos, generando inseguridad jurídica en el sector, desfinanciamiento y una creciente preocupación por el deterioro en la atención médica. La reforma laboral, con la que se pretendía dignificar el trabajo y formalizar a los empleados, tampoco ha avanzado, y los índices de informalidad siguen en aumento. En materia pensional, el proyecto que propone un sistema de pilares ha tenido un trámite lento, y aún no se evidencia un impacto real en la cobertura ni en la sostenibilidad financiera del sistema.

La política económica ha sido otro foco de tensión. Aunque el gobierno aprobó una reforma tributaria en 2022 que aumentó la carga fiscal sobre sectores estratégicos como el petrolero, esto no se ha traducido en dinamismo económico. La inversión privada ha caído, el crecimiento del PIB ha sido inferior al promedio regional, y persiste una sensación de incertidumbre jurídica y regulatoria. La llamada “transición energética justa” ha sido más un discurso que una política concreta. La suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera y de gas ha generado temores fiscales, mientras que las energías renovables aún no tienen la infraestructura ni el respaldo suficiente para reemplazar los ingresos del sector extractivo. La inflación, aunque contenida en parte por el contexto internacional, ha golpeado con fuerza a los hogares más pobres.

En el frente de seguridad y orden público, el programa “Paz Total” ha sido quizás uno de los puntos más controvertidos. A pesar de las negociaciones y ceses al fuego parciales con el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados, no se ha logrado una reducción estructural de la violencia. Por el contrario, en muchas regiones se ha evidenciado un fortalecimiento de actores ilegales, un retroceso del Estado y un deterioro en la seguridad ciudadana, tanto en zonas rurales como urbanas. La política de sometimiento colectivo ha sido poco clara, y las comunidades denuncian extorsiones, confinamientos y desplazamientos. Si bien algunos indicadores de homicidio han mostrado caídas puntuales, no existe una tendencia sostenida que indique una mejora estructural.

La gobernabilidad ha sido otro de los grandes talones de Aquiles del gobierno Petro. Tras un arranque con respaldo de partidos tradicionales, las alianzas se fracturaron rápidamente por el estilo confrontacional del presidente y la falta de diálogo político. La relación con el Congreso ha sido tensa, al igual que con la justicia, los entes de control y los medios de comunicación. Petro ha insistido en que la “institucionalidad tradicional” se opone al cambio, pero su reacción ha sido intentar gobernar por decreto, lo que ha encendido alarmas sobre la concentración del poder. La altísima rotación en el gabinete —más de 40 cambios ministeriales en tres años— refleja la inestabilidad interna y la falta de cohesión dentro del Ejecutivo.

En el plano internacional, el gobierno ha privilegiado una diplomacia ideológica, con mayor cercanía a gobiernos de izquierda como Venezuela, Brasil, México y Cuba, lo cual ha deteriorado en parte la relación con socios estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque Petro ha defendido el multilateralismo y ha liderado debates sobre cambio climático y transición energética en foros globales, su papel como referente regional es más discursivo que efectivo. En la frontera con Venezuela, la reapertura ha sido caótica y sin un plan migratorio serio, mientras que la crisis humanitaria de migrantes continúa sin una respuesta estructural.

En síntesis, la gestión del presidente Petro se caracteriza por una ambiciosa narrativa transformadora que no ha logrado traducirse en resultados concretos. El proyecto de cambio estructural se ha visto obstaculizado tanto por factores externos como por errores de diseño, ejecución y manejo político. La polarización ha aumentado, la confianza en el gobierno ha disminuido, y los principales indicadores sociales y económicos no muestran mejoras sostenidas. A un año del fin de su mandato, el legado de Petro está en entredicho: si no logra corregir el rumbo, su gobierno podría terminar recordado más por su retórica de cambio que por su capacidad de gobernar con resultados.

OH ME EQUIVOCO ?

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QUIEN SERÁ EL SOCIO?...

Durante su reciente intervención, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, lanzó una promesa que no pasó desapercibida: que en 2026 la ciudad será dueña de “la mitad más uno” del agua y del aseo. El anuncio, en apariencia técnico, tiene una enorme carga simbólica y política. Implica que la ciudad, a través de su administración, pasaría a tener el control accionario sobre dos de los servicios públicos más esenciales. Pero más allá del titular, hay preguntas urgentes que el alcalde todavía no responde.

La primera es evidente: ¿y ahora qué, alcalde Porque tener el 51 % de las acciones no es lo mismo que tener el 100 % de la capacidad para mejorar el servicio, bajar tarifas o evitar que los intereses privados sigan dictando las reglas del juego. Ser mayoría solo importa si esa mayoría se pone al servicio de los ciudadanos y no de otros fines.

Pero hay otra pregunta aún más inquietante, que hasta ahora nadie en la administración ha querido contestar:

¿y entonces quién será el dueño de la mitad menos uno del agua y de la mitad menos uno del aseo en Cúcuta?

Esa fracción que queda por fuera del control público sigue siendo significativa. ¿Estará en manos de los mismos operadores de siempre? ¿De fondos de inversión? ¿De grupos empresariales con intereses cruzados? ¿Tendrán voz y voto en las decisiones clave? Porque no se trata solo de “recuperar el poder”, sino de explicar con claridad cómo se redistribuye ese poder y qué implicaciones tendrá para la ciudad.

A lo largo de los años, muchas ciudades han intentado reestructurar sus servicios públicos prometiendo mayor autonomía y eficiencia. En algunos casos han sido logros reales; en otros, solo cambios de nombre y de cargos, sin impacto positivo en los usuarios. Cúcuta no puede repetir ese guion.

Por eso, la ciudadanía necesita más que un anuncio con tono de victoria. Necesita información transparente, cifras claras y planes concretos. No basta decir que “seremos dueños”; hay que explicar qué vamos a hacer con esa propiedad, quién la va a gestionar, cómo se evitará la politiquería, y cuál será el efecto real en la prestación del servicio.

Alcalde, si esta apuesta es seria, entonces es hora de detallar:

• ¿Cómo se comprará ese 51 %? ¿Con qué recursos?
• ¿Habrá cambios en las tarifas?
• ¿Qué pasará con los actuales operadores?
• ¿Cómo se garantizará participación y control ciudadano?
• ¿Quién pondrá la cara si el servicio sigue igual… o empeora?

Recuperar lo público no puede ser un eslogan vacío ni un simple movimiento estratégico. Tiene que ser una decisión estructural, basada en el bienestar común y no en la captura del aparato público.

Porque sí, todos queremos que el agua y el aseo estén al servicio de la ciudad. Pero también queremos que esa “mitad más uno” no se quede en manos de unos pocos, sino que realmente signifique mayor control social, mejor calidad, más cobertura y, sobre todo, dignidad para quienes hoy siguen esperando que los servicios básicos funcionen como deben.

Está bien tener ambición. Pero ahora es momento de demostrar que no estamos frente a una jugada de poder, sino ante un verdadero cambio de modelo. O ME EQUIVOCO?