CÚCUTA MERECE VIVIR SIN MIEDO...

 

Durante los últimos ocho días, Cúcuta ha vuelto a contar sus días con el pulso acelerado del miedo. Al menos siete homicidios, la mayoría con sello de sicariato, se registraron en distintos barrios de la ciudad entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. Las cifras —provenientes de reportes de prensa local como La Opinión— son más que simples números: son rostros, calles manchadas, familias que esta semana no volvieron a ver a los suyos.

No se trata de casos aislados ni de un brote circunstancial. La violencia por encargo se ha convertido en una presencia constante, un ruido que recorre las comunas como una sombra conocida. En El Malecón, un empresario fue asesinado a tiros; en Camilo Daza, otro cuerpo apareció en circunstancias oscuras; en Torres Los Estoraques, el hallazgo de un hombre sin vida cerró una jornada que ya había empezado mal. Detrás de cada disparo, hay un mensaje que todos entienden y nadie se atreve a repetir.

Lo preocupante es que esta violencia resulta casi imposible de contener con las herramientas tradicionales. La vigilancia policial, limitada por recursos, jurisdicciones y un territorio complejo, apenas alcanza para reaccionar cuando todo ya ha ocurrido. Los sicarios actúan con precisión quirúrgica, se desplazan en segundos y se confunden entre la multitud. No hay patrulla que alcance el ritmo del miedo.

Cúcuta vive hoy una situación que desborda lo municipal. No se trata solo de reforzar cuadrantes o instalar cámaras: se necesita una estrategia integral, con respaldo del Gobierno Nacional, que involucre inteligencia, justicia, cooperación binacional y presencia institucional sostenida. El alcalde no puede —ni debe— cargar solo con una tarea que excede la capacidad operativa de la ciudad. Esta guerra silenciosa exige coordinación y recursos de alto nivel, antes de que la violencia se normalice definitivamente.

Porque cuando una ciudad empieza a acostumbrarse al sonido de los disparos, pierde algo más que su seguridad: pierde su alma. Cúcuta necesita volver a creer que es posible caminar sin miedo, abrir un negocio sin extorsión, criar a los hijos sin pensar en la próxima bala perdida. Y eso solo se logrará si el Estado, en todas sus escalas, decide mirar de frente esta tragedia que ya no cabe en los noticieros.

Hoy más que nunca, Cúcuta necesita recuperar su tranquilidad. No solo por sus habitantes, sino por su porvenir. Ninguna ciudad puede soñar con atraer inversión, turismo o progreso mientras el miedo siga gobernando las esquinas. Nadie quiere venir donde cada semana caen siete u ocho personas bajo el fuego anónimo de la violencia. La capital de frontera merece algo más que sobrevivir: merece renacer, mostrar al mundo su capacidad de paz, su espíritu trabajador, su hospitalidad y su historia.
Y eso comienza con un compromiso real —del Estado, de sus líderes y de todos nosotros— para devolverle a Cúcuta el derecho más sagrado de cualquier pueblo: vivir sin miedo. ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

LA PANDEMIA SILENCIOSA: cuando los microbios nos ganan la partida...

 

En un mundo saturado de noticias sobre guerras, muertes y corrupción, hay amenazas que avanzan en silencio. No hacen titulares, no ocupan portadas, pero su impacto puede ser igual de devastador. La resistencia a los antibióticos es una de esas amenazas: una pandemia silenciosa que crece en los rincones de nuestra ciudad, en las casas, en las calles y en la forma en que tratamos nuestras enfermedades.

En Cúcuta, es común que los antibióticos se usen como un recurso inmediato, sin receta médica, muchas veces para combatir infecciones virales donde no tienen efecto alguno. Esta práctica no es un acto inocente; es un gesto que fortalece a los microbios, que hace que infecciones simples se transformen en batallas que el cuerpo y la ciencia luchan por ganar. La falta de control institucional permite que estos medicamentos se vendan libremente, sin supervisión, y que la resistencia bacteriana avance como una sombra silenciosa sobre nuestra salud colectiva. Por eso, resulta urgente que los antibióticos solo se dispensen con prescripción médica, como una medida fundamental para proteger la vida de todos.

Las cifras nacionales son un llamado a la reflexión. Según el Instituto Nacional de Salud, en 2019 se registraron 4,700 muertes atribuibles y 18,200 muertes asociadas a la resistencia a los antibióticos. Cada número representa una vida, una familia, una historia truncada por bacterias que aprendieron a resistir nuestras defensas. Las infecciones que antes se curaban con facilidad hoy requieren tratamientos más largos y costosos, prolongan estancias hospitalarias y aumentan la mortalidad, sobre todo entre los más vulnerables.

Frente a esta realidad, la acción no puede ser solo de los médicos o de las autoridades sanitarias. La lucha es colectiva. Educar a la comunidad, fortalecer la regulación para que los antibióticos solo se vendan con receta, monitorear su consumo, fomentar la higiene y la vacunación son pasos que cada uno de nosotros puede dar. Cada decisión consciente, cada medicamento usado correctamente, cada hábito preventivo, es un acto de resistencia contra esta pandemia silenciosa.

Este domingo, mientras sostienes tu taza de café, recuerda que la verdadera batalla no se libra solo en hospitales ni laboratorios, sino en nuestras decisiones cotidianas. Cada acto responsable es un golpe silencioso contra esta amenaza invisible. No se trata solo de proteger nuestra salud, sino la de quienes amamos y la de toda la comunidad. Los microbios pueden ser diminutos, pero nuestra conciencia y responsabilidad son fuerzas aún mayores. Hoy, más que nunca, cuidar de otros es cuidar de nosotros mismos, y en esa acción reside la verdadera victoria. ¿O ME EQUIVOCO?

Fuente: Instituto Nacional de Salud (INS) : Dos de cada cinco muertes por infecciones en Latinoamérica se relacionan con la resistencia antimicrobiana.

BONUS TRACK : COLOMBIA…

La confrontación de Petro con Trump no es un acto de soberanía: es un riesgo calculado que puede aislar a Colombia. Sin estrategia ni negociación, la retórica radical destruye credibilidad, limita cooperación y amenaza la estabilidad del país. La independencia proclamada se convierte en aislamiento costoso. ¿O ME EQUIVOCO?

El peligro de mirar donde otros callan…

 

Ser veedor ciudadano en Colombia es un ejercicio de valentía cívica y, a la vez, una travesía por un terreno minado. En teoría, la figura del veedor encarna el ideal de participación democrática: un ciudadano que vigila, denuncia y propone, comprometido con la transparencia y el control social del Estado. En la práctica, sin embargo, ser veedor puede significar exponerse a la indiferencia institucional, al aislamiento político e incluso a la amenaza.

En ciudades como Cúcuta, donde los intereses políticos, económicos y contractuales suelen entrelazarse, la tarea del veedor se vuelve más compleja. El acceso a la información pública continúa siendo limitado, los procesos de rendición de cuentas se diluyen en tecnicismos, y la protección a quienes denuncian irregularidades es débil o inexistente. La veeduría, que debería ser un puente entre ciudadanía y administración, termina muchas veces convertida en un campo de disputa y sospecha.

Pese a ello, el rol del veedor ciudadano conserva un valor incalculable. Permite detectar sobrecostos, obras inconclusas, irregularidades en la contratación y omisiones administrativas que afectan directamente la calidad de vida de la comunidad. Su trabajo, aunque poco reconocido, es una pieza clave para fortalecer el tejido democrático desde lo local. Cada veeduría activa, cada denuncia documentada, cada observación oportuna, representa un ejercicio de resistencia cívica frente a la corrupción y la impunidad.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué, si ser veedor es tan peligroso, todavía hay ciudadanos que se exponen? Tal vez porque aún creen que la verdad no se negocia, que el deber de cuidar lo público no se delega y que la dignidad también se defiende mirando de frente. Es esa convicción la que mantiene viva una esperanza cívica en medio del cansancio colectivo.

El problema radica en que el sistema no protege a quien se atreve a mirar. Las denuncias suelen quedar atrapadas en la burocracia, y la respuesta institucional es más lenta que el desgaste personal de quien decide alzar la voz. Ser veedor no debería ser un acto heroico, pero en Colombia lo es.

El desafío, entonces, es doble: fortalecer los mecanismos legales y de acompañamiento para las veedurías ciudadanas, y recuperar el sentido colectivo de la vigilancia pública. No se trata de héroes solitarios, sino de comunidades vigilantes, informadas y empoderadas.

Ser veedor es mirar donde otros prefieren no mirar. Es incomodar al poder, pero también recordarle que la soberanía reside en la ciudadanía. En tiempos donde la transparencia es más un discurso que una práctica, ejercer la veeduría no solo es un derecho: es un deber que nos interpela a todos. ¿ O me equivoco?

 

NADA ENVEJECE MÁS RÁPIDO A UNA DEMOCRACIA... QUE LA DESILUSIÓN DE SUS JOVENES.

 

Han pasado ya varios años desde que Colombia celebró con entusiasmo la elección de los Consejos de Juventud, presentada como una victoria de la democracia participativa. Sin embargo, hoy la pregunta es inevitable: ¿han servido realmente para transformar la realidad de los jóvenes o se quedaron en el discurso?

Los Consejos de Juventud nacieron con la promesa de darle voz y voto a una generación históricamente marginada de la toma de decisiones. Pero la realidad muestra una distancia enorme entre el ideal y el resultado. La mayoría de los municipios carecen de recursos, acompañamiento técnico o voluntad política para que estos consejos funcionen. Muchos jóvenes electos terminaron enfrentando la indiferencia de sus administraciones locales y la falta de canales reales para incidir en las políticas públicas.

La participación, que debía ser el gran triunfo, ha sido más bien el reflejo de una desilusión creciente. En las urnas, el abstencionismo juvenil superó con creces las expectativas, y no por apatía, sino por desconfianza. La juventud percibe —con razón— que estos espacios pueden ser usados más como vitrinas de legitimidad para los gobiernos que como plataformas de poder efectivo para sus representantes.

A esto se suma otro problema: la falta de formación política y social para quienes resultan elegidos. Sin herramientas de gestión, sin capacitación en liderazgo o mecanismos de incidencia, muchos consejeros terminan reducidos a figuras decorativas en actos protocolarios. Lo que debía ser un laboratorio de democracia termina pareciendo un ejercicio simbólico, una promesa más dentro de una estructura institucional que, en el fondo, no cambia.

La juventud no necesita ser escuchada solo cada cuatro años, ni encasillada en consejos sin dientes. Necesita espacios donde su palabra tenga consecuencias, donde su participación se traduzca en políticas tangibles, presupuesto y presencia real en la agenda pública. La elección de los Consejos de Juventud fue una buena idea. Pero una buena idea sin voluntad, sin poder y sin seguimiento, se convierte en una frustración colectiva. Y nada envejece más rápido a una democracia que la desilusión de sus jóvenes. ¿O ME EQUIVOCO?