CUANDO A CÚCUTA LE CAMBIAN LAS PRIORIDADES... DE LA CÚCUTA QUE SOÑAMOS

 

En Cúcuta la discusión sobre la valorización dejó hace rato de ser un simple debate técnico o administrativo. Lo que hoy se discute en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas es algo mucho más sensible: la sensación de que la ciudad lleva años esperando unas obras fundamentales para su movilidad… y que ahora esas prioridades parecen estar cambiando.

Porque hay algo que no puede olvidarse en medio de toda esta controversia: las obras contempladas en el Acuerdo 003 de 2017 no eran obras menores ni caprichos urbanísticos. Eran proyectos estratégicos concebidos para responder a uno de los problemas más graves y más antiguos de Cúcuta: el colapso progresivo de su movilidad.

La intersección de Cuatro Vientos, la solución vial en la Diagonal Santander con Avenida Cero y Gran Colombia, la intervención en la glorieta del Terminal y otras obras incluidas en el paquete de valorización fueron presentadas ante la ciudadanía como soluciones estructurales para descongestionar corredores críticos de una ciudad que creció desordenadamente y cuya infraestructura vial hace años quedó rezagada frente al número de vehículos y al desarrollo urbano.

Y precisamente por esa importancia, miles de ciudadanos aceptaron pagar valorización. No fue un aporte voluntario motivado por estética o embellecimiento. Fue un sacrificio económico justificado bajo la promesa de que Cúcuta finalmente tendría obras capaces de mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y modernizar puntos neurálgicos donde diariamente se forman enormes congestiones.

Por eso hoy existe molestia.

Porque esas obras no nacieron ayer. Han sido esperadas durante años por una ciudad cansada del caos vehicular, de los trancones interminables, de los cruces peligrosos y de una infraestructura insuficiente para las necesidades actuales de la capital nortesantandereana.

Y la situación se vuelve todavía más preocupante cuando se observa que Cúcuta sigue siendo una de las pocas ciudades intermedias de Colombia que nunca logró consolidar un verdadero sistema de transporte masivo moderno y eficiente. Mientras otras ciudades avanzaron (con dificultades, sí) hacia modelos integrados de movilidad, aquí la improvisación terminó imponiéndose sobre la planificación. El resultado está a la vista: más motocicletas, más congestión, más desorden vial y una ciudad donde cada año movilizarse resulta más lento y más caótico. Precisamente por eso las megaobras contempladas desde 2017 adquirían un valor aún más estratégico: eran, al menos, una oportunidad para aliviar parcialmente una movilidad que hace tiempo entró en estado crítico.

Y cuando después de tantos años de espera la ciudadanía percibe que las prioridades comienzan a trasladarse hacia proyectos de ornamentación, paisajismo o embellecimiento urbano, inevitablemente surge la pregunta que hoy recorre a Cúcuta: ¿qué pasó con las obras que realmente necesitaba la ciudad?

Nadie discute que una ciudad bonita es importante. Claro que lo es. Los espacios públicos dignos mejoran la calidad de vida y fortalecen la imagen urbana. Pero una administración también debe entender cuáles son las urgencias reales de su gente.

Y hoy la principal angustia del cucuteño no está en si un separador tiene palmeras o jardines. Está en cuánto demora atrapado en un trancón. Está en el desorden vial. Está en los puntos críticos que durante años han colapsado la movilidad del área metropolitana.

Ahí es donde aparece el verdadero problema político y social de esta controversia: la confianza.

Porque el ciudadano siente que pagó por unas soluciones específicas que le fueron prometidas hace casi una década. Y cuando esas soluciones empiezan a diluirse, modificarse o replantearse, lo que se fractura no es solamente un cronograma de obras. Se fractura la credibilidad institucional.

La valorización no puede convertirse en un concepto abstracto donde el ciudadano paga sin claridad sobre el destino final de los recursos. La valorización fue presentada como un pacto entre la ciudad y sus contribuyentes: ustedes aportan hoy para que mañana existan obras concretas que transformen la movilidad de Cúcuta.

Y precisamente por eso la discusión actual genera tanta controversia. Porque para muchos cucuteños el debate no es entre un puente o unos jardines. El debate es entre cumplirle o no cumplirle a la ciudad después de años de espera.

Lo más preocupante es que, mientras la ciudad sigue esperando respuestas, los grandes debates públicos de Cúcuta terminan consumiéndose entre controles políticos, discursos encendidos y sesiones interminables en el Concejo Municipal que, al final, pocas veces producen resultados concretos para la ciudadanía. Pasó con el relleno sanitario, del que hoy prácticamente nadie vuelve a hablar. Pasó con la concesión del acueducto, que terminó diluyéndose entre controversias, silencios y dudas sin resolver. Y ahora ocurre nuevamente con las obras de valorización, modificadas prácticamente de un plumazo, sin una verdadera consulta amplia a la ciudadanía sobre qué era lo prioritario para la ciudad.

Porque esa también es la pregunta de fondo que sigue sin respuesta: ¿a quién terminó beneficiando realmente el cambio de estas obras? ¿Quién decidió que el rumbo debía modificarse? ¿Dónde estuvo la participación ciudadana en una decisión financiada precisamente con el bolsillo de los cucuteños?

Cúcuta necesita embellecerse, sí. Pero antes necesita resolver los problemas estructurales que durante décadas han frenado su desarrollo urbano.

Y quizás lo más grave de todo no sea únicamente el cambio de unas obras. Lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que en Cúcuta se siguen tomando decisiones que afectan a toda la ciudad sin escuchar verdaderamente a quienes pagan las cuentas. Con un simple trámite administrativo y político terminaron alterando proyectos estratégicos que durante años fueron vendidos como fundamentales para el bienestar colectivo y la movilidad de miles de ciudadanos. Mientras tanto, la ciudad sigue atrapada en el caos vial, en la improvisación y en la ausencia de una visión seria de desarrollo urbano. Porque cuando las prioridades públicas terminan subordinadas a intereses políticos, cálculos de imagen o decisiones tomadas entre pocos, el gran perjudicado siempre termina siendo el mismo: el ciudadano común que paga impuestos, soporta los trancones y sigue esperando, año tras año, la ciudad moderna que le prometieron, la Cúcuta que soñamos. ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

 

Cúcuta: del precio del bolívar a contar los muertos.

 

No hace mucho, por allá en el siglo XX, en los años 70, en el colegio había un profesor profundamente preocupado por la informalidad de la ciudad. Imagínense: ya por aquella época era un tema. Ese profesor decía que los cucuteños solo se preocupaban por dos cosas: saber a cómo amanecía el precio del bolívar y cómo había quedado el Cúcuta Deportivo. Era, en su momento, una crítica a la superficialidad de nuestras prioridades.

Hoy el precio del bolívar ya no marca la conversación diaria como antes, y el Cúcuta Deportivo se ha convertido en una sombra que va y viene entre la primera y la segunda división, jugando en un estadio que todavía arrastra problemas tan básicos como sus luminarias. Pero el cambio más preocupante no está ahí. Hoy la conversación cambió… y empeoró.

Hoy los cucuteños nos estamos acostumbrando a algo mucho más grave: a contar los muertos de la noche anterior.

Y no, no es amarillismo.
Es realismo.

Porque mientras algunos intentan suavizar el lenguaje, la ciudad vive una realidad que no se puede maquillar. En lo corrido de 2026, aunque las cifras oficiales hablen de una reducción cercana al 28% en homicidios frente al año anterior, los hechos recientes cuentan otra historia: jornadas con varios asesinatos en menos de 24 horas, una masacre iniciando el año, episodios de sicariato que se repiten con una frecuencia que ya no sorprende, sino que preocupa, por lo contrario: porque empieza a dejar de sorprender.

Y ahí es donde el problema deja de ser estadístico y se vuelve cultural.

Porque cuando la violencia se vuelve paisaje, la ciudad empieza a perder algo más importante que la seguridad: pierde la capacidad de indignarse.

Se ha dicho que la administración municipal no ha sido capaz de afrontar el problema con estrategias eficientes. Tal vez. También es cierto que criticar es fácil y resolver es mucho más complejo, sobre todo cuando el fenómeno supera lo local y escala a nivel nacional. Basta mirar el contexto: el Catatumbo, el Cauca, Nariño, el Huila… territorios distintos, pero atravesados por una misma constante: la disputa armada, la fragilidad institucional y la expansión de economías ilegales.

Pero reconocer la complejidad no puede convertirse en excusa para la inacción.

Porque si bien el problema es nacional, la seguridad se siente —o se sufre— en lo local.

Y ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas incómodas.

¿Es suficiente la reacción institucional en Cúcuta?
¿Alcanzan los consejos de seguridad, las recompensas y los operativos?
¿O estamos atrapados en un modelo que llega siempre después del crimen?

También se ha dicho que la reacción del alcalde parece tibia frente a lo que ocurre en otras ciudades como Cali o el Valle del Cauca. Puede ser una cuestión de estilos, sí. Pero en seguridad, más que el estilo, importan los resultados. Y hoy el resultado es claro: la percepción de inseguridad sigue intacta.

Mientras tanto, la narrativa oficial intenta mostrar una ciudad que avanza: calles pavimentadas, videos optimistas, niños agradeciendo, la promesa de “la Cúcuta que soñamos”. Y todo eso es válido, necesario incluso. Pero hay una realidad que no se puede pavimentar ni editar en video: la de una ciudad donde la violencia sigue marcando el pulso de la cotidianidad.

Porque no se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se logra.

Y hoy, pese a las cifras, pese a los operativos, pese a los discursos, la sensación en la calle sigue siendo la misma: la seguridad no está garantizada.

La brújula de la seguridad en Cúcuta parece atrapada en una zona magnéticamente violenta que la hace girar sin rumbo claro. A veces apunta al sur, a veces al norte. Da igual. El resultado es el mismo: desorientación. Incertidumbre. Miedo.

Y mientras tanto, el futuro de la ciudad no brilla como el sol canicular que la caracteriza. Se ve opaco, intermitente, condicionado por una realidad que no termina de cambiar.

Aquí no hay respuestas fáciles. Pero sí hay una certeza incómoda: Cúcuta no puede seguir acostumbrándose a esto.

Porque una cosa es entender la violencia.
Y otra muy distinta… es aprender a convivir con ella.

Y ese, quizás, es el mayor fracaso de todos. ¿O ME EQUIVOCO?

Bonus track: Mientras el Cauca arde con ataques, hostigamientos y una violencia que ya no se puede disimular, el país escucha más explicaciones que resultados. El gobierno de Gustavo Petro insiste en una narrativa de paz que no logra traducirse en control real del territorio, y ahí es donde la crítica deja de ser ideológica para volverse inevitable: cuando la violencia escala y la respuesta no se siente, no es solo un problema de estrategia, es un problema de liderazgo. Porque una cosa es apostar por la paz, y otra muy distinta es que, en medio de esa apuesta, el país empiece a preguntarse quién tiene realmente el control.

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De Guayabal a Guaimaral: Cúcuta sin control

 

El próximo 26 de abril se llevarán a cabo en Colombia las elecciones de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En el caso de Cúcuta, se elegirán más de 300 líderes comunales que representarán a sus barrios durante los próximos cuatro años.

No es un tema menor. Es, literalmente, la base de la democracia.

Y precisamente por eso resulta imposible pasar por alto lo que está ocurriendo. Porque en Cúcuta estamos empezando a entender algo incómodo: el problema no es la basura… ni tampoco las Juntas de Acción Comunal.

El problema es más profundo: es la forma en que se toman decisiones y, sobre todo, la forma en que nadie parece asumir la responsabilidad de vigilarlas.

Lo vimos hace apenas unos días con el otrosí del contrato del relleno sanitario de Guayabal. Un tema que sacudió el debate público, que encendió el Concejo y que dejó en el aire preguntas fundamentales sobre la conveniencia, la transparencia y el impacto de lo firmado. Mucho ruido, muchas posiciones… pero una ausencia que sigue pesando: la de los entes de control con pronunciamientos claros y oportunos.

Y ahora, casi en paralelo, la historia se repite en otro escenario. Más pequeño, más silencioso, pero igual de importante.

En el barrio Guaimaral, una ciudadana presentó una denuncia formal por presuntas irregularidades en el proceso electoral de la Junta de Acción Comunal: inconsistencias en la inscripción de afiliados, posibles dobles registros, dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Garantías, indicios de compra de votos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos básicos como la residencia.

No es un asunto menor. Es la esencia misma de la participación ciudadana.

Pero la respuesta institucional vuelve a ser la misma: trámite.

Se remite.
Se traslada.
Se diluye.

Y entonces la pregunta es inevitable:
¿quién está controlando realmente?

Porque cuando se cuestiona un contrato millonario, el control no aparece.

Y cuando se cuestiona un proceso electoral comunitario, el control se limita a pasar el caso a otra dependencia. Distintos escenarios, la misma respuesta...y eso es lo verdaderamente grave.

Porque aquí ya no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos frente a un patrón. Una forma de actuar donde las instituciones parecen más cómodas administrando documentos que tomando decisiones. Donde el procedimiento reemplaza la acción y el silencio termina siendo la respuesta más frecuente.

El problema no es solo lo que pudo haberse firmado en Guayabal.

Ni únicamente lo que podría estar ocurriendo en Guaimaral.

El problema es que, grande o pequeño, el mensaje para la ciudadanía es el mismo: las dudas existen… pero las respuestas no llegan.

Y cuando eso pasa, la confianza se rompe.

Se rompe en los grandes contratos, donde debería existir una vigilancia estricta sobre los recursos públicos.
Y se rompe en los barrios, donde debería protegerse el primer eslabón de la democracia.

Porque las Juntas de Acción Comunal no son un trámite. Son el punto de partida de la participación real.
Y si ese punto de partida se contamina, todo lo demás queda en entredicho.

Aquí no se trata de condenar sin pruebas. Se trata de exigir lo mínimo: presencia institucional real.
Que el control controle.
Que investigue cuando hay dudas.
Que hable cuando el silencio genera más incertidumbre que tranquilidad.

Hoy, a pocos días de las elecciones, la denuncia presentada por una ciudadana del barrio Guaimaral sigue sin una respuesta institucional de fondo.
Y si lo que allí se advierte resulta ser cierto, estaríamos ante algo mucho más grave que una irregularidad puntual:

estaríamos permitiendo que se vulnere, en silencio, el primer eslabón de la democracia… sin que pase absolutamente nada. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

 

Guayabal: el negocio que nadie entiende

 

En Cúcuta no solo se entierran residuos. También se entierran decisiones. Y algunas de ellas, como suele ocurrir en Colombia, comienzan a oler mal justo cuando nadie quiere destaparlas.

La semana que terminó no solo dejó titulares globales por avances científicos que parecen sacados de la ciencia ficción. En el plano local, dejó algo mucho más terrenal… y mucho más preocupante: un escándalo en el recinto donde se supone se ejerce el control democrático de la ciudad.Todo por cuenta de un debate de control político sobre un otrosí al contrato de concesión del relleno sanitario Guayabal.

Lo que ocurrió allí no fue precisamente un ejemplo de institucionalidad. Hubo de todo: discusiones, gritos, desorden y, como si fuera poco, una alerta sanitaria. La Secretaría de Salud Municipal advirtió sobre una posible contaminación en el recinto y recomendó suspender sesiones para tomar medidas preventivas. Sin embargo, en una decisión difícil de entender, el Concejo optó por abrir sus puertas al público, en contravía de cualquier lógica sanitaria.

El resultado: caos.

Y, al final, lo más grave: el debate fue aplazado.

Es decir, se pospuso la discusión de un tema que, como veremos, no solo es complejo… sino profundamente confuso.

Porque si algo queda claro al revisar lo poco que se conoce con certeza, es que este asunto está más enredado que una bolsa de anzuelos oxidados.

Intenté acceder al contrato original del relleno sanitario Guayabal, firmado por el municipio de Cúcuta en el año 2000. No fue posible. Sin embargo, sí tuve acceso a un informe de la Contraloría Municipal que analiza la ejecución de ese contrato.

Y lo que allí se encuentra no es precisamente tranquilidad.

El contrato de concesión 0618 de 2000 tuvo su origen en la licitación pública LP 0017-2000, abierta mediante resolución del 29 de junio de ese mismo año, para entregar a un operador privado el componente de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la ciudad. Bajo ese esquema, el concesionario asumía la compra del terreno, la construcción, la operación y el mantenimiento del relleno sanitario.

El municipio, en apariencia, no ponía dinero.

Y aquí es donde vale la pena detenerse.

Porque, en teoría, bajo la Ley 142 de 1994, eso no era un problema. La ley permitió que privados prestaran servicios públicos y promovió esquemas donde el Estado no necesariamente debía invertir directamente. Incluso, en el año 2000, un privado podía —en teoría— construir y operar un relleno sanitario sin necesidad de una concesión.

Pero solo en teoría.

En la práctica, sin el visto bueno del municipio, sin su inclusión en el esquema del servicio y sin acceso al flujo de residuos, ese negocio era inviable. Porque en este sector hay una verdad simple: sin basura, no hay negocio.

Por eso la concesión no era obligatoria… pero sí era la vía más segura. Garantizaba estabilidad, aseguraba el flujo de residuos y reducía el riesgo. Y eso fue, precisamente, lo que se hizo en Cúcuta.

Hasta ahí, todo parece lógico.

Lo que deja de ser lógico es lo que vino después.

Hoy, más de dos décadas después, no está claro qué fue exactamente lo que el municipio garantizó… ni qué es lo que realmente va a recibir.

El informe de la Contraloría, lejos de resolver esas dudas, abre muchas más.

Por un lado, existe una discusión de fondo sobre la propiedad del relleno. El operador sostiene que el terreno es privado y que no hay recursos públicos involucrados, lo que limitaría el control fiscal hasta el momento de la reversión. La Contraloría responde que el control debe ejercerse desde el inicio, durante la ejecución y hasta el final del contrato.

Por otro lado, aparece una duda aún más inquietante: el tamaño del predio. El contrato habla de un mínimo de 60 hectáreas, pero los documentos sugieren que el terreno podría ser mucho mayor. ¿Cuánto exactamente? No está claro. Y si no está claro eso, tampoco está claro qué debe revertir al municipio.

Y en medio de todo, el silencio.

El informe señala que el municipio no respondió de fondo a observaciones clave sobre supervisión e interventoría. Ese silencio, en términos de control, no es neutro. Se convierte en hallazgo.

Y cuando el Estado guarda silencio sobre su propio patrimonio, el problema deja de ser técnico y se vuelve político.

Aquí es donde el caso Guayabal deja de ser un asunto de basuras y se convierte en un reflejo de algo más profundo: la forma en que el Estado colombiano ha manejado —o dejado de manejar— sus relaciones con operadores privados en contratos de largo plazo.

No fue un error permitir que un privado construyera y operara el relleno. Eso era coherente con la ley y con la época. El error fue no asegurar claridad, no ejercer control constante y no dejar completamente definido qué le quedaba a la ciudad al final del contrato.

Hoy, cuando se habla de otrosíes, prórrogas y decisiones de último momento, la sensación no es de certeza. Es de improvisación.

Porque lo cierto es esto:

nadie parece tener completamente claro qué se firmó, qué se cumplió y qué se va a recibir.

Y ese es, quizás, el problema más grave de todos.

En Cúcuta no solo se está discutiendo un contrato. Se está discutiendo la capacidad del Estado para entender, controlar y defender lo que es suyo.

Mientras tanto, el relleno sanitario seguirá funcionando, recibiendo toneladas de residuos cada día. Pero las dudas —esas sí— siguen acumulándose.

Y el informe de la Contraloría, lejos de disiparlas, deja una sensación inquietante:

que aquí hay más preguntas que respuestas…

y más incertidumbre que certezas.

Tal vez por eso el debate se aplazó.

O tal vez porque, en el fondo, nadie está listo todavía para responder lo realmente importante. ¿ O ME EQUIVOCO?