“Perseverante, Segura y Productiva: tres palabras, muchas preguntas”

 

Pero, si vamos a ser francos, con todo lo que se ha endeudado el municipio durante esta administración, ¿cuál es la gran obra que le va a dejar a Cúcuta? Yo, sinceramente, no la veo.

Una ciudad no se transforma porque inaugure obras. Se transforma cuando esas obras consiguen que sus ciudadanos vivan mejor.

Parece una frase sencilla, pero contiene una pregunta que la Administración Municipal y el Concejo de Cúcuta deberían responderle a la ciudadanía: ¿cuánto de lo que hoy se anuncia, se contrata y se construye está modificando realmente la vida de los cucuteños?

Veo a diario el avance del embellecimiento del sector del canal Bogotá, a la altura del cruce hacia el barrio El Bosque, y parece que este ejercicio irá hasta La Libertadores. Y eso está bien. Está quedando bonito. Pero una administración sin contexto corre el riesgo de convertirse en una administración llena de pretextos. Y entonces nos preguntam

os: ¿cuáles son las prioridades de una ciudad como Cúcuta en la ejecución de sus ingresos o, mejor aún, de sus empréstitos? ¿Había, por casualidad, algo más importante que resolver en la ciudad?

Porque gobernar una ciudad no puede convertirse en una competencia por mostrar metros de pavimento, parques recuperados, escenarios deportivos o proyectos anunciados. Las obras son necesarias, por supuesto. Pero una ciudad puede tener más cemento y continuar teniendo los mismos problemas de fondo.

Y Cúcuta tiene varios.

El mercado laboral es quizá uno de los mejores ejemplos. Durante el primer trimestre de 2026, Cúcuta y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo del 12 %. Pero el dato verdaderamente preocupante está en la informalidad: 62,3 % de los ocupados. Es decir, más de seis de cada diez trabajadores siguen vinculados al mercado laboral en condiciones de informalidad.

Eso debería ser suficiente para que la palabra “productividad” dejara de ser un simple componente del nombre del Plan de Desarrollo y se convirtiera en una obsesión de gobierno.

Porque una ciudad no es productiva simplemente porque tenga comercio. No es productiva porque sus calles estén llenas de vendedores, motocicletas y pequeños negocios. Una ciudad productiva es aquella capaz de generar empresas, atraer inversión, crear empleos formales, aumentar los ingresos de sus trabajadores y ofrecer oportunidades para que los jóvenes no tengan que vivir del rebusque.

¿Cuál es la gran estrategia de Cúcuta para pasar de una economía de supervivencia a una economía de productividad?

No basta con organizar ferias de empleo, capacitar personas o anunciar programas. Necesitamos saber cuántos empleos formales se han creado, cuántas empresas nuevas sobreviven, cuánto capital privado está llegando, cuánto aumenta la productividad y cuánto disminuye realmente la informalidad.

Porque si dentro de dos años seguimos teniendo una informalidad cercana al 60 %, podremos haber pavimentado muchas calles, pero no habremos transformado la estructura económica de la ciudad.

La Administración Municipal ha bautizado su hoja de ruta como “Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva”. Es un nombre ambicioso.

Una administración perseverante debería preguntarse: ¿qué problemas llevamos 10, 20 o 30 años tratando de resolver y todavía no hemos solucionado? Y concentrar allí buena parte de su capacidad de gobierno.

Una Cúcuta segura no es solamente aquella donde bajan los homicidios. Es una ciudad donde el ciudadano puede salir de su casa, caminar, utilizar el transporte, llevar a sus hijos al colegio, abrir un negocio y regresar por la noche sin sentir que está arriesgando su vida o sus bienes.

Una Cúcuta productiva no puede ser una ciudad donde más del 60 % de los trabajadores permanece en la informalidad.

Productividad significa empresas que crecen, inversión privada, empleo formal, mejores salarios, innovación, capacitación, tecnología, exportaciones y jóvenes preparados para trabajos de mayor valor.

Pero dentro de algunos años nadie recordará el nombre del plan. Los ciudadanos recordarán si consiguieron empleo, si pudieron caminar tranquilos por su barrio, si sus hijos recibieron mejor educación, si las calles dejaron de inundarse, si el transporte mejoró y si la ciudad consiguió generar oportunidades.

Porque una ciudad no se transforma gastando más. Se transforma gastando mejor.

Y si Cúcuta necesita seguir incorporando recursos que no logró ejecutar oportunamente, mientras más del 60 % de sus trabajadores continúa en la informalidad y la ciudad sigue enfrentando problemas graves de seguridad, entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:

¿El problema de Cúcuta es realmente la falta de recursos o la falta de prioridades?

¿Cúcuta está construyendo más o realmente está consiguiendo que sus ciudadanos vivan mejor? ¿O me equivoco?

 

COLOMBIA FRACASA EN PISA, PERO EL VERDADERO FRACASO SERÍA NO REACCIONAR

 

Colombia está llevando más jóvenes a las aulas, pero todavía no está logrando que aprendan lo que necesitan para enfrentar la vida.

Hay cifras que deberían incomodarnos como sociedad. No porque aparezcan en un ranking internacional, sino porque detrás de ellas hay miles de niños y jóvenes colombianos cuyo futuro puede estar quedándose rezagado. Los resultados de las pruebas PISA 2025 acaban de entregarnos una de esas cifras.

Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas, 399 en Lectura y 414 en Ciencias. Frente a 2022, el país retrocedió dos puntos en Matemáticas y diez en Lectura, aunque logró mejorar tres puntos en Ciencias. Cuatro Años totalmente perdidos en educación.

Pero hay un dato que debería producir algo más que titulares durante 24 horas: apenas el 29 % de nuestros estudiantes alcanzó el nivel básico en Matemáticas y el 46 % lo hizo en Lectura.

Dicho de otra manera: siete de cada diez jóvenes colombianos evaluados no alcanzan las competencias básicas en Matemáticas.

Y aquí comienza el verdadero problema.

Porque PISA no está preguntando simplemente si nuestros estudiantes memorizaron una fórmula, una fecha histórica o una definición. Está intentando determinar si pueden utilizar lo que aprendieron para comprender una situación, interpretar información, resolver un problema y tomar decisiones.

Y eso cambia completamente la discusión.

Un joven puede aprobar matemáticas y, sin embargo, tener dificultades para interpretar una gráfica, calcular un porcentaje, comprender una tasa de interés o evaluar una información financiera.

Puede saber leer palabras y, al mismo tiempo, tener dificultades para comprender un texto, identificar una idea central, comparar argumentos o distinguir información confiable de una mentira. Ese es el verdadero desafío.

EL PROBLEMA NO NACIÓ AYER

Sería demasiado fácil —y también demasiado irresponsable— convertir estos resultados en un arma política contra el gobierno de turno. Los resultados muestran una tendencia que no comenzó en 2025. Colombia ya había obtenido 391 puntos en Matemáticas y 412 en Lectura en 2018; en 2022 descendió a 383 y 409, respectivamente. Ahora llega a 381 y 399.

Esto significa que estamos frente a un problema estructural.

La educación colombiana necesita dejar de ser una política de gobierno para convertirse en una verdadera política de Estado. Cada cuatro años cambiamos discursos, programas, ministros, modelos y prioridades. Pero los niños que hoy están en primaria no pueden esperar otros veinte años para que descubramos cómo enseñarles mejor.

MÁS COBERTURA, PERO TAMBIÉN MÁS CALIDAD

Hay, sin embargo, un elemento que debemos reconocer. La expansión del acceso a la educación secundaria ha permitido que más jóvenes de sectores históricamente excluidos lleguen al sistema educativo. La propia lectura de los resultados reconoce que esa mayor inclusión puede influir en los promedios.

Y eso es una buena noticia.

Pero aumentar la cobertura no puede ser suficiente. No basta con que los jóvenes estén dentro de las aulas; necesitamos que salgan de ellas mejor preparados.

Una educación que consigue matrícula, pero no consigue aprendizaje, termina convirtiéndose en una estadística de cobertura y no en una herramienta de transformación social.

Tal vez llegó el momento de hacernos una pregunta incómoda:

¿Estamos educando para aprobar materias o estamos educando para la vida?

Porque un estudiante puede graduarse del colegio y todavía no saber interpretar adecuadamente un contrato, comprender una noticia, analizar una estadística, administrar responsablemente su dinero o argumentar una posición frente a un problema.

Y en una sociedad inundada de información, redes sociales y ahora inteligencia artificial, estas capacidades son más importantes que nunca.

El problema ya no es solamente saber. ¿O ME EQUIVOCO ?

 

¿CÚCUTA LEE O SOLAMENTE VA A LA FERIA DEL LIBRO?

 

Hay una pregunta que deberíamos hacernos ahora que termina una nueva edición de la Fiesta del Libro de Cúcuta: ¿somos realmente una ciudad de lectores o simplemente una ciudad que, durante seis días al año, se acuerda de los libros? La pregunta puede resultar incómoda, pero creo que es necesaria.

Durante esta semana hemos visto colegios, estudiantes, escritores, editoriales, conferencistas, familias y miles de cucuteños acercándose a la Fiesta del Libro. Las imágenes son alentadoras: salones llenos, jóvenes escuchando a autores, niños descubriendo historias y libros exhibidos por todas partes.

Y eso hay que celebrarlo.

Pero una feria del libro no debería medirse únicamente por el número de personas que atraviesan sus puertas. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántas personas salen de allí con un libro bajo el brazo y, sobre todo, cuántas vuelven a una librería cuando la feria termina?

Los datos disponibles nos dejan una reflexión interesante.

La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura del DANE de 2017 registró que Cúcuta tenía un promedio de 5,4 libros leídos entre las personas que leían libros, mientras Medellín llegaba a 6,6 y Bogotá a 6,5. Es decir, no estábamos en los primeros lugares del país.

Pero había otro dato que llamaba poderosamente la atención: el 92,5 % de quienes leían en Cúcuta lo hacían en soporte impreso, uno de los porcentajes más altos entre las ciudades colombianas.

Eso decía algo importante de nuestra relación con el libro: al cucuteño que leía, al menos en aquel momento, le gustaba tener el libro en sus manos.

Siete años después, el panorama nacional muestra una evolución. El estudio Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros 2023, realizado por la Cámara Colombiana del Libro, encontró que los lectores habituales en Colombia llegaron a un promedio de 6,91 libros al año.

¿Qué está pasando hoy con los lectores cucuteños?

No basta con saber cuántas personas asisten a la Fiesta del Libro. Necesitamos saber cuántos libros se venden, cuáles son los más comprados, quiénes los compran y con qué frecuencia.

Porque una cosa es caminar entre estanterías y otra muy diferente es comprar un libro. Una cosa es asistir a una conferencia sobre literatura y otra es llegar a casa, abrir un libro y dedicarle media hora de nuestra noche. Una cosa es tomarse una fotografía frente al escenario de la Feria y publicarla en Instagram; otra muy distinta es apagar el teléfono y ponerse a leer.

Y aquí aparece un reto enorme para Cúcuta.

Porque si queremos construir una ciudad más educada, más crítica y más preparada para enfrentar sus problemas, necesitamos ciudadanos que lean.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿qué tanto estamos leyendo realmente en Cúcuta y qué tan bien estamos comprendiendo lo que leemos?

La Fiesta del Libro demuestra que existe interés por la cultura y que miles de ciudadanos se acercan a los libros, pero esa fotografía positiva debe contrastarse con los resultados educativos. Las pruebas Saber 11, particularmente en Lectura Crítica, no miden directamente cuántos libros lee un estudiante, pero sí permiten observar su capacidad para comprender, interpretar, analizar y argumentar a partir de un texto.

Por eso, más que celebrar únicamente la asistencia masiva a una feria, Cúcuta debería preguntarse si estamos convirtiendo ese entusiasmo de seis días en un verdadero hábito de lectura durante los 365 días del año.

Porque una ciudad verdaderamente lectora no es la que llena una feria del libro, sino la que logra que sus niños, jóvenes y adultos hagan de los libros una parte cotidiana de su vida.

Una ciudad que lee es una ciudad que piensa. Y una ciudad que piensa cuestiona, compara, analiza y no se deja engañar fácilmente.

Por eso, promover la lectura no debería ser únicamente una tarea de los colegios. También debería ser una prioridad de las universidades, de las familias, de las bibliotecas, de las instituciones culturales y, por supuesto, de los gobiernos locales.

Necesitamos más bibliotecas abiertas, más actividades permanentes de lectura, más clubes de lectores, más librerías, más libros al alcance de los jóvenes y, especialmente, una política pública que consiga que la lectura no sea una actividad excepcional de una semana de agosto o septiembre.

Porque existe el riesgo de que terminemos cometiendo una paradoja: que Cúcuta tenga una gran Fiesta del Libro, pero no necesariamente una gran cultura de lectura.

Y no estoy diciendo que la Feria no sea importante. Todo lo contrario.

La Fiesta del Libro de Cúcuta es una de esas iniciativas que debemos defender y fortalecer. Pero también debemos exigir que sus resultados trasciendan los días del evento.

Que los niños que fueron a la Feria vuelvan a pedir libros en diciembre. Que los jóvenes que escucharon a un escritor busquen después sus obras. Que los padres compren un libro para sus hijos, pero también uno para ellos. Que las empresas entiendan que patrocinar la lectura también es invertir en ciudad.

Y que los gobernantes comprendan que un libro puede transformar mucho más que una biblioteca: puede transformar una vida.

Quizás por eso, cuando se cierre la última actividad de esta edición de la Fiesta del Libro, no deberíamos preguntarnos solamente cuántas personas asistieron.

Deberíamos preguntarnos: ¿cuántos nuevos lectores dejamos?

Esa sería la verdadera medida del éxito.

Porque una feria puede durar seis días. Pero el hábito de leer debería acompañarnos toda la vida.

Y si queremos que Cúcuta deje de ser una ciudad que simplemente sobrevive a sus problemas y se convierta en una ciudad que piensa, propone y construye su futuro, tal vez tengamos que empezar por algo tan sencillo como abrir un libro.

¿O me equivoco?

 

¿QUIÉN PAGARÁ LA CUENTA?

 

“Hoy, la deuda pública de Cúcuta equivale aproximadamente a $509.000 por cada habitante de cualquier estrato. Con el nuevo crédito de $30.000 millones, esa cifra subiría a cerca de $547.000 por cucuteño.”

Una ciudad con calles deterioradas necesita inversión y, cuando los recursos propios no alcanzan, el crédito puede convertirse en una herramienta legítima para financiar infraestructura.

Pero una política pública seria no puede reducir el desarrollo urbano a pavimentar calles.

Hay necesidades que pueden tener incluso mayor impacto sobre la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos que el pavimento. Cúcuta sigue teniendo sectores vulnerables a inundaciones y problemas de escorrentía. Necesita resolver definitivamente su movilidad y avanzar hacia un sistema de transporte moderno e integrado. Necesita mejorar sus ambientes escolares, ampliar la conectividad y fortalecer la formación para el empleo. Tiene una red hospitalaria que requiere fortalecimiento y necesita mayores inversiones en prevención, salud mental, salud ambiental y atención primaria. Necesita parques, zonas verdes, escenarios deportivos y recuperación urbana.

Cúcuta necesita recuperar el río Pamplonita, fortalecer la arborización, mejorar la calidad del aire, proteger sus fuentes hídricas y prepararse para los efectos del cambio climático. Necesita, además, infraestructura que permita atraer empresas, fortalecer los emprendimientos y aprovechar realmente su condición de ciudad fronteriza.

¿Por qué, cuando Cúcuta tiene tantas necesidades estructurales, buena parte de la discusión sobre nuevos créditos termina concentrándose nuevamente en pavimentación?

Cúcuta vuelve a entrar en el peligroso terreno del endeudamiento público. La Administración Municipal fué autorizada por el concejo a hacer un nuevo crédito por $30.000 millones, destinado fundamentalmente a continuar con la recuperación de la malla vial.

A primera vista, parece una decisión razonable. Pero el problema no es pedir prestado.

El problema es pedir prestado sin que los ciudadanos tengan absolutamente claro cuánto se debe, cuánto terminarán pagando, qué obras se han ejecutado con los créditos anteriores y cuál será el verdadero costo financiero de seguir comprometiendo los ingresos futuros de Cúcuta.

La Administración y algunos concejales defensores del proyecto argumentan que Cúcuta todavía tiene capacidad legal de endeudamiento. De acuerdo con las cifras presentadas en el Concejo, el indicador de solvencia se encuentra en 5 %, frente a un límite de alerta del 60 %, mientras el de sostenibilidad está en 51 %, frente a un límite del 100 %. Con el nuevo empréstito, estos indicadores subirían al 8 % y al 66 %, respectivamente. Perfecto.

¿Pero qué significan realmente esos porcentajes?

Para muchos ciudadanos, hablar de una solvencia del 5 %, una sostenibilidad del 51 % y que con un nuevo crédito pasarían al 8 % y al 66 % puede sonar tranquilizador. Pero traduzcamos esas cifras al lenguaje de la calle.

El indicador de solvencia busca establecer, en términos sencillos, qué tan pesada resulta para el municipio la obligación de pagar los intereses de su deuda frente a sus ingresos. Por eso, cuando la Administración dice que Cúcuta está en el 5 % y que, con el nuevo crédito, subiría al 8 %, está diciendo que todavía se encuentra muy por debajo del límite legal utilizado para este indicador.

La sostenibilidad mira otra cosa: si el municipio tiene capacidad para soportar el conjunto de sus obligaciones de deuda frente a los ingresos que respaldan ese cálculo. Hoy estaría en el 51 % y, con los $30.000 millones adicionales, subiría al 66 %, todavía por debajo del límite legal del 100 %.

Hasta ahí, todo parece tranquilizador.

Pero hay que tener cuidado.

Que la ley permita endeudarse hasta determinado nivel no significa que sea conveniente llegar hasta allí.

Para entenderlo mejor, pensemos en una familia que gana $5 millones mensuales y tiene una deuda importante. El banco puede decirle que, de acuerdo con sus ingresos, todavía puede solicitar otro préstamo. ¿Eso significa que la familia debería hacerlo? No necesariamente. Dependerá de para qué necesita el dinero, cuánto pagará en intereses, cuánto tiempo estará pagando y qué sacrificios tendrá que hacer en el futuro para cumplir con esa obligación. Con un municipio ocurre exactamente lo mismo.

Tener capacidad legal de endeudamiento no es lo mismo que tener una buena política de endeudamiento. Y esa es precisamente la discusión que Cúcuta debería estar teniendo. La pregunta no puede limitarse a si podemos pedir otros $30.000 millones. La pregunta verdaderamente importante es: ¿Nos conviene hacerlo, ¿qué vamos a sacrificar para pagarlos y qué recibirá Cúcuta a cambio de esa deuda? Pero cumplir la ley no significa necesariamente que una decisión sea financieramente conveniente. Esta diferencia debería ser elemental.

Los indicadores de la Ley 358 de 1997 sirven para determinar si una entidad territorial tiene capacidad para asumir deuda dentro de determinados parámetros fiscales. Pero esos indicadores no responden por sí solos las preguntas más importantes para los ciudadanos:

¿Cuánto terminarán pagando los cucuteños por esos $30.000 millones cuando se sumen capital, intereses, comisiones y demás costos financieros?

Ese es el dato que debería estar en primera página. Porque cuando un alcalde solicita un crédito, el dinero entra rápidamente al presupuesto y las obras pueden inaugurarse durante su administración. Pero la obligación permanece mucho después de que el gobernante abandona el Palacio Municipal.

El alcalde administra el crédito; las siguientes administraciones y los ciudadanos pagan la deuda.

Por eso resulta preocupante que la discusión pública se concentre en establecer si jurídicamente se puede pedir el préstamo, en lugar de discutir si económicamente conviene hacerlo. Cúcuta necesita una política seria de endeudamiento y no una sucesión de créditos aprobados individualmente.

Y aquí aparece otro asunto que merece una explicación pública mucho más profunda.

Según la información publicada, sectores de la oposición cuestionan la suficiencia de los informes sobre la ejecución del crédito anterior y han planteado interrogantes sobre las inversiones realizadas con esos recursos.

Si existen dudas sobre la ejecución del empréstito anterior, la prioridad debería ser aclararlas antes de abrir nuevamente la puerta del endeudamiento.

¿Cuál es el modelo de ciudad que estamos financiando?

Porque si cada administración llega al poder, identificando un conjunto de necesidades, contrata un crédito y deja la obligación para el siguiente gobierno, Cúcuta puede terminar atrapada en un círculo perverso: deuda para solucionar problemas, nuevos problemas porque los recursos futuros están comprometidos y nuevos créditos para intentar resolverlos.

Eso no es planificación financiera. Es administrar el futuro con recursos del presente.

La propia información financiera de la Alcaldía demuestra que el servicio de la deuda ya constituye una obligación presupuestal que debe atenderse con recursos públicos. En marzo de este año, por ejemplo, un decreto municipal registró movimientos presupuestales por más de $25.929 millones asociados al servicio de la deuda pública interna, incluyendo intereses y capital.

Ese dato debería obligarnos a mirar la discusión con mucha más seriedad. Porque cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para otra necesidad pública.

Eso tiene un nombre en economía pública: costo de oportunidad.

Por eso no comparto la idea de que la discusión pueda cerrarse simplemente diciendo: “Cúcuta todavía tiene capacidad de endeudamiento”.

No necesitamos saber solamente cuánto nos puede prestar el banco. Necesitamos saber cuánto puede soportar la ciudad sin hipotecar sus posibilidades de desarrollo. Que Cúcuta tenga capacidad legal para seguir endeudándose no significa que tenga capacidad económica ilimitada para hacerlo. ¿O ME EQUIVOCO?