El Niño no espera: ¿Cúcuta se prepara o vuelve a improvisar?

 

Cúcuta conoce demasiado bien el significado del calor. Lo sentimos en las calles, en los barrios, en los hogares donde un ventilador parece insuficiente y en los trabajadores que deben ganarse la vida bajo un sol implacable. Pero una cosa es convivir con las altas temperaturas y otra muy distinta enfrentar un fenómeno climático que puede comprometer el abastecimiento de agua, aumentar el riesgo de incendios, afectar la salud pública y golpear la economía de miles de familias.

El problema es que, mientras la ciencia advierte y las autoridades ambientales encienden las alarmas, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos si nuestra administración municipal está haciendo lo necesario para anticiparse a la emergencia o si, una vez más, terminaremos reaccionando cuando el problema ya esté encima.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, confirmó oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia el pasado 8 de octubre. Su proyección señala una probabilidad del 83 % de que alcance o mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. No estamos, por tanto, ante una advertencia lejana ni frente a una posibilidad que pueda despacharse con declaraciones tranquilizadoras. Estamos ante un riesgo que exige decisiones oportunas, coordinación institucional y resultados verificables.

Y Cúcuta tiene razones adicionales para prestar atención. La capital nortesantandereana estaba entre las cinco ciudades capitales con mayor nivel de alerta frente a El Niño, mientras Corponor mantenía la alerta naranja sobre los ríos Zulia y Pamplonita. Son dos fuentes hídricas esenciales para la región y una señal que debería obligar a todas las autoridades competentes a actuar con especial responsabilidad.

La Alcaldía de Cúcuta no puede decir que nadie le avisó. Tampoco sería justo desconocer que la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos, EIS, informó sobre su participación en una sesión extraordinaria de gestión del riesgo en la que se socializó el Plan de Contingencia para la Temporada de Menos Lluvias y Sequía de 2026. Esa actuación institucional existe y debe reconocerse. Pero precisamente allí comienza la pregunta incómoda: ¿qué ha pasado después de la reunión?

Socializar un plan no es lo mismo que ejecutarlo. Convocar una mesa de trabajo no equivale a garantizar agua. Anunciar prevención no significa que los equipos de respuesta estén disponibles, que las fuentes alternas de abastecimiento hayan sido evaluadas o que los barrios más vulnerables sepan qué hacer ante una eventual interrupción del servicio. Entre el documento y la realidad existe una distancia que solo se acorta con presupuesto, responsables, cronogramas y resultados públicos.

Hasta ahora, con la información pública que he podido verificar, no es posible establecer de manera integral qué porcentaje del plan municipal está ejecutado, cuánto dinero se ha destinado específicamente a esta contingencia, cuáles son las metas medibles ni qué capacidad adicional tiene la ciudad para responder si disminuyen de manera significativa los caudales de sus fuentes de abastecimiento. Esta falta de información consolidada no demuestra que no se esté haciendo nada, pero sí plantea una obligación elemental de transparencia: explicarles a los cucuteños qué se ha hecho, qué está en marcha y qué falta por hacer.

La prevención, además, no puede reducirse a pedirle al ciudadano que cierre la llave mientras las instituciones se limitan a emitir recomendaciones. Ahorrar agua es necesario, por supuesto, pero la responsabilidad pública va mucho más allá. Hay que conocer la disponibilidad real del recurso, verificar la capacidad de captación y tratamiento, revisar los protocolos de distribución, identificar los sectores con mayor vulnerabilidad y establecer cómo se garantizará el suministro a hospitales, centros educativos, hogares infantiles y comunidades que enfrentan dificultades para acceder al servicio.

La Alcaldía, EIS, Corponor y la Gobernación deben trabajar sobre una misma hoja de ruta. No basta con que cada entidad publique su propio comunicado. La ciudadanía necesita conocer un plan articulado, con responsables identificados, fechas de cumplimiento y mecanismos para informar oportunamente sobre cualquier riesgo de desabastecimiento.

También está el peligro de los incendios de cobertura vegetal. Las altas temperaturas y la vegetación seca pueden convertir una imprudencia en una emergencia que amenace viviendas, ecosistemas y vidas humanas. ¿Cuenta Cúcuta con una capacidad de respuesta suficiente para atender varios incendios simultáneos? ¿Están identificadas las zonas de mayor riesgo? ¿Se han revisado los equipos, los recursos y la coordinación con los municipios vecinos? ¿Existe una estrategia de comunicación para que la comunidad reporte oportunamente las emergencias? Estas no son preguntas alarmistas: son preguntas básicas de gestión del riesgo.

Hay otra dimensión que no podemos ignorar: la salud. El calor extremo no afecta a todos por igual. Los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan en la calle tienen una exposición especial. La prevención debe contemplar campañas de hidratación, orientación a los servicios de salud, medidas de protección para trabajadores expuestos al sol y atención prioritaria a las comunidades con menos recursos para enfrentar las altas temperaturas.

Y aquí aparece una contradicción que merece discusión. Cúcuta es una ciudad que experimenta de manera recurrente temperaturas elevadas, pero eso no significa que esté automáticamente preparada para un episodio prolongado de calor y disminución de lluvias. La adaptación climática requiere planificación urbana, protección de árboles y zonas verdes, cuidado de las cuencas, recuperación ambiental y decisiones que no se limiten al calendario de una emergencia. Una ciudad no se vuelve resiliente por acostumbrarse al calor; se vuelve resiliente cuando reduce su vulnerabilidad.

No se trata de atribuirle al alcalde la responsabilidad por un fenómeno climático global. Ningún mandatario municipal puede controlar El Niño ni ordenar que llueva. Lo que sí está dentro de sus competencias es preparar a la ciudad, coordinar a las entidades, priorizar recursos, vigilar la ejecución de los planes y rendir cuentas. El clima no depende de la Alcaldía; la calidad de la respuesta institucional, en cambio, sí tiene responsables.

Por eso, la administración municipal debe entender que la gestión del riesgo no puede convertirse en una actividad de escritorio ni en una sucesión de reuniones cuya eficacia solo se descubre cuando llega la emergencia. La ciudadanía no necesita únicamente mensajes sobre lo que podría suceder. Necesita pruebas de que las instituciones están preparadas para enfrentarlo.

El fenómeno de El Niño también debería servir para revisar una visión de ciudad que con frecuencia privilegia la respuesta inmediata sobre la planificación de largo plazo. La prevención no siempre produce fotografías espectaculares ni inaugura obras visibles, pero puede evitar pérdidas económicas, interrupciones de servicios y sufrimientos que después resultan mucho más costosos de atender.

La pregunta, entonces, no es si Cúcuta puede impedir que llegue El Niño. La pregunta es si sus autoridades están haciendo todo lo razonablemente posible para que sus consecuencias no encuentren a la ciudad improvisando.

Desde El Primer Café Colombia consideramos que llegó la hora de que la Alcaldía publique un balance detallado de su plan de contingencia: presupuesto asignado y ejecutado, acciones realizadas, estado de preparación de los organismos de respuesta, medidas para proteger el abastecimiento de agua, protocolos sanitarios y cronograma de las tareas pendientes. Que la ciudadanía pueda consultar esa información y hacer seguimiento a los compromisos.

Porque cuando el agua empieza a escasear, los incendios avanzan o el calor golpea con mayor fuerza, ya no alcanza con convocar una reunión y anunciar medidas. En ese momento, la ciudad necesita que la prevención haya comenzado mucho antes.

Cúcuta tiene derecho a saber si está preparada. Y la administración municipal tiene el deber de demostrarlo. ¿O ME EQUIVOCO?

 

La educación colombiana bajo examen: ¿quién responde por los malos resultados?

 

Hace unos días, mientras conversaba con mi padrino, una persona con amplios conocimientos en materia educativa, discutimos sobre si los docentes en Colombia están siendo evaluados adecuadamente y qué tanta responsabilidad tiene en la calidad de la educación actual. La conversación surgió a propósito de los resultados de las pruebas PISA. Al final, mi padrino cerró la charla diciéndome que, para hablar de educación, hay que conocer a fondo cómo funciona el sistema. Así que decidí dedicar tres semanas a investigar el tema. Este es el resultado de esa investigación.

La crisis de la educación exige evaluar a los maestros con rigor, revisar el papel de los sindicatos, comprometer a las familias y exigirle al Estado resultados concretos. Defender al docente no significa blindarlo de toda crítica; exigirle calidad tampoco significa convertirlo en el único culpable.

La educación colombiana necesita una discusión seria, sin discursos complacientes, sin defensas corporativas y sin la costumbre de buscar culpables mientras los problemas permanecen intactos. Porque detrás de cada cifra educativa hay un niño que necesita aprender, un joven que busca oportunidades y una familia que deposita en la escuela la esperanza de un futuro mejor.

Los resultados más recientes de las pruebas PISA, correspondientes al ciclo de 2025 y publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 8 de septiembre de 2026, deben ocupar un lugar central en el debate sobre la calidad de la educación colombiana. En matemáticas, apenas el 29 % de los estudiantes alcanzó el nivel básico de competencia, frente al 65 % del promedio de la OCDE. En lectura, solo el 46 % llegó a ese nivel, comparado con el 69 % de los países de la organización; mientras que en ciencias lo consiguió el 50 %, frente al 74 % del promedio de la OCDE. Aunque el desempeño colombiano se mantuvo aproximadamente en los niveles de 2022, los resultados en matemáticas y lectura siguen por debajo de los registrados en 2018. Estas cifras no autorizan a señalar a los docentes como únicos responsables, pero tampoco permiten normalizar las dificultades. La pregunta es inevitable: ¿qué estamos haciendo como país para que nuestros estudiantes desarrollen las competencias necesarias para comprender, razonar y enfrentar los desafíos del siglo XXI? PISA no evalúa individualmente a cada maestro ni explica por sí sola todas las causas del problema, pero sí ofrece una señal que el Gobierno, las secretarías de Educación, los directivos escolares, los sindicatos y las familias deben atender con seriedad. Seguir buscando excusas, sin revisar las prácticas pedagógicas, la formación docente, las condiciones de las instituciones y el acompañamiento familiar, sería prolongar una discusión que nuestros niños y jóvenes no pueden darse el lujo de esperar.

La próxima evaluación de pisa según el calendario será para el 2029 eso incluirá todo el periodo desde 2025…

Estas cifras plantean una pregunta inevitable: ¿estamos formando a los estudiantes para comprender, razonar, resolver problemas y enfrentar los desafíos del siglo XXI, o seguimos atrapados en un modelo que privilegia la memorización, el cumplimiento de contenidos y la aprobación de asignaturas?

PISA no evalúa individualmente a cada maestro ni puede explicar por sí sola todas las causas de las dificultades educativas. Sin embargo, sí ofrece señales que ningún gobierno, sindicato, directivo escolar o comunidad educativa debería ignorar. Cuando los resultados permanecen estancados, la respuesta no puede limitarse a presentar excusas ni a responsabilizar exclusivamente a las condiciones sociales. Es necesario revisar qué está fallando y qué debe cambiar.

En Colombia existe una discusión que suele generar resistencia: ¿cómo evaluar a quienes tienen la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones?

La evaluación docente no debería entenderse como una amenaza contra el magisterio, sino como una herramienta para garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad. Así como un médico debe actualizar sus conocimientos y un profesional responde por el ejercicio de sus funciones, el docente también necesita demostrar que cuenta con las competencias pedagógicas, disciplinares y humanas necesarias para cumplir su misión.

Pero hay que hablar con precisión. En Colombia no todos los maestros están sometidos exactamente al mismo régimen. El Decreto Ley 1278 de 2002 estableció un sistema de carrera docente para quienes ingresaron bajo ese estatuto, mientras que otros educadores se rigen por disposiciones anteriores, como el Decreto 2277 de 1979. Por eso, cualquier propuesta de evaluación debe considerar esas diferencias legales.

La pregunta no es si debemos evaluar a los docentes. La pregunta es si estamos evaluando bien, con criterios transparentes, evidencia verificable, acompañamiento profesional y consecuencias claras.

Colombia necesita fortalecer la evaluación docente mediante un sistema técnico, transparente y suficientemente independiente, que complemente los mecanismos existentes y permita identificar fortalezas, dificultades y necesidades de formación.

No se trata de someter a los maestros a un examen aislado ni de convertirlos en los únicos responsables de los problemas educativos. Se trata de observar sus prácticas pedagógicas, la planeación de las clases, la capacidad para explicar conceptos, la atención a las dificultades de aprendizaje, el ambiente del aula y el progreso de los estudiantes, teniendo en cuenta sus condiciones de partida.

Cuando un educador demuestra buenos resultados, su trabajo debe reconocerse. Cuando presenta dificultades, debe recibir formación, acompañamiento y oportunidades reales de mejoramiento. Y cuando existen deficiencias persistentes y debidamente comprobadas, después de garantizar el apoyo correspondiente y el debido proceso, deben aplicarse las consecuencias previstas en la ley.

La evaluación sin acompañamiento se convierte en castigo; el acompañamiento sin exigencia puede terminar en complacencia. Un sistema educativo serio necesita ambas cosas: apoyo para mejorar y responsabilidad frente a los resultados.

También debe revisarse la calidad de los programas de formación inicial y continua de los maestros. No basta con acumular certificados, asistir a cursos o cumplir requisitos formales. La capacitación debe responder a las necesidades reales de las aulas, fortalecer la enseñanza de matemáticas, lectura y ciencias, incorporar herramientas digitales con sentido pedagógico y ofrecer estrategias para atender a estudiantes con diferentes ritmos y condiciones de aprendizaje.

La responsabilidad tampoco termina en la puerta del colegio. La familia es parte fundamental de la formación de niños y jóvenes, y su participación puede marcar diferencias importantes en los hábitos de lectura, la disciplina, la asistencia, la motivación y el desarrollo emocional.

Por eso, las instituciones educativas deben construir mecanismos de comunicación accesibles y útiles, no limitarse a convocar reuniones a las que muchos acudientes no pueden asistir. Orientación familiar, seguimiento oportuno, escuelas de padres y acuerdos claros sobre hábitos de estudio pueden contribuir a recuperar esa alianza indispensable entre el hogar y el colegio.

Colombia necesita un acuerdo educativo que trascienda los gobiernos y las disputas sindicales. Un acuerdo que fortalezca la evaluación docente con criterios técnicos y transparentes; garantice formación permanente vinculada a las necesidades del aula; reduzca las desigualdades entre instituciones; promueva la participación familiar y publique periódicamente indicadores que permitan conocer los avances y las dificultades. El propósito no es producir más documentos ni crear otra estructura burocrática. Es conseguir que cada peso invertido y cada decisión pedagógica contribuyan a que los estudiantes aprendan más y mejor.

Porque al final, el centro de esta discusión no es el Gobierno, el sindicato ni siquiera el maestro considerado de manera aislada. Son los millones de niños y jóvenes que llegan cada mañana a las aulas con la esperanza de encontrar allí las herramientas para construir un futuro diferente. ¿ O ME EQUIVOCO?

Fuentes de referencia

• OCDE — Resultados PISA 2025 para Colombia:
• Ministerio de Educación Nacional — Evaluación anual de desempeño de docentes y directivos docentes: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-Docentes-y-Directivos-Docentes/397376:Evaluacion-anual-de-desempeno
• Función Pública — Decreto Ley 1278 de 2002: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúcuta: ¿cuánto cuesta seguir siendo una ciudad informal?

 

Ser una ciudad netamente informal nos tiene jodidos. Y nos tiene jodidos porque así no podemos avanzar: ni en seguridad, ni en desarrollo social, ni mucho menos en desarrollo urbano. Mejor dicho, no avanzamos en casi nada. Solo nos hemos convertido en una ciudad que gasta plata y, muchas veces, la ejecuta mal, mientras buena parte de los indicadores sociales y económicos siguen insatisfechos. Y, para completar el cuadro, cada día estamos más endeudados.

La cosa está tan complicada que por ahí veo a un exalcalde pidiéndole urgentemente al “Tigre” que decrete un mes completo de días sin IVA para la ciudad, porque los venezolanos se han alejado y el comercio está cerrando sus puertas o le va a tocar cerrar. Se le abona al ciudadano la preocupación, pero tampoco podemos dejar de mirar la otra cara de la moneda: al venezolano muchas veces se le reciben sus dólares a una tasa que no necesariamente le favorece, mientras los productos se venden caros y los precios gastronómicos también se han disparado en buena parte de los restaurantes de la ciudad. Bueno, no en todos, pero sí en los de mayor demanda.

Y parece increíble que en los mejores restaurantes de Cartagena, en pleno Centro Histórico, dentro de la ciudad amurallada, como quien dice, de la Torre del Reloj para adentro, los precios de la gastronomía puedan costar entre un 40 % y hasta un 60 % menos de lo que cuesta comer en un buen porcentaje de la oferta gastronómica cucuteña.

Y mire usted esta perla: un ingeniero que vino a turistear a Cúcuta, no hace mucho, compró unos zapatos deportivos de una reconocida marca internacional en un reconocido almacén deportivo de un reconocido centro comercial. Y vea usted… los zapatos no eran originales y se los cobraron a precio de origen.

Eso también espanta al turista.

Somos una ciudad tan informal que no hemos podido, por lo menos en los últimos 50 años, poner —o mejor, echar a andar— los taxímetros. Y esto se convirtió en una especie de “descultura”. No sé si la palabra existe; creo que no, pero me gusta cómo suena para explicar lo que nos pasa.

Porque la cultura cucuteña de no usar taxímetro tiene varios responsables: primero, los taxistas; segundo, los usuarios —y probablemente aquí esté un porcentaje importante de la responsabilidad— y, sobre todo, la incapacidad de contar con un ente municipal serio y formal que haga cumplir las normas que el mismo municipio expide.

Esa informalidad en casi todo nos tiene jodidos. Y también espanta al turista.

Entonces, en una ciudad tan informal, el alcalde de turno prefirió perfilar buena parte de su actividad mediática alrededor de mostrarlo pavimentando calles, ya fuera de día o de noche. Mientras tanto, la seguridad, la educación, la salud, el desarrollo social, el desarrollo económico y tantos otros asuntos del diario vivir siguen esperando respuestas de fondo.

Como dirían los jóvenes de hoy: están “pal perro”.

Y en una ciudad donde un secretario de Seguridad termina necesitando seguridad después de protagonizar un episodio relacionado con el atropellamiento de unos ciclistas… también tenemos un problema de institucionalidad. Porque la seguridad no puede ser solamente un discurso: tiene que comenzar por el respeto a las normas y por la responsabilidad de quienes están llamados a hacerlas cumplir.

¿Qué más informalidad que seguir pensando en los venezolanos únicamente como compradores de tiendas?

Llevamos más de 50 años mirando hacia el mismo lado. Hemos pasado por las altas y las bajas de una moneda que hoy prácticamente ya no tiene el mismo papel comercial de otros tiempos, y seguimos dependiendo de la idea de que el venezolano venga, compre y se vaya.

No hemos aprendido.

Cúcuta necesita mucho más que compradores ocasionales. Necesita producir, generar empleo formal, atraer inversión, desarrollar servicios, fortalecer el turismo y aprovechar su condición fronteriza para convertirse en una ciudad competitiva.

Porque una ciudad no puede vivir eternamente de venderle al vecino.

Y yo me pregunto: ¿qué podría hacer un buen gerente con un promedio de 2,3 billones de pesos al año, que es aproximadamente el tamaño del presupuesto que Cúcuta ha venido manejando, si además de administrar recursos tuviera como prioridad transformar estructuralmente la ciudad?

Porque aquí está la pregunta de fondo: ¿cuánto de ese dinero realmente se está convirtiendo en desarrollo y cuánto simplemente se está gastando?

Ah, y olvidaba otra cosa: en una ciudad informal, el transporte público, diferente al servicio de taxis, sigue siendo deficiente y todavía estamos definiendo —si no estoy equivocado— un sistema multimodal de transporte que realmente pueda prestar un buen servicio a los ciudadanos y, sobre todo, al turista.

Eso también hace que el turista piense dos veces antes de venir.

Pero hay algo todavía más preocupante.

El Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje relacionada con Norte de Santander por razones de seguridad. El mensaje señala:

“Existe un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el departamento de Norte de Santander, incluidos ataques con drones y fusiles contra instalaciones policiales y militares.”

Además, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Norte de Santander ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Eso, señoras y señores, espanta más que cualquier informalidad de la ciudad.

Porque una cosa es que el turista encuentre un taxímetro que no funciona, un restaurante costoso, un transporte público deficiente o un comercio que no genere confianza.

Pero otra, muy diferente, es que desde el exterior se le esté diciendo:

No viaje.

Y entonces la pregunta queda servida sobre la mesa, acompañada, por supuesto, de un buen café:

¿Estamos construyendo la Cúcuta que queremos para los próximos 50 años o simplemente seguimos administrando la informalidad de los últimos 50?

¿O me equivoco?

 

“Briceño pregunta, Acevedo responde: que hablen los contratos”

 

Hay nombres que aparecen en la política nacional y tardan años en convertirse en protagonistas. Y hay otros que, en muy poco tiempo, logran hacerse visibles a punta de redes sociales, denuncias, debates y una particular manera de mirar el poder.

Daniel Felipe Briceño Montes pertenece a esa segunda categoría.

A sus 32 años, este abogado, especialista en Derecho Público y magíster en Análisis Político y Electoral, pasó de ser asesor del Concejo de Bogotá a convertirse en concejal y, posteriormente, en representante a la Cámara por Bogotá. En las elecciones legislativas de marzo de 2026 obtuvo más de 260.000 votos y se convirtió en el congresista con la mayor votación individual del país.

Pero más allá de la cifra electoral, hay algo que explica buena parte de su crecimiento político: su particular manera de hacer control político.

Briceño convirtió el SECOP, las bases de datos de contratación estatal y las redes sociales en herramientas de fiscalización. Él mismo ha explicado que la combinación entre SECOP y redes sociales fue fundamental para construir su proyecto político.

Para aquellos que no lo saben, el SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública de Colombia. En palabras sencillas: es la plataforma oficial donde las entidades públicas deben publicar la información de sus procesos de contratación.

Es decir, Briceño no apareció ayer con una carpeta debajo del brazo para mirar contratos. Esa ha sido precisamente una de las características que le han permitido construir su figura pública.

Y aquí empieza lo interesante para Cúcuta.

Porque ahora la lupa de Daniel Briceño se dirige hacia la administración del alcalde Jorge Acevedo.

Y cuando un congresista que ha construido buena parte de su carrera política revisando contratación pública decide solicitar información sobre una administración municipal, la noticia no está solamente en la carta.

La verdadera noticia está en lo que puede aparecer después de abrir los documentos.

Pero… que Briceño solicite información sobre contratos de la Alcaldía de Cúcuta no significa que haya encontrado corrupción.

Una solicitud de información no es una sentencia. Un cuestionamiento político no es una decisión judicial. Y un contrato que genere dudas tampoco puede ser calificado automáticamente como ilegal. Pero tampoco sería serio minimizar una solicitud de esta naturaleza. Porque el control sobre los recursos públicos existe precisamente para preguntar.

¿Cuánto se contrató? , ¿Con quién?, ¿Por qué mediante determinada modalidad? , ¿Cuánto costó?, ¿Qué experiencia tenía el contratista?, ¿Quién hizo los estudios previos?, ¿Quién supervisó?, Y, sobre todo, ¿los ciudadanos recibieron por esos recursos públicos lo que tenían derecho a recibir?; Esas son las preguntas que importan.

La administración de Jorge Acevedo gobierna la ciudad durante el período 2024-2027. El alcalde es ingeniero industrial, especialista en Finanzas y magíster en Administración de Empresas y Trabajo Social, y antes de llegar al Palacio Municipal fue concejal de Cúcuta y funcionario de la administración local.

No estamos, entonces, frente a un gobierno recién llegado que todavía esté construyendo su aparato administrativo.

La solicitud de Briceño no debería ser vista solamente como un ataque político.

Para la administración de Jorge Acevedo puede convertirse, incluso, en una oportunidad para demostrar con documentos cómo se han utilizado los recursos de los cucuteños.

Porque gobernar no significa solamente inaugurar obras, publicar fotografías o anunciar inversiones.

Gobernar también significa explicar cada peso público.

Por eso, más que preguntarnos si Daniel Briceño tiene razón antes de conocer los documentos, deberíamos preguntarnos qué encontrará cuando esos documentos sean revisados.

Y esa diferencia es fundamental. Porque una cosa es una denuncia política y otra una evidencia. Una cosa es sospechar y otra demostrar. Una cosa es encontrar un contrato que genere preguntas y otra establecer que hubo una irregularidad.

Dicho esto, la solicitud de documentación por parte del congresista Daniel Briceño a la administración municipal de San José de Cúcuta debe significar una gran oportunidad para que el actual alcalde de los cucuteños despeje las dudas que ha generado en su contra la poca oposición del actual concejo de la ciudad, si lo logra su poca o mucha popularidad después de casi tres años de gestión se vería altamente reforzada…si no lo logra, los cucuteños tendremos que preocuparnos. ¿ O ME EQUIVOCO?