El Niño no espera: ¿Cúcuta se prepara o vuelve a improvisar?

 

Cúcuta conoce demasiado bien el significado del calor. Lo sentimos en las calles, en los barrios, en los hogares donde un ventilador parece insuficiente y en los trabajadores que deben ganarse la vida bajo un sol implacable. Pero una cosa es convivir con las altas temperaturas y otra muy distinta enfrentar un fenómeno climático que puede comprometer el abastecimiento de agua, aumentar el riesgo de incendios, afectar la salud pública y golpear la economía de miles de familias.

El problema es que, mientras la ciencia advierte y las autoridades ambientales encienden las alarmas, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos si nuestra administración municipal está haciendo lo necesario para anticiparse a la emergencia o si, una vez más, terminaremos reaccionando cuando el problema ya esté encima.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, confirmó oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia el pasado 8 de octubre. Su proyección señala una probabilidad del 83 % de que alcance o mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. No estamos, por tanto, ante una advertencia lejana ni frente a una posibilidad que pueda despacharse con declaraciones tranquilizadoras. Estamos ante un riesgo que exige decisiones oportunas, coordinación institucional y resultados verificables.

Y Cúcuta tiene razones adicionales para prestar atención. La capital nortesantandereana estaba entre las cinco ciudades capitales con mayor nivel de alerta frente a El Niño, mientras Corponor mantenía la alerta naranja sobre los ríos Zulia y Pamplonita. Son dos fuentes hídricas esenciales para la región y una señal que debería obligar a todas las autoridades competentes a actuar con especial responsabilidad.

La Alcaldía de Cúcuta no puede decir que nadie le avisó. Tampoco sería justo desconocer que la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos, EIS, informó sobre su participación en una sesión extraordinaria de gestión del riesgo en la que se socializó el Plan de Contingencia para la Temporada de Menos Lluvias y Sequía de 2026. Esa actuación institucional existe y debe reconocerse. Pero precisamente allí comienza la pregunta incómoda: ¿qué ha pasado después de la reunión?

Socializar un plan no es lo mismo que ejecutarlo. Convocar una mesa de trabajo no equivale a garantizar agua. Anunciar prevención no significa que los equipos de respuesta estén disponibles, que las fuentes alternas de abastecimiento hayan sido evaluadas o que los barrios más vulnerables sepan qué hacer ante una eventual interrupción del servicio. Entre el documento y la realidad existe una distancia que solo se acorta con presupuesto, responsables, cronogramas y resultados públicos.

Hasta ahora, con la información pública que he podido verificar, no es posible establecer de manera integral qué porcentaje del plan municipal está ejecutado, cuánto dinero se ha destinado específicamente a esta contingencia, cuáles son las metas medibles ni qué capacidad adicional tiene la ciudad para responder si disminuyen de manera significativa los caudales de sus fuentes de abastecimiento. Esta falta de información consolidada no demuestra que no se esté haciendo nada, pero sí plantea una obligación elemental de transparencia: explicarles a los cucuteños qué se ha hecho, qué está en marcha y qué falta por hacer.

La prevención, además, no puede reducirse a pedirle al ciudadano que cierre la llave mientras las instituciones se limitan a emitir recomendaciones. Ahorrar agua es necesario, por supuesto, pero la responsabilidad pública va mucho más allá. Hay que conocer la disponibilidad real del recurso, verificar la capacidad de captación y tratamiento, revisar los protocolos de distribución, identificar los sectores con mayor vulnerabilidad y establecer cómo se garantizará el suministro a hospitales, centros educativos, hogares infantiles y comunidades que enfrentan dificultades para acceder al servicio.

La Alcaldía, EIS, Corponor y la Gobernación deben trabajar sobre una misma hoja de ruta. No basta con que cada entidad publique su propio comunicado. La ciudadanía necesita conocer un plan articulado, con responsables identificados, fechas de cumplimiento y mecanismos para informar oportunamente sobre cualquier riesgo de desabastecimiento.

También está el peligro de los incendios de cobertura vegetal. Las altas temperaturas y la vegetación seca pueden convertir una imprudencia en una emergencia que amenace viviendas, ecosistemas y vidas humanas. ¿Cuenta Cúcuta con una capacidad de respuesta suficiente para atender varios incendios simultáneos? ¿Están identificadas las zonas de mayor riesgo? ¿Se han revisado los equipos, los recursos y la coordinación con los municipios vecinos? ¿Existe una estrategia de comunicación para que la comunidad reporte oportunamente las emergencias? Estas no son preguntas alarmistas: son preguntas básicas de gestión del riesgo.

Hay otra dimensión que no podemos ignorar: la salud. El calor extremo no afecta a todos por igual. Los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan en la calle tienen una exposición especial. La prevención debe contemplar campañas de hidratación, orientación a los servicios de salud, medidas de protección para trabajadores expuestos al sol y atención prioritaria a las comunidades con menos recursos para enfrentar las altas temperaturas.

Y aquí aparece una contradicción que merece discusión. Cúcuta es una ciudad que experimenta de manera recurrente temperaturas elevadas, pero eso no significa que esté automáticamente preparada para un episodio prolongado de calor y disminución de lluvias. La adaptación climática requiere planificación urbana, protección de árboles y zonas verdes, cuidado de las cuencas, recuperación ambiental y decisiones que no se limiten al calendario de una emergencia. Una ciudad no se vuelve resiliente por acostumbrarse al calor; se vuelve resiliente cuando reduce su vulnerabilidad.

No se trata de atribuirle al alcalde la responsabilidad por un fenómeno climático global. Ningún mandatario municipal puede controlar El Niño ni ordenar que llueva. Lo que sí está dentro de sus competencias es preparar a la ciudad, coordinar a las entidades, priorizar recursos, vigilar la ejecución de los planes y rendir cuentas. El clima no depende de la Alcaldía; la calidad de la respuesta institucional, en cambio, sí tiene responsables.

Por eso, la administración municipal debe entender que la gestión del riesgo no puede convertirse en una actividad de escritorio ni en una sucesión de reuniones cuya eficacia solo se descubre cuando llega la emergencia. La ciudadanía no necesita únicamente mensajes sobre lo que podría suceder. Necesita pruebas de que las instituciones están preparadas para enfrentarlo.

El fenómeno de El Niño también debería servir para revisar una visión de ciudad que con frecuencia privilegia la respuesta inmediata sobre la planificación de largo plazo. La prevención no siempre produce fotografías espectaculares ni inaugura obras visibles, pero puede evitar pérdidas económicas, interrupciones de servicios y sufrimientos que después resultan mucho más costosos de atender.

La pregunta, entonces, no es si Cúcuta puede impedir que llegue El Niño. La pregunta es si sus autoridades están haciendo todo lo razonablemente posible para que sus consecuencias no encuentren a la ciudad improvisando.

Desde El Primer Café Colombia consideramos que llegó la hora de que la Alcaldía publique un balance detallado de su plan de contingencia: presupuesto asignado y ejecutado, acciones realizadas, estado de preparación de los organismos de respuesta, medidas para proteger el abastecimiento de agua, protocolos sanitarios y cronograma de las tareas pendientes. Que la ciudadanía pueda consultar esa información y hacer seguimiento a los compromisos.

Porque cuando el agua empieza a escasear, los incendios avanzan o el calor golpea con mayor fuerza, ya no alcanza con convocar una reunión y anunciar medidas. En ese momento, la ciudad necesita que la prevención haya comenzado mucho antes.

Cúcuta tiene derecho a saber si está preparada. Y la administración municipal tiene el deber de demostrarlo. ¿O ME EQUIVOCO?