Cúcuta tiene el proyecto del siglo frente a sus ojos… y no lo ha querido ver

 

Las ciudades no se recuerdan únicamente por las obras que construyen. Se recuerdan por las oportunidades que supieron identificar y por las decisiones que tomaron cuando tenían la posibilidad de transformar su futuro.

La historia demuestra que las grandes ciudades son aquellas que descubren cuál es su mayor riqueza y tienen la visión para convertirla en el motor de su desarrollo. Algunas lo hicieron a través de sus ríos, otras mediante su patrimonio, su cultura o su ubicación estratégica. Pero todas tuvieron algo en común: pensaron más allá del presente.

Cúcuta se encuentra hoy frente a una de esas decisiones.

La administración municipal ha venido anunciando importantes proyectos orientados al turismo y al desarrollo económico. Se ha hablado de un gran parque temático en las afueras de la ciudad y, recientemente, de una inversión cercana a los 60 mil millones de pesos para el sector sur del Malecón.

Son iniciativas que merecen ser analizadas, porque toda inversión que busque generar desarrollo es importante. Pero precisamente por la magnitud de estos recursos surge una pregunta que debería estar en el centro del debate ciudadano:

¿Estamos invirtiendo en aquello que realmente puede transformar a Cúcuta durante los próximos cien años?

Esta no es una discusión contra un proyecto ni contra una administración. Es una reflexión sobre el modelo de ciudad que queremos construir.

Porque las ciudades no cambian solamente acumulando obras. Cambian cuando tienen la capacidad de reconocer sus verdaderas oportunidades.

Y quizás la mayor oportunidad de Cúcuta ha estado siempre frente a nosotros: el río Pamplonita.

Durante décadas hemos visto el río como un problema. Lo recordamos cuando llegan las crecientes, cuando amenaza una infraestructura o cuando aparecen las dificultades ambientales. Pero pocas veces lo hemos mirado como lo que realmente puede ser: el gran eje urbano, ambiental y turístico de la ciudad.

Mientras otras ciudades del mundo recuperaron la relación con sus ríos, Cúcuta fue perdiendo poco a poco la conexión con el suyo. El Pamplonita ha sufrido el deterioro de su caudal, la pérdida de biodiversidad y problemas históricos relacionados con la calidad del agua.

Por eso la pregunta es inevitable:

¿No tendría mayor trascendencia para la ciudad recuperar integralmente el río y convertirlo en el gran proyecto de transformación urbana de Cúcuta?

La diferencia es enorme. Un parque temático debe construirse desde cero. El Pamplonita ya existe. Tiene historia, identidad y pertenece a la memoria de los cucuteños.

El desafío no es construir una ciudad alrededor de un escenario artificial. El desafío es recuperar el patrimonio natural que ya tenemos.

Pero para ello debemos entender algo fundamental: ningún proyecto turístico puede tener éxito si antes no resolvemos la condición ambiental del lugar donde se desarrolla. No tiene sentido imaginar un gran malecón, espacios gastronómicos, zonas culturales o escenarios recreativos si el río continúa transmitiendo deterioro y abandono.

Primero debemos devolverle la vida al Pamplonita.

Después podremos convertirlo en un verdadero símbolo de ciudad.

El mundo ya nos ha mostrado el camino. Grandes ciudades entendieron que sus ríos podían ser motores de desarrollo urbano, turístico y económico. Recuperaron sus cauces, protegieron sus ecosistemas y los transformaron en espacios de encuentro ciudadano.

Cúcuta puede construir su propia historia.

Un Pamplonita recuperado, con sus zonas críticas protegidas, con soluciones modernas de ingeniería hidráulica, con espacios verdes, senderos, ciclorrutas, miradores y escenarios culturales, podría convertirse en una de las mayores oportunidades de transformación urbana de nuestra región.

No solo mejoraría el paisaje. Generaría turismo, empleo, inversión privada y, sobre todo, devolvería a los cucuteños el orgullo por uno de sus mayores patrimonios naturales.

Pero una transformación de esta magnitud requiere algo que hemos necesitado durante décadas: visión de largo plazo.

Las grandes ciudades no se construyen pensando únicamente en el próximo período de gobierno. Se construyen con proyectos que pertenecen a varias generaciones.

Cúcuta necesita dejar de preguntarse únicamente qué obra vamos a inaugurar y comenzar a preguntarse qué ciudad queremos dejar.

Quizás el mayor proyecto turístico de Cúcuta no está en las afueras.

Quizás ha estado siempre frente a nosotros, esperando que tengamos la visión suficiente para comprender que el Pamplonita no es un problema que debemos soportar.

Es la oportunidad que debemos aprovechar.

Porque las ciudades que dejan huella no son las que más obras acumulan.

Son las que descubren su mayor riqueza y tienen el valor de convertirla en el corazón de su futuro. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

¿Quién está planeando el futuro de nuestras ciudades?

 

Hay ciudades grandes y ciudades pequeñas. Hay ciudades ordenadas y ciudades desordenadas. Hay ciudades que entienden que el desarrollo nace de la planeación y, gracias a ello, se fortalecen con el paso de los años. Y hay otras donde la planeación parece limitarse a la existencia de una Secretaría, pero no a una verdadera cultura de pensar el futuro.

También hay ciudades que, cuando el Gobierno Nacional abre la puerta para apoyar proyectos estratégicos, llegan con propuestas sólidas, técnicamente sustentadas y capaces de transformar su economía durante décadas. En contraste, existen otras que, cada vez que tienen la oportunidad de gestionar recursos, presentan una simple lista de mercado: proyectos improvisados, sin visión de largo plazo y sin responder a las verdaderas necesidades de la población. El resultado casi siempre es el mismo: poco impacto, recursos desperdiciados y oportunidades perdidas.

Una ciudad con graves problemas de seguridad, con un sistema de salud en crisis, con baja productividad, con enormes deficiencias en saneamiento básico y altos índices de informalidad no puede darse el lujo de presentar como símbolo de su desarrollo una obra pública de poca trascendencia frente a los desafíos que enfrenta. La pregunta es inevitable: ¿acaso no existe un banco de proyectos estratégicos que responda realmente a las necesidades de la región? ¿O simplemente se gobierna pensando en la próxima fotografía y no en la próxima generación?

Planear para ejecutar, o simplemente ejecutar sin haber planeado. Ese es el verdadero dilema.

El próximo alcalde de ciudades con estas características debería comprender que la planeación no es un requisito burocrático, sino la columna vertebral del desarrollo. Desde el primer día de campaña debería rodearse de un equipo técnico de alto nivel y, especialmente, de un excelente secretario de Planeación, tanto para el sector urbano como para el rural.

Porque en muchas de estas ciudades el casco urbano apenas representa una pequeña parte de su territorio. El verdadero potencial está en el campo, en miles de hectáreas que hoy permanecen subutilizadas o atrapadas por economías ilegales, mientras la productividad sigue siendo una deuda histórica.

Pavimentar calles puede ser necesario. Nadie discute la importancia de una buena infraestructura vial. Pero una ciudad no se transforma únicamente con cemento y asfalto. El verdadero desarrollo comienza cuando se construye una visión sobre la educación que se quiere ofrecer, la seguridad que se necesita garantizar, el sistema de salud que se aspira a tener y la economía que permita generar empleo formal y oportunidades para todos.

Las obras físicas se inauguran una vez. Las buenas políticas públicas producen resultados durante generaciones.

Las ciudades que permanecen atrapadas en la improvisación terminan normalizando la informalidad, la baja competitividad y la ausencia de un rumbo claro. Gobernar sin planificación es administrar la coyuntura; gobernar con visión es construir futuro.

Quizá esa sea la mayor enseñanza que deberían comprender nuestros dirigentes: una ciudad no progresa porque inaugure más obras que sus vecinas, sino porque sabe hacia dónde quiere llegar y mantiene ese rumbo, gobierno tras gobierno.

Como ocurrió recientemente con la afición de Noruega durante el Mundial de Fútbol, donde miles de personas remaban simbólicamente en la misma dirección para apoyar a su selección, una ciudad solo alcanza su verdadero desarrollo cuando todos —gobernantes, empresarios, universidades y ciudadanos— reman hacia un mismo horizonte.

Porque las ciudades exitosas no son las que más construyen. Son las que mejor planifican.

Y mientras algunos sigan confundiendo desarrollo con cortar cintas e inaugurar concreto, otros seguirán construyendo el futuro desde la planeación. Esa es, al final, la diferencia entre administrar una ciudad y liderar su destino. ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

 

La muerte silenciosa de la empatía

 

Hace unos días visitamos un restaurante popular de nuestra ciudad para degustar un plato tradicional. Estábamos prácticamente solos en el lugar; la hora pico del almuerzo ya había pasado. Hicimos nuestro pedido y fuimos atendidos muy bien... muy bien.

Todo marchaba de maravilla hasta que se nos antojó un poco más de la salsa especial de la casa. Miré a mi derecha y observé que todos los meseros se habían sentado en una mesa contigua para tomar su almuerzo. Entonces tomé la decisión de levantarme, acercarme al mostrador y solicitarle la salsa directamente a la administradora del establecimiento.

La señora me miró y dijo:

—Por favor, puede pedírsela a uno de los meseros.

Le respondí:

—He decidido pedírsela personalmente porque ellos están almorzando.

Entonces llegó una respuesta que me dejó profundamente desconcertado:

—Ellos no tienen derecho a sentarse porque están trabajando.

La miré directamente a los ojos y le dije:

—Por favor, entrégueme usted la salsa, porque no voy a molestar a ninguna de estas personas mientras toman su almuerzo.

La conversación terminó allí. Sin embargo, el episodio siguió dando vueltas en mi cabeza durante el resto del día.

¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿En qué momento comenzamos a creer que una persona pierde su derecho al descanso, al alimento o a un momento de tranquilidad simplemente porque está desempeñando un trabajo?

Aquella frase —"no tienen derecho a sentarse porque están trabajando"— es mucho más que una desafortunada respuesta. Es el reflejo de una enfermedad silenciosa que se está extendiendo por nuestra sociedad: la deshumanización de lo humano.

Estamos dejando de ver personas y comenzamos a ver únicamente funciones. El mesero deja de ser un ser humano y se convierte en "el que sirve las mesas". El vigilante pasa a ser "el que abre la puerta". La enfermera es "la que atiende pacientes". El cajero es "el que recibe el dinero". El profesor es "el que enseña". Poco a poco, vamos reduciendo la dignidad de las personas a la utilidad que representan para nosotros.

Y este fenómeno no ocurre solamente en un restaurante.

Sucede en un centro médico cuando olvidamos que el médico, la enfermera o el auxiliar también se cansan, se enferman y tienen problemas. Pero también se hace evidente en muchos centros de salud, precisamente en lugares donde la empatía debería ser un principio inquebrantable. Con frecuencia, algunos miembros del personal olvidan que quien acude a una consulta, a una urgencia o a una hospitalización lo hace porque está enfermo, porque atraviesa un momento de dolor, de miedo o de profunda incertidumbre. 

No es aceptable que un paciente sea tratado con indiferencia, con desdén o que no se haga todo lo humanamente posible por aliviar su situación. Y, con demasiada frecuencia, también se olvida que detrás de cada paciente hay una familia que llega preocupada, estresada y emocionalmente desestabilizada, cargando el peso de la angustia y la incertidumbre. Humanizar la atención en salud no es un acto de cortesía; es un deber moral y una expresión elemental de nuestra propia humanidad.

Vivimos en una época que presume de grandes avances tecnológicos, pero que parece estar perdiendo la capacidad de mirar a los demás con empatía. Hemos aprendido a exigir derechos, pero se nos está olvidando respetar la dignidad de quienes nos rodean.

Quizás el problema más grave de nuestra sociedad no sea la crisis económica, ni la inseguridad, ni siquiera la polarización política. Tal vez el verdadero problema sea que estamos dejando de reconocernos en el otro.

Y una sociedad que convierte a las personas en herramientas termina perdiendo algo mucho más valioso que la productividad o la eficiencia: pierde su alma.

Tal vez ha llegado el momento de hacer una pausa y recordar algo tan simple como esencial, detrás de cada persona, hay un ser humano que siente, sueña, se cansa, se equivoca y merece ser tratado con la misma dignidad y el mismo respeto que exigimos para nosotros.

Porque la verdadera tragedia de nuestro tiempo no es la falta de tecnología ni de progreso.

La verdadera tragedia es la deshumanización de lo humano. ¿O ME EQUIVOCO?

BONUS TRACK : "La deshumanización comienza cuando olvidamos que la persona que tenemos enfrente siente, sufre y espera ser tratada con la misma dignidad que exigimos para nosotros mismos."

 

El milagro pendiente del Catatumbo: la oportunidad histórica del presidente Abelardo de la Espriella

 

El Catatumbo: la deuda histórica que Colombia no puede seguir aplazando

Si existe una región en Colombia que merece una mejor suerte, esa es el Catatumbo. Un territorio de paisajes majestuosos, de una biodiversidad extraordinaria, de enormes reservas minerales y de una tierra tan fértil que podría alimentar a millones de personas. Pero también es una región habitada por una población resiliente que ha sido condenada, durante décadas, al abandono estatal y a sobrevivir bajo el compás de una economía ilícita que, además de generar ingresos, también siembra muerte.

Cuando asumió la Presidencia de la República, Gustavo Petro anunció que el Catatumbo se convertiría en la "capital nacional de la paz". Prometió llevar la presencia integral del Estado, impulsar el desarrollo productivo y construir una economía que reemplazara las rentas ilegales. Cuatro años después, la realidad es dolorosamente distinta: la violencia persiste, los grupos armados continúan disputándose el territorio y las oportunidades prometidas nunca llegaron con la dimensión y la velocidad que la región necesitaba.

El Catatumbo sigue siendo la mayor contradicción de Colombia. Pocas regiones poseen tanta riqueza natural y, al mismo tiempo, tan altos niveles de pobreza y exclusión. Allí se encuentran algunas de las tierras más fértiles del país, abundancia de agua y una ubicación estratégica que la convierte en una puerta natural hacia los mercados internacionales. Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de transformar ese potencial en prosperidad.

El gran error de los sucesivos gobiernos, incluido el de Gustavo Petro, ha sido abordar la coca como un problema exclusivamente de seguridad, cuando en realidad se trata, ante todo, de un problema económico. Ningún campesino cultiva coca por romanticismo con la ilegalidad. La cultiva porque es el único producto que le garantiza comprador, liquidez y rentabilidad inmediata.

La verdadera tragedia del Catatumbo no es la coca. La verdadera tragedia es que Colombia sabe desde hace décadas cuál es la solución y, aun así, ha sido incapaz de ejecutarla.

Las zonas altas del Catatumbo tienen todas las condiciones para convertirse en una nueva frontera del café especial colombiano. Su altitud, su clima y su riqueza ambiental permiten producir cafés de origen con un enorme potencial en los mercados internacionales. Un "Café de las Montañas del Catatumbo" podría convertirse en una marca país y en un símbolo de transformación económica.

La región también puede convertirse en una gran despensa de frutas tropicales. El aguacate Hass, el maracuyá, la piña, el limón Tahití, el mango y la guanábana tienen un enorme potencial exportador. Pero el gran negocio no está en vender la fruta en bruto, sino en transformarla en pulpas, jugos, concentrados, aceites esenciales y productos con valor agregado que generen miles de empleos.

Y allí aparece el gran desafío del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Su experiencia en el sector empresarial y su insistencia en la productividad podrían convertir al Catatumbo en el laboratorio de una verdadera revolución agroindustrial. La región necesita menos discursos y más carreteras; menos diagnósticos y más distritos de riego; menos promesas y más centros de acopio, créditos, incentivos tributarios y seguridad jurídica para atraer inversión.

 

El futuro de un planeta con hambre está en la agricultura y en la transformación de sus productos. Colombia posee un potencial inmenso que, por desidia, corrupción y falta de visión, ha permanecido enterrado durante décadas.

Mientras el Catatumbo siga exportando pobreza e importando violencia, la coca seguirá siendo el negocio más rentable. Pero el día en que exporte cafés especiales, chocolates, aguacates y frutas procesadas, habrá comenzado una verdadera revolución económica y social.

Ese día, la paz dejará de ser un discurso político y se convertirá, por fin, en una oportunidad de prosperidad para miles de familias que llevan demasiados años esperando que el Estado cumpla su palabra.

El Catatumbo no necesita que le prometan la paz; necesita que le enseñen a producir riqueza. Porque allí donde llega la empresa, la agroindustria y el empleo, la violencia empieza a perder terreno. ¿O ME EQUIVOCO?.

 

¿Quién tiene la razón?

 

La cesión del contrato de concesión del acueducto y alcantarillado de Cúcuta a Veolia se ha convertido, quizá, en uno de los debates más trascendentales para el futuro de la ciudad. Más allá de las posiciones políticas, la pregunta que hoy se hacen miles de cucuteños es sencilla: ¿quién tiene la razón?

La ciudad esperaba que el alcalde cumpliera la promesa expresada reiterativamente sobre la toma de la operación del acueducto directamente por la alcaldía en cabeza de la EIS y es posible que ahí inicie la controversia.

De un lado, la administración municipal y la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta (EIS) sostienen que la decisión fue necesaria para garantizar la continuidad del servicio, asegurar inversiones multimillonarias y modernizar una infraestructura que desde hace años enfrenta enormes desafíos. Según esta postura, la llegada de un operador con experiencia internacional permitirá ejecutar proyectos que el municipio difícilmente podría financiar por sí solo.

Del otro lado están los concejales, sectores ciudadanos y algunos expertos que consideran que la cesión deja demasiados interrogantes. ¿Por qué no se realizó una nueva licitación? ¿Se protegieron suficientemente los intereses del municipio? ¿Qué garantías existen de que las inversiones prometidas se cumplirán? ¿Cómo impactará esto las tarifas y el control público sobre un servicio esencial?

La verdad es que ambas partes tienen argumentos válidos.

La ciudad necesita inversiones urgentes en su sistema de acueducto y alcantarillado. Eso es indiscutible. Pero también es cierto que cuando se trata de un servicio público esencial, las decisiones deben estar rodeadas de la máxima transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica.

Quizá el verdadero debate no es si Veolia es una buena o una mala empresa, ni tampoco si la administración actuó de buena o de mala fe. El verdadero debate es si los cucuteños cuentan hoy con toda la información necesaria para tener la certeza de que la mejor decisión para el futuro de la ciudad fue la que finalmente se tomó.

En una democracia, la confianza no se impone; se construye con información, transparencia y rendición de cuentas.

Por eso, más que vencedores y vencidos, este debate deja una gran responsabilidad: que la administración, la EIS, Veolia, el Concejo y los organismos de control garanticen que cada decisión tomada responda exclusivamente al interés general y no a intereses particulares.

Porque al final, el acueducto no es un negocio cualquiera. El agua es un derecho fundamental y su administración debe estar siempre al servicio de los ciudadanos.

La historia aún no ha terminado. El control político continúa, los interrogantes siguen abiertos y será el tiempo, la justicia y, sobre todo, los resultados en la prestación del servicio, los que terminen respondiendo la pregunta que hoy se hace Cúcuta: ¿quién tenía la razón?.

Y en medio de esta controversia, el Concejo de Cúcuta tampoco puede salir indemne de las críticas. Una vez más, la sensación que queda en la ciudadanía es que el control político llega tarde, cuando las decisiones ya están tomadas y los hechos prácticamente consumados. No es la primera vez que la administración mueve sus fichas con anticipación y el Concejo reacciona después, limitándose a debates que generan titulares, pero pocas consecuencias concretas. Los controles políticos no pueden seguir siendo simples ejercicios retóricos o un saludo a la bandera. Si el Concejo quiere reivindicar su papel como representante de los ciudadanos, debe ejercer un control oportuno, riguroso y preventivo, capaz de anticiparse a las decisiones que comprometen el futuro de la ciudad y no limitarse a cuestionarlas cuando ya parecen irreversibles. De lo contrario, seguirá creciendo la percepción de que el poder de vigilancia del cabildo es más simbólico que efectivo y que, frente a las grandes decisiones de Cúcuta, la administración siempre va varios pasos adelante. ¿O ME EQUIVOCO?

 

COLOMBIA NECESITA RESPIRAR

 

Estamos a escasos siete días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Probablemente, la más compleja, accidentada y polarizada que haya vivido el país desde que la Constitución Política de 1991 instauró este mecanismo electoral.

El artículo 190 de la Carta Magna estableció que para ser elegido presidente en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50 % de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, los dos aspirantes más votados deben enfrentarse en una segunda elección tres semanas después, donde basta la mayoría simple para alcanzar la Presidencia de la República.

Han transcurrido casi esas tres semanas que contempla la norma y, durante ese breve lapso, ha ocurrido de todo. Lo que debía ser un tiempo para contrastar propuestas, confrontar visiones de país y permitir que los ciudadanos tomaran una decisión mejor informada, terminó profundizando una fractura nacional que ya venía incubándose desde hace varios años.

Hoy Colombia parece más dividida que cuando terminó la primera vuelta. Las diferencias políticas, que son normales y necesarias en toda democracia, han dado paso a una confrontación emocional que convierte al contradictor en enemigo y al desacuerdo en motivo de descalificación. El debate de las ideas ha sido desplazado por la batalla de las narrativas, por la viralidad de las redes sociales y por la necesidad permanente de alimentar la indignación colectiva.

Precisamente por ello, el próximo presidente de la República enfrentará una tarea mucho más difícil que ganar las elecciones. Gobernar será apenas el comienzo. Su verdadero desafío consistirá en intentar reunir las piezas dispersas de una nación que parece haber perdido la capacidad de escucharse a sí misma.

La economía enfrenta incertidumbres, la seguridad continúa siendo una preocupación creciente en amplias regiones del país, las instituciones sufren un evidente desgaste de confianza y millones de colombianos observan el futuro con una mezcla de esperanza y preocupación. Hablar de un horizonte gris podría parecer pesimista; sin embargo, para muchos ciudadanos esa descripción resulta incluso moderada frente a las dificultades que perciben en su vida cotidiana.

Al final no hubo debates. Hubo sillas vacías. Hubo denuncias penales, acusaciones cruzadas, estrategias de comunicación diseñadas para movilizar emociones y plazas llenas de seguidores convencidos de que el adversario representa una amenaza existencial para el país. También hubo encuestas cuestionadas, algunas desacreditadas desde la primera vuelta, y una opinión pública cada vez más desconfiada de casi todas las fuentes de información.

Pero quizá lo más preocupante no sea lo que ocurrió durante la campaña, sino aquello que la campaña dejó al descubierto. La profunda dificultad que tenemos como sociedad para aceptar que una democracia no se construye sobre unanimidades, sino sobre la capacidad de convivir con las diferencias.

Las elecciones terminan el próximo domingo. Colombia, en cambio, continuará existiendo el lunes. Seguirán compartiendo los mismos barrios quienes hoy votan por candidatos distintos. Seguirán trabajando en las mismas empresas quienes defienden proyectos políticos opuestos. Seguirán siendo familia quienes durante meses han discutido apasionadamente alrededor de una mesa o a través de un grupo de WhatsApp.

Por eso, más allá del resultado, el país necesita comenzar a sanar. Necesita recuperar el valor de la conversación serena, del desacuerdo respetuoso y de la crítica argumentada. Necesita comprender que ningún gobernante, por poderoso que parezca, podrá sacar adelante una nación fracturada si los ciudadanos renuncian a reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad política.

Quizá por eso los aires frescos siempre le hacen bien al enfermo. Tal vez Colombia necesite abrir las ventanas después de una campaña larga y extenuante. Escuchar nuevamente el suave trinar de los pájaros en los árboles y no el ruido incesante de las redes sociales. Recuperar la capacidad de reflexionar antes de reaccionar y de escuchar antes de condenar.

Sería un cambio pequeño, pero profundamente transformador. Un cambio capaz de marcar un antes y un después para un país que durante demasiado tiempo ha permitido que el estruendo de la confrontación ahogue la voz de la razón.

Porque, al final, la verdadera victoria no será la de un candidato sobre otro. La verdadera victoria será que Colombia pueda volver a encontrarse consigo misma.

Y tal vez ese aire fresco del que tanto hablamos no sea solamente una metáfora. Quizás represente la oportunidad de abrir puertas y ventanas para que circulen nuevas ideas, nuevas formas de gobernar y nuevas maneras de entender los desafíos del país. Las democracias se fortalecen cuando son capaces de renovarse, de cuestionarse y de corregir sus propios errores. Después de todo, ningún futuro prometedor puede construirse en habitaciones cerradas. Colombia necesita respirar, recuperar la confianza y mirar hacia adelante con la convicción de que los cambios, cuando nacen de la voluntad popular y del respeto por las instituciones, pueden convertirse en el primer paso hacia tiempos mejores. ¿O ME EQUIVOCO?

 

Entre la tragedia nacional y un debate inútil

 

Durante los últimos días, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Colombia ha sido testigo de una discusión que, francamente, resulta difícil de comprender cuando se observa la magnitud de los problemas que enfrenta la nación.

La controversia gira alrededor del uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante actividades de campaña. Lo que para muchos podría haber sido una anécdota menor terminó convirtiéndose en un debate nacional, ocupando espacios en medios de comunicación, redes sociales, círculos políticos e incluso estrados judiciales.

Y es precisamente ahí donde surge una pregunta inevitable: ¿de verdad esto es lo más importante que tiene Colombia para discutir?

Mientras millones de colombianos se levantan cada mañana preocupados por conseguir empleo, mientras cientos de familias esperan una cita médica que nunca llega, mientras la inseguridad continúa golpeando barrios, municipios y carreteras, mientras el narcotráfico sigue alimentando la violencia y mientras regiones enteras viven bajo la amenaza de grupos armados ilegales, una parte del país decidió concentrar su atención en una camiseta.

Una camiseta.

No en la crisis de la salud. No en la calidad de la educación. No en el desempleo. No en la inseguridad. No en la corrupción. No en la pobreza. No en la infraestructura. No en la situación de miles de víctimas que siguen esperando respuestas del Estado.

Una camiseta.

Más preocupante aún es que esta controversia haya escalado hasta los despachos judiciales. Que una tutela haya sido admitida para discutir un asunto de esta naturaleza deja una sensación inquietante sobre las prioridades institucionales del país. Mientras miles de procesos relacionados con derechos fundamentales, atención médica, seguridad social y protección de ciudadanos esperan resolución, Colombia observa cómo parte de su aparato judicial debe invertir tiempo y recursos en analizar una controversia que difícilmente cambiará la vida de un solo colombiano.

La justicia existe para proteger derechos fundamentales y garantizar el orden constitucional. Convertir cualquier polémica política en un litigio judicial corre el riesgo de banalizar herramientas que fueron creadas para resolver problemas verdaderamente trascendentales.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes promovieron la controversia. También es una responsabilidad colectiva. Como sociedad hemos desarrollado una preocupante capacidad para distraernos con debates superficiales mientras los problemas estructurales siguen creciendo frente a nuestros ojos.

Nos indignamos durante días por una fotografía, una frase, una camiseta o una publicación en redes sociales, pero rara vez mantenemos el mismo nivel de atención cuando se habla de hospitales colapsados, escuelas deterioradas, vías abandonadas, corrupción administrativa o inseguridad ciudadana.

La verdadera pregunta no es si un candidato debía o no usar la camiseta de la Selección Colombia.

La verdadera pregunta es por qué una nación con tantos desafíos termina dedicando tanto tiempo a una discusión tan poco relevante para el bienestar de sus ciudadanos.

Quizá el problema no sea la camiseta.

Quizá el problema sea que hemos perdido la capacidad de distinguir entre lo importante y lo accesorio.

Y mientras seguimos atrapados en debates que no producen empleo, no mejoran la salud, no fortalecen la educación y no aumentan la seguridad, los problemas reales continúan avanzando.

Silenciosamente.

Esperando que algún día Colombia decida hablar de ellos con la misma pasión con la que discutió sobre una camiseta. ¿O ME EQUIVOCO?

 

UNA BATALLA DE EMOCIONES MÁS QUE DE PROPUESTAS

 

Hoy Colombia llega a las urnas en medio de una de las campañas presidenciales más tensas, polarizadas y emocionales de las últimas décadas. No se trata únicamente de elegir al sucesor de Gustavo Petro; se trata de decidir qué camino quiere tomar un país que parece debatirse entre la frustración, el cansancio y la esperanza.

La campaña presidencial de 2026 pasará a la historia no por la profundidad de sus debates ni por la calidad de las soluciones presentadas a los colombianos. Será recordada como una contienda donde el miedo, la rabia, la esperanza y el rechazo pesaron más que los programas de gobierno. Nunca como ahora había sido tan evidente que millones de ciudadanos llegaron a las urnas motivados más por las emociones que por las propuestas.

Durante meses, los candidatos se esforzaron por despertar sentimientos. Unos apelaron al temor de que el país continuara por el camino equivocado; otros advirtieron sobre el regreso de modelos políticos que consideran responsables de los problemas actuales. Entre discursos de salvación, advertencias apocalípticas y promesas de cambio, los colombianos terminaron atrapados en una batalla emocional que relegó a un segundo plano las discusiones sobre empleo, salud, educación, seguridad y desarrollo económico.

Las encuestas muestran una disputa concentrada principalmente entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, tres candidatos que representan visiones radicalmente distintas de Colombia.

Iván Cepeda llega como el heredero político más visible del proyecto del Pacto Histórico. Su discurso gira alrededor de la justicia social, la profundización de las reformas y la defensa de los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, muchos colombianos se preguntan si realmente representa un cambio o una continuidad de un gobierno que deja avances en algunos indicadores sociales, pero también fuertes cuestionamientos por la crisis del sistema de salud, los problemas de seguridad, el déficit fiscal y diversos escándalos políticos que golpearon la imagen del Ejecutivo.

Por otro lado aparece Abelardo de la Espriella, quien ha construido su crecimiento electoral a través de un discurso de mano dura, confrontación directa y rechazo a la clase política tradicional. Su ascenso refleja el inconformismo de millones de ciudadanos frente a la inseguridad y el deterioro institucional. Sin embargo, detrás de esa narrativa de autoridad también surge una inquietud legítima: ¿puede un país tan complejo como Colombia gobernarse únicamente desde la confrontación y el discurso antisistema? Su rápido crecimiento en las encuestas demuestra que una parte importante del electorado busca respuestas contundentes, aunque todavía existen dudas sobre la viabilidad real de muchas de sus propuestas.

Mientras tanto, Paloma Valencia intenta representar el regreso de la derecha tradicional y del uribismo a la Casa de Nariño. Su campaña se ha enfocado en la seguridad, la autoridad del Estado y la defensa de la economía de mercado. Sin embargo, enfrenta un desafío complejo: convencer a los votantes de que representa una renovación y no simplemente el retorno de una clase política que también carga con responsabilidades en muchos de los problemas que hoy afectan al país.

Lo preocupante es que la campaña presidencial terminó convirtiéndose, en muchos momentos, en una batalla de emociones más que de propuestas. Los ataques personales, las redes sociales, las noticias falsas y los discursos cargados de miedo ocuparon más espacio que los debates serios sobre empleo, educación, salud, infraestructura, productividad o desarrollo regional.

Quizás el mayor fracaso de esta elección sea precisamente ese: los colombianos conocen mejor los defectos de los candidatos que las soluciones concretas que ofrecen para gobernar.

La polarización se convirtió en el eje central de la campaña. Un sector vota para impedir que gane la izquierda. Otro vota para impedir el regreso de la derecha. Y en medio de ambos extremos millones de ciudadanos siguen buscando respuestas que pocas veces encontraron durante los meses de proselitismo político.

Hoy Colombia decide en las urnas. Pero independientemente de quién gane, el próximo presidente heredará un país cansado de las promesas, desconfiado de la política y cada vez más exigente frente a sus gobernantes.

Las elecciones terminan esta noche.

Los problemas de Colombia, en cambio, seguirán esperando soluciones desde mañana. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

La generación que perdió el arte de esperar

 

Era, podría decirse de una manera romántica, el tiempo de enviar y recibir cartas. Noticias, saludos y cadenas de mensajes que, dependiendo del momento en la línea del tiempo, podían tardar días, semanas e incluso meses en llegar. Había algo especial en la espera, en la emoción de abrir un sobre y descubrir palabras escritas con paciencia.

Pero todo eso desapareció. Hoy el correo va y viene con un clic. La información viaja a una velocidad impensable y el mundo dejó de ser aquel sueño pausado de otros tiempos; para muchos, probablemente, terminó convirtiéndose en una pesadilla acelerada.

Las nuevas generaciones parecen sufrir el síndrome del inmediatismo, y quizás sus propios padres tengamos parte de responsabilidad en ese fenómeno. Y cuando digo “parte de responsabilidad”, es porque durante años fuimos construyendo una sociedad donde esperar comenzó a verse como un fracaso y no como una virtud.

Vivimos en la era de la inmediatez. Todo ocurre en segundos: los mensajes llegan al instante, las compras aparecen en la puerta de la casa en cuestión de horas, las redes sociales premian la reacción rápida y el entretenimiento nunca se detiene. En medio de esa velocidad vertiginosa, pareciera que una parte importante de nuestra juventud está creciendo sin aprender el valor de la espera.

Esperar hoy se ha convertido casi en una ofensa. Un video que tarda en cargar produce ansiedad. Una respuesta que no llega en minutos genera frustración. Un proceso largo parece inútil. Muchos jóvenes han sido educados por un mundo digital que les promete gratificación inmediata y resultados rápidos, pero la vida real rara vez funciona así.

Cuando era niño, escuchaba a mis abuelos y a mis padres planear sus vidas (e incluso las nuestras) entendiendo que los sueños y las metas tenían su propio tiempo. En aquella época, terminar el bachillerato ya era un logro enorme, casi una conquista de vida. Como lo fue para Rafael Escalona, al coronel nunca le escribieron, pero aun así tuvo paciencia. Tal vez porque las generaciones de entonces comprendían algo que hoy parece olvidarse: las cosas importantes rara vez llegan de inmediato.

Las grandes cosas de la existencia necesitan tiempo. Un profesional no se forma en un semestre. Una empresa no se construye de la noche a la mañana. Un amor verdadero no madura en una conversación de chat. Incluso la estabilidad emocional requiere años de aprendizaje, golpes, silencios y paciencia. Sin embargo, la cultura moderna parece decirles todos los días que el éxito debe ser rápido, visible y viral. Como si Roma se hubiese hecho en un día. Vamos tan rápido que algunos ni recuerdan a Roma.

Quizás por eso vemos cada vez más frustración temprana. Jóvenes agotados antes de los treinta años. Muchachos que abandonan proyectos al primer obstáculo. Estudiantes que sienten que fracasan si no alcanzan resultados inmediatos. Influencers mostrando vidas perfectas y éxitos instantáneos que terminan convirtiéndose en una trampa emocional para quienes todavía están comenzando su camino.

Pero sería injusto culpar únicamente a la juventud. Los adultos también hemos construido esta sociedad acelerada. Fuimos nosotros quienes reemplazamos muchas conversaciones familiares por pantallas. Fuimos nosotros quienes comenzamos a medir el valor personal en “likes”, productividad y exposición permanente. Y también somos nosotros quienes muchas veces les exigimos resultados inmediatos mientras les enseñamos, contradictoriamente, que todo debe llegar rápido.

Siempre me gustó aquella frase que dice: “La paciencia es un árbol de raíces amargas y frutos dulces”. Con los años, pareciera que dejó de repetirse, como si después de mis cuarenta hubiera entrado en desuso o simplemente hubiera sido arrinconada por la cultura de la inmediatez. Para los más optimistas (o quizás para los más jóvenes), esa frase casi parece no haber existido jamás.

La paciencia siempre fue una virtud silenciosa. No hace ruido, no se vuelve tendencia y no genera aplausos inmediatos. Pero sigue siendo indispensable para construir carácter. Esperar enseña disciplina. Enseña tolerancia a la frustración. Enseña madurez. Las generaciones anteriores entendían, quizá con más dureza, que había procesos inevitables: ahorrar durante años, estudiar lentamente, trabajar desde abajo, aceptar que el tiempo también forma a las personas.

Hoy muchos jóvenes viven atrapados entre la presión de triunfar rápido y el miedo permanente de quedarse atrás. Las redes sociales les muestran, segundo a segundo, a otros supuestamente “más exitosos”, “más felices” o “más avanzados”. Y en esa comparación constante, esperar comienza a sentirse como perder.

Tal vez necesitamos volver a enseñar algo sencillo, pero profundamente humano: no todo lo importante ocurre rápido. Hay sueños que toman años. Hay heridas que requieren tiempo. Hay caminos que solo maduran con paciencia. Incluso el café más intenso necesita algunos minutos para alcanzar su mejor aroma.

Además, no deberíamos olvidar que el poder más grande del mundo (el amor) también necesita tiempo. Ningún sentimiento verdadero florece de inmediato. El amor madura en la paciencia, en las esperas, en las dificultades compartidas y en la capacidad de permanecer, incluso cuando todo alrededor empuja a la prisa y a lo desechable.

Quizás la verdadera rebeldía de esta época no sea correr más rápido, sino aprender nuevamente a esperar.

Tal vez deberíamos detener el mundo y obligarlo a girar un poco más lento. Haría falta un “kamikaze divino” que desapareciera, aunque fuera por un instante, toda esta obsesión por lo inmediato. Que la vida vuelva a sentirse como vida y no como una carrera interminable contra el reloj. Que los sueños recuperen el valor de construirse con los años, con esfuerzo, con tropiezos y paciencia. Porque quizás el verdadero problema de esta época no es que todo vaya demasiado rápido, sino que estamos olvidando cómo vivir mientras esperamos. ¿O ME EQUIVOCO?

 

Cúcuta: el epicentro de una herida silenciosa

 

El economista y catedrático Mario Zambrano, reconocido en Norte de Santander por su permanente lectura social del territorio, compartió recientemente un informe que obliga a detenernos y reflexionar con seriedad sobre una de las problemáticas más dolorosas y menos comprendidas del país: la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

Hay mapas que muestran carreteras. Otros revelan pobreza, violencia o abandono estatal. Y hay algunos (los más incómodos) que terminan exhibiendo aquello que como sociedad preferimos no mirar de frente.

El reciente informe sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en Colombia entre 2015 y 2025, elaborado con base en registros del DANE y la fiscalía general de la Nación, no debería leerse únicamente como una estadística criminal. Es, sobre todo, una radiografía territorial de las fracturas sociales del país.

El documento deja varias conclusiones inquietantes. La primera: la explotación sexual infantil registrada en Colombia tiene un comportamiento predominantemente metropolitano. No ocurre en el vacío ni únicamente en rincones apartados; se concentra allí donde convergen migración, economías informales, corredores comerciales, turismo descontrolado, crimen organizado y profundas desigualdades urbanas.

La segunda conclusión golpea directamente a Norte de Santander. El departamento aparece como un territorio atípico dentro de la frontera colombo-venezolana. Y no es una casualidad.

Durante la última década, la región ha soportado una combinación explosiva: crisis migratoria, economías ilegales, debilitamiento institucional, pobreza creciente y presencia de redes criminales transnacionales. En medio de ese escenario, la niñez vulnerable termina convirtiéndose en el eslabón más frágil.

El dato más contundente del informe está en Cúcuta. Según el análisis, la ciudad concentra el 67,3 % de los casos registrados en Norte de Santander. La cifra obliga a dejar de pensar este fenómeno como un problema marginal o invisible. Cuando dos de cada tres casos del departamento ocurren en la capital, estamos frente a una realidad estructural.

Pero quizá el hallazgo más delicado del informe es otro: la sobrerrepresentación de la trata de personas en la frontera colombo-venezolana. Allí confluyen movilidad humana desesperada, informalidad y estructuras criminales capaces de aprovecharse de menores de edad bajo distintas modalidades de explotación.

Y aun así, el informe insiste en algo fundamental: esto no debe utilizarse para promover alarmismo.

Sería un error convertir las cifras en combustible para el morbo político o mediático. Porque detrás de cada número existe una historia rota, una familia vulnerada y un Estado que muchas veces llega tarde.

También sería un error interpretar los territorios con bajas cifras como lugares libres del problema. El estudio habla de “territorios silenciosos”, zonas donde la ausencia de registros podría reflejar subregistro estructural, miedo a denunciar o incapacidad institucional para detectar los casos.

 En otras palabras: a veces el silencio estadístico no significa tranquilidad, sino invisibilidad. Y ahí está quizá la discusión más importante para Colombia.

Durante años el país ha reaccionado a fenómenos como este desde la indignación momentánea, pero no desde la construcción de políticas públicas sostenidas. La explotación sexual comercial de menores no se combate únicamente con operativos policiales o capturas. Requiere prevención, protección social, educación, fortalecimiento familiar, salud mental, vigilancia digital y capacidad real de respuesta institucional.

También exige información confiable. Porque un Estado que no mide bien, difícilmente puede intervenir bien.

La publicación tiene otro mérito importante: territorializa el problema. Nos recuerda que Colombia no vive una sola realidad, sino múltiples realidades superpuestas. No es lo mismo enfrentar este fenómeno en Bogotá, Medellín o Cartagena que hacerlo en una frontera dinámica y compleja como la de Cúcuta.

Las cifras, por sí solas, ya estremecen. Pero adquieren una dimensión aún más dolorosa cuando se entienden en contexto. El informe advierte que entre 2015 y 2025 miles de niñas, niños y adolescentes han sido registrados como víctimas de explotación sexual comercial en Colombia, un fenómeno que golpea especialmente a las grandes áreas urbanas y a los territorios de frontera. En Norte de Santander, la situación adquiere una gravedad particular: no solo por la alta concentración de casos en Cúcuta, sino porque la dinámica migratoria y la presencia de redes criminales convierten a muchos menores en presa fácil de la trata de personas y de distintas formas de explotación. Y quizás lo más inquietante es que los investigadores advierten sobre la existencia de “territorios silenciosos”, lugares donde las bajas cifras no necesariamente significan ausencia del problema, sino incapacidad institucional, miedo o subregistro. En un país donde tantas violencias terminan normalizándose, esta realidad representa una de las heridas más profundas y menos visibles de nuestra sociedad.

Porque cuando un país empieza a normalizar ciertas violencias contra su infancia, el problema deja de ser únicamente judicial y se convierte en una profunda derrota moral colectiva. ¿O ME EQUIVOCO?

El informe completo puede consultarse en Zambrano SAS 

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¿Quién tiene realmente un plan para Cúcuta y Norte de Santander?

 Esta columna no pretende promover ni descalificar ninguna tendencia política o candidatura presidencial. Desde el respeto por la diversidad de pensamiento y la libertad democrática de los colombianos, su único propósito es ofrecer a los nortesantandereanos una mirada crítica, amplia y reflexiva sobre las propuestas, visiones y posibles impactos que cada aspirante tendría para Cúcuta y Norte de Santander en los próximos cuatro años.

Al sentarme a escribir esta columna faltan apenas 20 días, 14 horas, 5 minutos y 44 segundos para que se abran las urnas en la primera vuelta presidencial en Colombia. Unas elecciones que ya muchos consideran históricas y de las que todo el país habla a diario: entre la furia y la esperanza, entre la incertidumbre y el miedo, entre la ilusión de avanzar o el temor de fracasar nuevamente como nación.

Así transcurren hoy los días en Colombia: esperando. Esperando casi como quien espera un mesías, mientras el tiempo político se agota y las regiones siguen reclamando respuestas.

Los candidatos que lideran las encuestas ya pasaron por Cúcuta. Todos aseguran haber llenado plazas públicas. Unos hablan de cinco mil asistentes, otros de diez mil, e incluso algunos elevan la cifra hasta veinte mil personas acompañando sus recorridos. Pero más allá de la euforia electoral, de las caravanas y de las fotografías para redes sociales, sigue faltando lo esencial: claridad sobre qué propone realmente cada uno para Norte de Santander.

Porque para Cúcuta y el departamento, la seguridad no es un debate ideológico: es una necesidad cotidiana. La presencia de grupos armados, el narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la violencia urbana convierten este tema en el principal termómetro para evaluar cualquier candidatura presidencial.

Hoy las autoridades mantienen operaciones militares y refuerzo institucional en zonas rurales de Cúcuta y el Catatumbo debido al deterioro del orden público. Y frente a esa realidad, las propuestas empiezan a marcar profundas diferencias.

Un eventual gobierno de Iván Cepeda tendría impacto en la región a través de una apuesta por negociación, inversión social y continuidad de programas territoriales. Sus defensores consideran que esto podría disminuir tensiones sociales en el Catatumbo; sus críticos advierten que podría aumentar la percepción de debilidad frente a los grupos armados ilegales.

Una eventual presidencia de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella probablemente significaría una política de seguridad mucho más agresiva y militarizada en frontera, especialmente contra el ELN, las disidencias y las redes criminales. Eso podría generar una sensación inmediata de control territorial, aunque también elevar tensiones en zonas históricamente conflictivas.

En el caso de Sergio Fajardo, su enfoque combina fortalecimiento policial, inteligencia y estabilidad institucional. Para Norte de Santander podría representar una estrategia menos confrontacional que la derecha dura, pero más estricta que el actual modelo de seguridad.

Y hay un elemento adicional que hace única esta elección para la región: ningún departamento depende tanto de la política exterior presidencial como Norte de Santander. Cada decisión sobre Venezuela impacta directamente el empleo, el comercio, la migración, la seguridad, la salud y hasta la economía informal de miles de familias cucuteñas.

Cepeda propone fortalecer la reapertura económica binacional, facilitar créditos empresariales y dinamizar nuevamente el comercio fronterizo. Para Cúcuta, esto podría impulsar sectores comerciales y logísticos golpeados desde el cierre fronterizo de 2015.

En contraste, un gobierno de línea más dura como el de Valencia o De la Espriella podría endurecer controles fronterizos y priorizar la seguridad sobre la integración económica. Eso podría mejorar el control territorial, aunque también afectaría la dinámica comercial binacional de la que dependen miles de personas.

Fajardo, por su parte, probablemente mantendría una relación pragmática con Venezuela, intentando equilibrar seguridad y apertura económica gradual.

La salud representa otro de los grandes dramas regionales. La red hospitalaria de Norte de Santander vive bajo presión permanente debido a la migración, la sobreocupación, el déficit financiero y una demanda regional que supera la capacidad instalada.

Hoy el sistema de salud colombiano atraviesa probablemente la peor crisis de su historia reciente.

Una continuidad de reformas similares a las actuales, impulsadas desde sectores cercanos a Cepeda, podría transformar profundamente el modelo de EPS, aunque existe temor regional sobre la capacidad administrativa y financiera para sostener el sistema.

Fajardo plantea fortalecer las EPS y la atención primaria, algo que podría generar mayor estabilidad para la red hospitalaria fronteriza.

Mientras tanto, una eventual administración de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella apostaría por reforzar el modelo mixto actual, fortalecer la gerencia hospitalaria y ejercer un mayor control fiscal sobre el sistema.

En materia económica, la deuda histórica sigue intacta. Cúcuta continúa siendo una de las ciudades con mayores niveles de informalidad y desempleo del país.

Aquí el impacto presidencial es determinante porque depende de la apertura comercial, de los incentivos empresariales, de la inversión pública nacional y de una verdadera estabilización del intercambio binacional.

Cepeda ha hablado de reactivación económica fronteriza y apoyo a empresarios medianos. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella proponen atraer inversión mediante reducción de inseguridad y fortalecimiento de la confianza empresarial. Fajardo apuesta por estabilidad fiscal y fortalecimiento institucional.

Pero la gran pregunta continúa sin respuesta clara:

¿Quién tiene realmente un plan económico exclusivo para la frontera?

Porque cualquier presidente que llegue a la Casa de Nariño en 2026 (sea de izquierda, derecha, centro o progresismo) será juzgado en Norte de Santander por lo que ocurra en el Catatumbo durante los próximos cuatro años.

Y es allí donde Colombia tiene hoy uno de sus mayores desafíos nacionales: cultivos ilícitos, grupos armados, pobreza, desplazamiento masivo y una crisis humanitaria que parece avanzar más rápido que las soluciones del Estado.

La población del departamento está cansada de escuchar promesas nacionales que nunca se traducen en resultados concretos. El agotamiento ciudadano frente al discurso político tradicional es cada vez más evidente.

Por eso, para Norte de Santander, la elección presidencial de 2026 no definirá solamente quién gobernará Colombia.

Definirá quién está dispuesto, por fin, a mirar seriamente hacia Cúcuta y la frontera.

Porque después de décadas de abandono, la verdadera pregunta no es quién ganará las elecciones.

La verdadera pregunta es:¿quién tiene realmente un plan serio para Norte de Santander? ¿O ME EQUIVOCO?

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CUANDO A CÚCUTA LE CAMBIAN LAS PRIORIDADES... DE LA CÚCUTA QUE SOÑAMOS

 

En Cúcuta la discusión sobre la valorización dejó hace rato de ser un simple debate técnico o administrativo. Lo que hoy se discute en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas es algo mucho más sensible: la sensación de que la ciudad lleva años esperando unas obras fundamentales para su movilidad… y que ahora esas prioridades parecen estar cambiando.

Porque hay algo que no puede olvidarse en medio de toda esta controversia: las obras contempladas en el Acuerdo 003 de 2017 no eran obras menores ni caprichos urbanísticos. Eran proyectos estratégicos concebidos para responder a uno de los problemas más graves y más antiguos de Cúcuta: el colapso progresivo de su movilidad.

La intersección de Cuatro Vientos, la solución vial en la Diagonal Santander con Avenida Cero y Gran Colombia, la intervención en la glorieta del Terminal y otras obras incluidas en el paquete de valorización fueron presentadas ante la ciudadanía como soluciones estructurales para descongestionar corredores críticos de una ciudad que creció desordenadamente y cuya infraestructura vial hace años quedó rezagada frente al número de vehículos y al desarrollo urbano.

Y precisamente por esa importancia, miles de ciudadanos aceptaron pagar valorización. No fue un aporte voluntario motivado por estética o embellecimiento. Fue un sacrificio económico justificado bajo la promesa de que Cúcuta finalmente tendría obras capaces de mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y modernizar puntos neurálgicos donde diariamente se forman enormes congestiones.

Por eso hoy existe molestia.

Porque esas obras no nacieron ayer. Han sido esperadas durante años por una ciudad cansada del caos vehicular, de los trancones interminables, de los cruces peligrosos y de una infraestructura insuficiente para las necesidades actuales de la capital nortesantandereana.

Y la situación se vuelve todavía más preocupante cuando se observa que Cúcuta sigue siendo una de las pocas ciudades intermedias de Colombia que nunca logró consolidar un verdadero sistema de transporte masivo moderno y eficiente. Mientras otras ciudades avanzaron (con dificultades, sí) hacia modelos integrados de movilidad, aquí la improvisación terminó imponiéndose sobre la planificación. El resultado está a la vista: más motocicletas, más congestión, más desorden vial y una ciudad donde cada año movilizarse resulta más lento y más caótico. Precisamente por eso las megaobras contempladas desde 2017 adquirían un valor aún más estratégico: eran, al menos, una oportunidad para aliviar parcialmente una movilidad que hace tiempo entró en estado crítico.

Y cuando después de tantos años de espera la ciudadanía percibe que las prioridades comienzan a trasladarse hacia proyectos de ornamentación, paisajismo o embellecimiento urbano, inevitablemente surge la pregunta que hoy recorre a Cúcuta: ¿qué pasó con las obras que realmente necesitaba la ciudad?

Nadie discute que una ciudad bonita es importante. Claro que lo es. Los espacios públicos dignos mejoran la calidad de vida y fortalecen la imagen urbana. Pero una administración también debe entender cuáles son las urgencias reales de su gente.

Y hoy la principal angustia del cucuteño no está en si un separador tiene palmeras o jardines. Está en cuánto demora atrapado en un trancón. Está en el desorden vial. Está en los puntos críticos que durante años han colapsado la movilidad del área metropolitana.

Ahí es donde aparece el verdadero problema político y social de esta controversia: la confianza.

Porque el ciudadano siente que pagó por unas soluciones específicas que le fueron prometidas hace casi una década. Y cuando esas soluciones empiezan a diluirse, modificarse o replantearse, lo que se fractura no es solamente un cronograma de obras. Se fractura la credibilidad institucional.

La valorización no puede convertirse en un concepto abstracto donde el ciudadano paga sin claridad sobre el destino final de los recursos. La valorización fue presentada como un pacto entre la ciudad y sus contribuyentes: ustedes aportan hoy para que mañana existan obras concretas que transformen la movilidad de Cúcuta.

Y precisamente por eso la discusión actual genera tanta controversia. Porque para muchos cucuteños el debate no es entre un puente o unos jardines. El debate es entre cumplirle o no cumplirle a la ciudad después de años de espera.

Lo más preocupante es que, mientras la ciudad sigue esperando respuestas, los grandes debates públicos de Cúcuta terminan consumiéndose entre controles políticos, discursos encendidos y sesiones interminables en el Concejo Municipal que, al final, pocas veces producen resultados concretos para la ciudadanía. Pasó con el relleno sanitario, del que hoy prácticamente nadie vuelve a hablar. Pasó con la concesión del acueducto, que terminó diluyéndose entre controversias, silencios y dudas sin resolver. Y ahora ocurre nuevamente con las obras de valorización, modificadas prácticamente de un plumazo, sin una verdadera consulta amplia a la ciudadanía sobre qué era lo prioritario para la ciudad.

Porque esa también es la pregunta de fondo que sigue sin respuesta: ¿a quién terminó beneficiando realmente el cambio de estas obras? ¿Quién decidió que el rumbo debía modificarse? ¿Dónde estuvo la participación ciudadana en una decisión financiada precisamente con el bolsillo de los cucuteños?

Cúcuta necesita embellecerse, sí. Pero antes necesita resolver los problemas estructurales que durante décadas han frenado su desarrollo urbano.

Y quizás lo más grave de todo no sea únicamente el cambio de unas obras. Lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que en Cúcuta se siguen tomando decisiones que afectan a toda la ciudad sin escuchar verdaderamente a quienes pagan las cuentas. Con un simple trámite administrativo y político terminaron alterando proyectos estratégicos que durante años fueron vendidos como fundamentales para el bienestar colectivo y la movilidad de miles de ciudadanos. Mientras tanto, la ciudad sigue atrapada en el caos vial, en la improvisación y en la ausencia de una visión seria de desarrollo urbano. Porque cuando las prioridades públicas terminan subordinadas a intereses políticos, cálculos de imagen o decisiones tomadas entre pocos, el gran perjudicado siempre termina siendo el mismo: el ciudadano común que paga impuestos, soporta los trancones y sigue esperando, año tras año, la ciudad moderna que le prometieron, la Cúcuta que soñamos. ¿O ME EQUIVOCO?