Entre la tragedia nacional y un debate inútil

 

Durante los últimos días, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Colombia ha sido testigo de una discusión que, francamente, resulta difícil de comprender cuando se observa la magnitud de los problemas que enfrenta la nación.

La controversia gira alrededor del uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante actividades de campaña. Lo que para muchos podría haber sido una anécdota menor terminó convirtiéndose en un debate nacional, ocupando espacios en medios de comunicación, redes sociales, círculos políticos e incluso estrados judiciales.

Y es precisamente ahí donde surge una pregunta inevitable: ¿de verdad esto es lo más importante que tiene Colombia para discutir?

Mientras millones de colombianos se levantan cada mañana preocupados por conseguir empleo, mientras cientos de familias esperan una cita médica que nunca llega, mientras la inseguridad continúa golpeando barrios, municipios y carreteras, mientras el narcotráfico sigue alimentando la violencia y mientras regiones enteras viven bajo la amenaza de grupos armados ilegales, una parte del país decidió concentrar su atención en una camiseta.

Una camiseta.

No en la crisis de la salud. No en la calidad de la educación. No en el desempleo. No en la inseguridad. No en la corrupción. No en la pobreza. No en la infraestructura. No en la situación de miles de víctimas que siguen esperando respuestas del Estado.

Una camiseta.

Más preocupante aún es que esta controversia haya escalado hasta los despachos judiciales. Que una tutela haya sido admitida para discutir un asunto de esta naturaleza deja una sensación inquietante sobre las prioridades institucionales del país. Mientras miles de procesos relacionados con derechos fundamentales, atención médica, seguridad social y protección de ciudadanos esperan resolución, Colombia observa cómo parte de su aparato judicial debe invertir tiempo y recursos en analizar una controversia que difícilmente cambiará la vida de un solo colombiano.

La justicia existe para proteger derechos fundamentales y garantizar el orden constitucional. Convertir cualquier polémica política en un litigio judicial corre el riesgo de banalizar herramientas que fueron creadas para resolver problemas verdaderamente trascendentales.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes promovieron la controversia. También es una responsabilidad colectiva. Como sociedad hemos desarrollado una preocupante capacidad para distraernos con debates superficiales mientras los problemas estructurales siguen creciendo frente a nuestros ojos.

Nos indignamos durante días por una fotografía, una frase, una camiseta o una publicación en redes sociales, pero rara vez mantenemos el mismo nivel de atención cuando se habla de hospitales colapsados, escuelas deterioradas, vías abandonadas, corrupción administrativa o inseguridad ciudadana.

La verdadera pregunta no es si un candidato debía o no usar la camiseta de la Selección Colombia.

La verdadera pregunta es por qué una nación con tantos desafíos termina dedicando tanto tiempo a una discusión tan poco relevante para el bienestar de sus ciudadanos.

Quizá el problema no sea la camiseta.

Quizá el problema sea que hemos perdido la capacidad de distinguir entre lo importante y lo accesorio.

Y mientras seguimos atrapados en debates que no producen empleo, no mejoran la salud, no fortalecen la educación y no aumentan la seguridad, los problemas reales continúan avanzando.

Silenciosamente.

Esperando que algún día Colombia decida hablar de ellos con la misma pasión con la que discutió sobre una camiseta. ¿O ME EQUIVOCO?

 

UNA BATALLA DE EMOCIONES MÁS QUE DE PROPUESTAS

 

Hoy Colombia llega a las urnas en medio de una de las campañas presidenciales más tensas, polarizadas y emocionales de las últimas décadas. No se trata únicamente de elegir al sucesor de Gustavo Petro; se trata de decidir qué camino quiere tomar un país que parece debatirse entre la frustración, el cansancio y la esperanza.

La campaña presidencial de 2026 pasará a la historia no por la profundidad de sus debates ni por la calidad de las soluciones presentadas a los colombianos. Será recordada como una contienda donde el miedo, la rabia, la esperanza y el rechazo pesaron más que los programas de gobierno. Nunca como ahora había sido tan evidente que millones de ciudadanos llegaron a las urnas motivados más por las emociones que por las propuestas.

Durante meses, los candidatos se esforzaron por despertar sentimientos. Unos apelaron al temor de que el país continuara por el camino equivocado; otros advirtieron sobre el regreso de modelos políticos que consideran responsables de los problemas actuales. Entre discursos de salvación, advertencias apocalípticas y promesas de cambio, los colombianos terminaron atrapados en una batalla emocional que relegó a un segundo plano las discusiones sobre empleo, salud, educación, seguridad y desarrollo económico.

Las encuestas muestran una disputa concentrada principalmente entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, tres candidatos que representan visiones radicalmente distintas de Colombia.

Iván Cepeda llega como el heredero político más visible del proyecto del Pacto Histórico. Su discurso gira alrededor de la justicia social, la profundización de las reformas y la defensa de los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, muchos colombianos se preguntan si realmente representa un cambio o una continuidad de un gobierno que deja avances en algunos indicadores sociales, pero también fuertes cuestionamientos por la crisis del sistema de salud, los problemas de seguridad, el déficit fiscal y diversos escándalos políticos que golpearon la imagen del Ejecutivo.

Por otro lado aparece Abelardo de la Espriella, quien ha construido su crecimiento electoral a través de un discurso de mano dura, confrontación directa y rechazo a la clase política tradicional. Su ascenso refleja el inconformismo de millones de ciudadanos frente a la inseguridad y el deterioro institucional. Sin embargo, detrás de esa narrativa de autoridad también surge una inquietud legítima: ¿puede un país tan complejo como Colombia gobernarse únicamente desde la confrontación y el discurso antisistema? Su rápido crecimiento en las encuestas demuestra que una parte importante del electorado busca respuestas contundentes, aunque todavía existen dudas sobre la viabilidad real de muchas de sus propuestas.

Mientras tanto, Paloma Valencia intenta representar el regreso de la derecha tradicional y del uribismo a la Casa de Nariño. Su campaña se ha enfocado en la seguridad, la autoridad del Estado y la defensa de la economía de mercado. Sin embargo, enfrenta un desafío complejo: convencer a los votantes de que representa una renovación y no simplemente el retorno de una clase política que también carga con responsabilidades en muchos de los problemas que hoy afectan al país.

Lo preocupante es que la campaña presidencial terminó convirtiéndose, en muchos momentos, en una batalla de emociones más que de propuestas. Los ataques personales, las redes sociales, las noticias falsas y los discursos cargados de miedo ocuparon más espacio que los debates serios sobre empleo, educación, salud, infraestructura, productividad o desarrollo regional.

Quizás el mayor fracaso de esta elección sea precisamente ese: los colombianos conocen mejor los defectos de los candidatos que las soluciones concretas que ofrecen para gobernar.

La polarización se convirtió en el eje central de la campaña. Un sector vota para impedir que gane la izquierda. Otro vota para impedir el regreso de la derecha. Y en medio de ambos extremos millones de ciudadanos siguen buscando respuestas que pocas veces encontraron durante los meses de proselitismo político.

Hoy Colombia decide en las urnas. Pero independientemente de quién gane, el próximo presidente heredará un país cansado de las promesas, desconfiado de la política y cada vez más exigente frente a sus gobernantes.

Las elecciones terminan esta noche.

Los problemas de Colombia, en cambio, seguirán esperando soluciones desde mañana. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

La generación que perdió el arte de esperar

 

Era, podría decirse de una manera romántica, el tiempo de enviar y recibir cartas. Noticias, saludos y cadenas de mensajes que, dependiendo del momento en la línea del tiempo, podían tardar días, semanas e incluso meses en llegar. Había algo especial en la espera, en la emoción de abrir un sobre y descubrir palabras escritas con paciencia.

Pero todo eso desapareció. Hoy el correo va y viene con un clic. La información viaja a una velocidad impensable y el mundo dejó de ser aquel sueño pausado de otros tiempos; para muchos, probablemente, terminó convirtiéndose en una pesadilla acelerada.

Las nuevas generaciones parecen sufrir el síndrome del inmediatismo, y quizás sus propios padres tengamos parte de responsabilidad en ese fenómeno. Y cuando digo “parte de responsabilidad”, es porque durante años fuimos construyendo una sociedad donde esperar comenzó a verse como un fracaso y no como una virtud.

Vivimos en la era de la inmediatez. Todo ocurre en segundos: los mensajes llegan al instante, las compras aparecen en la puerta de la casa en cuestión de horas, las redes sociales premian la reacción rápida y el entretenimiento nunca se detiene. En medio de esa velocidad vertiginosa, pareciera que una parte importante de nuestra juventud está creciendo sin aprender el valor de la espera.

Esperar hoy se ha convertido casi en una ofensa. Un video que tarda en cargar produce ansiedad. Una respuesta que no llega en minutos genera frustración. Un proceso largo parece inútil. Muchos jóvenes han sido educados por un mundo digital que les promete gratificación inmediata y resultados rápidos, pero la vida real rara vez funciona así.

Cuando era niño, escuchaba a mis abuelos y a mis padres planear sus vidas (e incluso las nuestras) entendiendo que los sueños y las metas tenían su propio tiempo. En aquella época, terminar el bachillerato ya era un logro enorme, casi una conquista de vida. Como lo fue para Rafael Escalona, al coronel nunca le escribieron, pero aun así tuvo paciencia. Tal vez porque las generaciones de entonces comprendían algo que hoy parece olvidarse: las cosas importantes rara vez llegan de inmediato.

Las grandes cosas de la existencia necesitan tiempo. Un profesional no se forma en un semestre. Una empresa no se construye de la noche a la mañana. Un amor verdadero no madura en una conversación de chat. Incluso la estabilidad emocional requiere años de aprendizaje, golpes, silencios y paciencia. Sin embargo, la cultura moderna parece decirles todos los días que el éxito debe ser rápido, visible y viral. Como si Roma se hubiese hecho en un día. Vamos tan rápido que algunos ni recuerdan a Roma.

Quizás por eso vemos cada vez más frustración temprana. Jóvenes agotados antes de los treinta años. Muchachos que abandonan proyectos al primer obstáculo. Estudiantes que sienten que fracasan si no alcanzan resultados inmediatos. Influencers mostrando vidas perfectas y éxitos instantáneos que terminan convirtiéndose en una trampa emocional para quienes todavía están comenzando su camino.

Pero sería injusto culpar únicamente a la juventud. Los adultos también hemos construido esta sociedad acelerada. Fuimos nosotros quienes reemplazamos muchas conversaciones familiares por pantallas. Fuimos nosotros quienes comenzamos a medir el valor personal en “likes”, productividad y exposición permanente. Y también somos nosotros quienes muchas veces les exigimos resultados inmediatos mientras les enseñamos, contradictoriamente, que todo debe llegar rápido.

Siempre me gustó aquella frase que dice: “La paciencia es un árbol de raíces amargas y frutos dulces”. Con los años, pareciera que dejó de repetirse, como si después de mis cuarenta hubiera entrado en desuso o simplemente hubiera sido arrinconada por la cultura de la inmediatez. Para los más optimistas (o quizás para los más jóvenes), esa frase casi parece no haber existido jamás.

La paciencia siempre fue una virtud silenciosa. No hace ruido, no se vuelve tendencia y no genera aplausos inmediatos. Pero sigue siendo indispensable para construir carácter. Esperar enseña disciplina. Enseña tolerancia a la frustración. Enseña madurez. Las generaciones anteriores entendían, quizá con más dureza, que había procesos inevitables: ahorrar durante años, estudiar lentamente, trabajar desde abajo, aceptar que el tiempo también forma a las personas.

Hoy muchos jóvenes viven atrapados entre la presión de triunfar rápido y el miedo permanente de quedarse atrás. Las redes sociales les muestran, segundo a segundo, a otros supuestamente “más exitosos”, “más felices” o “más avanzados”. Y en esa comparación constante, esperar comienza a sentirse como perder.

Tal vez necesitamos volver a enseñar algo sencillo, pero profundamente humano: no todo lo importante ocurre rápido. Hay sueños que toman años. Hay heridas que requieren tiempo. Hay caminos que solo maduran con paciencia. Incluso el café más intenso necesita algunos minutos para alcanzar su mejor aroma.

Además, no deberíamos olvidar que el poder más grande del mundo (el amor) también necesita tiempo. Ningún sentimiento verdadero florece de inmediato. El amor madura en la paciencia, en las esperas, en las dificultades compartidas y en la capacidad de permanecer, incluso cuando todo alrededor empuja a la prisa y a lo desechable.

Quizás la verdadera rebeldía de esta época no sea correr más rápido, sino aprender nuevamente a esperar.

Tal vez deberíamos detener el mundo y obligarlo a girar un poco más lento. Haría falta un “kamikaze divino” que desapareciera, aunque fuera por un instante, toda esta obsesión por lo inmediato. Que la vida vuelva a sentirse como vida y no como una carrera interminable contra el reloj. Que los sueños recuperen el valor de construirse con los años, con esfuerzo, con tropiezos y paciencia. Porque quizás el verdadero problema de esta época no es que todo vaya demasiado rápido, sino que estamos olvidando cómo vivir mientras esperamos. ¿O ME EQUIVOCO?

 

Cúcuta: el epicentro de una herida silenciosa

 

El economista y catedrático Mario Zambrano, reconocido en Norte de Santander por su permanente lectura social del territorio, compartió recientemente un informe que obliga a detenernos y reflexionar con seriedad sobre una de las problemáticas más dolorosas y menos comprendidas del país: la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

Hay mapas que muestran carreteras. Otros revelan pobreza, violencia o abandono estatal. Y hay algunos (los más incómodos) que terminan exhibiendo aquello que como sociedad preferimos no mirar de frente.

El reciente informe sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en Colombia entre 2015 y 2025, elaborado con base en registros del DANE y la fiscalía general de la Nación, no debería leerse únicamente como una estadística criminal. Es, sobre todo, una radiografía territorial de las fracturas sociales del país.

El documento deja varias conclusiones inquietantes. La primera: la explotación sexual infantil registrada en Colombia tiene un comportamiento predominantemente metropolitano. No ocurre en el vacío ni únicamente en rincones apartados; se concentra allí donde convergen migración, economías informales, corredores comerciales, turismo descontrolado, crimen organizado y profundas desigualdades urbanas.

La segunda conclusión golpea directamente a Norte de Santander. El departamento aparece como un territorio atípico dentro de la frontera colombo-venezolana. Y no es una casualidad.

Durante la última década, la región ha soportado una combinación explosiva: crisis migratoria, economías ilegales, debilitamiento institucional, pobreza creciente y presencia de redes criminales transnacionales. En medio de ese escenario, la niñez vulnerable termina convirtiéndose en el eslabón más frágil.

El dato más contundente del informe está en Cúcuta. Según el análisis, la ciudad concentra el 67,3 % de los casos registrados en Norte de Santander. La cifra obliga a dejar de pensar este fenómeno como un problema marginal o invisible. Cuando dos de cada tres casos del departamento ocurren en la capital, estamos frente a una realidad estructural.

Pero quizá el hallazgo más delicado del informe es otro: la sobrerrepresentación de la trata de personas en la frontera colombo-venezolana. Allí confluyen movilidad humana desesperada, informalidad y estructuras criminales capaces de aprovecharse de menores de edad bajo distintas modalidades de explotación.

Y aun así, el informe insiste en algo fundamental: esto no debe utilizarse para promover alarmismo.

Sería un error convertir las cifras en combustible para el morbo político o mediático. Porque detrás de cada número existe una historia rota, una familia vulnerada y un Estado que muchas veces llega tarde.

También sería un error interpretar los territorios con bajas cifras como lugares libres del problema. El estudio habla de “territorios silenciosos”, zonas donde la ausencia de registros podría reflejar subregistro estructural, miedo a denunciar o incapacidad institucional para detectar los casos.

 En otras palabras: a veces el silencio estadístico no significa tranquilidad, sino invisibilidad. Y ahí está quizá la discusión más importante para Colombia.

Durante años el país ha reaccionado a fenómenos como este desde la indignación momentánea, pero no desde la construcción de políticas públicas sostenidas. La explotación sexual comercial de menores no se combate únicamente con operativos policiales o capturas. Requiere prevención, protección social, educación, fortalecimiento familiar, salud mental, vigilancia digital y capacidad real de respuesta institucional.

También exige información confiable. Porque un Estado que no mide bien, difícilmente puede intervenir bien.

La publicación tiene otro mérito importante: territorializa el problema. Nos recuerda que Colombia no vive una sola realidad, sino múltiples realidades superpuestas. No es lo mismo enfrentar este fenómeno en Bogotá, Medellín o Cartagena que hacerlo en una frontera dinámica y compleja como la de Cúcuta.

Las cifras, por sí solas, ya estremecen. Pero adquieren una dimensión aún más dolorosa cuando se entienden en contexto. El informe advierte que entre 2015 y 2025 miles de niñas, niños y adolescentes han sido registrados como víctimas de explotación sexual comercial en Colombia, un fenómeno que golpea especialmente a las grandes áreas urbanas y a los territorios de frontera. En Norte de Santander, la situación adquiere una gravedad particular: no solo por la alta concentración de casos en Cúcuta, sino porque la dinámica migratoria y la presencia de redes criminales convierten a muchos menores en presa fácil de la trata de personas y de distintas formas de explotación. Y quizás lo más inquietante es que los investigadores advierten sobre la existencia de “territorios silenciosos”, lugares donde las bajas cifras no necesariamente significan ausencia del problema, sino incapacidad institucional, miedo o subregistro. En un país donde tantas violencias terminan normalizándose, esta realidad representa una de las heridas más profundas y menos visibles de nuestra sociedad.

Porque cuando un país empieza a normalizar ciertas violencias contra su infancia, el problema deja de ser únicamente judicial y se convierte en una profunda derrota moral colectiva. ¿O ME EQUIVOCO?

El informe completo puede consultarse en Zambrano SAS 

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¿Quién tiene realmente un plan para Cúcuta y Norte de Santander?

 Esta columna no pretende promover ni descalificar ninguna tendencia política o candidatura presidencial. Desde el respeto por la diversidad de pensamiento y la libertad democrática de los colombianos, su único propósito es ofrecer a los nortesantandereanos una mirada crítica, amplia y reflexiva sobre las propuestas, visiones y posibles impactos que cada aspirante tendría para Cúcuta y Norte de Santander en los próximos cuatro años.

Al sentarme a escribir esta columna faltan apenas 20 días, 14 horas, 5 minutos y 44 segundos para que se abran las urnas en la primera vuelta presidencial en Colombia. Unas elecciones que ya muchos consideran históricas y de las que todo el país habla a diario: entre la furia y la esperanza, entre la incertidumbre y el miedo, entre la ilusión de avanzar o el temor de fracasar nuevamente como nación.

Así transcurren hoy los días en Colombia: esperando. Esperando casi como quien espera un mesías, mientras el tiempo político se agota y las regiones siguen reclamando respuestas.

Los candidatos que lideran las encuestas ya pasaron por Cúcuta. Todos aseguran haber llenado plazas públicas. Unos hablan de cinco mil asistentes, otros de diez mil, e incluso algunos elevan la cifra hasta veinte mil personas acompañando sus recorridos. Pero más allá de la euforia electoral, de las caravanas y de las fotografías para redes sociales, sigue faltando lo esencial: claridad sobre qué propone realmente cada uno para Norte de Santander.

Porque para Cúcuta y el departamento, la seguridad no es un debate ideológico: es una necesidad cotidiana. La presencia de grupos armados, el narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la violencia urbana convierten este tema en el principal termómetro para evaluar cualquier candidatura presidencial.

Hoy las autoridades mantienen operaciones militares y refuerzo institucional en zonas rurales de Cúcuta y el Catatumbo debido al deterioro del orden público. Y frente a esa realidad, las propuestas empiezan a marcar profundas diferencias.

Un eventual gobierno de Iván Cepeda tendría impacto en la región a través de una apuesta por negociación, inversión social y continuidad de programas territoriales. Sus defensores consideran que esto podría disminuir tensiones sociales en el Catatumbo; sus críticos advierten que podría aumentar la percepción de debilidad frente a los grupos armados ilegales.

Una eventual presidencia de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella probablemente significaría una política de seguridad mucho más agresiva y militarizada en frontera, especialmente contra el ELN, las disidencias y las redes criminales. Eso podría generar una sensación inmediata de control territorial, aunque también elevar tensiones en zonas históricamente conflictivas.

En el caso de Sergio Fajardo, su enfoque combina fortalecimiento policial, inteligencia y estabilidad institucional. Para Norte de Santander podría representar una estrategia menos confrontacional que la derecha dura, pero más estricta que el actual modelo de seguridad.

Y hay un elemento adicional que hace única esta elección para la región: ningún departamento depende tanto de la política exterior presidencial como Norte de Santander. Cada decisión sobre Venezuela impacta directamente el empleo, el comercio, la migración, la seguridad, la salud y hasta la economía informal de miles de familias cucuteñas.

Cepeda propone fortalecer la reapertura económica binacional, facilitar créditos empresariales y dinamizar nuevamente el comercio fronterizo. Para Cúcuta, esto podría impulsar sectores comerciales y logísticos golpeados desde el cierre fronterizo de 2015.

En contraste, un gobierno de línea más dura como el de Valencia o De la Espriella podría endurecer controles fronterizos y priorizar la seguridad sobre la integración económica. Eso podría mejorar el control territorial, aunque también afectaría la dinámica comercial binacional de la que dependen miles de personas.

Fajardo, por su parte, probablemente mantendría una relación pragmática con Venezuela, intentando equilibrar seguridad y apertura económica gradual.

La salud representa otro de los grandes dramas regionales. La red hospitalaria de Norte de Santander vive bajo presión permanente debido a la migración, la sobreocupación, el déficit financiero y una demanda regional que supera la capacidad instalada.

Hoy el sistema de salud colombiano atraviesa probablemente la peor crisis de su historia reciente.

Una continuidad de reformas similares a las actuales, impulsadas desde sectores cercanos a Cepeda, podría transformar profundamente el modelo de EPS, aunque existe temor regional sobre la capacidad administrativa y financiera para sostener el sistema.

Fajardo plantea fortalecer las EPS y la atención primaria, algo que podría generar mayor estabilidad para la red hospitalaria fronteriza.

Mientras tanto, una eventual administración de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella apostaría por reforzar el modelo mixto actual, fortalecer la gerencia hospitalaria y ejercer un mayor control fiscal sobre el sistema.

En materia económica, la deuda histórica sigue intacta. Cúcuta continúa siendo una de las ciudades con mayores niveles de informalidad y desempleo del país.

Aquí el impacto presidencial es determinante porque depende de la apertura comercial, de los incentivos empresariales, de la inversión pública nacional y de una verdadera estabilización del intercambio binacional.

Cepeda ha hablado de reactivación económica fronteriza y apoyo a empresarios medianos. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella proponen atraer inversión mediante reducción de inseguridad y fortalecimiento de la confianza empresarial. Fajardo apuesta por estabilidad fiscal y fortalecimiento institucional.

Pero la gran pregunta continúa sin respuesta clara:

¿Quién tiene realmente un plan económico exclusivo para la frontera?

Porque cualquier presidente que llegue a la Casa de Nariño en 2026 (sea de izquierda, derecha, centro o progresismo) será juzgado en Norte de Santander por lo que ocurra en el Catatumbo durante los próximos cuatro años.

Y es allí donde Colombia tiene hoy uno de sus mayores desafíos nacionales: cultivos ilícitos, grupos armados, pobreza, desplazamiento masivo y una crisis humanitaria que parece avanzar más rápido que las soluciones del Estado.

La población del departamento está cansada de escuchar promesas nacionales que nunca se traducen en resultados concretos. El agotamiento ciudadano frente al discurso político tradicional es cada vez más evidente.

Por eso, para Norte de Santander, la elección presidencial de 2026 no definirá solamente quién gobernará Colombia.

Definirá quién está dispuesto, por fin, a mirar seriamente hacia Cúcuta y la frontera.

Porque después de décadas de abandono, la verdadera pregunta no es quién ganará las elecciones.

La verdadera pregunta es:¿quién tiene realmente un plan serio para Norte de Santander? ¿O ME EQUIVOCO?

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CUANDO A CÚCUTA LE CAMBIAN LAS PRIORIDADES... DE LA CÚCUTA QUE SOÑAMOS

 

En Cúcuta la discusión sobre la valorización dejó hace rato de ser un simple debate técnico o administrativo. Lo que hoy se discute en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas es algo mucho más sensible: la sensación de que la ciudad lleva años esperando unas obras fundamentales para su movilidad… y que ahora esas prioridades parecen estar cambiando.

Porque hay algo que no puede olvidarse en medio de toda esta controversia: las obras contempladas en el Acuerdo 003 de 2017 no eran obras menores ni caprichos urbanísticos. Eran proyectos estratégicos concebidos para responder a uno de los problemas más graves y más antiguos de Cúcuta: el colapso progresivo de su movilidad.

La intersección de Cuatro Vientos, la solución vial en la Diagonal Santander con Avenida Cero y Gran Colombia, la intervención en la glorieta del Terminal y otras obras incluidas en el paquete de valorización fueron presentadas ante la ciudadanía como soluciones estructurales para descongestionar corredores críticos de una ciudad que creció desordenadamente y cuya infraestructura vial hace años quedó rezagada frente al número de vehículos y al desarrollo urbano.

Y precisamente por esa importancia, miles de ciudadanos aceptaron pagar valorización. No fue un aporte voluntario motivado por estética o embellecimiento. Fue un sacrificio económico justificado bajo la promesa de que Cúcuta finalmente tendría obras capaces de mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y modernizar puntos neurálgicos donde diariamente se forman enormes congestiones.

Por eso hoy existe molestia.

Porque esas obras no nacieron ayer. Han sido esperadas durante años por una ciudad cansada del caos vehicular, de los trancones interminables, de los cruces peligrosos y de una infraestructura insuficiente para las necesidades actuales de la capital nortesantandereana.

Y la situación se vuelve todavía más preocupante cuando se observa que Cúcuta sigue siendo una de las pocas ciudades intermedias de Colombia que nunca logró consolidar un verdadero sistema de transporte masivo moderno y eficiente. Mientras otras ciudades avanzaron (con dificultades, sí) hacia modelos integrados de movilidad, aquí la improvisación terminó imponiéndose sobre la planificación. El resultado está a la vista: más motocicletas, más congestión, más desorden vial y una ciudad donde cada año movilizarse resulta más lento y más caótico. Precisamente por eso las megaobras contempladas desde 2017 adquirían un valor aún más estratégico: eran, al menos, una oportunidad para aliviar parcialmente una movilidad que hace tiempo entró en estado crítico.

Y cuando después de tantos años de espera la ciudadanía percibe que las prioridades comienzan a trasladarse hacia proyectos de ornamentación, paisajismo o embellecimiento urbano, inevitablemente surge la pregunta que hoy recorre a Cúcuta: ¿qué pasó con las obras que realmente necesitaba la ciudad?

Nadie discute que una ciudad bonita es importante. Claro que lo es. Los espacios públicos dignos mejoran la calidad de vida y fortalecen la imagen urbana. Pero una administración también debe entender cuáles son las urgencias reales de su gente.

Y hoy la principal angustia del cucuteño no está en si un separador tiene palmeras o jardines. Está en cuánto demora atrapado en un trancón. Está en el desorden vial. Está en los puntos críticos que durante años han colapsado la movilidad del área metropolitana.

Ahí es donde aparece el verdadero problema político y social de esta controversia: la confianza.

Porque el ciudadano siente que pagó por unas soluciones específicas que le fueron prometidas hace casi una década. Y cuando esas soluciones empiezan a diluirse, modificarse o replantearse, lo que se fractura no es solamente un cronograma de obras. Se fractura la credibilidad institucional.

La valorización no puede convertirse en un concepto abstracto donde el ciudadano paga sin claridad sobre el destino final de los recursos. La valorización fue presentada como un pacto entre la ciudad y sus contribuyentes: ustedes aportan hoy para que mañana existan obras concretas que transformen la movilidad de Cúcuta.

Y precisamente por eso la discusión actual genera tanta controversia. Porque para muchos cucuteños el debate no es entre un puente o unos jardines. El debate es entre cumplirle o no cumplirle a la ciudad después de años de espera.

Lo más preocupante es que, mientras la ciudad sigue esperando respuestas, los grandes debates públicos de Cúcuta terminan consumiéndose entre controles políticos, discursos encendidos y sesiones interminables en el Concejo Municipal que, al final, pocas veces producen resultados concretos para la ciudadanía. Pasó con el relleno sanitario, del que hoy prácticamente nadie vuelve a hablar. Pasó con la concesión del acueducto, que terminó diluyéndose entre controversias, silencios y dudas sin resolver. Y ahora ocurre nuevamente con las obras de valorización, modificadas prácticamente de un plumazo, sin una verdadera consulta amplia a la ciudadanía sobre qué era lo prioritario para la ciudad.

Porque esa también es la pregunta de fondo que sigue sin respuesta: ¿a quién terminó beneficiando realmente el cambio de estas obras? ¿Quién decidió que el rumbo debía modificarse? ¿Dónde estuvo la participación ciudadana en una decisión financiada precisamente con el bolsillo de los cucuteños?

Cúcuta necesita embellecerse, sí. Pero antes necesita resolver los problemas estructurales que durante décadas han frenado su desarrollo urbano.

Y quizás lo más grave de todo no sea únicamente el cambio de unas obras. Lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que en Cúcuta se siguen tomando decisiones que afectan a toda la ciudad sin escuchar verdaderamente a quienes pagan las cuentas. Con un simple trámite administrativo y político terminaron alterando proyectos estratégicos que durante años fueron vendidos como fundamentales para el bienestar colectivo y la movilidad de miles de ciudadanos. Mientras tanto, la ciudad sigue atrapada en el caos vial, en la improvisación y en la ausencia de una visión seria de desarrollo urbano. Porque cuando las prioridades públicas terminan subordinadas a intereses políticos, cálculos de imagen o decisiones tomadas entre pocos, el gran perjudicado siempre termina siendo el mismo: el ciudadano común que paga impuestos, soporta los trancones y sigue esperando, año tras año, la ciudad moderna que le prometieron, la Cúcuta que soñamos. ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

 

Cúcuta: del precio del bolívar a contar los muertos.

 

No hace mucho, por allá en el siglo XX, en los años 70, en el colegio había un profesor profundamente preocupado por la informalidad de la ciudad. Imagínense: ya por aquella época era un tema. Ese profesor decía que los cucuteños solo se preocupaban por dos cosas: saber a cómo amanecía el precio del bolívar y cómo había quedado el Cúcuta Deportivo. Era, en su momento, una crítica a la superficialidad de nuestras prioridades.

Hoy el precio del bolívar ya no marca la conversación diaria como antes, y el Cúcuta Deportivo se ha convertido en una sombra que va y viene entre la primera y la segunda división, jugando en un estadio que todavía arrastra problemas tan básicos como sus luminarias. Pero el cambio más preocupante no está ahí. Hoy la conversación cambió… y empeoró.

Hoy los cucuteños nos estamos acostumbrando a algo mucho más grave: a contar los muertos de la noche anterior.

Y no, no es amarillismo.
Es realismo.

Porque mientras algunos intentan suavizar el lenguaje, la ciudad vive una realidad que no se puede maquillar. En lo corrido de 2026, aunque las cifras oficiales hablen de una reducción cercana al 28% en homicidios frente al año anterior, los hechos recientes cuentan otra historia: jornadas con varios asesinatos en menos de 24 horas, una masacre iniciando el año, episodios de sicariato que se repiten con una frecuencia que ya no sorprende, sino que preocupa, por lo contrario: porque empieza a dejar de sorprender.

Y ahí es donde el problema deja de ser estadístico y se vuelve cultural.

Porque cuando la violencia se vuelve paisaje, la ciudad empieza a perder algo más importante que la seguridad: pierde la capacidad de indignarse.

Se ha dicho que la administración municipal no ha sido capaz de afrontar el problema con estrategias eficientes. Tal vez. También es cierto que criticar es fácil y resolver es mucho más complejo, sobre todo cuando el fenómeno supera lo local y escala a nivel nacional. Basta mirar el contexto: el Catatumbo, el Cauca, Nariño, el Huila… territorios distintos, pero atravesados por una misma constante: la disputa armada, la fragilidad institucional y la expansión de economías ilegales.

Pero reconocer la complejidad no puede convertirse en excusa para la inacción.

Porque si bien el problema es nacional, la seguridad se siente —o se sufre— en lo local.

Y ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas incómodas.

¿Es suficiente la reacción institucional en Cúcuta?
¿Alcanzan los consejos de seguridad, las recompensas y los operativos?
¿O estamos atrapados en un modelo que llega siempre después del crimen?

También se ha dicho que la reacción del alcalde parece tibia frente a lo que ocurre en otras ciudades como Cali o el Valle del Cauca. Puede ser una cuestión de estilos, sí. Pero en seguridad, más que el estilo, importan los resultados. Y hoy el resultado es claro: la percepción de inseguridad sigue intacta.

Mientras tanto, la narrativa oficial intenta mostrar una ciudad que avanza: calles pavimentadas, videos optimistas, niños agradeciendo, la promesa de “la Cúcuta que soñamos”. Y todo eso es válido, necesario incluso. Pero hay una realidad que no se puede pavimentar ni editar en video: la de una ciudad donde la violencia sigue marcando el pulso de la cotidianidad.

Porque no se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se logra.

Y hoy, pese a las cifras, pese a los operativos, pese a los discursos, la sensación en la calle sigue siendo la misma: la seguridad no está garantizada.

La brújula de la seguridad en Cúcuta parece atrapada en una zona magnéticamente violenta que la hace girar sin rumbo claro. A veces apunta al sur, a veces al norte. Da igual. El resultado es el mismo: desorientación. Incertidumbre. Miedo.

Y mientras tanto, el futuro de la ciudad no brilla como el sol canicular que la caracteriza. Se ve opaco, intermitente, condicionado por una realidad que no termina de cambiar.

Aquí no hay respuestas fáciles. Pero sí hay una certeza incómoda: Cúcuta no puede seguir acostumbrándose a esto.

Porque una cosa es entender la violencia.
Y otra muy distinta… es aprender a convivir con ella.

Y ese, quizás, es el mayor fracaso de todos. ¿O ME EQUIVOCO?

Bonus track: Mientras el Cauca arde con ataques, hostigamientos y una violencia que ya no se puede disimular, el país escucha más explicaciones que resultados. El gobierno de Gustavo Petro insiste en una narrativa de paz que no logra traducirse en control real del territorio, y ahí es donde la crítica deja de ser ideológica para volverse inevitable: cuando la violencia escala y la respuesta no se siente, no es solo un problema de estrategia, es un problema de liderazgo. Porque una cosa es apostar por la paz, y otra muy distinta es que, en medio de esa apuesta, el país empiece a preguntarse quién tiene realmente el control.

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De Guayabal a Guaimaral: Cúcuta sin control

 

El próximo 26 de abril se llevarán a cabo en Colombia las elecciones de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En el caso de Cúcuta, se elegirán más de 300 líderes comunales que representarán a sus barrios durante los próximos cuatro años.

No es un tema menor. Es, literalmente, la base de la democracia.

Y precisamente por eso resulta imposible pasar por alto lo que está ocurriendo. Porque en Cúcuta estamos empezando a entender algo incómodo: el problema no es la basura… ni tampoco las Juntas de Acción Comunal.

El problema es más profundo: es la forma en que se toman decisiones y, sobre todo, la forma en que nadie parece asumir la responsabilidad de vigilarlas.

Lo vimos hace apenas unos días con el otrosí del contrato del relleno sanitario de Guayabal. Un tema que sacudió el debate público, que encendió el Concejo y que dejó en el aire preguntas fundamentales sobre la conveniencia, la transparencia y el impacto de lo firmado. Mucho ruido, muchas posiciones… pero una ausencia que sigue pesando: la de los entes de control con pronunciamientos claros y oportunos.

Y ahora, casi en paralelo, la historia se repite en otro escenario. Más pequeño, más silencioso, pero igual de importante.

En el barrio Guaimaral, una ciudadana presentó una denuncia formal por presuntas irregularidades en el proceso electoral de la Junta de Acción Comunal: inconsistencias en la inscripción de afiliados, posibles dobles registros, dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Garantías, indicios de compra de votos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos básicos como la residencia.

No es un asunto menor. Es la esencia misma de la participación ciudadana.

Pero la respuesta institucional vuelve a ser la misma: trámite.

Se remite.
Se traslada.
Se diluye.

Y entonces la pregunta es inevitable:
¿quién está controlando realmente?

Porque cuando se cuestiona un contrato millonario, el control no aparece.

Y cuando se cuestiona un proceso electoral comunitario, el control se limita a pasar el caso a otra dependencia. Distintos escenarios, la misma respuesta...y eso es lo verdaderamente grave.

Porque aquí ya no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos frente a un patrón. Una forma de actuar donde las instituciones parecen más cómodas administrando documentos que tomando decisiones. Donde el procedimiento reemplaza la acción y el silencio termina siendo la respuesta más frecuente.

El problema no es solo lo que pudo haberse firmado en Guayabal.

Ni únicamente lo que podría estar ocurriendo en Guaimaral.

El problema es que, grande o pequeño, el mensaje para la ciudadanía es el mismo: las dudas existen… pero las respuestas no llegan.

Y cuando eso pasa, la confianza se rompe.

Se rompe en los grandes contratos, donde debería existir una vigilancia estricta sobre los recursos públicos.
Y se rompe en los barrios, donde debería protegerse el primer eslabón de la democracia.

Porque las Juntas de Acción Comunal no son un trámite. Son el punto de partida de la participación real.
Y si ese punto de partida se contamina, todo lo demás queda en entredicho.

Aquí no se trata de condenar sin pruebas. Se trata de exigir lo mínimo: presencia institucional real.
Que el control controle.
Que investigue cuando hay dudas.
Que hable cuando el silencio genera más incertidumbre que tranquilidad.

Hoy, a pocos días de las elecciones, la denuncia presentada por una ciudadana del barrio Guaimaral sigue sin una respuesta institucional de fondo.
Y si lo que allí se advierte resulta ser cierto, estaríamos ante algo mucho más grave que una irregularidad puntual:

estaríamos permitiendo que se vulnere, en silencio, el primer eslabón de la democracia… sin que pase absolutamente nada. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

 

Guayabal: el negocio que nadie entiende

 

En Cúcuta no solo se entierran residuos. También se entierran decisiones. Y algunas de ellas, como suele ocurrir en Colombia, comienzan a oler mal justo cuando nadie quiere destaparlas.

La semana que terminó no solo dejó titulares globales por avances científicos que parecen sacados de la ciencia ficción. En el plano local, dejó algo mucho más terrenal… y mucho más preocupante: un escándalo en el recinto donde se supone se ejerce el control democrático de la ciudad.Todo por cuenta de un debate de control político sobre un otrosí al contrato de concesión del relleno sanitario Guayabal.

Lo que ocurrió allí no fue precisamente un ejemplo de institucionalidad. Hubo de todo: discusiones, gritos, desorden y, como si fuera poco, una alerta sanitaria. La Secretaría de Salud Municipal advirtió sobre una posible contaminación en el recinto y recomendó suspender sesiones para tomar medidas preventivas. Sin embargo, en una decisión difícil de entender, el Concejo optó por abrir sus puertas al público, en contravía de cualquier lógica sanitaria.

El resultado: caos.

Y, al final, lo más grave: el debate fue aplazado.

Es decir, se pospuso la discusión de un tema que, como veremos, no solo es complejo… sino profundamente confuso.

Porque si algo queda claro al revisar lo poco que se conoce con certeza, es que este asunto está más enredado que una bolsa de anzuelos oxidados.

Intenté acceder al contrato original del relleno sanitario Guayabal, firmado por el municipio de Cúcuta en el año 2000. No fue posible. Sin embargo, sí tuve acceso a un informe de la Contraloría Municipal que analiza la ejecución de ese contrato.

Y lo que allí se encuentra no es precisamente tranquilidad.

El contrato de concesión 0618 de 2000 tuvo su origen en la licitación pública LP 0017-2000, abierta mediante resolución del 29 de junio de ese mismo año, para entregar a un operador privado el componente de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la ciudad. Bajo ese esquema, el concesionario asumía la compra del terreno, la construcción, la operación y el mantenimiento del relleno sanitario.

El municipio, en apariencia, no ponía dinero.

Y aquí es donde vale la pena detenerse.

Porque, en teoría, bajo la Ley 142 de 1994, eso no era un problema. La ley permitió que privados prestaran servicios públicos y promovió esquemas donde el Estado no necesariamente debía invertir directamente. Incluso, en el año 2000, un privado podía —en teoría— construir y operar un relleno sanitario sin necesidad de una concesión.

Pero solo en teoría.

En la práctica, sin el visto bueno del municipio, sin su inclusión en el esquema del servicio y sin acceso al flujo de residuos, ese negocio era inviable. Porque en este sector hay una verdad simple: sin basura, no hay negocio.

Por eso la concesión no era obligatoria… pero sí era la vía más segura. Garantizaba estabilidad, aseguraba el flujo de residuos y reducía el riesgo. Y eso fue, precisamente, lo que se hizo en Cúcuta.

Hasta ahí, todo parece lógico.

Lo que deja de ser lógico es lo que vino después.

Hoy, más de dos décadas después, no está claro qué fue exactamente lo que el municipio garantizó… ni qué es lo que realmente va a recibir.

El informe de la Contraloría, lejos de resolver esas dudas, abre muchas más.

Por un lado, existe una discusión de fondo sobre la propiedad del relleno. El operador sostiene que el terreno es privado y que no hay recursos públicos involucrados, lo que limitaría el control fiscal hasta el momento de la reversión. La Contraloría responde que el control debe ejercerse desde el inicio, durante la ejecución y hasta el final del contrato.

Por otro lado, aparece una duda aún más inquietante: el tamaño del predio. El contrato habla de un mínimo de 60 hectáreas, pero los documentos sugieren que el terreno podría ser mucho mayor. ¿Cuánto exactamente? No está claro. Y si no está claro eso, tampoco está claro qué debe revertir al municipio.

Y en medio de todo, el silencio.

El informe señala que el municipio no respondió de fondo a observaciones clave sobre supervisión e interventoría. Ese silencio, en términos de control, no es neutro. Se convierte en hallazgo.

Y cuando el Estado guarda silencio sobre su propio patrimonio, el problema deja de ser técnico y se vuelve político.

Aquí es donde el caso Guayabal deja de ser un asunto de basuras y se convierte en un reflejo de algo más profundo: la forma en que el Estado colombiano ha manejado —o dejado de manejar— sus relaciones con operadores privados en contratos de largo plazo.

No fue un error permitir que un privado construyera y operara el relleno. Eso era coherente con la ley y con la época. El error fue no asegurar claridad, no ejercer control constante y no dejar completamente definido qué le quedaba a la ciudad al final del contrato.

Hoy, cuando se habla de otrosíes, prórrogas y decisiones de último momento, la sensación no es de certeza. Es de improvisación.

Porque lo cierto es esto:

nadie parece tener completamente claro qué se firmó, qué se cumplió y qué se va a recibir.

Y ese es, quizás, el problema más grave de todos.

En Cúcuta no solo se está discutiendo un contrato. Se está discutiendo la capacidad del Estado para entender, controlar y defender lo que es suyo.

Mientras tanto, el relleno sanitario seguirá funcionando, recibiendo toneladas de residuos cada día. Pero las dudas —esas sí— siguen acumulándose.

Y el informe de la Contraloría, lejos de disiparlas, deja una sensación inquietante:

que aquí hay más preguntas que respuestas…

y más incertidumbre que certezas.

Tal vez por eso el debate se aplazó.

O tal vez porque, en el fondo, nadie está listo todavía para responder lo realmente importante. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

LA GUERRA SILENCIOSA

 

Colombia decide si existe o no...

Mientras Colombia se debate entre la derecha y la izquierda, entre si la “paz total” fue un fracaso o una apuesta fallida, hay una realidad silenciosa que avanza sin hacer ruido, pero con consecuencias mucho más profundas.

Una noticia que ha pasado casi desapercibida: cada vez nacen menos colombianos. Y no es una percepción, es un hecho. En 2025 el país registró apenas 433.678 nacimientos, la cifra más baja de la última década, consolidando una caída sostenida que ya supera el 30% frente a lo que ocurría hace apenas diez años.

Pero el dato más preocupante no es solo cuántos nacen, sino cuántos dejamos de reemplazar. Hoy Colombia tiene una tasa de fecundidad cercana a 1,0 hijos por mujer, cuando el nivel necesario para mantener la población es de 2,1. Es decir, estamos produciendo menos de la mitad de los hijos que se necesitan para sostener la sociedad en el tiempo.

Y aquí es donde el problema deja de ser estadístico y se vuelve estructural.

Porque esto no es solo Colombia. Es un fenómeno global. Europa lleva años con tasas cercanas a 1,3 hijos por mujer, Japón ronda 1,2 y países como Corea del Sur han caído por debajo de 1. Es decir, el mundo desarrollado envejece. Pero hay una diferencia clave: a ellos les tomó décadas llegar ahí.

A nosotros nos está pasando en menos de veinte años.

Colombia pasó de ser un país con crecimiento poblacional estable a uno que empieza a vaciar sus cunas a una velocidad que ni siquiera los países más ricos experimentaron. Y eso cambia todo.

Cambia la economía, cambia el mercado laboral, cambia la estructura social y, sobre todo, cambia el futuro.

Porque las políticas públicas —si es que aún creemos en ellas— se diseñan con base en proyecciones. Se asume que habrá nuevas generaciones que trabajen, coticen, consuman y sostengan el sistema. Pero hoy esas generaciones simplemente están dejando de existir.

Estamos discutiendo una reforma pensional basada en que los jóvenes de mañana financien a los adultos mayores de hoy. Pero la pregunta es inevitable: ¿cuáles jóvenes? Estamos debatiendo una reforma a la salud que necesita equilibrio financiero, ingresos constantes, personas aportando. Pero ese equilibrio —como en el sistema solar— depende de la masa, y esa masa se está reduciendo.

Estamos diseñando un país para una población que ya no viene.

Y entonces la discusión se vuelve más incómoda. ¿Por qué nacen menos colombianos?

Porque tener hijos dejó de ser una consecuencia natural de la vida y pasó a ser una decisión económica. Porque el costo de vida sube más rápido que los ingresos. Porque la estabilidad laboral es cada vez más frágil. Porque la vivienda es más difícil. Porque la incertidumbre le ganó terreno a la esperanza.

Y también porque el país no está ofreciendo razones suficientes para creer en el futuro.

Ahí es donde esto deja de ser un problema demográfico y se convierte en un reflejo profundo de lo que somos como sociedad.

Ahora, si bajamos la mirada a lo local, la pregunta es inevitable: ¿qué pasa en ciudades como Cúcuta?

Aunque las cifras municipales no siempre tienen la misma visibilidad nacional, la tendencia es la misma: menos nacimientos, menos familias nuevas, más envejecimiento progresivo. Y en una ciudad marcada por la informalidad, la falta de oportunidades y la presión económica diaria, la decisión de tener hijos se vuelve aún más difícil.

Lo que hoy parece una estadística, mañana será una realidad tangible: menos niños en los colegios, menos jóvenes en el mercado laboral, menos contribuyentes sosteniendo sistemas que ya hoy son frágiles, y más adultos mayores dependiendo de ellos.

Es una ecuación simple… con consecuencias enormes.

Nos estamos convirtiendo en un país de abuelos.

Y no hay nada malo en envejecer. El problema es envejecer sin relevo. Porque un país que deja de tener hijos no solo pierde población, pierde dinamismo, pierde crecimiento, pierde futuro.

Aquí no estamos hablando de ideologías, ni de izquierda ni de derecha. Estamos hablando de algo más profundo: de una sociedad que, poco a poco, está dejando de creer en el mañana.

Y tal vez esa sea la verdadera crisis de Colombia.

No la política.
No la económica.

Sino una más silenciosa y peligrosa:

la crisis de un país que ya no está seguro de querer existir en el futuro. ¿O ME EQUIVOCO?

 

Cúcuta: la ciudad que entierra su futuro

Me gusta escribir sobre ciudad. Y más cuando se trata de la mía.

Pero esta madrugada, con el café en la mano y la intención clara de escribir sobre la polémica decisión de prorrogar por 20 años el contrato del relleno sanitario Guayabal, me asaltó una duda incómoda:

¿Vale la pena hablar de eso… o de nosotros?

¿Del ciudadano que se pasa el semáforo en rojo como si la vida ajena no importara?
¿Del que lanza basura a la calle con absoluta indiferencia?
¿Del que se estaciona dónde quiere, porque la norma siempre es para otros?
¿De la ciudad a oscuras en muchos de sus sectores?
¿De los números que no dejan de crecer en sicariato?
¿O del aumento silencioso, pero evidente, de habitantes de calle?

Hay tanto de qué hablar… que por momentos parece más útil hacer un estudio sobre la genética ciudadana de Cúcuta.

Porque aquí hay una verdad que incomoda: no todo es culpa del Estado. También es nuestra.

Somos una ciudadanía que, en buena medida, se acostumbró a ser parte del problema.
Nos volvimos indolentes, conformistas. poco exigentes, poco solidarios y, peor aún, profundamente consistentes en perseverar siendo lo mismo.

No es pesimismo…es realidad.

Cúcuta es hoy una ciudad que no solo carga problemas estructurales, sino que arrastra una cultura que se resiste a cambiar. Y eso se nota en todo: en la informalidad económica —donde estamos entre las más altas del país—, pero también en algo más grave y menos visible: la informalidad mental; y por estas épocas en que la salud mental está en deterioro nacional, esto se torna muy preocupante.

Aquí la norma estorba, la ley incomoda y lo público… se siente lejano.

Y entonces volvemos al punto inicial.

¿Para qué hablar de un contrato de concesión, de un otrosí que amplía por 20 años el manejo del relleno sanitario, de cifras millonarias, de posibles irregularidades… si como ciudadanos ni siquiera hemos sido capaces de respetar un semáforo?

Pero cuidado con esa trampa. Porque pensar así es exactamente lo que permite que todo siga igual.

Que mientras discutimos el comportamiento del ciudadano —que sí, es un problema real—, las grandes decisiones se tomen sin suficiente ruido, sin suficiente control y sin suficiente participación.

Y ahí está el verdadero peligro.

Porque una ciudadanía débil, desordenada y resignada es el escenario perfecto para que lo importante pase sin resistencia, para que contratos enormes se firmen sin debate, para que decisiones de décadas se tomen en silencio, para que lo público deje de ser de todos… y pase a ser de unos pocos.

El problema de Cúcuta no es solo institucional.

Es cultural.

Pero precisamente por eso, la salida no es dejar de hablar de lo que está mal, es hablar más, exigir más, molestar más.

Porque una ciudad que se acostumbra a todo…termina permitiéndolo todo.

Y ese sí es el verdadero riesgo. No el contrato. No el relleno sanitario.

Sino nosotros mismos.

Pero mientras discutimos si el problema somos nosotros o las decisiones que se toman arriba, hay un dato que no admite interpretaciones: Cúcuta entierra cada año cerca de 250.000 toneladas de basura, pagando alrededor de $30.000 por cada tonelada. Eso significa que estamos hablando de más de $7.500 millones de pesos al año, y de por lo menos $150.000 millones en 20 años.

Y lo más grave no es solo cuánto cuesta enterrarla.

Es que, según estimaciones nacionales, cerca del 80% de los residuos sólidos podrían ser aprovechables o reciclables si existiera una verdadera cultura ciudadana, infraestructura adecuada y decisiones públicas orientadas a la sostenibilidad.

Pero aquí no.

Aquí seguimos enterrando valor, enterrando oportunidades, enterrando ciudad.

Porque mientras otros territorios avanzan hacia economías circulares, reciclaje organizado y aprovechamiento real de residuos, Cúcuta sigue atrapada en su lógica más cómoda: la informalidad.

La misma informalidad de la que hablamos al inicio, la que se ve en la calle… y la que también se esconde en las decisiones grandes.

Una ciudad que no separa la basura…difícilmente separa lo público de lo privado.

Y así, entre lo que botamos y lo que dejamos pasar, seguimos construyendo una ciudad que no solo se acostumbra a todo…sino que termina viviendo de ello. ¿ O ME EQUIVOCO ?