¿CÚCUTA LEE O SOLAMENTE VA A LA FERIA DEL LIBRO?

 

Hay una pregunta que deberíamos hacernos ahora que termina una nueva edición de la Fiesta del Libro de Cúcuta: ¿somos realmente una ciudad de lectores o simplemente una ciudad que, durante seis días al año, se acuerda de los libros? La pregunta puede resultar incómoda, pero creo que es necesaria.

Durante esta semana hemos visto colegios, estudiantes, escritores, editoriales, conferencistas, familias y miles de cucuteños acercándose a la Fiesta del Libro. Las imágenes son alentadoras: salones llenos, jóvenes escuchando a autores, niños descubriendo historias y libros exhibidos por todas partes.

Y eso hay que celebrarlo.

Pero una feria del libro no debería medirse únicamente por el número de personas que atraviesan sus puertas. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántas personas salen de allí con un libro bajo el brazo y, sobre todo, cuántas vuelven a una librería cuando la feria termina?

Los datos disponibles nos dejan una reflexión interesante.

La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura del DANE de 2017 registró que Cúcuta tenía un promedio de 5,4 libros leídos entre las personas que leían libros, mientras Medellín llegaba a 6,6 y Bogotá a 6,5. Es decir, no estábamos en los primeros lugares del país.

Pero había otro dato que llamaba poderosamente la atención: el 92,5 % de quienes leían en Cúcuta lo hacían en soporte impreso, uno de los porcentajes más altos entre las ciudades colombianas.

Eso decía algo importante de nuestra relación con el libro: al cucuteño que leía, al menos en aquel momento, le gustaba tener el libro en sus manos.

Siete años después, el panorama nacional muestra una evolución. El estudio Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros 2023, realizado por la Cámara Colombiana del Libro, encontró que los lectores habituales en Colombia llegaron a un promedio de 6,91 libros al año.

¿Qué está pasando hoy con los lectores cucuteños?

No basta con saber cuántas personas asisten a la Fiesta del Libro. Necesitamos saber cuántos libros se venden, cuáles son los más comprados, quiénes los compran y con qué frecuencia.

Porque una cosa es caminar entre estanterías y otra muy diferente es comprar un libro. Una cosa es asistir a una conferencia sobre literatura y otra es llegar a casa, abrir un libro y dedicarle media hora de nuestra noche. Una cosa es tomarse una fotografía frente al escenario de la Feria y publicarla en Instagram; otra muy distinta es apagar el teléfono y ponerse a leer.

Y aquí aparece un reto enorme para Cúcuta.

Porque si queremos construir una ciudad más educada, más crítica y más preparada para enfrentar sus problemas, necesitamos ciudadanos que lean.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿qué tanto estamos leyendo realmente en Cúcuta y qué tan bien estamos comprendiendo lo que leemos?

La Fiesta del Libro demuestra que existe interés por la cultura y que miles de ciudadanos se acercan a los libros, pero esa fotografía positiva debe contrastarse con los resultados educativos. Las pruebas Saber 11, particularmente en Lectura Crítica, no miden directamente cuántos libros lee un estudiante, pero sí permiten observar su capacidad para comprender, interpretar, analizar y argumentar a partir de un texto.

Por eso, más que celebrar únicamente la asistencia masiva a una feria, Cúcuta debería preguntarse si estamos convirtiendo ese entusiasmo de seis días en un verdadero hábito de lectura durante los 365 días del año.

Porque una ciudad verdaderamente lectora no es la que llena una feria del libro, sino la que logra que sus niños, jóvenes y adultos hagan de los libros una parte cotidiana de su vida.

Una ciudad que lee es una ciudad que piensa. Y una ciudad que piensa cuestiona, compara, analiza y no se deja engañar fácilmente.

Por eso, promover la lectura no debería ser únicamente una tarea de los colegios. También debería ser una prioridad de las universidades, de las familias, de las bibliotecas, de las instituciones culturales y, por supuesto, de los gobiernos locales.

Necesitamos más bibliotecas abiertas, más actividades permanentes de lectura, más clubes de lectores, más librerías, más libros al alcance de los jóvenes y, especialmente, una política pública que consiga que la lectura no sea una actividad excepcional de una semana de agosto o septiembre.

Porque existe el riesgo de que terminemos cometiendo una paradoja: que Cúcuta tenga una gran Fiesta del Libro, pero no necesariamente una gran cultura de lectura.

Y no estoy diciendo que la Feria no sea importante. Todo lo contrario.

La Fiesta del Libro de Cúcuta es una de esas iniciativas que debemos defender y fortalecer. Pero también debemos exigir que sus resultados trasciendan los días del evento.

Que los niños que fueron a la Feria vuelvan a pedir libros en diciembre. Que los jóvenes que escucharon a un escritor busquen después sus obras. Que los padres compren un libro para sus hijos, pero también uno para ellos. Que las empresas entiendan que patrocinar la lectura también es invertir en ciudad.

Y que los gobernantes comprendan que un libro puede transformar mucho más que una biblioteca: puede transformar una vida.

Quizás por eso, cuando se cierre la última actividad de esta edición de la Fiesta del Libro, no deberíamos preguntarnos solamente cuántas personas asistieron.

Deberíamos preguntarnos: ¿cuántos nuevos lectores dejamos?

Esa sería la verdadera medida del éxito.

Porque una feria puede durar seis días. Pero el hábito de leer debería acompañarnos toda la vida.

Y si queremos que Cúcuta deje de ser una ciudad que simplemente sobrevive a sus problemas y se convierta en una ciudad que piensa, propone y construye su futuro, tal vez tengamos que empezar por algo tan sencillo como abrir un libro.

¿O me equivoco?

 

¿QUIÉN PAGARÁ LA CUENTA?

 

“Hoy, la deuda pública de Cúcuta equivale aproximadamente a $509.000 por cada habitante de cualquier estrato. Con el nuevo crédito de $30.000 millones, esa cifra subiría a cerca de $547.000 por cucuteño.”

Una ciudad con calles deterioradas necesita inversión y, cuando los recursos propios no alcanzan, el crédito puede convertirse en una herramienta legítima para financiar infraestructura.

Pero una política pública seria no puede reducir el desarrollo urbano a pavimentar calles.

Hay necesidades que pueden tener incluso mayor impacto sobre la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos que el pavimento. Cúcuta sigue teniendo sectores vulnerables a inundaciones y problemas de escorrentía. Necesita resolver definitivamente su movilidad y avanzar hacia un sistema de transporte moderno e integrado. Necesita mejorar sus ambientes escolares, ampliar la conectividad y fortalecer la formación para el empleo. Tiene una red hospitalaria que requiere fortalecimiento y necesita mayores inversiones en prevención, salud mental, salud ambiental y atención primaria. Necesita parques, zonas verdes, escenarios deportivos y recuperación urbana.

Cúcuta necesita recuperar el río Pamplonita, fortalecer la arborización, mejorar la calidad del aire, proteger sus fuentes hídricas y prepararse para los efectos del cambio climático. Necesita, además, infraestructura que permita atraer empresas, fortalecer los emprendimientos y aprovechar realmente su condición de ciudad fronteriza.

¿Por qué, cuando Cúcuta tiene tantas necesidades estructurales, buena parte de la discusión sobre nuevos créditos termina concentrándose nuevamente en pavimentación?

Cúcuta vuelve a entrar en el peligroso terreno del endeudamiento público. La Administración Municipal fué autorizada por el concejo a hacer un nuevo crédito por $30.000 millones, destinado fundamentalmente a continuar con la recuperación de la malla vial.

A primera vista, parece una decisión razonable. Pero el problema no es pedir prestado.

El problema es pedir prestado sin que los ciudadanos tengan absolutamente claro cuánto se debe, cuánto terminarán pagando, qué obras se han ejecutado con los créditos anteriores y cuál será el verdadero costo financiero de seguir comprometiendo los ingresos futuros de Cúcuta.

La Administración y algunos concejales defensores del proyecto argumentan que Cúcuta todavía tiene capacidad legal de endeudamiento. De acuerdo con las cifras presentadas en el Concejo, el indicador de solvencia se encuentra en 5 %, frente a un límite de alerta del 60 %, mientras el de sostenibilidad está en 51 %, frente a un límite del 100 %. Con el nuevo empréstito, estos indicadores subirían al 8 % y al 66 %, respectivamente. Perfecto.

¿Pero qué significan realmente esos porcentajes?

Para muchos ciudadanos, hablar de una solvencia del 5 %, una sostenibilidad del 51 % y que con un nuevo crédito pasarían al 8 % y al 66 % puede sonar tranquilizador. Pero traduzcamos esas cifras al lenguaje de la calle.

El indicador de solvencia busca establecer, en términos sencillos, qué tan pesada resulta para el municipio la obligación de pagar los intereses de su deuda frente a sus ingresos. Por eso, cuando la Administración dice que Cúcuta está en el 5 % y que, con el nuevo crédito, subiría al 8 %, está diciendo que todavía se encuentra muy por debajo del límite legal utilizado para este indicador.

La sostenibilidad mira otra cosa: si el municipio tiene capacidad para soportar el conjunto de sus obligaciones de deuda frente a los ingresos que respaldan ese cálculo. Hoy estaría en el 51 % y, con los $30.000 millones adicionales, subiría al 66 %, todavía por debajo del límite legal del 100 %.

Hasta ahí, todo parece tranquilizador.

Pero hay que tener cuidado.

Que la ley permita endeudarse hasta determinado nivel no significa que sea conveniente llegar hasta allí.

Para entenderlo mejor, pensemos en una familia que gana $5 millones mensuales y tiene una deuda importante. El banco puede decirle que, de acuerdo con sus ingresos, todavía puede solicitar otro préstamo. ¿Eso significa que la familia debería hacerlo? No necesariamente. Dependerá de para qué necesita el dinero, cuánto pagará en intereses, cuánto tiempo estará pagando y qué sacrificios tendrá que hacer en el futuro para cumplir con esa obligación. Con un municipio ocurre exactamente lo mismo.

Tener capacidad legal de endeudamiento no es lo mismo que tener una buena política de endeudamiento. Y esa es precisamente la discusión que Cúcuta debería estar teniendo. La pregunta no puede limitarse a si podemos pedir otros $30.000 millones. La pregunta verdaderamente importante es: ¿Nos conviene hacerlo, ¿qué vamos a sacrificar para pagarlos y qué recibirá Cúcuta a cambio de esa deuda? Pero cumplir la ley no significa necesariamente que una decisión sea financieramente conveniente. Esta diferencia debería ser elemental.

Los indicadores de la Ley 358 de 1997 sirven para determinar si una entidad territorial tiene capacidad para asumir deuda dentro de determinados parámetros fiscales. Pero esos indicadores no responden por sí solos las preguntas más importantes para los ciudadanos:

¿Cuánto terminarán pagando los cucuteños por esos $30.000 millones cuando se sumen capital, intereses, comisiones y demás costos financieros?

Ese es el dato que debería estar en primera página. Porque cuando un alcalde solicita un crédito, el dinero entra rápidamente al presupuesto y las obras pueden inaugurarse durante su administración. Pero la obligación permanece mucho después de que el gobernante abandona el Palacio Municipal.

El alcalde administra el crédito; las siguientes administraciones y los ciudadanos pagan la deuda.

Por eso resulta preocupante que la discusión pública se concentre en establecer si jurídicamente se puede pedir el préstamo, en lugar de discutir si económicamente conviene hacerlo. Cúcuta necesita una política seria de endeudamiento y no una sucesión de créditos aprobados individualmente.

Y aquí aparece otro asunto que merece una explicación pública mucho más profunda.

Según la información publicada, sectores de la oposición cuestionan la suficiencia de los informes sobre la ejecución del crédito anterior y han planteado interrogantes sobre las inversiones realizadas con esos recursos.

Si existen dudas sobre la ejecución del empréstito anterior, la prioridad debería ser aclararlas antes de abrir nuevamente la puerta del endeudamiento.

¿Cuál es el modelo de ciudad que estamos financiando?

Porque si cada administración llega al poder, identificando un conjunto de necesidades, contrata un crédito y deja la obligación para el siguiente gobierno, Cúcuta puede terminar atrapada en un círculo perverso: deuda para solucionar problemas, nuevos problemas porque los recursos futuros están comprometidos y nuevos créditos para intentar resolverlos.

Eso no es planificación financiera. Es administrar el futuro con recursos del presente.

La propia información financiera de la Alcaldía demuestra que el servicio de la deuda ya constituye una obligación presupuestal que debe atenderse con recursos públicos. En marzo de este año, por ejemplo, un decreto municipal registró movimientos presupuestales por más de $25.929 millones asociados al servicio de la deuda pública interna, incluyendo intereses y capital.

Ese dato debería obligarnos a mirar la discusión con mucha más seriedad. Porque cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para otra necesidad pública.

Eso tiene un nombre en economía pública: costo de oportunidad.

Por eso no comparto la idea de que la discusión pueda cerrarse simplemente diciendo: “Cúcuta todavía tiene capacidad de endeudamiento”.

No necesitamos saber solamente cuánto nos puede prestar el banco. Necesitamos saber cuánto puede soportar la ciudad sin hipotecar sus posibilidades de desarrollo. Que Cúcuta tenga capacidad legal para seguir endeudándose no significa que tenga capacidad económica ilimitada para hacerlo. ¿O ME EQUIVOCO?

UNA ECONOMÍA INFORMAL, UNA SEGURIDAD VULNERABLE

 

Que Cúcuta hoy da la sensación de ser una ciudad insegura… sí. Que en Cúcuta se presentan asesinatos, muchos de ellos relacionados con el sicariato… también.

Pero la solución del problema, o por lo menos un porcentaje significativo de ella, no está únicamente en la inteligencia militar, las cámaras, los drones ni en la tecnología aplicada a la seguridad.

No.

Hay una cifra que debería preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa: en Cúcuta y su área metropolitana, cerca de seis de cada diez trabajadores están en la informalidad. En el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa llegó al 61,7 %, mientras el desempleo alcanzó el 11,1 % y el desempleo juvenil se aproximó al 20 %.

Y es que los cucuteños, pero sobre todo su dirigencia, parecen haberse acostumbrado a la informalidad. Llevamos décadas conviviendo con ella y hemos terminado convirtiendo nuestra privilegiada condición fronteriza, que debería ser una enorme ventaja competitiva, en una debilidad económica y social.

Puedo dar constancia de que llevamos por lo menos cinco décadas perdiendo oportunidades. Y lo más preocupante es que la situación parece empeorar porque buena parte de nuestra dirigencia ha perdido la ambición de construir una verdadera economía productiva. Nos hemos acostumbrado a administrar presupuestos, a ejecutar recursos, a solicitar créditos y a proyectar ingresos futuros, pero pocas veces nos preguntamos qué estamos haciendo para que la ciudad produzca más y genere mayores ingresos propios a partir de una economía sólida y formal.

Y aquí está, posiblemente, una de las variables más importantes de nuestra inseguridad, aunque muchos no quieran reconocerlo.

Cúcuta no puede seguir tratando la economía informal como un fenómeno aislado de la crisis de seguridad.

Cuando una ciudad mantiene durante años a una parte considerable de su población en actividades económicas precarias, sin estabilidad, sin protección social y con escasas posibilidades de progreso, termina creando un escenario de vulnerabilidad que puede ser aprovechado por las estructuras criminales.

La informalidad no convierte a un trabajador en delincuente. Sería injusto y equivocado afirmarlo. El vendedor ambulante, el pequeño comerciante, el trabajador independiente o quien diariamente sale a rebuscarse el sustento de su familia está trabajando y merece respeto.

El problema es otro: una economía que no ofrece suficientes oportunidades formales termina dejando a miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, expuestos a otras alternativas de ingreso.

Y allí puede aparecer el crimen organizado ofreciendo lo que la economía legal no está ofreciendo: dinero rápido, préstamos ilegales, distribución de drogas, cobros, vigilancia territorial o participación en redes delictivas.

El problema, entonces, no es el trabajador informal.

El problema es una ciudad que ha permitido que la supervivencia económica se convierta en el único horizonte para miles de ciudadanos.

Por eso, la lucha contra la inseguridad no puede reducirse a más policías, más patrullajes, más cámaras o más capturas. Todo eso es necesario, pero resulta insuficiente si no atacamos algunas de las condiciones que permiten que las economías ilegales encuentren terreno fértil.

La seguridad también se construye con empresas, inversión, educación pertinente, empleo formal y oportunidades para los jóvenes.

Si Cúcuta no logra transformar progresivamente su economía informal en una economía productiva, el crimen seguirá encontrando espacios para reclutar, financiarse y expandirse.

La informalidad no es delincuencia.

Pero una ciudad sin oportunidades puede terminar convirtiéndose en el mejor trampolín para ella.

Y aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo con los recursos públicos para cambiar esta realidad?

Porque con el mismo dinero que hoy destinamos a proyectos que quizá no son las prioridades de una ciudad llena de necesidades, y con la suficiente voluntad política, podríamos comenzar a construir las bases de una política pública de productividad para Cúcuta.

Una política que no se limite a capacitar emprendedores, sino que identifique qué puede producir la ciudad, cuáles son nuestros sectores estratégicos, dónde están nuestras ventajas competitivas y qué necesitamos para convertirlas en empresas, empleo formal, exportaciones y mayores ingresos.

Tenemos una posición fronteriza privilegiada. Tenemos una población joven. Tenemos vocación comercial. Tenemos producción agrícola.

Tenemos posibilidades en agroindustria, logística, tecnología, energía, manufactura y servicios especializados.

Tenemos, además, un mercado venezolano que puede convertirse nuevamente en una enorme oportunidad.

Lo que no tenemos es el derecho a seguir desperdiciando esas ventajas.

No podemos seguir midiendo nuestro desarrollo por la cantidad de personas que salen diariamente a trabajar, sino por la capacidad de nuestra economía para generar valor, productividad e ingresos.

Una ciudad con una población de nuestra magnitud, una ubicación fronteriza estratégica y una fuerza laboral dispuesta a trabajar no puede conformarse con una economía de baja productividad y alta informalidad.

El desafío no es simplemente conseguir que la gente tenga trabajo.

El desafío es conseguir que Cúcuta produzca mucho más por cada trabajador.

Porque mientras nuestra economía genere poco valor, seguiremos teniendo bajos ingresos, alta informalidad y mayor vulnerabilidad frente a las economías ilegales.

Y aquí está el verdadero reto de Cúcuta:

No necesitamos solamente una ciudad que trabaje. Necesitamos una ciudad que produzca.

Porque una ciudad productiva genera empresas.

Las empresas generan empleo.

El empleo formal genera oportunidades.

Y las oportunidades les quitan espacio a quienes pretenden convertir la necesidad en una puerta de entrada al delito.

Cúcuta no podrá construir una seguridad sostenible si no construye primero una economía capaz de ofrecerle a su gente algo más que el rebusque.

La seguridad de nuestra ciudad también se juega en una empresa que nace, en un joven que consigue su primer empleo formal, en una fábrica que decide quedarse, en un productor que logra exportar y en cada oportunidad económica que conseguimos arrebatarle a la informalidad.

Cúcuta no necesita resignarse a sobrevivir.
Cúcuta necesita producir.

Y esa debería ser, quizá, una de las grandes prioridades de nuestra dirigencia durante las próximas décadas. ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

EL RIESGO INVISIBLE QUE LEVANTA UNA CANCHA DE TIERRA

 

Son tantas las cosas que se deben ajustar en un municipio que algunas, aunque parezcan pequeñas e intrascendentes para algunos, pueden ser muy importantes para el bienestar de muchos.

En el sector comprendido entre Quinta Oriental y el barrio Colsag ha existido durante años una cancha de fútbol en tierra. Es un escenario muy utilizado, que proporciona recreación y esparcimiento y que resulta de gran importancia para las nuevas generaciones de deportistas.

Eso está bien.

Lo que no está bien es que detrás de ese espacio de recreación pueda existir un riesgo ambiental y sanitario que, por años, haya pasado inadvertido.

Y no solamente para quienes utilizan la cancha.

Justo al lado funciona el Instituto Técnico Mercedes Ábrego, donde permanecen diariamente niños, adolescentes, docentes y trabajadores. Y en Cúcuta tenemos una combinación que merece especial atención: períodos secos prolongados y frecuentes corrientes de viento.

¿Pero cuál es la amenaza?

Cada carrera, cada balón que golpea el terreno y cada movimiento sobre una superficie seca puede generar resuspensión de partículas. Las más grandes pueden depositarse rápidamente, pero las partículas respirables, especialmente las PM10, pueden penetrar en las vías respiratorias, mientras que las PM2,5, por su menor diámetro, pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares e incluso atravesar la barrera pulmonar hacia el torrente sanguíneo.

Si usted vive en este sector de la ciudad o en algún otro que también tenga una cancha de tierra en sus inmediaciones y empieza a sentir inicialmente irritación de las vías respiratorias, manifestándose en síntomas como tos, carraspera, sequedad o irritación de garganta, estornudos, congestión nasal, aumento de la mucosidad, ardor en los ojos y sensación de dificultad para respirar,  debería preocuparse por solucionar el problema que genera la cancha. En personas susceptibles, especialmente niños, adultos mayores y quienes presentan enfermedades respiratorias, estas partículas pueden desencadenar o agravar episodios de sibilancias, opresión en el pecho y mayor dificultad respiratoria. Las partículas finas, particularmente las PM2,5, por su reducido tamaño pueden penetrar profundamente hasta los alvéolos pulmonares, por lo que una exposición frecuente y prolongada constituye un factor ambiental que merece vigilancia y control sanitario.

Y aquí está lo preocupante: no estamos hablando únicamente de los deportistas.

Estamos hablando de una comunidad educativa ubicada inmediatamente al lado de la cancha y de familias que viven en sus alrededores, potencialmente expuestas a episodios repetidos de polvo, especialmente durante las épocas secas y ventosas.

Esto no significa afirmar que la cancha esté causando enfermedades. Para decirlo con rigor científico habría que realizar mediciones de calidad del aire, caracterización del material particulado y una evaluación epidemiológica.

Pero precisamente ahí está la responsabilidad de la administración municipal.

¿Se ha evaluado alguna vez este riesgo?

Si no se ha hecho, debería hacerse.

La solución tampoco consiste en eliminar la cancha. Todo lo contrario: hay que mejorarla y conservarla, porque el deporte también es salud.

La Alcaldía, a través de sus áreas de Salud Pública, Ambiente, Infraestructura y Deporte, debería realizar una evaluación técnica del escenario, medir material particulado en condiciones de uso y establecer medidas de control de polvo. Dependiendo de los resultados, podrían estudiarse alternativas como el mejoramiento de la superficie, sistemas de estabilización del terreno, manejo de las zonas perimetrales y otras soluciones de ingeniería que reduzcan la resuspensión.

Porque gobernar no es solamente construir grandes obras.

También es identificar esos pequeños problemas que afectan diariamente a comunidades enteras y prevenir antes de tener que curar.

Una cancha de tierra puede parecer insignificante frente a una gran obra de infraestructura.

Pero para el niño que juega allí, para el profesor que trabaja al lado, para la familia que vive frente a ella y para todos los que respiran ese aire, no es insignificante.

Cúcuta necesita más escenarios deportivos, no menos.

Pero necesita escenarios seguros, saludables y técnicamente adecuados.

La pregunta, entonces, no debería ser cuánto cuesta mejorar una cancha.

La pregunta debería ser:

¿Cuánto nos puede costar no hacerlo? ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

¿Nos falta ambición o simplemente perdimos el rumbo?

 

Me lo pregunté durante toda esta semana y terminé llegando a una conclusión que puede resultar incómoda: tal vez la principal asignatura pendiente de Cúcuta sea aprender a ser ambiciosa.

No hablo de una ambición personal, de esa que busca poder, contratos o protagonismo. Hablo de ambición de ciudad. De esa que obliga a mirar más allá del próximo período de gobierno y preguntarse qué Cúcuta queremos dejarles a quienes vienen detrás.

Somos una urbe de más de un millón de habitantes en su área metropolitana. Una ciudad fronteriza, estratégica, con una posición geográfica privilegiada y con una historia que alguna vez nos hizo creer que podíamos ser grandes.

Pero tenemos un río Pamplonita que agoniza entre la contaminación, la reducción de sus caudales y nuestra indiferencia; una ciudad que sigue sin resolver de manera definitiva un sistema de transporte público masivo capaz de conectar eficientemente a sus habitantes; una ciudad que continúa buscando respuestas para sus aguas residuales y que, cuando la lluvia aprieta, vuelve a descubrir que el agua también sabe exactamente dónde están nuestras falencias.

Y entonces aparece otro dato que debería hacernos pensar.

Cúcuta tiene alrededor de 1.131 kilómetros cuadrados de territorio municipal.

Es decir, tenemos espacio. Tenemos territorio. Tenemos frontera. Tenemos río. Tenemos historia. Tenemos gente. Tenemos problemas, sí, pero también tenemos oportunidades.

Entonces, ¿qué nos falta?

Quizá nos falta atrevernos a pensar en grande.

Roma, con una superficie municipal apenas superior a la de Cúcuta, construyó durante siglos una de las civilizaciones más influyentes de la historia. No fue cuestión de kilómetros cuadrados. Fue cuestión de visión, organización, estrategia y ambición histórica.

Cúcuta, en cambio, parece haberse acostumbrado a administrar el presente mientras el futuro continúa esperando en la sala.

Somos la ciudad que durante años ha discutido cómo resolver la prestación de sus servicios públicos; la ciudad que todavía tiene pendiente una solución integral para el tratamiento de sus aguas residuales; la ciudad que continúa necesitando una verdadera infraestructura de drenaje pluvial; la ciudad que alguna vez imaginó una red de bibliotecas públicas acercándose a los barrios y que hoy parece haber dejado que muchas de esas puertas se cierren sobre el conocimiento.

Y aquí aparece una pregunta todavía más incómoda:

¿Qué pasó con nuestra cultura de leer, investigar, inventar y construir?

¿Qué pasó con aquella Cúcuta del café, del ferrocarril, del telar, de la energía, de los comerciantes que miraban la frontera como una oportunidad y no como una condena?

Quizás esos cucuteños se fueron.

O quizás, como en Macondo, algún viento de agosto se llevó una parte de nuestra memoria colectiva y todavía no hemos encontrado dónde quedó.

Nos fuimos acostumbrando a la informalidad. A resolver lo urgente. A sobrevivir el día. A inaugurar antes que planificar. A anunciar antes que ejecutar. A discutir administraciones mientras la ciudad continúa esperando una visión que sobreviva a los alcaldes.

Y eso sí es peligroso.

Porque una ciudad no puede vivir eternamente esperando que llegue el gobernante que finalmente la rescate.

Las ciudades no se salvan con discursos. Se transforman con decisiones.

Necesitamos preguntarnos qué Cúcuta queremos dentro de 20, 30 o 50 años. ¿Queremos una ciudad que simplemente crezca en población o una ciudad que crezca en calidad de vida? ¿Queremos seguir reaccionando ante los problemas o comenzar a anticiparnos a ellos?

¿Queremos seguir mirando el río Pamplonita como un problema o convertirlo en el gran eje ambiental, turístico y urbano de la ciudad?

¿Queremos seguir hablando de movilidad o construirla?

¿Queremos continuar improvisando soluciones para las aguas lluvias o diseñar de una vez una infraestructura que prepare a Cúcuta para las próximas décadas?

¿Queremos una ciudad que expulse talento o una ciudad capaz de ofrecerle a sus jóvenes razones para quedarse?

Ahí está nuestra verdadera asignatura pendiente.

No es solamente construir.

Es planear.

No es solamente gastar.

Es invertir.

No es solamente inaugurar.

Es transformar.

Y, sobre todo, no es solamente elegir administradores.

Es encontrar líderes capaces de imaginar una ciudad que todavía no existe y tener la valentía de construirla.

¿Quién podrá enderezar el rumbo?

¿Quién será capaz de abandonar el discurso fácil, la fotografía para las redes sociales y el aplauso momentáneo para asumir una tarea que exige años de trabajo?

Tal vez a quien le corresponda esa responsabilidad tendremos que brindarle algo que Cúcuta también ha perdido: un pacto colectivo alrededor de una visión de ciudad.

Porque si seguimos pensando únicamente en el próximo presupuesto, en la próxima elección o en la próxima inauguración, seguiremos condenados a administrar el mismo presente.

Y el tiempo no espera.

Las arenas del reloj pasan volando. En agosto, quizá, se sienten todavía más rápidas.

Los antiguos romanos tuvieron a Sosígenes para ordenar su calendario y poner el tiempo en su sitio.

Nosotros necesitamos algo diferente:

necesitamos poner a Cúcuta en su tiempo.

Quizá nos toque esperar otro agosto para saber quién asumirá esta tarea digna de Odiseo: encontrar el camino de regreso a casa.

Pero hay una diferencia.

Odiseo sabía hacia dónde quería regresar.

¿Sabemos nosotros hacia dónde queremos llevar a Cúcuta?

¿O me equivoco?

 

Cuando el algoritmo entra al hogar.

 

Francia abrió un debate sobre la protección digital de la infancia. En Cúcuta quizá ha llegado el momento de preguntarnos quién está educando a nuestros hijos.

Hay noticias que ocurren lejos de nosotros, pero que terminan haciéndonos preguntas muy cercanas.

Esta semana Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La medida busca proteger a niños y adolescentes frente a plataformas diseñadas para captar su atención durante horas y ha abierto un intenso debate entre quienes la consideran necesaria y quienes sostienen que la responsabilidad principal sigue estando en la familia.

Más allá de si la decisión francesa resulta acertada o no, lo verdaderamente importante es que una sociedad decidió detenerse a discutir cómo está creciendo su niñez.

Y entonces surge una pregunta inevitable:

¿En Colombia estamos hablando de este problema o simplemente nos acostumbramos a él?

No hace falta recorrer mucho Cúcuta para encontrar la respuesta.

En restaurantes, parques, salas de espera y centros comerciales es frecuente ver familias reunidas físicamente, pero separadas por una pantalla. Padres atentos a sus teléfonos, adolescentes consumiendo videos sin descanso y niños que, antes de aprender a leer con soltura, ya dominan el lenguaje de las aplicaciones.

No se trata de condenar la tecnología.

Sería un error.

Nunca antes la humanidad había tenido tanto conocimiento al alcance de la mano. La inteligencia artificial, internet y las redes sociales representan oportunidades extraordinarias para aprender, crear y comunicarnos.

El problema aparece cuando esas herramientas comienzan a ocupar el lugar que corresponde a la familia.

Hace apenas unas décadas los padres preguntaban con quién jugaban sus hijos en la calle.

Hoy quizá deberíamos preguntarnos qué algoritmo está educando su manera de pensar.

Y no es una preocupación exagerada.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recomienda que el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales sea gradual, acompañado por los padres y con reglas claras de supervisión. La entidad insiste en que ningún control tecnológico reemplaza el diálogo dentro del hogar.

Las cifras muestran por qué.

Una investigación de UNICEF, ECPAT e INTERPOL reveló que uno de cada cinco niños y adolescentes colombianos sufrió durante un año alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por medios digitales. Al mismo tiempo, el Ministerio TIC ha advertido que el 65 % de los menores entre 10 y 13 años ha estado expuesto a contenidos violentos o inadecuados en internet.

Detrás de esos números hay una realidad que no podemos ignorar.

¿Cuántos niños cucuteños dedican más tiempo a deslizar videos que a leer un libro?

¿Cuántos adolescentes conocen mejor a los influenciadores de moda que a nuestros escritores, científicos o emprendedores?

¿Cuántas conversaciones familiares han sido reemplazadas por el silencio de cuatro personas compartiendo la misma mesa, pero viviendo cada una dentro de una pantalla distinta?

No propongo prohibir la tecnología.

Propongo recuperar el equilibrio.

Los algoritmos fueron diseñados para captar nuestra atención. Los padres fueron llamados a formar el carácter de sus hijos.

Son responsabilidades completamente distintas.

Cúcuta enfrenta enormes desafíos en seguridad, empleo e infraestructura. Sin embargo, existe uno del que hablamos muy poco: la formación de la generación que dentro de veinte años dirigirá nuestras empresas, nuestras universidades y nuestras instituciones públicas.

Porque las ciudades no solo se construyen con puentes, avenidas o edificios.

Se construyen con ciudadanos capaces de pensar, dialogar, crear y asumir responsabilidades.

Tal vez Colombia no necesite copiar la ley francesa.

Pero sí necesita abrir una conversación nacional sobre el papel de la tecnología en la infancia, la responsabilidad de las plataformas digitales y, especialmente, el papel irrenunciable de la familia.

Porque el verdadero debate no consiste en decidir a qué edad un niño puede abrir una cuenta en una red social.

El verdadero debate consiste en preguntarnos quién está formando su manera de pensar, de sentir y de comprender el mundo.

Las futuras generaciones no recordarán cuántas horas pasaron conectadas a internet ni cuántos videos alcanzaron a ver.

Recordarán quién estuvo presente cuando más necesitaban ser escuchadas.

Porque ningún algoritmo, por inteligente que llegue a ser, podrá reemplazar una conversación al final del día, el abrazo de una madre, el consejo de un padre o el ejemplo silencioso de una familia que educa con amor.

El futuro de Cúcuta y de Colombia dependerá, más que de cualquier avance tecnológico, de que nunca olvidemos una verdad elemental: la inteligencia artificial puede responder preguntas, pero solo una familia presente es capaz de formar seres humanos verdaderamente libres. ¿O ME EQUIVOCO?

 

Cúcuta tiene el proyecto del siglo frente a sus ojos… y no lo ha querido ver

 

Las ciudades no se recuerdan únicamente por las obras que construyen. Se recuerdan por las oportunidades que supieron identificar y por las decisiones que tomaron cuando tenían la posibilidad de transformar su futuro.

La historia demuestra que las grandes ciudades son aquellas que descubren cuál es su mayor riqueza y tienen la visión para convertirla en el motor de su desarrollo. Algunas lo hicieron a través de sus ríos, otras mediante su patrimonio, su cultura o su ubicación estratégica. Pero todas tuvieron algo en común: pensaron más allá del presente.

Cúcuta se encuentra hoy frente a una de esas decisiones.

La administración municipal ha venido anunciando importantes proyectos orientados al turismo y al desarrollo económico. Se ha hablado de un gran parque temático en las afueras de la ciudad y, recientemente, de una inversión cercana a los 60 mil millones de pesos para el sector sur del Malecón.

Son iniciativas que merecen ser analizadas, porque toda inversión que busque generar desarrollo es importante. Pero precisamente por la magnitud de estos recursos surge una pregunta que debería estar en el centro del debate ciudadano:

¿Estamos invirtiendo en aquello que realmente puede transformar a Cúcuta durante los próximos cien años?

Esta no es una discusión contra un proyecto ni contra una administración. Es una reflexión sobre el modelo de ciudad que queremos construir.

Porque las ciudades no cambian solamente acumulando obras. Cambian cuando tienen la capacidad de reconocer sus verdaderas oportunidades.

Y quizás la mayor oportunidad de Cúcuta ha estado siempre frente a nosotros: el río Pamplonita.

Durante décadas hemos visto el río como un problema. Lo recordamos cuando llegan las crecientes, cuando amenaza una infraestructura o cuando aparecen las dificultades ambientales. Pero pocas veces lo hemos mirado como lo que realmente puede ser: el gran eje urbano, ambiental y turístico de la ciudad.

Mientras otras ciudades del mundo recuperaron la relación con sus ríos, Cúcuta fue perdiendo poco a poco la conexión con el suyo. El Pamplonita ha sufrido el deterioro de su caudal, la pérdida de biodiversidad y problemas históricos relacionados con la calidad del agua.

Por eso la pregunta es inevitable:

¿No tendría mayor trascendencia para la ciudad recuperar integralmente el río y convertirlo en el gran proyecto de transformación urbana de Cúcuta?

La diferencia es enorme. Un parque temático debe construirse desde cero. El Pamplonita ya existe. Tiene historia, identidad y pertenece a la memoria de los cucuteños.

El desafío no es construir una ciudad alrededor de un escenario artificial. El desafío es recuperar el patrimonio natural que ya tenemos.

Pero para ello debemos entender algo fundamental: ningún proyecto turístico puede tener éxito si antes no resolvemos la condición ambiental del lugar donde se desarrolla. No tiene sentido imaginar un gran malecón, espacios gastronómicos, zonas culturales o escenarios recreativos si el río continúa transmitiendo deterioro y abandono.

Primero debemos devolverle la vida al Pamplonita.

Después podremos convertirlo en un verdadero símbolo de ciudad.

El mundo ya nos ha mostrado el camino. Grandes ciudades entendieron que sus ríos podían ser motores de desarrollo urbano, turístico y económico. Recuperaron sus cauces, protegieron sus ecosistemas y los transformaron en espacios de encuentro ciudadano.

Cúcuta puede construir su propia historia.

Un Pamplonita recuperado, con sus zonas críticas protegidas, con soluciones modernas de ingeniería hidráulica, con espacios verdes, senderos, ciclorrutas, miradores y escenarios culturales, podría convertirse en una de las mayores oportunidades de transformación urbana de nuestra región.

No solo mejoraría el paisaje. Generaría turismo, empleo, inversión privada y, sobre todo, devolvería a los cucuteños el orgullo por uno de sus mayores patrimonios naturales.

Pero una transformación de esta magnitud requiere algo que hemos necesitado durante décadas: visión de largo plazo.

Las grandes ciudades no se construyen pensando únicamente en el próximo período de gobierno. Se construyen con proyectos que pertenecen a varias generaciones.

Cúcuta necesita dejar de preguntarse únicamente qué obra vamos a inaugurar y comenzar a preguntarse qué ciudad queremos dejar.

Quizás el mayor proyecto turístico de Cúcuta no está en las afueras.

Quizás ha estado siempre frente a nosotros, esperando que tengamos la visión suficiente para comprender que el Pamplonita no es un problema que debemos soportar.

Es la oportunidad que debemos aprovechar.

Porque las ciudades que dejan huella no son las que más obras acumulan.

Son las que descubren su mayor riqueza y tienen el valor de convertirla en el corazón de su futuro. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

¿Quién está planeando el futuro de nuestras ciudades?

 

Hay ciudades grandes y ciudades pequeñas. Hay ciudades ordenadas y ciudades desordenadas. Hay ciudades que entienden que el desarrollo nace de la planeación y, gracias a ello, se fortalecen con el paso de los años. Y hay otras donde la planeación parece limitarse a la existencia de una Secretaría, pero no a una verdadera cultura de pensar el futuro.

También hay ciudades que, cuando el Gobierno Nacional abre la puerta para apoyar proyectos estratégicos, llegan con propuestas sólidas, técnicamente sustentadas y capaces de transformar su economía durante décadas. En contraste, existen otras que, cada vez que tienen la oportunidad de gestionar recursos, presentan una simple lista de mercado: proyectos improvisados, sin visión de largo plazo y sin responder a las verdaderas necesidades de la población. El resultado casi siempre es el mismo: poco impacto, recursos desperdiciados y oportunidades perdidas.

Una ciudad con graves problemas de seguridad, con un sistema de salud en crisis, con baja productividad, con enormes deficiencias en saneamiento básico y altos índices de informalidad no puede darse el lujo de presentar como símbolo de su desarrollo una obra pública de poca trascendencia frente a los desafíos que enfrenta. La pregunta es inevitable: ¿acaso no existe un banco de proyectos estratégicos que responda realmente a las necesidades de la región? ¿O simplemente se gobierna pensando en la próxima fotografía y no en la próxima generación?

Planear para ejecutar, o simplemente ejecutar sin haber planeado. Ese es el verdadero dilema.

El próximo alcalde de ciudades con estas características debería comprender que la planeación no es un requisito burocrático, sino la columna vertebral del desarrollo. Desde el primer día de campaña debería rodearse de un equipo técnico de alto nivel y, especialmente, de un excelente secretario de Planeación, tanto para el sector urbano como para el rural.

Porque en muchas de estas ciudades el casco urbano apenas representa una pequeña parte de su territorio. El verdadero potencial está en el campo, en miles de hectáreas que hoy permanecen subutilizadas o atrapadas por economías ilegales, mientras la productividad sigue siendo una deuda histórica.

Pavimentar calles puede ser necesario. Nadie discute la importancia de una buena infraestructura vial. Pero una ciudad no se transforma únicamente con cemento y asfalto. El verdadero desarrollo comienza cuando se construye una visión sobre la educación que se quiere ofrecer, la seguridad que se necesita garantizar, el sistema de salud que se aspira a tener y la economía que permita generar empleo formal y oportunidades para todos.

Las obras físicas se inauguran una vez. Las buenas políticas públicas producen resultados durante generaciones.

Las ciudades que permanecen atrapadas en la improvisación terminan normalizando la informalidad, la baja competitividad y la ausencia de un rumbo claro. Gobernar sin planificación es administrar la coyuntura; gobernar con visión es construir futuro.

Quizá esa sea la mayor enseñanza que deberían comprender nuestros dirigentes: una ciudad no progresa porque inaugure más obras que sus vecinas, sino porque sabe hacia dónde quiere llegar y mantiene ese rumbo, gobierno tras gobierno.

Como ocurrió recientemente con la afición de Noruega durante el Mundial de Fútbol, donde miles de personas remaban simbólicamente en la misma dirección para apoyar a su selección, una ciudad solo alcanza su verdadero desarrollo cuando todos —gobernantes, empresarios, universidades y ciudadanos— reman hacia un mismo horizonte.

Porque las ciudades exitosas no son las que más construyen. Son las que mejor planifican.

Y mientras algunos sigan confundiendo desarrollo con cortar cintas e inaugurar concreto, otros seguirán construyendo el futuro desde la planeación. Esa es, al final, la diferencia entre administrar una ciudad y liderar su destino. ¿O ME EQUIVOCO?

 

 

 

La muerte silenciosa de la empatía

 

Hace unos días visitamos un restaurante popular de nuestra ciudad para degustar un plato tradicional. Estábamos prácticamente solos en el lugar; la hora pico del almuerzo ya había pasado. Hicimos nuestro pedido y fuimos atendidos muy bien... muy bien.

Todo marchaba de maravilla hasta que se nos antojó un poco más de la salsa especial de la casa. Miré a mi derecha y observé que todos los meseros se habían sentado en una mesa contigua para tomar su almuerzo. Entonces tomé la decisión de levantarme, acercarme al mostrador y solicitarle la salsa directamente a la administradora del establecimiento.

La señora me miró y dijo:

—Por favor, puede pedírsela a uno de los meseros.

Le respondí:

—He decidido pedírsela personalmente porque ellos están almorzando.

Entonces llegó una respuesta que me dejó profundamente desconcertado:

—Ellos no tienen derecho a sentarse porque están trabajando.

La miré directamente a los ojos y le dije:

—Por favor, entrégueme usted la salsa, porque no voy a molestar a ninguna de estas personas mientras toman su almuerzo.

La conversación terminó allí. Sin embargo, el episodio siguió dando vueltas en mi cabeza durante el resto del día.

¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿En qué momento comenzamos a creer que una persona pierde su derecho al descanso, al alimento o a un momento de tranquilidad simplemente porque está desempeñando un trabajo?

Aquella frase —"no tienen derecho a sentarse porque están trabajando"— es mucho más que una desafortunada respuesta. Es el reflejo de una enfermedad silenciosa que se está extendiendo por nuestra sociedad: la deshumanización de lo humano.

Estamos dejando de ver personas y comenzamos a ver únicamente funciones. El mesero deja de ser un ser humano y se convierte en "el que sirve las mesas". El vigilante pasa a ser "el que abre la puerta". La enfermera es "la que atiende pacientes". El cajero es "el que recibe el dinero". El profesor es "el que enseña". Poco a poco, vamos reduciendo la dignidad de las personas a la utilidad que representan para nosotros.

Y este fenómeno no ocurre solamente en un restaurante.

Sucede en un centro médico cuando olvidamos que el médico, la enfermera o el auxiliar también se cansan, se enferman y tienen problemas. Pero también se hace evidente en muchos centros de salud, precisamente en lugares donde la empatía debería ser un principio inquebrantable. Con frecuencia, algunos miembros del personal olvidan que quien acude a una consulta, a una urgencia o a una hospitalización lo hace porque está enfermo, porque atraviesa un momento de dolor, de miedo o de profunda incertidumbre. 

No es aceptable que un paciente sea tratado con indiferencia, con desdén o que no se haga todo lo humanamente posible por aliviar su situación. Y, con demasiada frecuencia, también se olvida que detrás de cada paciente hay una familia que llega preocupada, estresada y emocionalmente desestabilizada, cargando el peso de la angustia y la incertidumbre. Humanizar la atención en salud no es un acto de cortesía; es un deber moral y una expresión elemental de nuestra propia humanidad.

Vivimos en una época que presume de grandes avances tecnológicos, pero que parece estar perdiendo la capacidad de mirar a los demás con empatía. Hemos aprendido a exigir derechos, pero se nos está olvidando respetar la dignidad de quienes nos rodean.

Quizás el problema más grave de nuestra sociedad no sea la crisis económica, ni la inseguridad, ni siquiera la polarización política. Tal vez el verdadero problema sea que estamos dejando de reconocernos en el otro.

Y una sociedad que convierte a las personas en herramientas termina perdiendo algo mucho más valioso que la productividad o la eficiencia: pierde su alma.

Tal vez ha llegado el momento de hacer una pausa y recordar algo tan simple como esencial, detrás de cada persona, hay un ser humano que siente, sueña, se cansa, se equivoca y merece ser tratado con la misma dignidad y el mismo respeto que exigimos para nosotros.

Porque la verdadera tragedia de nuestro tiempo no es la falta de tecnología ni de progreso.

La verdadera tragedia es la deshumanización de lo humano. ¿O ME EQUIVOCO?

BONUS TRACK : "La deshumanización comienza cuando olvidamos que la persona que tenemos enfrente siente, sufre y espera ser tratada con la misma dignidad que exigimos para nosotros mismos."

 

El milagro pendiente del Catatumbo: la oportunidad histórica del presidente Abelardo de la Espriella

 

El Catatumbo: la deuda histórica que Colombia no puede seguir aplazando

Si existe una región en Colombia que merece una mejor suerte, esa es el Catatumbo. Un territorio de paisajes majestuosos, de una biodiversidad extraordinaria, de enormes reservas minerales y de una tierra tan fértil que podría alimentar a millones de personas. Pero también es una región habitada por una población resiliente que ha sido condenada, durante décadas, al abandono estatal y a sobrevivir bajo el compás de una economía ilícita que, además de generar ingresos, también siembra muerte.

Cuando asumió la Presidencia de la República, Gustavo Petro anunció que el Catatumbo se convertiría en la "capital nacional de la paz". Prometió llevar la presencia integral del Estado, impulsar el desarrollo productivo y construir una economía que reemplazara las rentas ilegales. Cuatro años después, la realidad es dolorosamente distinta: la violencia persiste, los grupos armados continúan disputándose el territorio y las oportunidades prometidas nunca llegaron con la dimensión y la velocidad que la región necesitaba.

El Catatumbo sigue siendo la mayor contradicción de Colombia. Pocas regiones poseen tanta riqueza natural y, al mismo tiempo, tan altos niveles de pobreza y exclusión. Allí se encuentran algunas de las tierras más fértiles del país, abundancia de agua y una ubicación estratégica que la convierte en una puerta natural hacia los mercados internacionales. Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de transformar ese potencial en prosperidad.

El gran error de los sucesivos gobiernos, incluido el de Gustavo Petro, ha sido abordar la coca como un problema exclusivamente de seguridad, cuando en realidad se trata, ante todo, de un problema económico. Ningún campesino cultiva coca por romanticismo con la ilegalidad. La cultiva porque es el único producto que le garantiza comprador, liquidez y rentabilidad inmediata.

La verdadera tragedia del Catatumbo no es la coca. La verdadera tragedia es que Colombia sabe desde hace décadas cuál es la solución y, aun así, ha sido incapaz de ejecutarla.

Las zonas altas del Catatumbo tienen todas las condiciones para convertirse en una nueva frontera del café especial colombiano. Su altitud, su clima y su riqueza ambiental permiten producir cafés de origen con un enorme potencial en los mercados internacionales. Un "Café de las Montañas del Catatumbo" podría convertirse en una marca país y en un símbolo de transformación económica.

La región también puede convertirse en una gran despensa de frutas tropicales. El aguacate Hass, el maracuyá, la piña, el limón Tahití, el mango y la guanábana tienen un enorme potencial exportador. Pero el gran negocio no está en vender la fruta en bruto, sino en transformarla en pulpas, jugos, concentrados, aceites esenciales y productos con valor agregado que generen miles de empleos.

Y allí aparece el gran desafío del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Su experiencia en el sector empresarial y su insistencia en la productividad podrían convertir al Catatumbo en el laboratorio de una verdadera revolución agroindustrial. La región necesita menos discursos y más carreteras; menos diagnósticos y más distritos de riego; menos promesas y más centros de acopio, créditos, incentivos tributarios y seguridad jurídica para atraer inversión.

 

El futuro de un planeta con hambre está en la agricultura y en la transformación de sus productos. Colombia posee un potencial inmenso que, por desidia, corrupción y falta de visión, ha permanecido enterrado durante décadas.

Mientras el Catatumbo siga exportando pobreza e importando violencia, la coca seguirá siendo el negocio más rentable. Pero el día en que exporte cafés especiales, chocolates, aguacates y frutas procesadas, habrá comenzado una verdadera revolución económica y social.

Ese día, la paz dejará de ser un discurso político y se convertirá, por fin, en una oportunidad de prosperidad para miles de familias que llevan demasiados años esperando que el Estado cumpla su palabra.

El Catatumbo no necesita que le prometan la paz; necesita que le enseñen a producir riqueza. Porque allí donde llega la empresa, la agroindustria y el empleo, la violencia empieza a perder terreno. ¿O ME EQUIVOCO?.

 

¿Quién tiene la razón?

 

La cesión del contrato de concesión del acueducto y alcantarillado de Cúcuta a Veolia se ha convertido, quizá, en uno de los debates más trascendentales para el futuro de la ciudad. Más allá de las posiciones políticas, la pregunta que hoy se hacen miles de cucuteños es sencilla: ¿quién tiene la razón?

La ciudad esperaba que el alcalde cumpliera la promesa expresada reiterativamente sobre la toma de la operación del acueducto directamente por la alcaldía en cabeza de la EIS y es posible que ahí inicie la controversia.

De un lado, la administración municipal y la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta (EIS) sostienen que la decisión fue necesaria para garantizar la continuidad del servicio, asegurar inversiones multimillonarias y modernizar una infraestructura que desde hace años enfrenta enormes desafíos. Según esta postura, la llegada de un operador con experiencia internacional permitirá ejecutar proyectos que el municipio difícilmente podría financiar por sí solo.

Del otro lado están los concejales, sectores ciudadanos y algunos expertos que consideran que la cesión deja demasiados interrogantes. ¿Por qué no se realizó una nueva licitación? ¿Se protegieron suficientemente los intereses del municipio? ¿Qué garantías existen de que las inversiones prometidas se cumplirán? ¿Cómo impactará esto las tarifas y el control público sobre un servicio esencial?

La verdad es que ambas partes tienen argumentos válidos.

La ciudad necesita inversiones urgentes en su sistema de acueducto y alcantarillado. Eso es indiscutible. Pero también es cierto que cuando se trata de un servicio público esencial, las decisiones deben estar rodeadas de la máxima transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica.

Quizá el verdadero debate no es si Veolia es una buena o una mala empresa, ni tampoco si la administración actuó de buena o de mala fe. El verdadero debate es si los cucuteños cuentan hoy con toda la información necesaria para tener la certeza de que la mejor decisión para el futuro de la ciudad fue la que finalmente se tomó.

En una democracia, la confianza no se impone; se construye con información, transparencia y rendición de cuentas.

Por eso, más que vencedores y vencidos, este debate deja una gran responsabilidad: que la administración, la EIS, Veolia, el Concejo y los organismos de control garanticen que cada decisión tomada responda exclusivamente al interés general y no a intereses particulares.

Porque al final, el acueducto no es un negocio cualquiera. El agua es un derecho fundamental y su administración debe estar siempre al servicio de los ciudadanos.

La historia aún no ha terminado. El control político continúa, los interrogantes siguen abiertos y será el tiempo, la justicia y, sobre todo, los resultados en la prestación del servicio, los que terminen respondiendo la pregunta que hoy se hace Cúcuta: ¿quién tenía la razón?.

Y en medio de esta controversia, el Concejo de Cúcuta tampoco puede salir indemne de las críticas. Una vez más, la sensación que queda en la ciudadanía es que el control político llega tarde, cuando las decisiones ya están tomadas y los hechos prácticamente consumados. No es la primera vez que la administración mueve sus fichas con anticipación y el Concejo reacciona después, limitándose a debates que generan titulares, pero pocas consecuencias concretas. Los controles políticos no pueden seguir siendo simples ejercicios retóricos o un saludo a la bandera. Si el Concejo quiere reivindicar su papel como representante de los ciudadanos, debe ejercer un control oportuno, riguroso y preventivo, capaz de anticiparse a las decisiones que comprometen el futuro de la ciudad y no limitarse a cuestionarlas cuando ya parecen irreversibles. De lo contrario, seguirá creciendo la percepción de que el poder de vigilancia del cabildo es más simbólico que efectivo y que, frente a las grandes decisiones de Cúcuta, la administración siempre va varios pasos adelante. ¿O ME EQUIVOCO?

 

COLOMBIA NECESITA RESPIRAR

 

Estamos a escasos siete días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Probablemente, la más compleja, accidentada y polarizada que haya vivido el país desde que la Constitución Política de 1991 instauró este mecanismo electoral.

El artículo 190 de la Carta Magna estableció que para ser elegido presidente en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50 % de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, los dos aspirantes más votados deben enfrentarse en una segunda elección tres semanas después, donde basta la mayoría simple para alcanzar la Presidencia de la República.

Han transcurrido casi esas tres semanas que contempla la norma y, durante ese breve lapso, ha ocurrido de todo. Lo que debía ser un tiempo para contrastar propuestas, confrontar visiones de país y permitir que los ciudadanos tomaran una decisión mejor informada, terminó profundizando una fractura nacional que ya venía incubándose desde hace varios años.

Hoy Colombia parece más dividida que cuando terminó la primera vuelta. Las diferencias políticas, que son normales y necesarias en toda democracia, han dado paso a una confrontación emocional que convierte al contradictor en enemigo y al desacuerdo en motivo de descalificación. El debate de las ideas ha sido desplazado por la batalla de las narrativas, por la viralidad de las redes sociales y por la necesidad permanente de alimentar la indignación colectiva.

Precisamente por ello, el próximo presidente de la República enfrentará una tarea mucho más difícil que ganar las elecciones. Gobernar será apenas el comienzo. Su verdadero desafío consistirá en intentar reunir las piezas dispersas de una nación que parece haber perdido la capacidad de escucharse a sí misma.

La economía enfrenta incertidumbres, la seguridad continúa siendo una preocupación creciente en amplias regiones del país, las instituciones sufren un evidente desgaste de confianza y millones de colombianos observan el futuro con una mezcla de esperanza y preocupación. Hablar de un horizonte gris podría parecer pesimista; sin embargo, para muchos ciudadanos esa descripción resulta incluso moderada frente a las dificultades que perciben en su vida cotidiana.

Al final no hubo debates. Hubo sillas vacías. Hubo denuncias penales, acusaciones cruzadas, estrategias de comunicación diseñadas para movilizar emociones y plazas llenas de seguidores convencidos de que el adversario representa una amenaza existencial para el país. También hubo encuestas cuestionadas, algunas desacreditadas desde la primera vuelta, y una opinión pública cada vez más desconfiada de casi todas las fuentes de información.

Pero quizá lo más preocupante no sea lo que ocurrió durante la campaña, sino aquello que la campaña dejó al descubierto. La profunda dificultad que tenemos como sociedad para aceptar que una democracia no se construye sobre unanimidades, sino sobre la capacidad de convivir con las diferencias.

Las elecciones terminan el próximo domingo. Colombia, en cambio, continuará existiendo el lunes. Seguirán compartiendo los mismos barrios quienes hoy votan por candidatos distintos. Seguirán trabajando en las mismas empresas quienes defienden proyectos políticos opuestos. Seguirán siendo familia quienes durante meses han discutido apasionadamente alrededor de una mesa o a través de un grupo de WhatsApp.

Por eso, más allá del resultado, el país necesita comenzar a sanar. Necesita recuperar el valor de la conversación serena, del desacuerdo respetuoso y de la crítica argumentada. Necesita comprender que ningún gobernante, por poderoso que parezca, podrá sacar adelante una nación fracturada si los ciudadanos renuncian a reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad política.

Quizá por eso los aires frescos siempre le hacen bien al enfermo. Tal vez Colombia necesite abrir las ventanas después de una campaña larga y extenuante. Escuchar nuevamente el suave trinar de los pájaros en los árboles y no el ruido incesante de las redes sociales. Recuperar la capacidad de reflexionar antes de reaccionar y de escuchar antes de condenar.

Sería un cambio pequeño, pero profundamente transformador. Un cambio capaz de marcar un antes y un después para un país que durante demasiado tiempo ha permitido que el estruendo de la confrontación ahogue la voz de la razón.

Porque, al final, la verdadera victoria no será la de un candidato sobre otro. La verdadera victoria será que Colombia pueda volver a encontrarse consigo misma.

Y tal vez ese aire fresco del que tanto hablamos no sea solamente una metáfora. Quizás represente la oportunidad de abrir puertas y ventanas para que circulen nuevas ideas, nuevas formas de gobernar y nuevas maneras de entender los desafíos del país. Las democracias se fortalecen cuando son capaces de renovarse, de cuestionarse y de corregir sus propios errores. Después de todo, ningún futuro prometedor puede construirse en habitaciones cerradas. Colombia necesita respirar, recuperar la confianza y mirar hacia adelante con la convicción de que los cambios, cuando nacen de la voluntad popular y del respeto por las instituciones, pueden convertirse en el primer paso hacia tiempos mejores. ¿O ME EQUIVOCO?