¡BRILLAR PUEDE COSTAR LA VIDA!

 

Ser una persona brillante, inteligente, ambiciosa y tener metas claras desde muy joven debería ser una ventaja, una condición para abrirse camino en la vida y una razón para sentirse orgulloso. Sin embargo, en una sociedad donde no siempre se celebra el talento ajeno, estas cualidades pueden terminar convirtiéndose, paradójicamente, en motivo de señalamientos, hostigamientos y hasta de una dolorosa tragedia.

El ser humano parece tener una extraña dificultad para celebrar los éxitos de los demás. Espero equivocarme, pero a veces pareciera que nos incomoda ver ojos bonitos en cara ajena. Y cuando alguien es descubierto en ese sentimiento, aparece la famosa frase de cajón: «Yo siento envidia de la buena». Pues no. La envidia no se vuelve buena por ponerle un adjetivo amable. Cuando se transforma en resentimiento, descalificación o deseo de hacerle daño a otro, deja de ser un sentimiento pasajero para convertirse en una conducta destructiva.

Y para muestra, sobran los ejemplos.

Colombia conoce historias dolorosas y mediáticas como la del joven Luis Andrés Colmenares, cuya muerte, ocurrida durante una celebración de Halloween en Bogotá en 2010, dejó profundas preguntas y un prolongado proceso judicial. También hemos conocido otros episodios de violencia contra jóvenes que han generado indignación nacional, algunos registrados incluso por cámaras de seguridad, sin que necesariamente se hayan esclarecido todas las motivaciones detrás de los hechos.

Pero no todos los dramas tienen cámaras, titulares de primera página o investigaciones que ocupen la atención nacional. Hay tragedias silenciosas, muchas de ellas desconocidas, que ocurren en colegios, universidades y espacios donde, en teoría, los jóvenes deberían encontrar oportunidades para crecer, aprender y construir su futuro.

Pensemos en una estudiante universitaria que sobresale por su inteligencia, su belleza, sus capacidades o simplemente por su personalidad. En lugar de encontrar admiración y respeto, puede convertirse en blanco de burlas, comentarios malintencionados, exclusión, humillaciones y ataques permanentes. Comienza entonces una forma de violencia que muchas veces se disfraza de bromas, rivalidades o simples diferencias entre compañeros.

Es el bullying, una práctica que no siempre deja marcas visibles en el cuerpo, pero que puede producir profundas heridas emocionales.

Y hay algo todavía más preocupante: el acoso no necesariamente termina cuando el estudiante sale del salón de clases. Hoy puede perseguirlo hasta su casa, su teléfono y sus redes sociales. El ciberacoso convierte la humillación en una agresión permanente, capaz de destruir la tranquilidad, la autoestima y la confianza de quien la padece.

No podemos afirmar que todos los casos de depresión, autolesiones o suicidio tengan su origen en el bullying. El suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial. Pero tampoco podemos ignorar que el acoso psicológico, la discriminación, la intimidación y el aislamiento pueden convertirse en factores de riesgo que agraven el sufrimiento emocional de una persona.

La situación universitaria merece especial atención. Una investigación de la Universidad Nacional, divulgada en noviembre de 2025, encuestó a 1.761 jóvenes universitarios entre los 18 y los 29 años y encontró relaciones preocupantes entre la presión académica, la violencia interpersonal, la falta de apoyo social y los pensamientos suicidas.

No estamos hablando, entonces, de una preocupación inventada ni de una exageración de quienes reclaman mayor atención a la salud mental de los jóvenes. Estamos frente a una realidad que exige respuestas.

Y Cúcuta tampoco puede mirar hacia otro lado.

Según cifras del Observatorio de Salud Pública y Sivigila divulgadas por la Secretaría de Salud municipal, durante las primeras 26 semanas de 2026 se notificaron 299 intentos de suicidio en la ciudad. De estos, 121 correspondieron a jóvenes entre los 18 y los 28 años.

Son cifras que deberían encender todas las alarmas. Pero hay que hacer una precisión: no conocemos cuántos de esos casos estuvieron relacionados con el bullying, ni cuántos correspondieron específicamente a estudiantes universitarios. Esa información no está desagregada públicamente y precisamente por eso necesitamos que las autoridades la investiguen y la hagan visible.

En febrero de 2026, la ESE Imsalud informó que una estrategia de salud mental desarrollada durante 2025 en ocho instituciones educativas de Cúcuta benefició a 518 estudiantes e identificó 39 casos que requerían remisión inmediata. Entre las situaciones detectadas figuraban ideación e intentos de suicidio, autolesiones, ansiedad, dificultades familiares y casos de bullying.

Son antecedentes importantes, aunque corresponden a instituciones educativas y no exclusivamente a universidades. Y esa diferencia también debe servirnos para ampliar la investigación.

La pregunta es inevitable: ¿qué están haciendo nuestras universidades para prevenir el acoso, identificar oportunamente a quienes están sufriendo y evitar que una situación de hostigamiento termine convirtiéndose en una tragedia?

No basta con tener una oficina de bienestar universitario, organizar una conferencia sobre salud mental o publicar un protocolo que pocos conocen. Se necesitan mecanismos efectivos y confidenciales de denuncia, profesionales suficientes para atender a los estudiantes, rutas de intervención inmediata y, sobre todo, seguimiento a cada caso.

También necesitamos saber cuántas denuncias por bullying reciben las instituciones de educación superior de Cúcuta, cuántas se investigan, cuántas terminan en medidas correctivas y qué acompañamiento reciben las víctimas. Porque el silencio institucional, cuando existe una situación de acoso, puede agravar el daño.

La responsabilidad tampoco es exclusiva de las universidades. Las familias, los docentes, los compañeros y las autoridades de salud tenemos un papel que cumplir. Debemos aprender a reconocer las señales de sufrimiento emocional, dejar de minimizar las agresiones bajo la excusa de que son bromas y entender que pedir ayuda no es una muestra de debilidad.

Ser inteligente no debería generar rechazo. Ser exitoso no debería despertar persecución. Ser diferente no debería convertirse en una condena social. Y ninguna persona tendría que esconder sus capacidades, apagar sus sueños o renunciar a su personalidad para conseguir que los demás la acepten.

La educación no puede limitarse a formar profesionales competentes mientras ignora el deterioro emocional de quienes ocupan sus aulas. Una universidad no debería medirse únicamente por sus acreditaciones, sus resultados académicos o el número de profesionales que entrega a la sociedad, sino también por su capacidad de proteger la dignidad, la integridad y la vida de sus estudiantes.

Porque de nada sirve graduar profesionales brillantes si no somos capaces de garantizarles un entorno en el que puedan vivir, aprender y desarrollar su talento sin miedo.

Y que no se nos olvide: detrás de cada estudiante que guarda silencio puede haber una historia de sufrimiento que nadie se ha detenido a escuchar. A veces, llegar a tiempo, escuchar sin juzgar y actuar oportunamente puede marcar la diferencia entre una vida que continúa y una tragedia que pudo evitarse. ¿O ME EQUIVOCO?

 

CÚCUTA: ¿UNA CIUDAD QUE SE ESTÁ ACOSTUMBRANDO A VIVIR EN LA CALLE?

 

Prometer la rehabilitación de 1.000 personas en situación de calle era un compromiso social ambicioso. Hoy, la ciudadanía merece conocer los resultados.

La informalidad que se ha tomado a Cúcuta, otrora la Perla del Norte, parece haber llegado también a sus calles, pero no me refiero solamente a la informalidad económica. Hablo de una ciudad que, cada vez con mayor frecuencia, nos enfrenta a una realidad incómoda: seres humanos que han hecho del espacio público su lugar de habitación, subsistencia o refugio. Por eso, cuando digo que Cúcuta parece una ciudad que vive en la calle, algunos se preguntarán: ¿qué está diciendo?

Observen lo que ocurre a nuestro alrededor. En distintos puntos de la ciudad encontramos personas de diferentes edades y condiciones que permanecen en las calles, unas de manera habitual y otras transitoria. Algunas sobreviven pidiendo ayuda, otras recurren a actividades informales y también están quienes enfrentan problemas de consumo de sustancias psicoactivas. No todas viven la misma realidad ni tienen las mismas necesidades, pero todas forman parte de una problemática social que exige atención institucional, soluciones sostenibles y, sobre todo, voluntad de actuar.

Hagamos dos observaciones puntuales.

Punto de observación número uno. 7:45 p. m., esquina de la calle 18 con avenida Primera. Durante apenas 15 minutos, en inmediaciones de una prestigiosa clínica de la ciudad, observé a cinco personas en situación de calle deambulando por el sector. Dos de ellas mostraban una actitud agresiva al acercarse a los vehículos para pedir ayuda.

Punto de observación número dos. Esquina de la calle 16 con avenida Cero. Allí, otras cuatro personas en situación de calle abordaban a quienes ingresaban a un reconocido restaurante de comidas rápidas para pedir dinero o alimentos. ¿Plata o comida? ¿Comida o plata? El orden no importa; lo preocupante es la realidad que se repite ante nuestros ojos.

Son apenas dos esquinas y 15 minutos de observación en uno de los puntos. No pretendo convertir este ejercicio en una estadística de ciudad, porque no lo es. Sin embargo, sí deja una pregunta que merece atención: ¿qué está pasando en Cúcuta y qué tan extendida está esta problemática en otros sectores? Ojalá la dimensión real sea menor de lo que muchos ciudadanos perciben, pero para saberlo necesitamos cifras actualizadas y una caracterización seria de esta población.

La situación de calle es una tarea pendiente de Cúcuta. Las distintas administraciones no han conseguido resolverla de manera estructural, y la actual tiene una responsabilidad particular: durante la campaña electoral de 2023, el hoy alcalde Jorge Acevedo convirtió la rehabilitación de esta población en uno de sus compromisos sociales.

Es posible pavimentar una calle, reparar un tramo deteriorado o recuperar una vía con obras que pueden verificarse a simple vista. Pero recuperar vidas exige mucho más: atención psicosocial, tratamiento cuando sea necesario, acompañamiento familiar, oportunidades laborales, seguimiento y recursos bien administrados. Tal vez allí radique una de las mayores dificultades de esta problemática: los resultados no se miden únicamente en metros de pavimento ni en personas que ingresan a un programa, sino en seres humanos que consiguen reconstruir sus proyectos de vida.

Durante la campaña de 2023, Acevedo prometió rehabilitar a 1.000 personas en situación de calle en Cúcuta. Posteriormente, como alcalde electo, anunció la meta de sacar a 500 personas de las calles durante el primer semestre de 2024.

Estamos en octubre de 2026. Han transcurrido más de dos años desde aquel primer plazo y la ciudadanía tiene derecho a preguntar por los resultados. Espero que la Administración haya avanzado significativamente en el cumplimiento de sus compromisos, pero las escenas que muchos cucuteños dicen observar a diario obligan a examinar con rigor el alcance real de la estrategia. La percepción ciudadana merece ser escuchada, aunque no sustituye una evaluación técnica ni demuestra, por sí sola, que un programa haya fracasado.

El 9 de octubre de 2026, Caracol Radio publicó un reportaje titulado «Inseguridad, desorden y habitantes de calle, paisaje en el centro de Cúcuta», en el que recogió preocupaciones de comerciantes y residentes por la presencia de personas en situación de calle, el consumo de drogas en espacios públicos, los problemas de aseo y la percepción de inseguridad. El reportaje volvió a poner sobre la mesa los interrogantes acerca de la respuesta institucional.

Y aquí es donde la discusión debe dejar de ser una confrontación de percepciones para convertirse en un ejercicio de rendición de cuentas. No basta con anunciar programas, presentar cifras de personas atendidas o informar sobre recursos contratados. Es necesario establecer cuántas personas ingresaron efectivamente a los procesos, cuántas culminaron su rehabilitación, cuántas lograron reintegrarse a sus familias y a la sociedad, cuántas accedieron a oportunidades laborales y qué seguimiento recibieron para evitar que sus avances se perdieran.

También es necesario conocer cuánto dinero se ha destinado a esta estrategia, cómo se han ejecutado los recursos y qué resultados concretos se han obtenido. Son preguntas legítimas sobre una política pública que involucra recursos de todos los cucuteños y, ante todo, la dignidad de personas que necesitan algo más que una intervención ocasional.

Porque hay una diferencia enorme entre retirar temporalmente a una persona de un lugar y ofrecerle una alternativa real para reconstruir su vida. Si no existe continuidad en la atención, acompañamiento posterior y oportunidades de reintegración, el problema puede reaparecer en el mismo sector o trasladarse a otro.

Desde El Primer Café Colombia preguntamos: si rehabilitar a 1.000 personas fue una de las grandes promesas sociales de la campaña, ¿cuántas han logrado realmente reconstruir sus vidas, cuánto ha invertido la Alcaldía y qué resultados verificables puede presentar hoy ante los cucuteños?

La ciudad no necesita solamente anuncios ni explicaciones. Necesita conocer los resultados, identificar lo que no ha funcionado y corregirlo. Las personas en situación de calle no pueden convertirse en parte del paisaje urbano, ni su presencia puede reducirse a un problema de imagen, seguridad o aseo. Son seres humanos que requieren atención integral, mientras los ciudadanos también tienen derecho a disfrutar de un espacio público ordenado y seguro.

La pregunta final es inevitable: ¿estamos recuperando vidas o simplemente nos estamos acostumbrando a verlas perderse en las calles de Cúcuta? ¿ O ME EQUIVOCO ?

 

El Niño no espera: ¿Cúcuta se prepara o vuelve a improvisar?

 

Cúcuta conoce demasiado bien el significado del calor. Lo sentimos en las calles, en los barrios, en los hogares donde un ventilador parece insuficiente y en los trabajadores que deben ganarse la vida bajo un sol implacable. Pero una cosa es convivir con las altas temperaturas y otra muy distinta enfrentar un fenómeno climático que puede comprometer el abastecimiento de agua, aumentar el riesgo de incendios, afectar la salud pública y golpear la economía de miles de familias.

El problema es que, mientras la ciencia advierte y las autoridades ambientales encienden las alarmas, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos si nuestra administración municipal está haciendo lo necesario para anticiparse a la emergencia o si, una vez más, terminaremos reaccionando cuando el problema ya esté encima.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, confirmó oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia el pasado 8 de octubre. Su proyección señala una probabilidad del 83 % de que alcance o mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. No estamos, por tanto, ante una advertencia lejana ni frente a una posibilidad que pueda despacharse con declaraciones tranquilizadoras. Estamos ante un riesgo que exige decisiones oportunas, coordinación institucional y resultados verificables.

Y Cúcuta tiene razones adicionales para prestar atención. La capital nortesantandereana estaba entre las cinco ciudades capitales con mayor nivel de alerta frente a El Niño, mientras Corponor mantenía la alerta naranja sobre los ríos Zulia y Pamplonita. Son dos fuentes hídricas esenciales para la región y una señal que debería obligar a todas las autoridades competentes a actuar con especial responsabilidad.

La Alcaldía de Cúcuta no puede decir que nadie le avisó. Tampoco sería justo desconocer que la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos, EIS, informó sobre su participación en una sesión extraordinaria de gestión del riesgo en la que se socializó el Plan de Contingencia para la Temporada de Menos Lluvias y Sequía de 2026. Esa actuación institucional existe y debe reconocerse. Pero precisamente allí comienza la pregunta incómoda: ¿qué ha pasado después de la reunión?

Socializar un plan no es lo mismo que ejecutarlo. Convocar una mesa de trabajo no equivale a garantizar agua. Anunciar prevención no significa que los equipos de respuesta estén disponibles, que las fuentes alternas de abastecimiento hayan sido evaluadas o que los barrios más vulnerables sepan qué hacer ante una eventual interrupción del servicio. Entre el documento y la realidad existe una distancia que solo se acorta con presupuesto, responsables, cronogramas y resultados públicos.

Hasta ahora, con la información pública que he podido verificar, no es posible establecer de manera integral qué porcentaje del plan municipal está ejecutado, cuánto dinero se ha destinado específicamente a esta contingencia, cuáles son las metas medibles ni qué capacidad adicional tiene la ciudad para responder si disminuyen de manera significativa los caudales de sus fuentes de abastecimiento. Esta falta de información consolidada no demuestra que no se esté haciendo nada, pero sí plantea una obligación elemental de transparencia: explicarles a los cucuteños qué se ha hecho, qué está en marcha y qué falta por hacer.

La prevención, además, no puede reducirse a pedirle al ciudadano que cierre la llave mientras las instituciones se limitan a emitir recomendaciones. Ahorrar agua es necesario, por supuesto, pero la responsabilidad pública va mucho más allá. Hay que conocer la disponibilidad real del recurso, verificar la capacidad de captación y tratamiento, revisar los protocolos de distribución, identificar los sectores con mayor vulnerabilidad y establecer cómo se garantizará el suministro a hospitales, centros educativos, hogares infantiles y comunidades que enfrentan dificultades para acceder al servicio.

La Alcaldía, EIS, Corponor y la Gobernación deben trabajar sobre una misma hoja de ruta. No basta con que cada entidad publique su propio comunicado. La ciudadanía necesita conocer un plan articulado, con responsables identificados, fechas de cumplimiento y mecanismos para informar oportunamente sobre cualquier riesgo de desabastecimiento.

También está el peligro de los incendios de cobertura vegetal. Las altas temperaturas y la vegetación seca pueden convertir una imprudencia en una emergencia que amenace viviendas, ecosistemas y vidas humanas. ¿Cuenta Cúcuta con una capacidad de respuesta suficiente para atender varios incendios simultáneos? ¿Están identificadas las zonas de mayor riesgo? ¿Se han revisado los equipos, los recursos y la coordinación con los municipios vecinos? ¿Existe una estrategia de comunicación para que la comunidad reporte oportunamente las emergencias? Estas no son preguntas alarmistas: son preguntas básicas de gestión del riesgo.

Hay otra dimensión que no podemos ignorar: la salud. El calor extremo no afecta a todos por igual. Los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan en la calle tienen una exposición especial. La prevención debe contemplar campañas de hidratación, orientación a los servicios de salud, medidas de protección para trabajadores expuestos al sol y atención prioritaria a las comunidades con menos recursos para enfrentar las altas temperaturas.

Y aquí aparece una contradicción que merece discusión. Cúcuta es una ciudad que experimenta de manera recurrente temperaturas elevadas, pero eso no significa que esté automáticamente preparada para un episodio prolongado de calor y disminución de lluvias. La adaptación climática requiere planificación urbana, protección de árboles y zonas verdes, cuidado de las cuencas, recuperación ambiental y decisiones que no se limiten al calendario de una emergencia. Una ciudad no se vuelve resiliente por acostumbrarse al calor; se vuelve resiliente cuando reduce su vulnerabilidad.

No se trata de atribuirle al alcalde la responsabilidad por un fenómeno climático global. Ningún mandatario municipal puede controlar El Niño ni ordenar que llueva. Lo que sí está dentro de sus competencias es preparar a la ciudad, coordinar a las entidades, priorizar recursos, vigilar la ejecución de los planes y rendir cuentas. El clima no depende de la Alcaldía; la calidad de la respuesta institucional, en cambio, sí tiene responsables.

Por eso, la administración municipal debe entender que la gestión del riesgo no puede convertirse en una actividad de escritorio ni en una sucesión de reuniones cuya eficacia solo se descubre cuando llega la emergencia. La ciudadanía no necesita únicamente mensajes sobre lo que podría suceder. Necesita pruebas de que las instituciones están preparadas para enfrentarlo.

El fenómeno de El Niño también debería servir para revisar una visión de ciudad que con frecuencia privilegia la respuesta inmediata sobre la planificación de largo plazo. La prevención no siempre produce fotografías espectaculares ni inaugura obras visibles, pero puede evitar pérdidas económicas, interrupciones de servicios y sufrimientos que después resultan mucho más costosos de atender.

La pregunta, entonces, no es si Cúcuta puede impedir que llegue El Niño. La pregunta es si sus autoridades están haciendo todo lo razonablemente posible para que sus consecuencias no encuentren a la ciudad improvisando.

Desde El Primer Café Colombia consideramos que llegó la hora de que la Alcaldía publique un balance detallado de su plan de contingencia: presupuesto asignado y ejecutado, acciones realizadas, estado de preparación de los organismos de respuesta, medidas para proteger el abastecimiento de agua, protocolos sanitarios y cronograma de las tareas pendientes. Que la ciudadanía pueda consultar esa información y hacer seguimiento a los compromisos.

Porque cuando el agua empieza a escasear, los incendios avanzan o el calor golpea con mayor fuerza, ya no alcanza con convocar una reunión y anunciar medidas. En ese momento, la ciudad necesita que la prevención haya comenzado mucho antes.

Cúcuta tiene derecho a saber si está preparada. Y la administración municipal tiene el deber de demostrarlo. ¿O ME EQUIVOCO?

 

La educación colombiana bajo examen: ¿quién responde por los malos resultados?

 

Hace unos días, mientras conversaba con mi padrino, una persona con amplios conocimientos en materia educativa, discutimos sobre si los docentes en Colombia están siendo evaluados adecuadamente y qué tanta responsabilidad tiene en la calidad de la educación actual. La conversación surgió a propósito de los resultados de las pruebas PISA. Al final, mi padrino cerró la charla diciéndome que, para hablar de educación, hay que conocer a fondo cómo funciona el sistema. Así que decidí dedicar tres semanas a investigar el tema. Este es el resultado de esa investigación.

La crisis de la educación exige evaluar a los maestros con rigor, revisar el papel de los sindicatos, comprometer a las familias y exigirle al Estado resultados concretos. Defender al docente no significa blindarlo de toda crítica; exigirle calidad tampoco significa convertirlo en el único culpable.

La educación colombiana necesita una discusión seria, sin discursos complacientes, sin defensas corporativas y sin la costumbre de buscar culpables mientras los problemas permanecen intactos. Porque detrás de cada cifra educativa hay un niño que necesita aprender, un joven que busca oportunidades y una familia que deposita en la escuela la esperanza de un futuro mejor.

Los resultados más recientes de las pruebas PISA, correspondientes al ciclo de 2025 y publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 8 de septiembre de 2026, deben ocupar un lugar central en el debate sobre la calidad de la educación colombiana. En matemáticas, apenas el 29 % de los estudiantes alcanzó el nivel básico de competencia, frente al 65 % del promedio de la OCDE. En lectura, solo el 46 % llegó a ese nivel, comparado con el 69 % de los países de la organización; mientras que en ciencias lo consiguió el 50 %, frente al 74 % del promedio de la OCDE. Aunque el desempeño colombiano se mantuvo aproximadamente en los niveles de 2022, los resultados en matemáticas y lectura siguen por debajo de los registrados en 2018. Estas cifras no autorizan a señalar a los docentes como únicos responsables, pero tampoco permiten normalizar las dificultades. La pregunta es inevitable: ¿qué estamos haciendo como país para que nuestros estudiantes desarrollen las competencias necesarias para comprender, razonar y enfrentar los desafíos del siglo XXI? PISA no evalúa individualmente a cada maestro ni explica por sí sola todas las causas del problema, pero sí ofrece una señal que el Gobierno, las secretarías de Educación, los directivos escolares, los sindicatos y las familias deben atender con seriedad. Seguir buscando excusas, sin revisar las prácticas pedagógicas, la formación docente, las condiciones de las instituciones y el acompañamiento familiar, sería prolongar una discusión que nuestros niños y jóvenes no pueden darse el lujo de esperar.

La próxima evaluación de pisa según el calendario será para el 2029 eso incluirá todo el periodo desde 2025…

Estas cifras plantean una pregunta inevitable: ¿estamos formando a los estudiantes para comprender, razonar, resolver problemas y enfrentar los desafíos del siglo XXI, o seguimos atrapados en un modelo que privilegia la memorización, el cumplimiento de contenidos y la aprobación de asignaturas?

PISA no evalúa individualmente a cada maestro ni puede explicar por sí sola todas las causas de las dificultades educativas. Sin embargo, sí ofrece señales que ningún gobierno, sindicato, directivo escolar o comunidad educativa debería ignorar. Cuando los resultados permanecen estancados, la respuesta no puede limitarse a presentar excusas ni a responsabilizar exclusivamente a las condiciones sociales. Es necesario revisar qué está fallando y qué debe cambiar.

En Colombia existe una discusión que suele generar resistencia: ¿cómo evaluar a quienes tienen la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones?

La evaluación docente no debería entenderse como una amenaza contra el magisterio, sino como una herramienta para garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad. Así como un médico debe actualizar sus conocimientos y un profesional responde por el ejercicio de sus funciones, el docente también necesita demostrar que cuenta con las competencias pedagógicas, disciplinares y humanas necesarias para cumplir su misión.

Pero hay que hablar con precisión. En Colombia no todos los maestros están sometidos exactamente al mismo régimen. El Decreto Ley 1278 de 2002 estableció un sistema de carrera docente para quienes ingresaron bajo ese estatuto, mientras que otros educadores se rigen por disposiciones anteriores, como el Decreto 2277 de 1979. Por eso, cualquier propuesta de evaluación debe considerar esas diferencias legales.

La pregunta no es si debemos evaluar a los docentes. La pregunta es si estamos evaluando bien, con criterios transparentes, evidencia verificable, acompañamiento profesional y consecuencias claras.

Colombia necesita fortalecer la evaluación docente mediante un sistema técnico, transparente y suficientemente independiente, que complemente los mecanismos existentes y permita identificar fortalezas, dificultades y necesidades de formación.

No se trata de someter a los maestros a un examen aislado ni de convertirlos en los únicos responsables de los problemas educativos. Se trata de observar sus prácticas pedagógicas, la planeación de las clases, la capacidad para explicar conceptos, la atención a las dificultades de aprendizaje, el ambiente del aula y el progreso de los estudiantes, teniendo en cuenta sus condiciones de partida.

Cuando un educador demuestra buenos resultados, su trabajo debe reconocerse. Cuando presenta dificultades, debe recibir formación, acompañamiento y oportunidades reales de mejoramiento. Y cuando existen deficiencias persistentes y debidamente comprobadas, después de garantizar el apoyo correspondiente y el debido proceso, deben aplicarse las consecuencias previstas en la ley.

La evaluación sin acompañamiento se convierte en castigo; el acompañamiento sin exigencia puede terminar en complacencia. Un sistema educativo serio necesita ambas cosas: apoyo para mejorar y responsabilidad frente a los resultados.

También debe revisarse la calidad de los programas de formación inicial y continua de los maestros. No basta con acumular certificados, asistir a cursos o cumplir requisitos formales. La capacitación debe responder a las necesidades reales de las aulas, fortalecer la enseñanza de matemáticas, lectura y ciencias, incorporar herramientas digitales con sentido pedagógico y ofrecer estrategias para atender a estudiantes con diferentes ritmos y condiciones de aprendizaje.

La responsabilidad tampoco termina en la puerta del colegio. La familia es parte fundamental de la formación de niños y jóvenes, y su participación puede marcar diferencias importantes en los hábitos de lectura, la disciplina, la asistencia, la motivación y el desarrollo emocional.

Por eso, las instituciones educativas deben construir mecanismos de comunicación accesibles y útiles, no limitarse a convocar reuniones a las que muchos acudientes no pueden asistir. Orientación familiar, seguimiento oportuno, escuelas de padres y acuerdos claros sobre hábitos de estudio pueden contribuir a recuperar esa alianza indispensable entre el hogar y el colegio.

Colombia necesita un acuerdo educativo que trascienda los gobiernos y las disputas sindicales. Un acuerdo que fortalezca la evaluación docente con criterios técnicos y transparentes; garantice formación permanente vinculada a las necesidades del aula; reduzca las desigualdades entre instituciones; promueva la participación familiar y publique periódicamente indicadores que permitan conocer los avances y las dificultades. El propósito no es producir más documentos ni crear otra estructura burocrática. Es conseguir que cada peso invertido y cada decisión pedagógica contribuyan a que los estudiantes aprendan más y mejor.

Porque al final, el centro de esta discusión no es el Gobierno, el sindicato ni siquiera el maestro considerado de manera aislada. Son los millones de niños y jóvenes que llegan cada mañana a las aulas con la esperanza de encontrar allí las herramientas para construir un futuro diferente. ¿ O ME EQUIVOCO?

Fuentes de referencia

• OCDE — Resultados PISA 2025 para Colombia:
• Ministerio de Educación Nacional — Evaluación anual de desempeño de docentes y directivos docentes: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-Docentes-y-Directivos-Docentes/397376:Evaluacion-anual-de-desempeno
• Función Pública — Decreto Ley 1278 de 2002: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúcuta: ¿cuánto cuesta seguir siendo una ciudad informal?

 

Ser una ciudad netamente informal nos tiene jodidos. Y nos tiene jodidos porque así no podemos avanzar: ni en seguridad, ni en desarrollo social, ni mucho menos en desarrollo urbano. Mejor dicho, no avanzamos en casi nada. Solo nos hemos convertido en una ciudad que gasta plata y, muchas veces, la ejecuta mal, mientras buena parte de los indicadores sociales y económicos siguen insatisfechos. Y, para completar el cuadro, cada día estamos más endeudados.

La cosa está tan complicada que por ahí veo a un exalcalde pidiéndole urgentemente al “Tigre” que decrete un mes completo de días sin IVA para la ciudad, porque los venezolanos se han alejado y el comercio está cerrando sus puertas o le va a tocar cerrar. Se le abona al ciudadano la preocupación, pero tampoco podemos dejar de mirar la otra cara de la moneda: al venezolano muchas veces se le reciben sus dólares a una tasa que no necesariamente le favorece, mientras los productos se venden caros y los precios gastronómicos también se han disparado en buena parte de los restaurantes de la ciudad. Bueno, no en todos, pero sí en los de mayor demanda.

Y parece increíble que en los mejores restaurantes de Cartagena, en pleno Centro Histórico, dentro de la ciudad amurallada, como quien dice, de la Torre del Reloj para adentro, los precios de la gastronomía puedan costar entre un 40 % y hasta un 60 % menos de lo que cuesta comer en un buen porcentaje de la oferta gastronómica cucuteña.

Y mire usted esta perla: un ingeniero que vino a turistear a Cúcuta, no hace mucho, compró unos zapatos deportivos de una reconocida marca internacional en un reconocido almacén deportivo de un reconocido centro comercial. Y vea usted… los zapatos no eran originales y se los cobraron a precio de origen.

Eso también espanta al turista.

Somos una ciudad tan informal que no hemos podido, por lo menos en los últimos 50 años, poner —o mejor, echar a andar— los taxímetros. Y esto se convirtió en una especie de “descultura”. No sé si la palabra existe; creo que no, pero me gusta cómo suena para explicar lo que nos pasa.

Porque la cultura cucuteña de no usar taxímetro tiene varios responsables: primero, los taxistas; segundo, los usuarios —y probablemente aquí esté un porcentaje importante de la responsabilidad— y, sobre todo, la incapacidad de contar con un ente municipal serio y formal que haga cumplir las normas que el mismo municipio expide.

Esa informalidad en casi todo nos tiene jodidos. Y también espanta al turista.

Entonces, en una ciudad tan informal, el alcalde de turno prefirió perfilar buena parte de su actividad mediática alrededor de mostrarlo pavimentando calles, ya fuera de día o de noche. Mientras tanto, la seguridad, la educación, la salud, el desarrollo social, el desarrollo económico y tantos otros asuntos del diario vivir siguen esperando respuestas de fondo.

Como dirían los jóvenes de hoy: están “pal perro”.

Y en una ciudad donde un secretario de Seguridad termina necesitando seguridad después de protagonizar un episodio relacionado con el atropellamiento de unos ciclistas… también tenemos un problema de institucionalidad. Porque la seguridad no puede ser solamente un discurso: tiene que comenzar por el respeto a las normas y por la responsabilidad de quienes están llamados a hacerlas cumplir.

¿Qué más informalidad que seguir pensando en los venezolanos únicamente como compradores de tiendas?

Llevamos más de 50 años mirando hacia el mismo lado. Hemos pasado por las altas y las bajas de una moneda que hoy prácticamente ya no tiene el mismo papel comercial de otros tiempos, y seguimos dependiendo de la idea de que el venezolano venga, compre y se vaya.

No hemos aprendido.

Cúcuta necesita mucho más que compradores ocasionales. Necesita producir, generar empleo formal, atraer inversión, desarrollar servicios, fortalecer el turismo y aprovechar su condición fronteriza para convertirse en una ciudad competitiva.

Porque una ciudad no puede vivir eternamente de venderle al vecino.

Y yo me pregunto: ¿qué podría hacer un buen gerente con un promedio de 2,3 billones de pesos al año, que es aproximadamente el tamaño del presupuesto que Cúcuta ha venido manejando, si además de administrar recursos tuviera como prioridad transformar estructuralmente la ciudad?

Porque aquí está la pregunta de fondo: ¿cuánto de ese dinero realmente se está convirtiendo en desarrollo y cuánto simplemente se está gastando?

Ah, y olvidaba otra cosa: en una ciudad informal, el transporte público, diferente al servicio de taxis, sigue siendo deficiente y todavía estamos definiendo —si no estoy equivocado— un sistema multimodal de transporte que realmente pueda prestar un buen servicio a los ciudadanos y, sobre todo, al turista.

Eso también hace que el turista piense dos veces antes de venir.

Pero hay algo todavía más preocupante.

El Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje relacionada con Norte de Santander por razones de seguridad. El mensaje señala:

“Existe un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el departamento de Norte de Santander, incluidos ataques con drones y fusiles contra instalaciones policiales y militares.”

Además, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Norte de Santander ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Eso, señoras y señores, espanta más que cualquier informalidad de la ciudad.

Porque una cosa es que el turista encuentre un taxímetro que no funciona, un restaurante costoso, un transporte público deficiente o un comercio que no genere confianza.

Pero otra, muy diferente, es que desde el exterior se le esté diciendo:

No viaje.

Y entonces la pregunta queda servida sobre la mesa, acompañada, por supuesto, de un buen café:

¿Estamos construyendo la Cúcuta que queremos para los próximos 50 años o simplemente seguimos administrando la informalidad de los últimos 50?

¿O me equivoco?

 

“Briceño pregunta, Acevedo responde: que hablen los contratos”

 

Hay nombres que aparecen en la política nacional y tardan años en convertirse en protagonistas. Y hay otros que, en muy poco tiempo, logran hacerse visibles a punta de redes sociales, denuncias, debates y una particular manera de mirar el poder.

Daniel Felipe Briceño Montes pertenece a esa segunda categoría.

A sus 32 años, este abogado, especialista en Derecho Público y magíster en Análisis Político y Electoral, pasó de ser asesor del Concejo de Bogotá a convertirse en concejal y, posteriormente, en representante a la Cámara por Bogotá. En las elecciones legislativas de marzo de 2026 obtuvo más de 260.000 votos y se convirtió en el congresista con la mayor votación individual del país.

Pero más allá de la cifra electoral, hay algo que explica buena parte de su crecimiento político: su particular manera de hacer control político.

Briceño convirtió el SECOP, las bases de datos de contratación estatal y las redes sociales en herramientas de fiscalización. Él mismo ha explicado que la combinación entre SECOP y redes sociales fue fundamental para construir su proyecto político.

Para aquellos que no lo saben, el SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública de Colombia. En palabras sencillas: es la plataforma oficial donde las entidades públicas deben publicar la información de sus procesos de contratación.

Es decir, Briceño no apareció ayer con una carpeta debajo del brazo para mirar contratos. Esa ha sido precisamente una de las características que le han permitido construir su figura pública.

Y aquí empieza lo interesante para Cúcuta.

Porque ahora la lupa de Daniel Briceño se dirige hacia la administración del alcalde Jorge Acevedo.

Y cuando un congresista que ha construido buena parte de su carrera política revisando contratación pública decide solicitar información sobre una administración municipal, la noticia no está solamente en la carta.

La verdadera noticia está en lo que puede aparecer después de abrir los documentos.

Pero… que Briceño solicite información sobre contratos de la Alcaldía de Cúcuta no significa que haya encontrado corrupción.

Una solicitud de información no es una sentencia. Un cuestionamiento político no es una decisión judicial. Y un contrato que genere dudas tampoco puede ser calificado automáticamente como ilegal. Pero tampoco sería serio minimizar una solicitud de esta naturaleza. Porque el control sobre los recursos públicos existe precisamente para preguntar.

¿Cuánto se contrató? , ¿Con quién?, ¿Por qué mediante determinada modalidad? , ¿Cuánto costó?, ¿Qué experiencia tenía el contratista?, ¿Quién hizo los estudios previos?, ¿Quién supervisó?, Y, sobre todo, ¿los ciudadanos recibieron por esos recursos públicos lo que tenían derecho a recibir?; Esas son las preguntas que importan.

La administración de Jorge Acevedo gobierna la ciudad durante el período 2024-2027. El alcalde es ingeniero industrial, especialista en Finanzas y magíster en Administración de Empresas y Trabajo Social, y antes de llegar al Palacio Municipal fue concejal de Cúcuta y funcionario de la administración local.

No estamos, entonces, frente a un gobierno recién llegado que todavía esté construyendo su aparato administrativo.

La solicitud de Briceño no debería ser vista solamente como un ataque político.

Para la administración de Jorge Acevedo puede convertirse, incluso, en una oportunidad para demostrar con documentos cómo se han utilizado los recursos de los cucuteños.

Porque gobernar no significa solamente inaugurar obras, publicar fotografías o anunciar inversiones.

Gobernar también significa explicar cada peso público.

Por eso, más que preguntarnos si Daniel Briceño tiene razón antes de conocer los documentos, deberíamos preguntarnos qué encontrará cuando esos documentos sean revisados.

Y esa diferencia es fundamental. Porque una cosa es una denuncia política y otra una evidencia. Una cosa es sospechar y otra demostrar. Una cosa es encontrar un contrato que genere preguntas y otra establecer que hubo una irregularidad.

Dicho esto, la solicitud de documentación por parte del congresista Daniel Briceño a la administración municipal de San José de Cúcuta debe significar una gran oportunidad para que el actual alcalde de los cucuteños despeje las dudas que ha generado en su contra la poca oposición del actual concejo de la ciudad, si lo logra su poca o mucha popularidad después de casi tres años de gestión se vería altamente reforzada…si no lo logra, los cucuteños tendremos que preocuparnos. ¿ O ME EQUIVOCO?

 

“Perseverante, Segura y Productiva: tres palabras, muchas preguntas”

 

Pero, si vamos a ser francos, con todo lo que se ha endeudado el municipio durante esta administración, ¿cuál es la gran obra que le va a dejar a Cúcuta? Yo, sinceramente, no la veo.

Una ciudad no se transforma porque inaugure obras. Se transforma cuando esas obras consiguen que sus ciudadanos vivan mejor.

Parece una frase sencilla, pero contiene una pregunta que la Administración Municipal y el Concejo de Cúcuta deberían responderle a la ciudadanía: ¿cuánto de lo que hoy se anuncia, se contrata y se construye está modificando realmente la vida de los cucuteños?

Veo a diario el avance del embellecimiento del sector del canal Bogotá, a la altura del cruce hacia el barrio El Bosque, y parece que este ejercicio irá hasta La Libertadores. Y eso está bien. Está quedando bonito. Pero una administración sin contexto corre el riesgo de convertirse en una administración llena de pretextos. Y entonces nos preguntam

os: ¿cuáles son las prioridades de una ciudad como Cúcuta en la ejecución de sus ingresos o, mejor aún, de sus empréstitos? ¿Había, por casualidad, algo más importante que resolver en la ciudad?

Porque gobernar una ciudad no puede convertirse en una competencia por mostrar metros de pavimento, parques recuperados, escenarios deportivos o proyectos anunciados. Las obras son necesarias, por supuesto. Pero una ciudad puede tener más cemento y continuar teniendo los mismos problemas de fondo.

Y Cúcuta tiene varios.

El mercado laboral es quizá uno de los mejores ejemplos. Durante el primer trimestre de 2026, Cúcuta y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo del 12 %. Pero el dato verdaderamente preocupante está en la informalidad: 62,3 % de los ocupados. Es decir, más de seis de cada diez trabajadores siguen vinculados al mercado laboral en condiciones de informalidad.

Eso debería ser suficiente para que la palabra “productividad” dejara de ser un simple componente del nombre del Plan de Desarrollo y se convirtiera en una obsesión de gobierno.

Porque una ciudad no es productiva simplemente porque tenga comercio. No es productiva porque sus calles estén llenas de vendedores, motocicletas y pequeños negocios. Una ciudad productiva es aquella capaz de generar empresas, atraer inversión, crear empleos formales, aumentar los ingresos de sus trabajadores y ofrecer oportunidades para que los jóvenes no tengan que vivir del rebusque.

¿Cuál es la gran estrategia de Cúcuta para pasar de una economía de supervivencia a una economía de productividad?

No basta con organizar ferias de empleo, capacitar personas o anunciar programas. Necesitamos saber cuántos empleos formales se han creado, cuántas empresas nuevas sobreviven, cuánto capital privado está llegando, cuánto aumenta la productividad y cuánto disminuye realmente la informalidad.

Porque si dentro de dos años seguimos teniendo una informalidad cercana al 60 %, podremos haber pavimentado muchas calles, pero no habremos transformado la estructura económica de la ciudad.

La Administración Municipal ha bautizado su hoja de ruta como “Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva”. Es un nombre ambicioso.

Una administración perseverante debería preguntarse: ¿qué problemas llevamos 10, 20 o 30 años tratando de resolver y todavía no hemos solucionado? Y concentrar allí buena parte de su capacidad de gobierno.

Una Cúcuta segura no es solamente aquella donde bajan los homicidios. Es una ciudad donde el ciudadano puede salir de su casa, caminar, utilizar el transporte, llevar a sus hijos al colegio, abrir un negocio y regresar por la noche sin sentir que está arriesgando su vida o sus bienes.

Una Cúcuta productiva no puede ser una ciudad donde más del 60 % de los trabajadores permanece en la informalidad.

Productividad significa empresas que crecen, inversión privada, empleo formal, mejores salarios, innovación, capacitación, tecnología, exportaciones y jóvenes preparados para trabajos de mayor valor.

Pero dentro de algunos años nadie recordará el nombre del plan. Los ciudadanos recordarán si consiguieron empleo, si pudieron caminar tranquilos por su barrio, si sus hijos recibieron mejor educación, si las calles dejaron de inundarse, si el transporte mejoró y si la ciudad consiguió generar oportunidades.

Porque una ciudad no se transforma gastando más. Se transforma gastando mejor.

Y si Cúcuta necesita seguir incorporando recursos que no logró ejecutar oportunamente, mientras más del 60 % de sus trabajadores continúa en la informalidad y la ciudad sigue enfrentando problemas graves de seguridad, entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:

¿El problema de Cúcuta es realmente la falta de recursos o la falta de prioridades?

¿Cúcuta está construyendo más o realmente está consiguiendo que sus ciudadanos vivan mejor? ¿O me equivoco?

 

COLOMBIA FRACASA EN PISA, PERO EL VERDADERO FRACASO SERÍA NO REACCIONAR

 

Colombia está llevando más jóvenes a las aulas, pero todavía no está logrando que aprendan lo que necesitan para enfrentar la vida.

Hay cifras que deberían incomodarnos como sociedad. No porque aparezcan en un ranking internacional, sino porque detrás de ellas hay miles de niños y jóvenes colombianos cuyo futuro puede estar quedándose rezagado. Los resultados de las pruebas PISA 2025 acaban de entregarnos una de esas cifras.

Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas, 399 en Lectura y 414 en Ciencias. Frente a 2022, el país retrocedió dos puntos en Matemáticas y diez en Lectura, aunque logró mejorar tres puntos en Ciencias. Cuatro Años totalmente perdidos en educación.

Pero hay un dato que debería producir algo más que titulares durante 24 horas: apenas el 29 % de nuestros estudiantes alcanzó el nivel básico en Matemáticas y el 46 % lo hizo en Lectura.

Dicho de otra manera: siete de cada diez jóvenes colombianos evaluados no alcanzan las competencias básicas en Matemáticas.

Y aquí comienza el verdadero problema.

Porque PISA no está preguntando simplemente si nuestros estudiantes memorizaron una fórmula, una fecha histórica o una definición. Está intentando determinar si pueden utilizar lo que aprendieron para comprender una situación, interpretar información, resolver un problema y tomar decisiones.

Y eso cambia completamente la discusión.

Un joven puede aprobar matemáticas y, sin embargo, tener dificultades para interpretar una gráfica, calcular un porcentaje, comprender una tasa de interés o evaluar una información financiera.

Puede saber leer palabras y, al mismo tiempo, tener dificultades para comprender un texto, identificar una idea central, comparar argumentos o distinguir información confiable de una mentira. Ese es el verdadero desafío.

EL PROBLEMA NO NACIÓ AYER

Sería demasiado fácil —y también demasiado irresponsable— convertir estos resultados en un arma política contra el gobierno de turno. Los resultados muestran una tendencia que no comenzó en 2025. Colombia ya había obtenido 391 puntos en Matemáticas y 412 en Lectura en 2018; en 2022 descendió a 383 y 409, respectivamente. Ahora llega a 381 y 399.

Esto significa que estamos frente a un problema estructural.

La educación colombiana necesita dejar de ser una política de gobierno para convertirse en una verdadera política de Estado. Cada cuatro años cambiamos discursos, programas, ministros, modelos y prioridades. Pero los niños que hoy están en primaria no pueden esperar otros veinte años para que descubramos cómo enseñarles mejor.

MÁS COBERTURA, PERO TAMBIÉN MÁS CALIDAD

Hay, sin embargo, un elemento que debemos reconocer. La expansión del acceso a la educación secundaria ha permitido que más jóvenes de sectores históricamente excluidos lleguen al sistema educativo. La propia lectura de los resultados reconoce que esa mayor inclusión puede influir en los promedios.

Y eso es una buena noticia.

Pero aumentar la cobertura no puede ser suficiente. No basta con que los jóvenes estén dentro de las aulas; necesitamos que salgan de ellas mejor preparados.

Una educación que consigue matrícula, pero no consigue aprendizaje, termina convirtiéndose en una estadística de cobertura y no en una herramienta de transformación social.

Tal vez llegó el momento de hacernos una pregunta incómoda:

¿Estamos educando para aprobar materias o estamos educando para la vida?

Porque un estudiante puede graduarse del colegio y todavía no saber interpretar adecuadamente un contrato, comprender una noticia, analizar una estadística, administrar responsablemente su dinero o argumentar una posición frente a un problema.

Y en una sociedad inundada de información, redes sociales y ahora inteligencia artificial, estas capacidades son más importantes que nunca.

El problema ya no es solamente saber. ¿O ME EQUIVOCO ?

 

¿CÚCUTA LEE O SOLAMENTE VA A LA FERIA DEL LIBRO?

 

Hay una pregunta que deberíamos hacernos ahora que termina una nueva edición de la Fiesta del Libro de Cúcuta: ¿somos realmente una ciudad de lectores o simplemente una ciudad que, durante seis días al año, se acuerda de los libros? La pregunta puede resultar incómoda, pero creo que es necesaria.

Durante esta semana hemos visto colegios, estudiantes, escritores, editoriales, conferencistas, familias y miles de cucuteños acercándose a la Fiesta del Libro. Las imágenes son alentadoras: salones llenos, jóvenes escuchando a autores, niños descubriendo historias y libros exhibidos por todas partes.

Y eso hay que celebrarlo.

Pero una feria del libro no debería medirse únicamente por el número de personas que atraviesan sus puertas. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántas personas salen de allí con un libro bajo el brazo y, sobre todo, cuántas vuelven a una librería cuando la feria termina?

Los datos disponibles nos dejan una reflexión interesante.

La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura del DANE de 2017 registró que Cúcuta tenía un promedio de 5,4 libros leídos entre las personas que leían libros, mientras Medellín llegaba a 6,6 y Bogotá a 6,5. Es decir, no estábamos en los primeros lugares del país.

Pero había otro dato que llamaba poderosamente la atención: el 92,5 % de quienes leían en Cúcuta lo hacían en soporte impreso, uno de los porcentajes más altos entre las ciudades colombianas.

Eso decía algo importante de nuestra relación con el libro: al cucuteño que leía, al menos en aquel momento, le gustaba tener el libro en sus manos.

Siete años después, el panorama nacional muestra una evolución. El estudio Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros 2023, realizado por la Cámara Colombiana del Libro, encontró que los lectores habituales en Colombia llegaron a un promedio de 6,91 libros al año.

¿Qué está pasando hoy con los lectores cucuteños?

No basta con saber cuántas personas asisten a la Fiesta del Libro. Necesitamos saber cuántos libros se venden, cuáles son los más comprados, quiénes los compran y con qué frecuencia.

Porque una cosa es caminar entre estanterías y otra muy diferente es comprar un libro. Una cosa es asistir a una conferencia sobre literatura y otra es llegar a casa, abrir un libro y dedicarle media hora de nuestra noche. Una cosa es tomarse una fotografía frente al escenario de la Feria y publicarla en Instagram; otra muy distinta es apagar el teléfono y ponerse a leer.

Y aquí aparece un reto enorme para Cúcuta.

Porque si queremos construir una ciudad más educada, más crítica y más preparada para enfrentar sus problemas, necesitamos ciudadanos que lean.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿qué tanto estamos leyendo realmente en Cúcuta y qué tan bien estamos comprendiendo lo que leemos?

La Fiesta del Libro demuestra que existe interés por la cultura y que miles de ciudadanos se acercan a los libros, pero esa fotografía positiva debe contrastarse con los resultados educativos. Las pruebas Saber 11, particularmente en Lectura Crítica, no miden directamente cuántos libros lee un estudiante, pero sí permiten observar su capacidad para comprender, interpretar, analizar y argumentar a partir de un texto.

Por eso, más que celebrar únicamente la asistencia masiva a una feria, Cúcuta debería preguntarse si estamos convirtiendo ese entusiasmo de seis días en un verdadero hábito de lectura durante los 365 días del año.

Porque una ciudad verdaderamente lectora no es la que llena una feria del libro, sino la que logra que sus niños, jóvenes y adultos hagan de los libros una parte cotidiana de su vida.

Una ciudad que lee es una ciudad que piensa. Y una ciudad que piensa cuestiona, compara, analiza y no se deja engañar fácilmente.

Por eso, promover la lectura no debería ser únicamente una tarea de los colegios. También debería ser una prioridad de las universidades, de las familias, de las bibliotecas, de las instituciones culturales y, por supuesto, de los gobiernos locales.

Necesitamos más bibliotecas abiertas, más actividades permanentes de lectura, más clubes de lectores, más librerías, más libros al alcance de los jóvenes y, especialmente, una política pública que consiga que la lectura no sea una actividad excepcional de una semana de agosto o septiembre.

Porque existe el riesgo de que terminemos cometiendo una paradoja: que Cúcuta tenga una gran Fiesta del Libro, pero no necesariamente una gran cultura de lectura.

Y no estoy diciendo que la Feria no sea importante. Todo lo contrario.

La Fiesta del Libro de Cúcuta es una de esas iniciativas que debemos defender y fortalecer. Pero también debemos exigir que sus resultados trasciendan los días del evento.

Que los niños que fueron a la Feria vuelvan a pedir libros en diciembre. Que los jóvenes que escucharon a un escritor busquen después sus obras. Que los padres compren un libro para sus hijos, pero también uno para ellos. Que las empresas entiendan que patrocinar la lectura también es invertir en ciudad.

Y que los gobernantes comprendan que un libro puede transformar mucho más que una biblioteca: puede transformar una vida.

Quizás por eso, cuando se cierre la última actividad de esta edición de la Fiesta del Libro, no deberíamos preguntarnos solamente cuántas personas asistieron.

Deberíamos preguntarnos: ¿cuántos nuevos lectores dejamos?

Esa sería la verdadera medida del éxito.

Porque una feria puede durar seis días. Pero el hábito de leer debería acompañarnos toda la vida.

Y si queremos que Cúcuta deje de ser una ciudad que simplemente sobrevive a sus problemas y se convierta en una ciudad que piensa, propone y construye su futuro, tal vez tengamos que empezar por algo tan sencillo como abrir un libro.

¿O me equivoco?

 

¿QUIÉN PAGARÁ LA CUENTA?

 

“Hoy, la deuda pública de Cúcuta equivale aproximadamente a $509.000 por cada habitante de cualquier estrato. Con el nuevo crédito de $30.000 millones, esa cifra subiría a cerca de $547.000 por cucuteño.”

Una ciudad con calles deterioradas necesita inversión y, cuando los recursos propios no alcanzan, el crédito puede convertirse en una herramienta legítima para financiar infraestructura.

Pero una política pública seria no puede reducir el desarrollo urbano a pavimentar calles.

Hay necesidades que pueden tener incluso mayor impacto sobre la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos que el pavimento. Cúcuta sigue teniendo sectores vulnerables a inundaciones y problemas de escorrentía. Necesita resolver definitivamente su movilidad y avanzar hacia un sistema de transporte moderno e integrado. Necesita mejorar sus ambientes escolares, ampliar la conectividad y fortalecer la formación para el empleo. Tiene una red hospitalaria que requiere fortalecimiento y necesita mayores inversiones en prevención, salud mental, salud ambiental y atención primaria. Necesita parques, zonas verdes, escenarios deportivos y recuperación urbana.

Cúcuta necesita recuperar el río Pamplonita, fortalecer la arborización, mejorar la calidad del aire, proteger sus fuentes hídricas y prepararse para los efectos del cambio climático. Necesita, además, infraestructura que permita atraer empresas, fortalecer los emprendimientos y aprovechar realmente su condición de ciudad fronteriza.

¿Por qué, cuando Cúcuta tiene tantas necesidades estructurales, buena parte de la discusión sobre nuevos créditos termina concentrándose nuevamente en pavimentación?

Cúcuta vuelve a entrar en el peligroso terreno del endeudamiento público. La Administración Municipal fué autorizada por el concejo a hacer un nuevo crédito por $30.000 millones, destinado fundamentalmente a continuar con la recuperación de la malla vial.

A primera vista, parece una decisión razonable. Pero el problema no es pedir prestado.

El problema es pedir prestado sin que los ciudadanos tengan absolutamente claro cuánto se debe, cuánto terminarán pagando, qué obras se han ejecutado con los créditos anteriores y cuál será el verdadero costo financiero de seguir comprometiendo los ingresos futuros de Cúcuta.

La Administración y algunos concejales defensores del proyecto argumentan que Cúcuta todavía tiene capacidad legal de endeudamiento. De acuerdo con las cifras presentadas en el Concejo, el indicador de solvencia se encuentra en 5 %, frente a un límite de alerta del 60 %, mientras el de sostenibilidad está en 51 %, frente a un límite del 100 %. Con el nuevo empréstito, estos indicadores subirían al 8 % y al 66 %, respectivamente. Perfecto.

¿Pero qué significan realmente esos porcentajes?

Para muchos ciudadanos, hablar de una solvencia del 5 %, una sostenibilidad del 51 % y que con un nuevo crédito pasarían al 8 % y al 66 % puede sonar tranquilizador. Pero traduzcamos esas cifras al lenguaje de la calle.

El indicador de solvencia busca establecer, en términos sencillos, qué tan pesada resulta para el municipio la obligación de pagar los intereses de su deuda frente a sus ingresos. Por eso, cuando la Administración dice que Cúcuta está en el 5 % y que, con el nuevo crédito, subiría al 8 %, está diciendo que todavía se encuentra muy por debajo del límite legal utilizado para este indicador.

La sostenibilidad mira otra cosa: si el municipio tiene capacidad para soportar el conjunto de sus obligaciones de deuda frente a los ingresos que respaldan ese cálculo. Hoy estaría en el 51 % y, con los $30.000 millones adicionales, subiría al 66 %, todavía por debajo del límite legal del 100 %.

Hasta ahí, todo parece tranquilizador.

Pero hay que tener cuidado.

Que la ley permita endeudarse hasta determinado nivel no significa que sea conveniente llegar hasta allí.

Para entenderlo mejor, pensemos en una familia que gana $5 millones mensuales y tiene una deuda importante. El banco puede decirle que, de acuerdo con sus ingresos, todavía puede solicitar otro préstamo. ¿Eso significa que la familia debería hacerlo? No necesariamente. Dependerá de para qué necesita el dinero, cuánto pagará en intereses, cuánto tiempo estará pagando y qué sacrificios tendrá que hacer en el futuro para cumplir con esa obligación. Con un municipio ocurre exactamente lo mismo.

Tener capacidad legal de endeudamiento no es lo mismo que tener una buena política de endeudamiento. Y esa es precisamente la discusión que Cúcuta debería estar teniendo. La pregunta no puede limitarse a si podemos pedir otros $30.000 millones. La pregunta verdaderamente importante es: ¿Nos conviene hacerlo, ¿qué vamos a sacrificar para pagarlos y qué recibirá Cúcuta a cambio de esa deuda? Pero cumplir la ley no significa necesariamente que una decisión sea financieramente conveniente. Esta diferencia debería ser elemental.

Los indicadores de la Ley 358 de 1997 sirven para determinar si una entidad territorial tiene capacidad para asumir deuda dentro de determinados parámetros fiscales. Pero esos indicadores no responden por sí solos las preguntas más importantes para los ciudadanos:

¿Cuánto terminarán pagando los cucuteños por esos $30.000 millones cuando se sumen capital, intereses, comisiones y demás costos financieros?

Ese es el dato que debería estar en primera página. Porque cuando un alcalde solicita un crédito, el dinero entra rápidamente al presupuesto y las obras pueden inaugurarse durante su administración. Pero la obligación permanece mucho después de que el gobernante abandona el Palacio Municipal.

El alcalde administra el crédito; las siguientes administraciones y los ciudadanos pagan la deuda.

Por eso resulta preocupante que la discusión pública se concentre en establecer si jurídicamente se puede pedir el préstamo, en lugar de discutir si económicamente conviene hacerlo. Cúcuta necesita una política seria de endeudamiento y no una sucesión de créditos aprobados individualmente.

Y aquí aparece otro asunto que merece una explicación pública mucho más profunda.

Según la información publicada, sectores de la oposición cuestionan la suficiencia de los informes sobre la ejecución del crédito anterior y han planteado interrogantes sobre las inversiones realizadas con esos recursos.

Si existen dudas sobre la ejecución del empréstito anterior, la prioridad debería ser aclararlas antes de abrir nuevamente la puerta del endeudamiento.

¿Cuál es el modelo de ciudad que estamos financiando?

Porque si cada administración llega al poder, identificando un conjunto de necesidades, contrata un crédito y deja la obligación para el siguiente gobierno, Cúcuta puede terminar atrapada en un círculo perverso: deuda para solucionar problemas, nuevos problemas porque los recursos futuros están comprometidos y nuevos créditos para intentar resolverlos.

Eso no es planificación financiera. Es administrar el futuro con recursos del presente.

La propia información financiera de la Alcaldía demuestra que el servicio de la deuda ya constituye una obligación presupuestal que debe atenderse con recursos públicos. En marzo de este año, por ejemplo, un decreto municipal registró movimientos presupuestales por más de $25.929 millones asociados al servicio de la deuda pública interna, incluyendo intereses y capital.

Ese dato debería obligarnos a mirar la discusión con mucha más seriedad. Porque cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para otra necesidad pública.

Eso tiene un nombre en economía pública: costo de oportunidad.

Por eso no comparto la idea de que la discusión pueda cerrarse simplemente diciendo: “Cúcuta todavía tiene capacidad de endeudamiento”.

No necesitamos saber solamente cuánto nos puede prestar el banco. Necesitamos saber cuánto puede soportar la ciudad sin hipotecar sus posibilidades de desarrollo. Que Cúcuta tenga capacidad legal para seguir endeudándose no significa que tenga capacidad económica ilimitada para hacerlo. ¿O ME EQUIVOCO?